Síntesis histórica del Uruguay

José Gervasio Artigas fue el fundador de la nacionalidad oriental y junto con Bolívar y San Martín fue uno de los grandes próceres de la gran patria latinoamericana. En la década de 1810, reflejando los acontecimientos ocurridos en la metrópoli de aquel entonces España, toda América Latina se ve sacudida por un auge de la lucha independentista.
En la Banda Oriental del Río Uruguay José Artigas iniciaba en 1811 su gesta independentista, anticolonialista y democrática, caracterizada por una amplia participación de las masas populares de la ciudad y del campo. En sus momentos de mayor esplendor, la influencia de los principios y de las ideas artiguitas se extendía a las provincias de Córdoba, Santa Fé, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, las que junto a la provincia de la Banda Oriental conformarían la Liga Federal-+, bajo la protección y dirección de José Artigas, quien se había hecho merecedor del título de Protector de los Pueblos Libres. En 1815, derrotado ya el poder español en el Río de la Plata, José Artigas dictó una de las primeras y más avanzadas leyes de reforma agraria de América Latina así como un conjunto de medidas tendientes a proteger la naciente producción nacional, frente a los intereses del capitalismo británico y la burguesía bonaerense. Precisamente la alianza de esos intereses unida a la reacción de la Banda Oriental, facilitaron la derrota del movimiento artiguista al promover la invasión portuguesa de 1820. La resistencia popular a la invasión, plena de hechos de incontable heroísmo, no fue suficiente ante un enemigo mucho más poderoso en armas y hombres, a lo que se unió la defección de los caudillos de provincias, quienes uno a uno fueron abandonando al Protector de los Pueblos Libres.
Vencido el Jefe Oriental, junto a su proyecto latinoamericanista de desarrollo genuinamente independiente se abre un período de dominación portuguesa y brasileña que se extenderá, con el beneplácito de la oligarquía en formación, hasta 1825, año en que se reinicia la lucha liberadora encabezada por Juan Antonio Lavalleja.
Para ese entonces los intereses británicos conciben en su política de balcanización y fraccionamiento de la nación latinoamericana, la posibilidad de formar un nuevo estado que amortigue las tensiones argentino brasileñas y que servirá como cuña para la penetración ventajosa de la compleja zona del sistema platense.
De esa manera frustrándose los viejos ideales artiguistas de unidad rioplatense, el Uruguay surge a la vida independiente como Estado Nacional estructurado a partir de la alianza planteada entre la naciente oligarquía portuaria, terrateniente latifundista y el capitalismo inglés.
La Constitución del nuevo estado firmada en 1830 consagraba principios que poco tenían que ver con los sustentados por el Protector de los Pueblos Libres.
El capitalismo inglés, la gran potencia del siglo XIX, tendría una decisiva influencia en la política y la economía del joven estado, así como en todos los conflictos bélicos, regionales o locales que se desarrollaron a lo largo del siglo. Hasta 1870, la vida política de la nación estará signada por el continuo sucederse de las guerras civiles, las revoluciones y alzamientos que dificultarían la consolidación del nuevo Estado y agotaban su ya saqueada economía. A partir de 1870, bajo la dictadura del general Latorre, se inicia el proceso de transformación de las relaciones agrarias semifeudales del latifundio ganadero, en relaciones capitalistas. Para ello se estructura el aparato del Estado, se crea el Ejercito Nacional, se inicia una depuración de la campaña eliminando a los oponentes, se introduce el alambrado y el ferrocarril. La economía uruguaya encontrará así su particular forma de incorporarse a la economía capitalista mundial.
Al Uruguay le corresponderá desde entonces el papel de abastecedor de carnes y lanas dentro de la división internacional capitalista de la producción. El gran latifundio ganadero constituirá el factor principal de la articulación de los intereses foráneos (ingleses principalmente) con los de la oligarquía terrateniente, siendo por otra parte el eje de la deformación ulterior de toda la economía uruguaya, signada por el subdesarrollo y la desigualdad de su crecimiento. Las tensiones sociales acarreadas por estas transformaciones, se expresaron en enfrentamientos armados entre los sectores más liberales representados en aquel momento por el Partido Colorado y los más conservadores del campo uruguayo representados por el Partido Nacional.
José Batlle y Ordóñez, líder del Partido Colorado, tras vencer militarmente a los blancos inició un proceso de cambios que habría de desembocar en la formación del Uruguay moderno.
Con la aparición de los barcos frigoríficos el aumento de la demanda de alimentos, especialmente de carnes para Europa debido a la necesidad de abastecer a los ejércitos colonialistas que se repartían África, las exportaciones uruguayas crecieron enormemente aportando una enorme renta al Estado y determinando una creciente expansión y mejoramiento de la actividad agropecuaria. Apoyando en una incipiente pero pujante burguesía industrial, deseosa de expandir el mercado interno y en la irrupción de las capas medias urbanas, Batlle estructuró un estado concebido para redistribuir la abultada renta de exportación a favor del desarrollo industrial y capaz de intervenir en la actividad económica a través de las inversiones en el área de la infraestructura y servicios nacionalizados.
La producción agropecuaria nacional, basada en el latifundio, alcanzó un tope máximo (de 10 millones de cabezas de ganado), hacia 1908. Sin embargo la crisis económica no se manifestó debido a que las condiciones internacionales (la primera y la segunda guerra mundial), que determinaban una alta demanda de alimentos permitieron mantener un elevado ingreso de divisas. En este marco alcanzó un buen desarrollo la llamada "industria de sustitución de importaciones" favorecida por la política oficial y por el hecho de que la maquinaria industrial de las naciones desarrolladas estaba casi exclusivamente orientada hacia la producción bélica y no proveía a los países del tercer mundo, de los productos que necesitaban.
Este proceso se rodeó de convenientes transformaciones superestructurales que permitieron la gestación de un grupo de legislaciones sociales notoriamente avanzadas. Los niveles de educación, salud, asistencia y previsión social alcanzaron grados superlativos en lo que al resto del continente se refiere y sirvieron para crear la conocida ficción de la imagen del Uruguay como "La Suiza de América".
