Nadie sabe, nadie explicó claramente, todavía, cómo y cuánto será la consecuencia en la Argentina del crack capitalista. Sólo existe una certeza sólida, avalada por el Gobierno, los empresarios y la CGT, en una especie de súbita concreción del tan mentado y anhelado Pacto Social: el primer “fondo anticíclico” ya está conformado y lo constituyen los salarios de los trabajadores. Serán esos salarios, congelados de hecho, los encargados de garantizar rentabilidad empresaria aunque se venga la maroma, vía contundente reducción de costos laborales.
“Uno nunca posterga el reclamo de mejorar el salario, pero este no es el momento oportuno: para fin de año falta mucho tiempo”. Así consagró Hugo Moyano -con el aval expreso de sus compañeros de consejo directivo de la CGT en la reunión del cuerpo del jueves pasado- la renuncia a las tibias negociaciones que venía llevando la CGT con el Gobierno no ya para actualizar los sueldos de acuerdo con una ponderación de la inflación más cercana a la real, y compensar así la pérdida de valor real del salario fijado en la ronda de paritarias del primer semestre del año. Se trataba, apenas, de conseguir un monto fijo de 500 pesos para todos los asalariados, por única vez y sin carácter remunerativo. Esto es, una migaja para engañar un poco el bolsillo hacia fin de año.
Pero estalló Wall Street y el sistema financiero internacional. Y así como los “salvatajes”, “nacionalizaciones” y otras medidas a favor de los bancos, financieras y grupos económicos de todo tipo pensados por George Bush y sus colegas de la Unión Europea serán financiados con los impuestos, caída del salario y pérdida de servicios sociales de los trabajadores de los países centrales, lo que puedan llegar a ser los problemas de los patrones argentinos tendrán que financiarlos los laburantes de este país.
Rápidos para estos menesteres, cuando empezó a sonar que el dócil sindicalismo oficial iba por el famoso bono por única vez, después de haber desechado sin siquiera testear la lógica exigencia de la reapertura de paritarias para rediscutir salarios, los empresarios y sus organizaciones, como la Unión Industrial Argentina, salieron a decir que no podrían hacer frente a ese desembolso. El Gobierno, con el timón en manos de Sergio Massa, también le echó hielo a la posibilidad del bono. Y Hugo Moyano y sus compañeros completaron el Pacto. Hasta la oposición en la pluma de Elisa Carrió acordó con la necesidad de "bajar la tensión en la demanda salarial". Ahora que se sabe quien paga, la CGT y la UIA van a pedir juntos lo que el Gobierno ya tiene decidido, medidas de protección arancelaria a las industrias nacionales.
Prensa de Frente
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