El caudal de deuda pública marcó en diciembre 2021 un nuevo récord, alcanzando los USD 360.818 millones. La misma aumentó el año pasado un 8,4% en dólares y en el último mes se adicionaron USD 9.848 millones. Los datos se desprenden del informe publicado mensualmente por la Secretaría de Finanzas. Estamos frente a una hipoteca a todas luces impagable, que, paradójicamente, mientras más se paga, más crece.
El rescate de la deuda constituye un verdadero callejón sin salida. Muestra de ello es que durante el 2021 se cancelaron vencimientos por USD 71.453 millones, sin embargo, lo anterior no significó desendeudamiento alguno puesto que en el mismo período se contrajo deuda por USD 95.488 millones, según un informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso. Sucede que en cada reestructuración se van acumulando intereses usurarios y los gobiernos terminan endeudándose para pagar vencimiento viejos.
Lo que sí es claro, es que esta política es incompatible con el desarrollo nacional. Sin ir más lejos, a pesar del superávit comercial experimentado el año pasado -fruto del boom exportador-, el Banco Central finalizó el 2021 prácticamente con la misma cantidad de reservas brutas que poseía en el 2020. La impenitente fuga de divisas, a través de múltiples mecanismos, explica este fenómeno: a modo de ejemplo, en 2021 se utilizaron USD 5.000 millones en el pago al FMI y USD 2.500 millones para intentar contener la cotización del dólar financiero.
En ese sentido, el horizonte no es para nada alentador teniendo en cuenta que en el 2022 se avizoran vencimientos de deuda pública por un total de USD 93.017 millones, de los cuales USD 24.389 millones está nominada en moneda extranjera. Esto, con un Banco Central al borde de la quiebra y con un panorama opaco en el terreno de las exportaciones del agro. Las proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario adelantan que, debido a la sequía, “las exportaciones de los principales productos de los complejos de soja y maíz caerán en 13 millones de toneladas (…) a los precios actuales dejarán de ingresar al país USD 2.665 millones, una caída del 10% respecto al total estimado al cierre del año pasado” (El Cronista, 17/1).
El gobierno, por su parte, descuenta refinanciar los vencimientos por USD 18.788 millones con el FMI para este año a partir de sellar un pacto con el organismo. No obstante, las negociaciones se encuentran empantanadas y Guzmán ya deslizó que en marzo intentará cerrar un acuerdo «precario», ergo, ruinoso para Argentina y para la población trabajadora en particular, sobre la que se descargará todo el peso del ajuste. El mismo implicará tomar más deuda en dólares para hacer frente a los distintos vencimientos, acentuando la bancarrota nacional y el nivel de endeudamiento que asedia al país.
Por lo pronto, el oficialismo intenta arrimarse lo más posible a la hoja de ruta trazada por el FMI, como se evidencia en el ajuste aplicado sobre las partidas sociales a lo largo del 2021 y el contemplado para 2022. Ahora también comienza a hacerse eco de las exigencias fondomonetaristas acerca del tipo de cambio, considerando que el Banco Central desde que empezó el año viene devaluando el peso de manera más acelerada que en 2021, a un ritmo anualizado del 35%. Como vemos, ha mermado la venta de divisas del BCRA para achicar la brecha cambiaria en nombre de preservar los dólares y darles como destino el pago de la deuda al Fondo. Ahora bien, el sendero de la devaluación consagrará un duro golpe al bolsillo popular.
En cuanto a la composición de la deuda asumida en 2021, la nominada en dólares corresponde en gran medida a préstamos otorgados por organismos multilaterales (USD 654,5 millones), como el BID, el CAF, etc. Ocurre que el mercado de crédito internacional está vedado para Argentina, justamente, por hallarse en quiebra fruto de décadas al servicio de la fuga de capitales y el pago de la deuda bajo todos los gobiernos. Por lo tanto, Alberto Fernández utiliza estas entidades como tabla de salvación, sin reparar que de este modo está abonando a una mayor injerencia imperialista sobre la economía nacional.
De todas maneras, el crecimiento más ostensible viene por el lado del endeudamiento en pesos, el cual trepó un 36,5% interanual (medido en dólares). La emisión de títulos del Tesoro alcanzó el año pasado la friolera de $4,27 billones y cumple la función de financiar el déficit fiscal en pos de apelar lo menos posible a la emisión monetaria. Cabe destacar que, a contramano del discurso oficial, el hecho de sea deuda nominada en moneda local no la convierte en inofensiva, ya que estamos hablando de bonos atados al dólar o a la inflación (no se pueden licuar por medio de una devaluación), los cuales ofrecen plazos de vencimiento cada vez más cortos y tasas más altas para atraer inversores, configurando un cóctel explosivo. A su vez, la garantía de pago es lisa y llanamente un ajuste sobre el gasto público.
Una ciénaga de la cual únicamente se puede salir a través del repudio de la deuda usuraria, poniendo fin al saqueo capitalista por medio de la nacionalización bajo control obrero de la banca y el comercio exterior y abriendo camino a un plan de desarrollo nacional comandado por los trabajadores, que dé respuesta a las necesidades sociales.
Sofía Hart
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