Las inconsistencias propias del proyecto batllista incapacitado para romper con las estructuras del latifundio agropecuario, e impotente para frenar la entrada del capital yanqui en la economía nacional, determinaron su agotamiento cuando a mediados de la década del 50 el imperialismo norteamericano impulsa un nuevo reordenamiento de la economía capitalista mundial y lanza una ofensiva tendiente a reconquistar los mercados perdidos durante el conflicto bélico mundial
A mediados de la década del 50, el Uruguay al igual que el conjunto del continente latinoamericano, comienza a sufrir los efectos negativos provocados en su economía por el reordenamiento del sistema internacional impulsado por el imperialismo norteamericano. La oligarquía nativa compuesta de latifundistas y banqueros elabora entonces un plan estratégico. Este suponía en lo económico, un acelerado proceso de redistribución de la riqueza a favor de las clases dominantes, la consiguiente pauperización de cada vez más amplios sectores de la población y la sujeción absoluta a las normas dictadas por el FMI. En lo político, el cambio trataba de sustituir la tradicional democracia liberal uruguaya, por una dictadura de corte fascista capaz de reprimir la inevitable protesta popular. En 1958 se firma la primera carta de intención con el FMI y desde entonces el Uruguay, entró en una crisis catalogada por la izquierda como de irreversible y sin solución dentro de los marcos del sistema vigente. El Uruguay entra entonces en una nueva etapa de su proceso político. En los sectores de la izquierda se discuten y debaten los planteamientos tácticos y estratégicos imprescindibles para encarar los años siguientes. En lo táctico se plantean diferentes criterios: de un lado quienes veían importantes posibilidades de acción en los marcos de la legalidad vigente y de otro quienes creían que dada la correlación de fuerzas existentes, el deterioro de la democracia liberal burguesa y el ascenso del fascismo solo podrán ser enfrentados con éxito, a través del inicio de la lucha armada que abriera para todo el pueblo el verdadero camino de triunfo. En las elecciones nacionales de 1962 la izquierda tradicional caracterizada entonces por la atomización y el verbalismo buscó dar respuesta a la nueva situación a través de la formación de nuevos frentes populares. De un lado la Unión Popular impulsada por el Partido Socialista y de otro el Frente Izquierda de Liberación impulsado por el Partido Comunista. El resultado del acto electoral que diera el triunfo al Partido Nacional, demostró el fracaso de los dos nucleamientos de izquierda. En efecto la izquierda en su conjunto no logró superar el ya tradicional 10 por ciento, produciéndose tan sólo una redistribución de votos entre los dos frentes presentados. El 31 de julio de 1963, un grupo de hombres roba 30 fusiles de la Sociedad de Tiro Suizo de Nueva Helvecia, en el departamento de Colonia. Este episodio sería considerado en adelante como la primera acción del Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros), el cual hasta 1973 desempeñaría un importante papel en el proceso político del país.
En 1965, en medio de grandes conflictos y luchas sindicales contra la política económica del gobierno se crea la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), que nuclea a la casi totalidad de los trabajadores uruguayos.
En 1966, se realizan nuevas elecciones nacionales que dan el triunfo al Partido Colorado. En ellas, las clases dominantes lograron que se aprobara una Reforma Constitucional (conocida con el nombre de la Reforma Naranja), que significaba un paso más en la estrategia oligárquica de concentrar en sus manos el poder político y económico. De acuerdo al texto constitucional aprobado, se eliminaba el Colegiado y se establecía un Poder Ejecutivo unipersonal al que además, se le concedían amplias facultades mientras que se limitaban profundamente las competencias y funciones del Poder Legislativo.
A fines de 1967 muere el presidente Gestido y los sustituye el vicepresidente Jorge Pacheco Areco, quien ejercerá el cargo hasta las elecciones de noviembre de 1971. Con Pacheco Areco se acelera el proceso de fascistizaciòn del país y se instaura en la práctica una dictadura, que desde el Poder Ejecutivo desconoce todo derecho, instuticiòn o ley que se opusiera a sus propósitos oligárquicos y entreguistas. El Ejecutivo gobierna desde entonces con las llamadas "medidas prontas de seguridad", a la vez que avasalla al Parlamento una y otra vez sin que este encuentre ningún camino de salida: los políticos tradicionales son desplazados por el aparato del Estado y pasan a ocupar sus funciones los propios latifundistas y banqueros ( Peirano Facio y otros), miembros directos de la clase dominante.
Los Partidos Blanco y Colorado quedan reducidos a simples cooperativas de votos y demuestran una completa incapacidad para ofrecer soluciones reales a la situación que enfrenta el país, el gobierno reprime brutalmente las justas luchas obreras y estudiantiles y es así que en agosto de 1968 mueren en las calles los primeros mártires estudiantiles: Liber Arce, Susana Pintos y Hugo de los Santos. Apenas un año después , en octubre de 1969, miembros de la Guardia Metropolitana asesina a Jorge Salerno, Ricardo Zabalza y Alfredo Cultelli, militantes del MLN(T) que habían participado en la toma de la ciudad de Pando. Se acelera la preparación de las Fuerzas Armadas impulsándolas a participar en el proceso político en defensa de los interese de los banqueros y latifundistas y capitales extranjeros.
En suma con Pacheco Areco, la democracia liberal uruguaya se convierte definitivamente en una burda careta que esconde el rostro macabro de un fascismo ascendente y con la cual las clases dominantes, buscan ganar tiempo y engañar a algunos sectores populares con el fin de facilitar la instauración de la dictadura fascista. Por otra parte los años de gobierno de Pacheco Areco marcan un intenso desarrollo de la lucha popular.
A las numerosas y masivas movilizaciones obreras de todo el período se sumaron las luchas estudiantiles que adquirieron amplia repercusión nacional en varias ocasiones.
Al mismo tiempo se libraban grandes batallas políticas en las que se envolvía también la lucha parlamentaria.
Y como un elemento nuevo y de gran importancia , se desarrollaba la lucha armada que mostraría un camino revolucionario a miles de orientales y contribuiría al desenmascaramiento de los planes oligárquicos. 1971 sería un nuevo año electoral. De un lado el movimiento popular dinamizado por todas las luchas del período y de otro la oligarquía consciente de que le resultaba cada vez más difícil gobernar el país con los mecanismos de poder existentes, medirían fuerzas en las urnas. La formación del Frente Amplio significaría para el movimiento popular una síntesis de las luchas anteriores y a la vez de importante proyección hacia el futuro.
El Frente lo integraría casi la totalidad de la izquierda uruguaya.
Están presentes: el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento 26 de Marzo y sectores escindidos de los partidos tradicionales como los liderados por Zelmar Michelini y la Dra. Alba Roballo. El MLN(T) manifestó públicamente un "apoyo crítico" al Frente y estableció un breve paréntesis en su actividad militar a fin de posibilitar la instancia electoral. El Frente Amplio liderado por el General Liber Seregni, se convirtió rápidamente en un poderoso canal de movilización popular y en una herramienta de alcances estratégicos para la transformación de la sociedad uruguaya.
La derecha, que centró sus fuerzas en la elección de Juan María Bordaberry, desató una campaña electoral marcada por el violento anticomunismo, realizó todo tipo de maniobras y el propio acto electoral estuvo viciado por procedimientos fraudulentos.
El Frente Amplio obtuvo 300 mil votos, siendo el general Liber Seregni el candidato presidencial mas votado. En las filas del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate núcleo la inmensa mayoría de los votos mientras que Juan Marca Bordaberry resultó electo presidente de la República gracias al mecanismo de Ley de Lemas, a pesar de haber sido el candidato menos votado.
