Todo indica que el viaje del ministro Santiago Cafiero a Estados Unidos terminó en un fracaso. La interpretación oficial de que se habría conseguido el apoyo del “ala política” en las negociaciones con el FMI no tiene asidero. En la reunión, el secretario de Estado, Antony Blinken, le reclamó un “plan económico sólido”, lo mismo que viene planteando el FMI. Él quería “un mensaje de la autoridad política al Tesoro para contar con el apoyo de Estados Unidos en el FMI”. Pero el Tesoro norteamericano no está dispuesto a ello. La apelación a un arbitraje del presidente norteamericano no deja de ser una ilusión cipaya.
El gobierno estaría tanteando un acuerdo precario con el FMI. Tendría la función de evitar un defol de la Argentina (que obviamente golpearía al propio organismo), pero que no resolvería el problema de la necesidad de divisas cuando las reservas líquidas del Banco Central ya están en 0. Resta todavía por ver la predisposición del Fondo a un acuerdo de esta naturaleza pero, aún en el caso de que prosperara, el gobierno argentino no podrá evitar nuevos condicionamientos y concesiones vinculados con el ajuste que reclaman desde Washington.
Un cuadro explosivo
La falta de dólares agrava la situación de conjunto. La industria festejó el crecimiento del 15% respecto de 2018-2020 con la preocupación por la falta de insumos que dependen fundamentalmente de la importación -o sea, de las reservas en dólares. Una perspectiva recesiva.
Además se requerirá la importación de gas, cuando los precios tienen un alza (en dólares) en el mercado mundial. Lo cual ha llevado a que el gobierno deba variar sus pronósticos de subsidios de 10.000 a 14.000 millones de dólares, lo que no evitaría un aumento en las tarifas en el medio del colapso del sistema eléctrico.
Para más, la sequía que afecta al campo pronostica una pérdida de casi 4.000 millones de dólares de ingresos por exportaciones de granos, y suma el reclamo de las patronales agrarias de subsidios y de la eliminación de las retenciones.
El gobierno ha ido por la vía de endeudarse en pesos, lo cual lo lleva a meter mano en todas las “cajas” posibles (sobre todo, el Fondo de Sustentabilidad de la Anses). Ha creado una verdadera bola incontrolable a través de las leliqs y pases. En 2021, los intereses pagados a los bancos por esta operatoria sumaron ¡1,35 billones de pesos! Lo que equivale a 46 millones de jubilaciones mínimas. La cosa no mejorará en 2022; por el contrario, se espera que esa suma ascienda a 2,33 billones.
Mientras, los mercados actúan, cae el valor de los bonos argentinos, aumenta el riesgo país y la brecha cambiaria se profundiza con un crecimiento sostenido de los llamados dólares financieros y el blue. A la par, la inflación va en sostenido ascenso, superó el 50% en 2021 y se pronostica un 60% para 2022.
Todo este cuadro es un combo perfecto que alimenta las perspectivas de una hiperinflación y una megadevaluación, en un cuadro internacional con viento de frente: aumento de las tasas, inflación en dólares, freno de la economía china, etc.
Ajuste y pandemia: las víctimas son los trabajadores
Mientras desde el gobierno cacarean contra el Fondo, despotricando contra el ajuste que impondría el acuerdo, este ajuste ya está en marcha y profundizándose desde la asunción de los nac&pop. En estos días, el gobierno anunció recortes en las partidas ya ajustadas del Presupuesto 2021 (donde se pronosticaba un 29% de inflación), nada menos que para los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Social y Trabajo. Un dato más que claro para saber quién paga los costos de la crisis.
Ese no es el único mecanismo de ajuste. La inflación licúa los ingresos de los trabajadores (y también de la deuda de los capitalistas) y provoca el aumento de la recaudación ligada al consumo (o sea, los precios), un negocio redondo a costa de los ingresos de las familias trabajadoras.
El ajuste se multiplica por tres. Están los efectos de la política del gobierno nacional, pero a su vez cada provincia efectúa el propio y a ello se agrega los de los municipios. De conjunto es un ataque al ingreso de los trabajadores, por vía directa y por vía indirecta. Aumentos de impuestos, tasas y tarifas se combinan con el deterioro de servicios y ausencia de prestaciones (salud, educación, obras públicas).
Los reclamos airados de Kicillof, las “cartas” de Cristina, las declaraciones de “crecimiento sin ajuste” de Guzmán son todos fuegos de artificio para ocultar que, con acuerdo con el Fondo o sin él, el ajuste está en marcha y va a ser mayor.
El ajuste se produce en el mismo momento en que los contagios por coronavirus arrecian sin miramientos, que el número de muertes crece y que el sistema de salud muestra un agotamiento como resultado del desmantelamiento que sufrió por años y por el contagio de los trabajadores.
La política del gobierno y la clase capitalista frente a esto es avanzar en una convivencia con el virus a costa de la salud de los trabajadores. Reducción de los aislamientos, disminución de testeos y ausencia de protocolos para garantizar la presencia de los trabajadores en sus lugares de trabajo.
Plan de lucha para defender el salario, las jubilaciones y la salud
Este cuadro es lo que explica la crisis política de la coalición gobernante, que no puede evitar el costo político y las tendencias a la disgregación. También explica las crisis de la oposición, que busca no quedar pegada a las consecuencias poniendo de manifiesto que ella tampoco tiene un “plan”, como lo reveló su fracaso en el gobierno con Macri. En síntesis, la impotencia de ambos domina el escenario político.
En el trasfondo de esta situación está la preocupación de todos de una intervención masiva de los trabajadores, que le pase por encima a la política de contención de la burocracia que domina gran parte de las organizaciones obreras y populares. Argentina es parte de la Latinoamérica de las rebeliones populares contra los ajustes.
Razones para ello tienen. Macri, en diciembre de 2017, supo ver cómo se le escurría un triunfo electoral de un mes y medio antes cuando atacó las jubilaciones e intentó meter por ley la reforma laboral. El pueblo mendocino a fines de 2019 y el de Chubut a fines de 2021 les hicieron conocer la derrota a toda la clase capitalista y sus partidos cuando pretendieron imponer la megaminería (el “plan económico” para juntar dólares para pagar al FMI). Los primeros días de este año empezaron con el #Atlanticazo contra otra de las variantes del saqueo colonial: la exploración petrolera en el Mar Argentino. El año 2022 ha arrancado también con el movimiento piquetero nuevamente en pie de lucha frente a la tentativa del gobierno de ir marcha atrás con la apertura de planes de empleo para los primeros meses de este año y desconocer lo que se había comprometido. El Ministerio de Bienestar Social, finalmente, se vio obligado a retroceder.
Como se ve, los recursos para quebrar el ajuste están. Hay que ponerlos en marcha. Impulsemos un gran proceso de deliberación en los lugares de trabajo, estudio, en las barriadas, en las organizaciones obreras, para poner en marcha un plan de lucha por el salario y las jubilaciones, contra el hambre y la pobreza, por la defensa del ambiente y los recursos naturales, por la centralización del sistema de salud para hacer frente a la pandemia, contra el acuerdo con el FMI, por el no pago de la deuda usuraria.
Eduardo Salas
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