A ambos lados de la General Paz, como sucede prácticamente todos los veranos, los vecinos cortaron calles y avenidas para denunciar la falta de suministro eléctrico. En barrios como San Cristóbal, Caballito, Flores y Lugano volvieron a sonar las cacerolas.
Los cortes de los vecinos han generado acusaciones mutuas entre la empresa, el Ente Regulador y el gobierno nacional.
El gobierno dice que la empresa no cumple con el mantenimiento al que está obligada, que está “desmantelada”, que los mejores cuadros técnicos se fueron, que es manejada desde el extranjero (Edesur es controlada por capitales italianos). De quitarle la concesión, eso sí, no dice nada.
Por su parte, Edesur aduce que con las tarifas desactualizadas es imposible absorber el costo del mantenimiento e invertir en las redes eléctricas. Que la inflación es del 50% y que el ENRE solo permitió aumentar el 9% (Clarín, 6/1).
Lo que omiten decir es que los subsidios estatales a las empresas de electricidad alcanzaron en el último año los niveles de 2011: US$10.000 millones, según el Instituto Argentino de la Energía “Gral. Mosconi” (IAE). En 2021 el gobierno aumentó los subsidios a la electricidad creando un fondo para pagar -dijeron- obras de infraestructura con lo recaudado por retenciones a las exportaciones de energía eléctrica (LN, 18/11/21).
Es decir que el estado ha subsidiado a Edesur mientras los empresarios la desmantelaban, sin poner límites ni a la tercerización laboral ni a la reducción sistemática de puestos de trabajo. Las cuadrillas de mantenimiento que son enviadas a los cortes no dan abasto y están integradas por obreros precarizados, que trabajan a destajo y quedan expuestos a la confrontación con los vecinos.
Durante 2021 los trabajadores de EMA -tercerizada de Edesur- reclamaron su reincorporación y el pase a convenio ante la indiferencia del Ministerio de Trabajo, que respaldó el fraude laboral.
Los subsidios no solo les garantizan las ganancias a las empresas, también intentan impedir que un aumento salvaje de tarifas haga estallar a una población que mayoritariamente sobrevive con salarios por debajo de la línea de pobreza.
La reciente “segmentación” de las tarifas y el reempadronamiento que impone el gobierno va en esa línea. Obedece al reclamo de las patronales y del FMI de poner fin a los subsidios y avanzar en un plan de ajuste general del gasto público para poner todos los recursos en el pago de la deuda.
Mientras la empresa y el gobierno se muestran repartiéndose acusaciones durante días y dilatan soluciones, miles de trabajadores carecen de energía eléctrica.
Urge la apertura de una bolsa de trabajo especializada para conformar nuevas cuadrillas, contratadas bajo convenio, que solucionen los desperfectos.
Organicemos asambleas de vecinos para arrancarle al Estado y la empresa generadores eléctricos en los barrios donde son necesarios.
Maxi S. Cortés y Valentina Viglieca
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