El gobierno de Bordaberry surgido de elecciones fraudulentas estaba marcado por una gran debilidad ya que carecía al mismo tiempo de apoyo social y parlamentario. Por eso a la vez que maniobraban para ganar tiempo, las clases dominantes trabajaban febrilmente en la preparación del golpe militar. En ese sentido coincidían una vez más los intereses de la oligarquía criolla y los del imperialismo que por ese entonces ponía en marcha un plan para todo el Cono Sur con el objetivo de derrotar los movimientos populares en ascenso en Chile, Argentina y Uruguay y establecer dictaduras militares fieles a sus intereses. Las FF.AA. serían las herramientas claves en este plan y para eso venían siendo preparadas desde muchos años atrás. Ya en setiembre de 1971 el gobierno de Pacheco Greco ponía en manos de las FF.AA. la represión contra el movimiento popular. Poco después varios miembros de las FF.AA actuando como el llamado "Escuadrón de la Muerte" asesinaban a varios jóvenes militares como Ibero Gutierrez. Al mismo tiempo los políticos más reaccionarios actúan en el sentido de crear un clima de apoyo político y social al golpe militar.
El 14 de abril de 1972, fecha en que el MLN(T) golpea a cuatro miembros del "escuadrón", las FF.AA. ponen en marcha la primera fase del golpe que apuntaba contra el MLN(T), por ser quien desarrollaba la lucha armada. El Parlamento con el voto de la totalidad de los partidos tradicionales aprobó el "Estado de Guerra Interno" y la "Ley de Seguridad del Estado" con lo cual no solo autorizaba a las FFAA a una represión sin límites sino que en definitiva, allana el camino para el golpe militar. La ilusión de que los militares atacarían sólo a quienes actuaban con las armas en la mano que luego volverían a sus cuarteles, se puso rápidamente de manifiesto: el 27 de junio de 1973 se produjo el golpe militar. En respuesta al mismo, la CNT declara una huelga general en la que participan los trabajadores uruguayos y marcó irreversiblemente el carácter antipopular del golpe militar y su absoluta carencia de apoyo social, al mismo tiempo la huelga dejarìa una enorme enseñanza a todo el movimiento popular y en especial a los trabajadores, la ocupación de los lugares de trabajo resulta una metodología insuficiente para detener el golpe fascista en un paìs de América Latina y lo es más, si se aspira a conquistar un triunfo auténticamente popular. De ahí la necesidad de elevar los métodos de lucha y combinarlos acertadamente. Los acontecimientos de 1972 y 1973 incluida la huelga general de junio señalarían también la enorme importancia de la unidad de acción del movimiento popular frente a la oligarquía, el imperialismo y el fascismo.
En efecto, los niveles de unidad alcanzados por el movimiento popular eran insuficientes para hacer frente al avance fascista, y en los hechos el fascismo pudo aprovechar las diferencias existentes para avanzar más rápidamente.
Ya existían en el país más de 2.000 presos políticos y habían pasado por los cuarteles y cámaras de torturas varios miles de uruguayos. Poco después del 27 de junio, luego de la clausura del Parlamento fueron disueltas y perseguidas la CNT y la FEUU, Hacia fines de 1974 y principios de 1975 la represión golpea duramente al Partido Comunista siendo detenidos y torturados sus principales dirigentes y cuadros.
La represión desatada por las Fuerzas Armadas desde 1972 sumó cientos de asesinatos y desaparecidos, más de 6.000 presos políticos, 100.000 torturados y más de 300 mil uruguayos obligados al exilio.
Se agregan además nuevas modalidades represivas como la política de rehenes y los planes de exterminio de prisioneros políticos uruguayos en los países vecinos.
En coordinación con los aparatos represivos de dichos países, las FF.AA. uruguayas secuestraron, asesinaron y desaparecieron a decenas de refugiados políticos uruguayos. Este acuerdo entre los aparatos represivos de las dictaduras del Cono Sur es conocido como "El Plan Cóndor". En aplicación del mismo, el 18 de mayo de 1976 fueron secuestrados y asesinados en Buenos Aires, los políticos Zelmar Michelini y Hector Gutierrez Ruiz y otros militantes (Rosario Barredo y Withelow). Con el asalto al poder del fascismo comienza a aplicarse en forma agresiva la política económica trazada por las clases dominantes, que se inserta dentro de los lineamientos del llamado "neoliberalismo económico". Es decir que toda la economía del país se pone en manos y al servicio de los capitales internacionales y sus socios criollos.
Después de 11 años de "neoliberalismo económico" los militares fascistas uruguayos dejan un país sumido en la más profunda e irreversible crisis de toda su historia.
En 1984, la deuda externa uruguaya alcanzaba los 5.000 millones de dólares, el salario real del trabajador disminuyó en más de un 50 por ciento del valor que tenía en 1968 con lo cual fueron robados del bolsillo del obrero 4.600 millones de dólares, la desocupación alcanza el 15 por ciento de la población activa lo que representa miles de familias condenadas al hambre y la miseria, la industria nacional y la producción agropecuaria estancadas, endeudadas y en crisis, el 30 por ciento de la tierra en manos de capitales extranjeros y más del 96 por ciento de la estructura bancaria del país en manos de los grandes bancos internacionales.
Esta crisis económica que se descarga brutalmente sobre el pueblo trabajador no tiene soluciones verdaderas dentro de los marcos del capitalismo dependiente. Las causas más profundas de la misma son el dominio económico de una reducida oligarquía latifundista, aliada incondicional del imperialismo norteamericano, el cual se asocia a través de la banca y el comercio exterior. Por eso, en tanto no se modifique esta realidad y el pueblo trabajador asuma directamente la conducción del país, la crisis económica se profundizará día a día de un modo irreversible. El fascismo uruguayo nació en 1973 aislado socialmente y todos los esfuerzos que realizó por obtener una mínima base social de apoyo estuvieron condenadas al fracaso. Por el contrario cuanto más profundizaba su política de represión sangrienta y de brutal explotación económica, tanto más se volcaba en su contra a los más amplios sectores del pueblo uruguayo.
Así, poco a poco la base social de repudio al régimen iba ensanchando hasta incluir los sectores que en 1972 y 73 se mantuvieron expectantes y neutrales o fueron engañados por la mentirosa propaganda fascista. La crisis económica y la represión fueron creando las condiciones para que el repudio al régimen y la resistencia pasiva de los primeros años pudieran desembocar en movilización y organización popular. Las primeras y débiles expresiones de este movimiento empezarían a darse en 1979 y 1980 y se desarrollarían en los años siguientes. Estos hechos marcan ya lo que sería un rasgo distintivo del proceso político uruguayo en los años siguientes y en la actual etapa: la participación y movilización de las grandes masas que hambreadas, reprimidas y explotadas se lanzarían inconteniblemente a la lucha hasta conquistar sus derechos y su futuro. En el futuro, las FF.AA. ya no deberían enfrentar tan solo a un reducido grupo de revolucionarios y a los sectores esclarecidos de la clase obrera y del pueblo, sino que deberían enfrentar a todo un pueblo que los repudiaría y combatiría en todos los frentes. Los militares uruguayos debidamente asesorados por el imperialismo norteamericano, comprendieron muy bien este fenómeno y el riesgo que representaba, por eso aún conscientes del carácter incipiente del movimiento popular y su carencia de una auténtica dirección revolucionaria, apuntaron sus baterías contra él. Elaboraron un plan continuista que apuntaba a confundir al pueblo sobre las verdaderas soluciones, aislar a las fuerzas revolucionarias, dividir y debilitar el frente opositor, imponer un gobierno civil que fuera quien sufriese el desgaste de la crisis económica y de la imposibilidad de las más imperiosas necesidades populares y al mismo tiempo mantener en sus manos los principales resortes de poder, de modo de poder golpear nuevamente cuando lo considerasen necesario.
