A pesar de que la policía bonaerense fue apartada de la investigación por la desaparición de Jorge Julio López, la Justicia no ha mostrado ningún avance en el último mes. Es más, siguen interviniendo en la causa jueces vinculados con esa fuerza de seguridad. A lo que se le suma, el secuestro por 24 horas de Juan Puthod, testigo en las causas contra los genocidas. "La impunidad en la causa López, más allá de su secuestro, es una muestra de poder de los grupos relacionados con los genocidas: de poder no sólo sobre la vida de Julio, la nuestra y la de todos sino sobre los jueces y el poder político", afirmó Adriana Calvo.
Fue poco más de un año de lucha por parte del colectivo Justicia YA! la que permitió que se apartase a la Policía Bonaerense de la investigación de la desaparición de Jorge Julio López, secuestrado desde el 18 de septiembre de 2006. Sin embargo, las organizaciones dejaron claro hace un mes cuando se conoció la noticia: "Julio sigue desaparecido, los responsables siguen impunes y seguiremos sin aceptar que jueces vinculados a la policía intervengan en las causas contra los genocidas y mucho menos en la causa en la que se investiga la desaparición de nuestro compañero". A 30 días de la resolución de la Cámara Federal platense de correr a la Bonaerense de la investigación por Julio López y de recaratular a la causa como desaparición forzada, no ha habido ningún avance.
"Que aparezca como desaparición forzada implica que participó el Estado en algún momento, ya sea o en el secuestro o en la continuidad de la desaparición", explica Adriana Calvo, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD). Además de este reconocimiento, le otorga al juez interviniente, Arnaldo Corazza, una capacidad casi ilimitada de acción: pedir mayor presupuesto para abocarse a la investigación, realizar escuchas telefónicas, hacerse presente en dependencias oficiales- aún en los servicios de inteligencia- y exigir que se le entregue la información que podría ser de utilidad. Sin embargo, nada de esto ocurrió. "Estamos exigiendo que se de curso a estas medidas. Pero parece que el Juez no sabe o no está dispuesto, o ambas cosas", denuncia Calvo.
"Corazza tampoco cumplió la orden de la Cámara de que cada 72 horas tenía que recibir un informe del equipo de investigadores que designara. Por supuesto, no hay ningún informe", agrega. Desde Justicia YA! remarcaron que durante este primer mes se podría haber tomado acciones decisivas que podrían haber arrojado certezas sobre qué pasó con López.
La actividad de la Fiscalía, encabezada por Sergio Franco, tampoco ha mostrado ninguna innovación, tal como se denunció. Si bien Franco había aducido que la escasa actividad se debía a la falta de personal, poco ha cambiado con los nombramientos de trabajadores que debían dedicarse plenamente a la causa López. "A tres meses de su designación, estas tres personas ni siquiera terminaron de leer la causa porque nos consta que están asignados a otras tareas", declaró a ANRed la integrante de la AEDD.
Por otra parte, como se viene denunciando desde que la apelación llegó a la sala 1 de la Cámara Federal platense, dos jueces vinculados a la Bonaerense tienen injerencia en la causa por la desaparición de López. Se trata de la camarista Alicia María Di Donato y su par, Alberto Durán. "Estos jueces se niegan a apartarse de la causa y nos acaban de negar el derecho de ir a Casación para exigir que se retiren. Por supuesto, vamos a ir en queja a Casación. Estamos dispuestos a llegar hasta la Corte", adelanta Adriana Calvo. Lo que deja en claro la integrante de la Asociación de Ex Detenidos- Desaparecidos es que no bastó con que esos magistrados votaran a favor de la separación de la policía bonaerense de la investigación sino que es imprescindible que en la causa no quede ningún integrante vinculado a esa fuerza de seguridad sindicada como responsable de la primera desaparición de López y- probablemente- de la segunda.
"La Cámara que parece haber concedido nuestro pedido de apartar a la Bonaerense, en los fundamentos de ese fallo parece echarle toda la culpa del fracaso de la investigación al perro que participó del operativo en la localidad de Atalaya", apunta Calvo. La decisión de los jueces parece ir en dirección a instalar la "idea de que la Bonaerense no consiguió nada por inoperante, por inútil y no por complicidad". Maniobra que queda en evidencia ya que ordenaron separar a la Bonaerense por las irregularidades en las que incurrió pero no investigar a los responsables. "La Bonaerense no es inútil es cómplice", sentencia Adriana Calvo.
Más impunidad
El 30 de abril pasado fue secuestrado por 24 horas el militante de Derechos Humanos Juan Puthod, también testigo en las causas contra los genocidas. Estuvo desaparecido un día, fue golpeado y fue destinatario de un comentario típico de los tiempos dictatoriales. Su captor le dijo que estaba en sus manos, que él decidiría sobre su vida porque era quien lo cuidaba pero también quien podía matarlo. En diálogo con el matutino Página/12, Puthod no dudó de vincular esa frase a la esgrimida por la Policía, haciendo responsable de su secuestro a elementos vinculados con esa fuerza. El rapto de Puthod, las amenazas y amedrentamientos a testigos, la desaparición de López y el asesinato del genocida Héctor Febres son partes constitutivas del muro de impunidad que se mantiene intacto.
"Lo de Puthod es una muestra más de esa impunidad. El mensaje permanente de: 'Hacemos lo que queremos, con quien queremos y cuando y cómo queremos'", explica Adriana Calvo. Además, afirma: "La impunidad en la causa López, más allá de su secuestro, es una muestra de poder de los grupos relacionados con los genocidas: de poder no sólo sobre la vida de Julio, la nuestra y la de todos sino sobre los jueces y el poder político".
Las responsabilidades que recaen sobre el Gobierno nacional y provincial son varias. En el caso de López, le corresponde la de no haber actuado y haber intentado diluir la desaparición. "El Gobierno nacional reaccionó de manera diferente tanto en el caso de López, como el de Luis Gerez y el de Luis Puthod. En el caso de López, fue evidente la intención de ocultar el hecho, de deformar, de rogar que fuera otra cosa. En los tres casos, más allá de que el caso de López fue particularmente patética la reacción, lo que muestra el Poder Ejecutivo es que no tiene la menor voluntad política de ir a fondo en estos casos. Porque necesita evidentemente a la Policía, sea la Bonaerense o la Federal, para otros fines y, por lo tanto, sabe que si va a fondo en estos secuestros, se va a descubrir que hay personal en actividad manifiestamente involucrado en estas causas", afirma Adriana Calvo.
Asimismo, el ataque que reciben los testigos contra los genocidas no puede escindirse de la forma en la que son llevados adelante los juicios, tal como explica la abogada Myriam Bregman del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH)."Si vamos a hablar de cinismo, hay que dedicarle unas palabras a lo que dijo el día del secuestro de Puthod la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien manifestó que había desaparecido un testigo clave y estaba muy preocupada. Cada vez que hablan de testigo clave, nos tenemos que preguntar por qué son claves los testigos. Lo son porque este Gobierno sigue encubriendo a los genocidas, sigue preservando a las Fuerzas Armadas, de seguridad y de inteligencia. Porque este gobierno autoproclamado de los Derechos Humanos no aportó una sola prueba en una sola causa que mande un genocida preso. Son los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, como nuestro compañero Jorge Julio López, los que siguen siendo fundamentales para encarcelar a los genocidas. En la Argentina no hubo apertura de los archivos de la represión. Son las víctimas las que tienen que seguir identificando a sus secuestradores".
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