La política de ‘convivencia con el virus’ que profesan el gobierno nacional y los gobiernos provinciales llevó nuevamente al colapso al sistema de salud. Es una réplica de lo que la ‘nueva normalidad’, con el arrasamiento de las barreras sanitarias para asegurar el funcionamiento del sistema capitalista, está ofreciendo en todas partes del mundo, de Estados Unidos a Australia, pasando por Gran Bretaña y España. Los gobiernos responden al ‘tsunami Ómicron’ suprimiendo los aislamientos de contactos estrechos, una medida que pretende evitar el ausentismo laboral generando nuevos contagios. La gran víctima es la salud de los trabajadores y de sus familias, con hospitalizaciones que se incrementan en todas partes e ingresos récords de niños y niñas a las terapias, hasta ahora considerados al margen del riesgo epidemiológico.
Como ocurrió con las oleadas anteriores, los trabajadores de la salud somos quienes debemos soportar todos los costos de la falsa política sanitaria oficial. La ministra Vizzotti, el ministro Quirós y las autoridades hospitalarias se vanaglorian afirmando que los nuevos protocolos permitirán asegurar el funcionamiento operativo de los efectores, algunos de ellos con más del 50% de trabajadores infectados. Sin embargo, el colapso ya está resintiendo a los servicios, cirugías programadas y atención en consultorios. La decisión de ‘aliviar’ los centros de testeo dejando de hisopar a los contactos pone a la pandemia fuera de control. Las enmiendas son la traducción de la decisión férrea de no incrementar el personal a disposición, a pesar de que la salud pública argentina ingresó a la pandemia largamente vaciada. Es una ofrenda a las negociaciones con el FMI a costa de la salud de los trabajadores. Se espera que los profesionales de la salud asumamos esta crisis con más sobrecarga y mayores riesgos.
En pocos días, los agoreros patronales que invitaban al contagio a través de los medios de comunicación para ‘ganar inmunidad’ y ‘que comience el fin de la pandemia’ debieron llamarse a silencio. La variante Ómicron está demostrando que puede afectar la salud de forma severa, especialmente a los no vacunados pero también a la población que sí se vacunó y tiene factores de riesgo. Mientras se pretendía bajarle el precio al Covid, rebautizándolo como ‘endemia’, los ingresos a terapia intensiva se incrementaron de forma exponencial, aumentando en estas semanas más de un 100%. La ocupación de camas pasó de 742 en diciembre a 2268 un mes después. La mortalidad también se incrementó, llegando a 138 fallecidos el jueves pasado. Según un relevamiento de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), la ocupación alcanza al 75%, muy por encima de lo que informa el gobierno, y es de 61% en el caso de las camas pediátricas.
Los trabajadores que debemos dar cuenta de esta situación en los centros de testeo, hospitales y centros de salud estamos exhaustos. El motivo no es el virus sino la política de los gobiernos. En CABA, nuestros salarios vienen sufriendo una devaluación constante año tras año, con paritarias por debajo de la inflación y bonos no remunerativos que no llegan a compensar nada y se cobran por única vez. La burocracia sindical en sus diferentes ‘cepas’, de oficialistas y opositores en Médicos Municipales a la Federación de Profesionales, y de Sutecba a las distintas ‘variantes’ de ATE, no quiere hacer olas. A la medida de sus responsabilidades, todos los sectores son cómplices y partícipes necesarios de esta situación. Están integrados a los gobiernos y solo compiten por los privilegios que otorga el manejo de los aparatos sindicales.
Por abajo, comienzan a emerger asambleas y autoconvocatorias. El viernes pasado, una asamblea de trabajadores en el Hospital Moyano rechazó la eliminación de los aislamientos por contacto estrecho y reclamó la urgente contratación de más personal, el pase a planta de los contratados y una recomposición que lleve el salario mínimo al costo de la canasta familiar (hoy en CABA en 180 mil pesos). Todo un programa de lucha en oposición a la inacción de las distintas burocracias frente a los protocolos oficiales.
En la misma sintonía se pronunció la asamblea de residentes y concurrentes de CABA, incorporando la situación desesperante de residentes de primer año, que llevan cuatro meses sin cobrar, y de segundo, a quienes se les niega el derecho a vacaciones después de 15 meses trabajo ininterrumpido. A esto se añade la decisión del gobierno porteño de dar de baja el sistema de concurrencias, que sostiene servicios enteros en salud mental y afecta a especialidades médicas críticas como infectología.
La reducción de prestaciones para reorientar el escaso personal a la atención de Covid vuelve a dejar en vilo a la salud integral de la población. En el caso de residentes y concurrentes, implica una nueva conculcación al derecho a la formación en diversas patologías y problemáticas de salud, que son colocadas en lista de espera. El colapso es tal que, mientras no hay personal en los servicios, las altas laborales que deben proporcionarnos las ARTs llegan a demorarse más de quince días.
Está planteada una campaña para generalizar estos pronunciamientos y pasar a la acción. La única salida positiva a la debacle sanitaria que ofrecen los gobiernos y las burocracias sindicales adictas puede venir de la lucha de los trabajadores de la salud junto a la población usuaria. Es necesario responder con la intervención colectiva a la imposición de los nuevos protocolos, asegurando mediante asambleas, ceses de actividades y paros el derecho a aislamiento de los contactos estrechos. El aumento de personal es un punto ineludible, empezando por el pase a planta de los contratados y de los residentes y concurrentes que finalizan su formación. El salario mínimo en salud igual a la canasta familiar, que implica una duplicación del sueldo inicial actual, y el respeto a todas las licencias son condición sine qua non para atravesar la pandemia.
A la política pandémica de los gobiernos y las patronales, opongamos la lucha y la organización en rescate de la salud de los trabajadores.
Lucía Guevara
17/01/2022
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