En 1980, la dictadura, presionada por el aislamiento internacional y la falta de apoyo interno, anuncia la realización de elecciones para noviembre como primer paso de un plan que apuntaba a institucionalizar el régimen y legalizar todos los atropellos cometidos desde 1972.
La elección tuvo la forma de un plebiscito constitucional en el que se votaba por SI o por NO, un proyecto de Constitución elaborado por las FF.AA. Toda propaganda por el NO estuvo prohibida mientras que el régimen propagandeaba el SI con todas sus fuerzas y lanzaba a través de la DINARP, una furiosa campaña según la cual votar el NO significaba votar por la "subversión".
El 28 de noviembre de 1980 el pueblo uruguayo impuso el NO aplastante contra la dictadura.
En las cárceles un grupo de 80 prisioneros realizaron una huelga de hambre contra los planes de exterminio y los planes continuistas del régimen. En una feroz represión los fascistas asesinaron en la tortura a Hugo Dermit Barbato, ejemplar militante, detenido por las FF.AA en 1972 y que debía ser liberado en esos días después de 8 años de prisión.
El triunfo popular de 1980 significó un poderoso estimulo a la movilización popular que empezará a desarrollarse cada vez con más fuerza. La dictadura por su parte, frente a la derrota de su "cronograma político" puso en marcha una maniobra continuista. A principios de 1981 sustituyó al anciano Aparicio Méndez, nombrando como nuevo presidente al general retirado Gregorio Alvarez, quien era uno de los principales hombres del régimen y desde 1972 se había destacado por sus ambiciones de poder y su mentalidad fascistoide. Como parte de su nuevo cronograma, la dictadura convocó a los partidos tradicionales a un falso diálogo con el fin de aprobar un Estatuto de los Partidos Políticos que serían en base al cual se elegirían las autoridades partidarias en noviembre de 1982. Este falso diálogo que fuera denunciado desde un comienzo por el Movimiento 26 de Marzo, culmino con la aprobación de un Estatuto que establecía el total marginamiento del Frente Amplio y de todas las fuerzas de izquierda, de la vida política del país y a la vez brindar una opción de lucha independiente a una enorme juventud que desde entonces manifestaba su gran disposición a la lucha por una patria nueva.
Otras fuerzas de la izquierda, aún condenando el Estatuto sostenían la conveniencia de votar a los sectores más progresistas de los partidos tradicionales. La discusión quedó cerrada con el aporte del general Líber Seregni, presidente del Frente Amplio, quien, desde la prisión en Cárcel Central y actuando, aún a riesgo de su propia seguridad personal, convocó a todos los frenteamplistas a votar en blanco. En noviembre de 1982 y a pesar de todas las dificultades y la represión, el voto en blanco alcanzó los 100.000 votos y una presencia en todos los departamentos del país. Al mismo tiempo dentro de los partidos tradicionales resultaban ampliamente derrotadas las corrientes más reaccionarias y fieles a la dictadura.
El triunfo del voto en blanco significó en primer lugar una reafirmación de la vigencia del Frente Amplio como herramienta unitaria del pueblo uruguayo y la validez de su programa de soluciones para el país. En segundo lugar organizó y movilizó a toda la militancia frenteamplista, la cual durante 1983 logró dinamizar a amplios sectores populares en numerosas y multitudinarias movilizaciones. Entre ellas son de destacar la del primero de mayo de 1983, la desarrollada por los estudiantes en setiembre y el acto del Obelisco realizado por todas las fuerzas de oposición el 27 de noviembre.
En 1983 ganó definitivamente la calle un movimiento de masas que se venía gestando desde 1980 y que aunque carente de una dirección revolucionaria mostraba toda su fuerza y decisión de lucha.
Si no llegó a más altos niveles fue debido al escaso grado de organización y a la falta de una verdadera dirección revolucionaria.
Pero de cualquier modo marcaba un hecho nuevo en esta etapa de lucha: la presencia de un pueblo dispuesto a luchar hasta conquistar sus derechos. Las FF.AA. debidamente asesoradas, a la vez que empleaban una violenta represión, trabajaban políticamente para limitar el desarrollo de este movimiento y dividirlo.
La dictadura desconoció el resultado de las elecciones internas y pretendió mantener el marginamiento del Frente Amplio.
Comprometida a dar elecciones nacionales en noviembre de 1984, convocó a un nuevo diálogo de espaldas al pueblo que culminó en un fracaso debido a la intransigencia militar y a la actitud vigilante y activa del pueblo. Los militares intentaron que los partidos tradicionales aprobaran una reforma constitucional que en los hechos significa plantear nuevamente el proyecto ya rechazado por el pueblo en 1980. En cambio el pueblo movilizado exigía Amnistía Total e Irrestricta y el levantamiento de todas las proscripciones.
El éxito del voto en blanco obligó también a los partidos tradicionales a dialogar con el Frente Amplio.
Se constituyó así una interpartidaria en que todos los partidos de oposición (legalizados o no) se reunían para discutir sobre los acontecimientos políticos y concertar acciones en común. Surgió también una Intersectorial en la que además de los partidos políticos participaban sindicatos, estudiantes y otras organizaciones sociales. Precisamente en estos organismos de concertación se organizó el multitudinario acto del 27 de noviembre en el Obelisco. Sin embargo después de este acto la dictadura amenaza y chantajea a los partidos tradicionales. Los partidos ceden frente a estas presiones y se retiran de la Interpartidaria, a la vez que el Partido Colorado encabezado por el Dr. Sanguinetti se retira también de la Intersectorial.
A principios de 1981 se llega a una situación de duro enfrentamiento y de suspensión del diálogo propuesto por la dictadura.
De un lado el movimiento popular en la calle exigía Amnistía, Salario, Trabajo y Libertad y mostraba una disposición de lucha.
De otro lado, las FF.AA firmemente respaldadas por desmovilizar al pueblo, dividir a la oposición y asegurar una elección con un candidato continuista. El Partido Colorado y los sectores más reaccionarios del Partido Nacional frente a esta situación se volcaban del lado de las FF.AA. La tendencia visible era la de un cada vez mayor enfrentamiento.
