Procesan a delegado del Casino.

En la causa iniciada luego de la feroz represión del 4 de diciembre a los trabajadores del Casino, el juez de Instrucción Federico Salvá procesó el miércoles al delegado Hernán Lopatka con la grave figura de "tentativa de homicidio agravado" y ordenó su prisión preventiva. Lo acusa de querer matar a un prefecto quien recibió un piedraza en la cabeza durante el desalojo. Al día siguiente de los hechos, el ministro del Interior Aníbal Fernández cuestionó la represión efectuada por la Prefectura Naval porque no había ninguna orden y prometió "separar a los responsables". Hoy no hay ningún prefecto incriminado sino diez trabajadores imputados y más de 500 despedidos del Casino por parte del empresario kirchnerista Cristóbal López.

A raíz de la feroz represión desatada el 4 de diciembre de 2007 por Prefectura Naval a los trabajadores del Casino, el juez de Instrucción Federico Salvá procesó el miércoles al delegado Hernán Lopatka con la grave figura de "tentativa de homicidio agravado" y ordenó su prisión preventiva (aunque la dejó en suspenso), acusándolo de querer "matar" a un prefecto quien recibió un piedrazo en medio del desalojo.
Aquella represión efectuada por la Prefectura Naval, mediante gases y palazos y personal civil sin identificación alguna, fue desconocida por su jefe, el ministro de Interior Aníbal Fernández, quien aseguró que "no había ninguna instrucción de desalojar", por lo cual "al personal profesional no se le puede perdonar" y prometió "separar a los responsables".
Sin embargo ningún miembro de la Prefectura está imputado por esta ni por las ocho violentas represiones "contra las libertades democráticas más elementales, como manifestarse para defender los derechos de los trabajadores", según lo denuncia el comunicado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH).
"La figura de tentativa de homicidio agravado con que se lo acusa no nos fue aceptada en casos de gatillo fácil en los que se disparó a una persona por la espalda con una 9 milímetros con una evidente intención de matar", dijo el abogado del CEPRODH, Luis Bonomi.
Además de esta excepción, el juez realizó otra, al dejar en suspenso la detención de Lopatka, cuando lo usual es detener al acusado para que no se fugue. "La deja en suspenso entendiendo que la Cámara podría apelar, pero es extrañísimo. No se entiende, salvo porque es evidente que esta es una causa política", dijo Bonomi a ANRed.
A pesar del centenar de días en que los trabajadores manifestaron por su reincorporación, el empresario kirchnerista Cristóbal López logró despedir a más de 500 empleados mediante los sucesivos ataques de las patotas sindicales, los desalojos perpetuados por la Prefectura Naval, la dilatada e interesada intervención del Ministerio de Trabajo, la injerencia sin competencia de jueces federales que dictaron insólitas resoluciones y la Justicia Laboral que nunca reaccionó frente a las violaciones de normas de seguridad e higiene por parte de la empresa. A todas estas maniobras ilegítimas, ahora se suma la criminalización de la protesta.
El jueves pasado distintas organizaciones sociales realizaron un acto de repudio en la puerta del Palacio de Tribunales de la Capital Federal, en Talcahuano al 500, y manifestaron seguir en alerta dado que otros de los imputados han sido convocados a prestar indagatoria en los próximos días en el Juzgado de Instrucción Nº 34 a cargo del Dr. Federico Salvá.
Anred