Guzmán aproxima el bochín al FMI

Mediante la “decisión administrativa 4” el gobierno ha anunciado fuertes recortes en el presupuesto, especialmente en salud, educación y subsidios a la energía, además de un ajuste en la partida ´social´, es decir, planes y asistencia a comedores. El ´ahorro´ previsto es, en conjunto, de 225 mil millones. El rechazo del Congreso Nacional al presupuesto 2022 ha obligado al oficialismo a prorrogar el anterior presupuesto pero esto ocurre mediante asignaciones y modificaciones del poder ejecutivo, es decir, por decreto. Es en esta última resolución administrativa que el gobierno traza su propia ruta de ajuste.

 De conjunto el presupuesto ´extendido´ prevé un déficit primario de 2 billones de pesos, esto significa que no cuenta los egresos productos del pago de la deuda. Sobre el cuarto de billón que se recorta el gobierno aduce que, a diferencia del año anterior, no contará con los DEG (Derechos Especiales de Giro, enviados por el FMI) como tampoco con el “impuesto a la riqueza”, una medida ́excepcional´. Lo cierto, y lo que advierte La Nación (17/1) y probablemente el propio FMI, es que el gobierno al subestimar la inflación en su proyección presupuestaria genera todo un margen de ingresos no contemplados que luego podrían ser utilizados para intentar ´suavizar´ el aterrizaje de este fuerte ajuste, al menos en algún aspecto. Durante 2021 de esta forma se aumentaron en un 30% los gastos previstos inicialmente. Esta ha sido, justamente, la razón principal por la cúal la oposición -y el FMI- rechazaron a fin de año el presupuesto 2022. El reclamo a viva voz de un ´plan´ refiere a que el gobierno coloque completamente por escrito que va a ir a un proceso de fuerte ajuste, sin margen de maniobra. 

 Entre las expectativas del FMI y lo que ofrece el gobierno, de todas formas, hay una coincidencia en el destino. Como dijo Guzman “la diferencia está en las velocidades”, ya que “la forma en que [el FMI] lo plantea detendría la recuperación económica. El gobierno, de todas formas, que pretende recaudar al 50% anual y gastar al 35% con este anunció presupuestario ya coloca las víctimas de esta orientación: salud, educación y asistencia social. Todo esto cuando la pandemia se encuentra en un nuevo brote y se requeriría, por el contrario, una enorme ampliación de estas partidas. En materia educativa, por ejemplo, la presencialidad que pretende el gobierno supone un necesario aumento de aulas y de docentes, por la aglomeración de personas, ni hablar en el propio sistema de salud. Al Ministerio de Desarrollo Social se le pretenden recortar 5000 millones lo que va a colocar una enorme tensión en las organizaciones de los barrios, esto cuando la pobreza continua en pleno ascenso. Por su parte, el recorte al subsidio de energía anuncia una ruta de tarifazos, en principio y según declaraciones del secretario de energía en un 50%, ya que “seguirán a los salarios”. 

 ¿Y el acuerdo? 

A todo esto los plazos para acordar con el Fondo se achican. La semana que viene vence un pago de 730 millones, el otro mes 350 y luego del 31 de marzo un grueso de 2800 millones de dólares. El Banco Central, aunque quisiera, no tiene condiciones para enfrentar estos pagos, pero la negociación, a priori, continúa trabada. Los funcionarios del gobierno aceleran gestiones en EEUU pero por ahora nada indica una solución a la vista. Recientemente el Foro de Davos, en el que el gobierno no asistió, ha anunciado para Argentina un “riesgo de colapso del Estado”, “probabilidades de conflicto interno, ruptura de la seguridad jurídica y erosión de las instituciones”, todo esto advirtiendo sobre la inflación, el estancamiento del PBI, incluso la falta de empleo, bajos salarios y precariedad laboral. Aunque el gobierno coloca en danza distintos informes internacionales sobre la ilegitimidad del acuerdo en 2018 lo cierto es que no asoma un plan B. La ruta de ajuste todavía no satisface. 

 Fede Fernández 

 19/01/2022