En Marzo de 1984 producto de la solidaridad internacional y de la lucha del pueblo uruguayo es liberado el presidente del Frente Amplio, Gral. Liber Seregni.
Desde entonces el Frente Amplio tuvo una presencia real en todo el proceso que conduciría a las elecciones de noviembre y la formación de un gobierno civil. Levantando la consigna de la "concertación" como mecanismo de salida del régimen de dictadura fascista, el Frente participó directamente en las negociaciones con el fin de hacer viable el proceso electoral.
En mayo los militares presentan una propuesta como "borrador" en la que se establecen los principales puntos de acuerdo con los partidos políticos como paso previa al llamado a elecciones.
Para ese entonces comienza a operarse el retorno del exilio de muchos políticos y personalidades que se habían visto obligados a salir del país en años anteriores.
En ese marco regresó en junio el líder del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate, quien es detenido por las FF.AA. por supuestas acusaciones de vínculos con la llamada "Subversión". El Partido Nacional se retira del dialogo y exige libertad de su máximo dirigente. Los demás partidos (Colorado, Frente Amplio y Unión Cívica Radical) continúan en el diálogo y en agosto se firma el acuerdo o pacto del Club Naval que posibilitó el llamado a elecciones. Muy debatido y criticado, este acuerdo aseguraba en buena medida las exigencias esenciales impuestas por los militares y se llega a unas elecciones con presos políticos, con fuerzas políticas proscriptas, con los principales líderes del Frente Amplio proscriptos y con Wilson Ferreira Aldunate detenido y otras violaciones de las libertades.
En las elecciones resultó vencedor el Partido Colorado, siendo electo como presidente de la República el Dr.Julio María Sanguinetti, quien asumió en marzo de 1985.
El proceso electoral y el nuevo gobierno surgido en noviembre de 1985 fueron el resultado de una muy específica correlación de fuerzas entre la oligarquía y el pueblo.
De un lado el pueblo que aun manifestando una enorme potencialidad de lucha no contaba con organizaciones revolucionarias capaces de orientarlo y vanguardizarlo y carecía además de la organización propia suficientemente desarrollada. De otro lado las FF.AA defendiendo los intereses oligárquicos, con un aparato militar fuerte e intacto y un plan continuista que implicaba el dejar el gobierno a los políticos, asegurar la continuidad de la política económica y mantenerse ellas como la verdadera garantía del poder y como una amenaza siempre latente contra el pueblo.
Así, en marzo de 1985 se cerraban casi 12 años de fascismo en el Uruguay. El pueblo uruguayo y todas las fuerzas democráticas de América Latina y el mundo festejaron el acontecimiento.
Apenas instalado, el nuevo Parlamento aprobó una ley de Amnistía que ponía en libertad a todos los presos políticos, haciéndose así realidad una de las principales consignas y reivindicaciones de todo el pueblo. Al salir, los viejos dirigentes del MLN(T) anunciaron el abandono de la lucha armada, la formación de un partido, y el trabajo dentro de los marcos de la legalidad vigente.
La recuperación de ciertas libertades democrático_burguesas después de la oscura noche dictatorial, concitaba la expectativa de amplísimos sectores populares. Pero mayor aún era la esperanza de los trabajadores y de los sectores más humildes de que se recuperaría el valor de su salario y se iniciaría una política, encaminada a resolver los principales problemas económicos que la dictadura volcó sobre las espaldas del pueblo.
Sin embargo, poco a poco, los hechos irían evidenciando otra realidad: apenas instalado, el nuevo gobierno demostró ser un claro continuador de la política económica de la dictadura colocando como fundamento de su política económica los intereses del capital extranjero, de los banqueros y terratenientes, en menor medida los de reducidos sectores de la burguesía local.
En consecuencia, sus primeros pasos se encaminaron a firmar nuevos compromisos con el FMI, convirtiendo el pago de la deuda externa y sus intereses en el centro de la política económica oficial. Por otra parte, el equipo económico nombrado y mantenido hasta hoy venía funcionando como tal durante la dictadura militar.
En líneas generales la política aplicada se basa en : 1) aumentar las exportaciones generadoras de divisas y restringir drásticamente las importaciones de modo de lograr un superávit comercial con el cual cubrir los compromisos de la deuda externa. Los repetidos viajes del presidente Sanguinetti al exterior del país tenían como objetivo, primeramente, abrir nuevos mercados de exportación.
2) Reducción del déficit fiscal mediante un amplio recorte de los presupuestos del área social ( enseñanza, salud y otros) y el crecimiento de la recaudación estatal en base al aumento de los impuestos que recaen sobre todo el pueblo, y 3) control inflacionario por medio de una política monetaria basada en la flotación del dólar, y el control de los salarios (no aumento o aumento por debajo del índice de inflación).
En el terreno político el nuevo gobierno representa una absoluta minoría frente a una oposición ampliamente mayoritaria. En efecto, el presidente Sanguinetti no cuenta con una amplia base social, por el contrario fue votado por una minoría y triunfó gracias al mecanismo de suma de votos conocido como Ley de Lemas. Este hecho se refleja en la composición del Parlamento en el cual el Poder Ejecutivo enfrenta a una oposición mayoritaria.
Estas contradicciones no demorarán en manifestarse y revelarán otra de las características esenciales del gobierno del Partido Colorado: es un gobierno que actúa a la "sombra" de las Fuerzas Armadas, las que constituyen su verdadero respaldo.
Así, desde el principio, el Ejecutivo llevará adelante una política de prepotencia, amenazas y represión, intentando extorsionar a la oposición y al pueblo, con la amenaza de un nuevo golpe militar que volvería al país a las oscuras épocas de la dictadura.
En octubre_noviembre de 1985 una ocupación de su centro de estudios por parte de los alumnos del instituto de Profesores Artigas, fue desalojada, con violencia, por fuerzas represivas. En el operativo fueron maltratados verbal y físicamente, parlamentarios de la oposición.
El Parlamento interpeló al ministro del Interior sobre los hechos.
Frente a una segura censura del ministro por parte del Parlamento, lo que forzaría un recambio ministerial, el Poder Ejecutivo amenazó con vetar la censura, sostener a su ministro, disolver el Parlamento y llamar a nuevas elecciones parlamentarias. Así el gobierno manifestaba su desprecio por la opinión popular que condenaba dispuesto a gobernar con las FAA. y de espaldas al pueblo. Después de varias conversaciones entre los principales dirigentes del gobierno y la oposición, la situación quedó zanjada al conformarse el Parlamento en declarar "insuficientes" las explicaciones ofrecidas por el ministro.
Desde el punto de vista del pueblo, 1985 fue un año de numerosos conflictos y movilizaciones obreras en reclamo de verdaderas soluciones para el salario y la desocupación.
