La recaudación tributaria del 2021 muestra hasta qué punto la carga impositiva del país recae sobre las espaldas de los trabajadores. La misma tuvo una variación interanual del 11,9% en términos reales y este crecimiento se debió fundamentalmente a lo ingresado vía derechos de exportación -fruto del auge exportador- y a través del IVA.
Lo recaudado por medio del IVA aumentó un 14,8% interanual por encima de la inflación, constituyendo el 35% de ingreso tributario del país en todo el año pasado. Se trata de un impuesto al consumo sumamente regresivo, donde hasta personas sumidas en la indigencia se ven forzadas a tributar un 21% cada vez que adquieren un producto de primera necesidad.
Nominalmente, mediante el IVA en el 2021 se recaudó una suma 70,2% superior que en 2020. El salto mencionado es fruto del alza inflacionaria del 50,9% que tuvo lugar el año pasado, donde el porcentaje del impuesto pasó a cobrarse sobre productos cada vez más caros. Esta mayor confiscación al salario por la vía impositiva constituye una de las razones por las cuales el gobierno logró sobrecumplir las metas fiscales trazadas para 2021, cerrando el año con un déficit primario del 3% cuando se estimaba que fuera del 4,5%.
La misma escalada inflacionaria, que, a su turno, sirvió para licuar las partidas sociales, particularmente las sumas destinadas al pago de jubilaciones y pensiones, ya que la nueva fórmula de movilidad bajo el gobierno actual deslindó los haberes previsionales de la pauta inflacionaria. Es decir, a pesar de que al Estado lo financian en mayor medida los trabajadores -como acabamos de señalar-, las únicas transferencias que le han ganado a la inflación son las destinadas a subsidiar al capital; en cambio, el gobierno descarga sobre las mayorías populares todo el peso del ajuste en pos de complacer al FMI.
De este modo vemos cómo la inflación es utilizada como mecanismo para transferir ingresos desde el bolsillo popular al de los capitalistas y el Estado. No solo porque encarece las góndolas locales generando una pérdida del salario real, sino que también refuerza el peso fiscal que deben afrontar los trabajadores por medio de impuestos como el IVA, que, cabe destacar, Alberto Fernández se encargó de reponerlo sobre los productos de la canasta básica ni bien asumió. Esto, sumado a que la clase obrera es ajena a los regímenes de «alivio fiscal» del que gozan los capitalistas -como las contempladas en los proyectos de ley de Hidrocarburos y en el de Promoción a la Industria Automotriz- quienes, además, al dominar los resortes de la economía, incurren constantemente en mecanismos de evasión.
Como lo evidenció el reciente Consenso Fiscal, la hoja de ruta para acordar con el Fondo incluye acrecentar la carga impositiva sobre la población trabajadora, de manera directa, como ocurre con los impuestos al consumo, o indirecta, mediante el aumento de impuestos a las patronales que terminan siendo trasladados al precio final que abona el consumidor.
Por lo tanto, debemos organizarnos para que el financiamiento del Estado corra por cuenta exclusiva de los capitalistas. Abajo el IVA, el impuesto al salario y a la vivienda única. Reposición de aportes patronales y aplicación de un impuesto progresivo y permanente al gran capital.
Sofía Hart
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