Sin embargo no siempre se lograron buenos resultados debido, en primer lugar, a la política represiva del gobierno y las patronales y en segundo lugar, por las dificultades con que tropezó el movimiento obrero para organizar más eficazmente sus reivindicaciones. 1985 fue, además, un años de reorganización y reestructuración del movimiento popular: El Frente Amplio enfrentó una serie aún no conclusa de debates internos entre los que figuraba en primer plano la reestructura organizativa, la CNT dedicó sus mayores esfuerzos a la realización del Tercer Congreso en el que las luchas internas impidieron que el movimiento obrero extrajera las verdaderas enseñanzas de la lucha contra el fascismo, dificultaron la definición de una clara línea de acción y pusieron de manifiesto la acción de fuerzas oportunistas para las cuales la unidad del movimiento obrero carece de todo valor.
Durante 1986 el gobierno continúa con su política económica cuyo contenido antipopular se busca encubrir propagandeándola como una política para la "modernizacion" del país.
Como resultado de su gestión económica, el gobierno agita un crecimiento del PBI del orden del 2 por ciento y un superávit de la balanza comercial superior al de 1985. Tales resultados, posibles en buena medida por la baja internacional del precio del petróleo y la caída del dólar, no indican, de ningún modo, una real reactivación de la economía del país, ya que no tocan en lo más mínimo las causas de fondo de la crisis económica que radican en el sometimiento a los planes imperialistas a través del FMI y en un modo de producción interno dominado por la oligarquía criolla que frena toda posibilidad de desarrollo económico.
Los "éxitos" que el gobierno agita no se continúan en otros campos de la actividad económica y en todo caso, recaen siempre sobre las espaldas del pueblo. La desocupación se mantiene en el orden del 15%, la inflación anual que el gobierno había fijado en un 50%, alcanzará fácilmente el 80%. El salario real, más allá de todas las manipulaciones propagandísticas oficiales, disminuyó a lo largo del año. El gobierno reconoció una disminución del salario real de 3.8 % entre diciembre del 85 y setiembre del 86, cifra que esta aún muy por debajo de la realidad. Los trabajadores lograron tres aumentos de salario: en enero de un 18% fijado por decreto, en mayo de otro 18%_ el gobierno había establecido un 15%_ y en setiembre que promedia un 22 %. Mientras la inflación es de un 80 por ciento, el aumento de salarios apenas alcanza, en el mejor de los casos, al 60 por ciento.
Los propagandeados "éxitos" económicos del gobierno tienen su contrapartida, además en la insostenible situación de crisis que viven los servicios sociales tales como la salud, la educación y otros. En muchos liceos del país, por ejemplo, el presupuesto asignado solo permite cubrir el gasto de una tiza por alumno por mes. Varias facultades se encuentran a punto de cerrar sus puertas por carencia de recursos. En salud pública la falta de todo tipo de medios llega al extremo de que en algunos hospitales existan solo 3 o 4 enfermeras para cubrir todas las salas del mismo. Se estima que un 50% de la población del país no tiene ningún tipo de asistencia médica. Tal situación afecta especialmente a la población infantil. En el caso de la vivienda se ha calculado que existe un déficit de por lo menos 100.000 viviendas, lo cual significa que cientos de miles de uruguayos viven en viviendas deficitarias y miserables.
En 1986 se desarrollaron una enorme cantidad de conflictos obreros estudiantiles.
Prácticamente todos los sectores de trabajadores se vieron forzados a adoptar medidas de lucha con el objetivo de defender sus salarios y otras reinvidicaciones económicas.
El movimiento huelguistico se manifestó también intensamente en el interior del país donde se desarrollaron numerosos conflictos (AFE, Harinas, Suara, Paycueros Enseñanza y otros) que indican los importantes cambios operados en la realidad política y organizativa del interior. Estos hechos indican, una vez más, el grado profundísimo de la crisis económica que sufre el pueblo trabajador que no ha encontrado alguna solución con el nuevo gobierno y su política continuista y fondomonetarista.
Frente a esta realidad y poniendo de manifiesto su carácter antiobrero, el gobierno y su ministerio de trabajo, actuando en coordinación con las patronales y las fuerzas represivas, impulsó una política orientada a dividir y neutralizar al movimiento sindical.
Para ello aplicó el decreto, la represión, el despido masivo, la contratación de rompehuelgas, el despido de los dirigentes sindicales y el uso de las fuerzas represivas, prologando indefinidamente los conflictos. En enero, por ejemplo, aplicó por decreto un aumento de salarios del 18 por ciento frente a la exigencia de los trabajadores de convocar a Consejos de Salarios y de un aumento mínimo del 30 por ciento. En junio el gobierno decretó de "interés nacional" o " esenciales" diferentes servicios tales como la salud, la actividad portuaria y otros coartando de este modo el derecho de huelga de los trabajadores de dichos servicios. Por la misma fecha el gobierno frenó en el Parlamento un proyecto de fueros sindicales que protegía la actividad gremial.
Unos meses antes había presentado un proyecto de reglamentación sindical orientado contra el derecho de huelga de los trabajadores. En octubre el Ministerio de Trabajo impuso un plebiscito a los funcionarios de la mutualista La Española, pisoteando la organización una resolución tomada por los trabajadores en asamblea.
Al mismo tiempo el gobierno y el Partido Colorado utilizaban todos los medios de difusión a su alcance para lanzar una sistemática campaña de desacreditación de los sindicatos y los dirigentes sindicales, fomentando descaradamente la división del movimiento obrero y dando fundamento ideológico e impulso político al amarillismo, el oportunismo, la apatía y el desarrollo de formas burguesas dentro del movimiento obrero.
Las luchas políticas que se desarrollaron en el país durante 1986, aún más que los conflictos económicos, demostraron fehacientemente el carácter reaccionario y antipopular del Partido Colorado y hasta que punto es representante y defensor de los mismos intereses económicos y políticos que defendió la dictadura militar.
En enero el Parlamento discutía un proyecto de Presupuesto Nacional enviado por el Ejecutivo, varios meses antes, en el cual se otorgaba casi el 40% de los recursos del Estado a los Ministerios del Interior y Defensa, mientras que se asignaban cifras irrisorias a sectores fundamentales como la enseñanza, la salud y la seguridad social. Tal proyecto cosecho las críticas de todo el pueblo y de los sectores de oposición que lo calificaban con razón de "continuista". En ese marco, el Parlamento modificó levemente el proyecto recibido y, con los votos del Frente Amplio y la mayoría del Partido Nacional, lo dio por aprobado. El Ejecutivo, haciendo gala de su política prepotente y autoritaria anunció que vetaría tales modificaciones y volvió a circular la amenaza de una posible disolución de las cámaras y un llamado a elecciones legislativas.
Precisamente en esos días, el presidente Sanguinetti convocó a dialogar al General Líber Seregni, presidente del Frente Amplio, y a Wilson Ferreira Aldunate, presidente del directorio del Partido Nacional. El objetivo del diálogo, según anunció el presidente, sería el de lograr un Acuerdo Nacional que tendría tres años de duración. Tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional respondieron con seriedad a la convocatoria del Poder Ejecutivo. En particular el Frente Amplio presentó un conjunto de medidas programáticas y señaló que se debía priorizar la solución de las más imperiosas necesidades populares.
Desde un principio, la llamada "prensa grande" agitó todas las instancias de este diálogo, siguiendo una a una todas las numerosas reuniones que se realizaron. En ese marco se iniciaron las conversaciones entre los principales dirigentes del gobierno y de la oposición que culminarían , casi tres meses después, en la primera quincena de abril. Muy pronto quedó en evidencia la postura intransigente del gobierno que solo consideraba aceptable que la oposición adhiriera y apoyara su política fondomonetarista y antipopular. Así, después de muchas reuniones, no se llegó a ningún acuerdo, tan sólo se firmó una declaración final en torno a unas pocas generalidades económicas que, en los hechos, no comprometían a ninguna de las partes.
¿Qué objetivos perseguía el gobierno con estas negociaciones? Hay que recordar, en primer lugar, un hecho decisivo: el Partido Colorado es franca minoría en el Parlamento y no cuenta con una amplia base social de apoyo, su respaldo verdadero son las Fuerzas Armadas, y la amenaza de un nuevo golpe militar es una herramienta de extorsión continuamente agitada desde las esferas oficiales. En ese marco, para el Partido Colorado y el gobierno, el acuerdo tiene por objetivos "maniatar la oposición" haciéndola partícipe de una línea económica cuyos puntos esenciales no se modifican, o por el contrario, obligarla al desgaste de ser responsable de la ingobernabilidad del país. Tales llamados a dialogar recuerdan mucho a lo que en su época hacía la dictadura militar.
El fracasado Acuerdo Nacional ofrece un buen ejemplo de la metodología que el régimen emplea para alcanzar sus objetivos: el gobierno lleva adelante, a cualquier precio, política antipopular: como está en minoría convoca a un falso dialogo puesto que va siempre a la mesa de negociaciones con la decisión, tomada de antemano, de no modificar en nada su política, intenta extorsionar con la amenaza de las FF.AA y un posible retorno a un régimen dictatorial, mientras se dialoga sigue aplicando las medidas que entiende necesario, y por ultimo cuando el dialogo fracasa, hace uso de la cadena de radio y TV para achacarle todas las culpas del fracaso a la oposición.
Así mientras se negociaba el Acuerdo Nacional el gobierno impuso por decreto un aumento salarial del 18 por ciento contra las exigencias de los trabajadores, empleo la represión contra numerosos conflictos obreros, envió al Parlamento un proyecto sobre reglamentación sindical, entorpeció por todos los medios el trabajo de la comisión parlamentaria que investigaba los asesinatos de Michelini y Gutierrez Ruiz y vetó las modificaciones que el Parlamento hizo al Presupuesto Nacional, imponiendo por la vía de la condena al país a la ignorancia y la falta de atención sanitaria, mientras mantiene lustrosos y preparados todos los aparatos de represión e inteligencia.


EL PUNTO MAS ALTO DE LOS ENFRENTAMIENTOS POLITICOS


El punto más alto de los enfrentamientos políticos durante 1986 se alcanzaría en torno al aún no resuelto tema de los derechos humanos.
Como es sabido el reclamo de juicio y castigo a los responsables de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar es una exigencia que moviliza a todo el pueblo uruguayo. Según una encuesta realizada en junio pasado, casi el 70% de los uruguayos exigía justicia y no aceptaba ninguna amnistía para los militares implicados en violaciones de los derechos humanos. Pero si el tema es importante, por un elemental sentido de justicia sobre los hechos pasados, lo es aún mucho más para el futuro de la vida democrática del país.
El tratamiento del tema tuvo dos etapas bien diferenciadas aunque estrechamente relacionadas una con la otra. En primer lugar la Justicia civil por un lado y el Parlamento por otro iniciaron en aplicación de sus derechos constitucionales, la investigación sobre los DD.HH.En especial en el Parlamento se formó una comisión investigadora de los asesinatos de Michelini y Gutierrez Ruiz. Ambas iniciativas fueron rápidamente trabadas: la justicia militar presentó el recurso de "competencia" reclamando para sí el tratamiento de todas las operaciones realizadas durante el gobierno militar en la llamada lucha antisubversiva, la comisión parlamentaria, por su parte, vía entorpecido su trabajo por el manifiesto desinterés oficial y las trabas de los ministerios del Interior y Defensa y las propias FF.AA. Para mayo- junio estos dos caminos estaban ya completamente cerrados.
Por esa fecha, desde sectores oficiales se habla de que el tema debe ser resulto "al más alto nivel político" y se menciona ya que el Partido Colorado presentará un proyecto de ley de amnistía para los militares. En mayo, en su gira por Israel y Costa Rica, el presidente Sanguinetti había descartado el juicio a los militares por "falta de pruebas". La represión de las FF.AA se hizo presente a través del discurso que su Cdte. en jefe pronunciara el día del Ejército y por medio de diversos rumores que anunciaban la "irritación y el malestar" en las FF.AA.
En junio comienza la etapa del diálogo del tema. Sanguinetti convoca a Wilson Ferreira Aldunate, a Liber Seregni y a Ciganda ( de la minúscula Unión Cívica Radical) para buscar una solución al tema de los derechos humanos. El gobierno sostiene que debe aplicarse una amnistía a todos los militares implicados en torturas y asesinatos siendo acompañado en esta posición por a Unión Cívica Radical. El Frente Amplio rechaza terminantemente la amnistía y exige el esclarecimiento de los hechos por la Justicia y el procesamiento de los responsables. El Partido Nacional también rechaza la propuesta del Ejecutivo aunque asumiendo una posición más moderada que las del Frente Amplio.
Las conversaciones se desarrollaron durante junio, julio y agosto, siempre frente a la intransigencia y tozudez del gobierno que desconoce el masivo reclamo popular de "verdad y justicia" y a la vez que no acepta ni las más tímidas modificaciones a su propuesta de amnistía para los militares. En ese período se formó una comisión de juristas de los cuatro partidos en un intento de buscar una fórmula jurídica de acuerdo, pero los trabajos de esta comisión terminaron también en un fracaso. Por su parte las FF.AA. intensificaban su presión a través de asambleas en el Centro Militar, declaraciones en su órganos de prensa y otros medios a su alcance. Sanguinetti de visita en Colombia declaraba que la solución a los Derechos Humanos debía ser "amplia y generosa".
En agosto una concentración popular frente al Centro Militar impidió la realización de una reunión de militares programada para ese día con el fin de analizar la situación sobre los derechos humanos.
A fines de agosto, en medio de un clima de indignación popular, el Poder Ejecutivo, asumiendo toda la responsabilidad de los hechos y poniéndose definitivamente del lado de los torturadores y represores del pueblo, presentó al Parlamento un proyecto de ley que amnistiaba a todos los delitos cometidos por militares desde 1962 hasta 1984. Esa misma semana se realizó una masiva manifestación popular por "verdad y justicia" que repudiaban el proyecto presentado por el Ejecutivo. Poco después Wilson Ferreira Aldunate presentaba su propio proyecto de ley llamado "Por la defensa de la democracia".
A fines de setiembre el Parlamento rechazaba con los votos del Frente Amplio y de la mayoría del Partido Nacional el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, mientras más de 20 mil personas manifestaban por "verdad y justicia" en las puertas del Palacio Legislativo. Pocos días después el Parlamento rechazaba también el proyecto "Por la defensa de la democracia" con los votos del Partido Colorado y del Frente Amplio que lo consideraba demasiado moderado. Quedó abierto un impasse en el tratamiento del tema que fue roto por el presidente Sanguinetti al anunciar que en caso de no llegarse a un acuerdo entre los partidos, disolvería las cámaras y convocaría a nuevas elecciones parlamentarias. Este hecho provoco el inicio de una nueva ronda de negociaciones entre las diferentes fuerzas políticas, que aún no ha concluido. La disyuntiva que queda planteada es acuerdo político o elecciones parlamentarias.
Los dos años transcurridos desde marzo de 1985 y especialmente el año 1986 encierran muchas enseñanzas para los trabajadores y el pueblo uruguayo. Del lado de la oligarquía se ha visto claramente como su política cambia de forma según las circunstancias, pero su contenido es invariablemente el mismo y se contradice frontalmente con los intereses y las necesidades del pueblo. Estos ya no gobiernan con las "mayorías", por el contrario son el gobierno de una minoría que necesita de la fuerza y la represión.
De ahí las amenazas siempre latentes de un regreso a la dictadura militar. De ellos nunca vendrán las soluciones de fondo a los principales problemas que afectan a los trabajadores y al pueblo. Su política es devastadora: siembra la miseria, la desocupación, la paralización de las fábricas, la despoblación del interior y la crisis cada vez más profunda e irreversible.
Del lado del pueblo está la mayoría, la razón, la esperanza y la energía para impulsar las transformaciones estructurales que el país entero necesita. En las manos de los trabajadores y el pueblo está el futuro del país. Pero para que este potencial se convierta en fuerza efectiva de transformación debe encauzarse por el camino de la unidad y el de la lucha, por el camino de borrar las falsas divisiones, descartar las soluciones engañosas y fáciles y unir firmemente todas las fuerzas que honestamente quieran el bienestar del pueblo. En la unidad está la fuerza y en la lucha el camino cierto para triunfar.
Cuanto más rápidamente avance el pueblo por este camino tanto más cerca estará la hora de la conquista definitiva de la verdadera democracia, la libertad y la independencia.
El tema de los derechos humanos marcó el punto más alto de los enfrentamientos políticos durante 1986. Una primera etapa que duró hasta junio, estuvo marcada por las actuaciones que iniciaron tanto la justicia civil como las comisiones parlamentarias. Durante este período el ejecutivo y los ministerios de interior y defensa entorpecieron por todos los medios las investigaciones hasta conducirlas a un punto muerto. Se abrió entonces una etapa de negociaciones entre el gobierno y las fuerzas de oposición que culminó con la presentación de dos proyectos de amnistía (uno del Ejecutivo y otro de la mayoría del Partido Nacional) que fueron igualmente rechazados en el Parlamento a fines de setiembre. La amenaza de disolución de las Cámaras y la convocatoria a elecciones legislativas anticipadas, lanzada por el Poder Ejecutivo abrió una nueva ronda de negociaciones que culminaron con la presentación de un nuevo proyecto de amnistía aprobado por el parlamento a mediados de diciembre.
Quedó así aprobada contra los votos del Frente Amplio y de algunos sectores del Partido Nacional, y especialmente contra el 70 por ciento de la opinión publica del país, la impunidad para los militares y civiles que cometieron los más inhumanos crímenes desde 1973 hasta 1984.
Así la oligarquía, representada en los sectores políticos más reaccionarios, lavaba las culpas de las Fuerzas Armadas, ofreciéndoles un certificado de impunidad no sólo por los crímenes del pasado sino por todos los crímenes contra el pueblo a cuya ejecución puedan ser llamadas en el futuro, en aras de defender los interese de clase de la oligarquía y el imperialismo. Las fuerzas políticas que levantaron su mano para aprobar esta impunidad, que pasaron por encima de los torturados, muertos y desaparecidos y jugaron con el sagrado dolor de un pueblo, se hacen responsables por el pasado y por el futuro del accionar de las Fuerzas Armadas. Son las mismas fuerzas que en 1972-73 prepararon las condiciones para el golpe militar, las que hoy con esta ley de amnistía le dicen al pueblo y a los trabajadores que no tendrán reparos en volver a convocar la represión. Es ante todo el Partido Colorado, que recibió el gobierno en manos de la dictadura en unas elecciones plagadas de restricciones, quien muestra su convivencia y entendimiento con los sectores más reaccionarios y fascistas de las Fuerzas Armadas.
Pero se equivocan si piensan que la historia de repetirse como si fuera un calco del pasado.
En un camino de dura lucha los trabajadores y el pueblo uruguayo han asimilado muchas experiencias y han aprendido muchas lecciones. Por eso a pesar de las amenazas, de la división de las fuerzas de oposición y de la falta de organización suficiente, decenas de miles de personas se volcaron en diferentes oportunidades a manifestar contra la impunidad, en las puertas del parlamento o en las de los centros militares, expresando el sentimiento y la voluntad de la inmensa mayoría del país. Para la institución parlamentaria y para esta democracia la aprobación de la impunidad para los violadores de los derechos humanos, es el certificado de su propia incapacidad, el reconocimiento del carácter limitado y espúreo de unas instituciones que en vez de defender al pueblo se someten al dictado de la fuerza y a la voluntad de una minoría explotadora y apátrida. Pocas horas después el mismo Parlamento y las mismas fuerzas ( con algunas variaciones) que no fueron capaces de mandar a la justicia a un solo torturador, se unieron para remover de su cargo a Germán Araujo, un senador del Frente Amplio que había denunciado con dignidad y firmeza a todos los que cometieron crímenes contra el pueblo.
Todos los acontecimientos políticos ocurridos desde marzo de 1986 así como las consecuencias de la caída del sistema socialista y en particular los episodios de estos últimos años hasta hoy a tres años de gobierno continuista del progresismo, reafirman la estrategia de las fuerzas reaccionarias y de la oligarquía de dividir y vaciar de contenido el Frente Amplio para quitarle así a los trabajadores y al pueblo una herramienta de lucha invalorable.
Esto pone en primer plano de las preocupaciones de las fuerzas revolucionarias el conservar y reconstruir la verdadera izquierda. Es además una exigencia popular que obliga a poner por encima de los intereses circunstanciales y particulares, los anhelos e intereses fundamentales de todo el pueblo y de los trabajadores.


Movimiento 26 de Marzo (Uruguay)