Aquel asesinato a sangre fría conmovió al gremio de prensa y a la población en general, que lo interpretó como un mensaje mafioso emanado desde un sector del empresariado local bajo el amparo del poder político. Se convirtió en el emblema de los ataques más arteros y furibundos contra la libertad de prensa desde el regreso de la democracia en la Argentina, y tuvo como respuesta masivas movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en Pinamar -donde veraneaban ostentosamente empresarios y funcionarios del poder político.
José Luis Cabezas había sido el autor de una foto que develaba la identidad del empresario Alfredo Yabrán, publicada en la tapa de Noticias un año antes del crimen. Junto al equipo periodístico de la revista buscaban en el verano siguiente develar más detalles de su vida personal y sus relaciones políticas, y en el mejor de los casos conseguir una entrevista con el enigmático personaje.
Para quien manejaba una fortuna de tres mil millones de dólares en diferentes empresas vinculadas con los correos, depósitos fiscales, servicios aeronáuticos y otros sectores ligados al interés público, la publicación de la foto fue “como un tiro en la cabeza”. La acción homicida orquestada un año después por un grupo organizado de barrabravas, oficiales de la Bonaerense y exmiembros del Ejército que formaban parte de la custodia privada del empresario resultó la “vendetta” a semejante afronta.
Un mes antes del crimen el comprobado autor de los disparos, el policía de Mar de Ajó Gustavo Prellezo había participado de una reunión con el propio Yabrán en sus oficinas.
La reacción y movilización popular llevó a que, en tres años, los autores materiales del crimen y sus cómplices directos recibieran condenas que llegaron a la reclusión perpetua. En la actualidad ninguno de los culpables se encuentra en la cárcel, habiendo sido beneficiados con distintas modalidades de reducción de penas. Gustavo Prellezo, condenado a reclusión perpetua, obtuvo la prisión domiciliaria en 2010, la libertad condicional en 2017 y el fin de la pena en 2021; hoy goza de plena libertad. El jefe de la custodia personal de Yabrán, Gregorio Ríos, también condenado a perpetua, goza de libertad condicional desde 2008.
Esas condenas, a la vez, sirvieron para fijar un límite al entramado de responsabilidades políticas y empresarias detrás del crimen del reportero y presentar el hecho como un exceso de un grupo de hampas bajo el designio de un hombre negocios aislado. El suicidio de Yabrán, poco tiempo después, reflejó el aislamiento al que fue sometido el empresario, abandonado a su suerte por el poder político y judicial.
Es que el secretismo en el que pretendía desplegar sus actividades Alfredo Yabrán -y que la foto de Cabezas había develado- no era un capricho personal, sino el modus operandi natural en el que debía manejarse un empresario con estrechos vínculos con el poder político para el que operaba en su rol de testaferro.
El asesinato del reportero gráfico se produjo en el período de declinación del segundo gobierno de Carlos Menem, de agotamiento del régimen de convertibilidad y en una situación de crisis política de la camarilla gobernante a la vez que en la disputa al interior del PJ para buscar una vía de sucesión.
El entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, había denunciado en el Congreso de la Nación que Yabrán “lideraba una mafia enquistada en el poder”. Eduardo Duhalde, quien aspiraba llegar a la presidencia en las elecciones de 1999, enseguida declaró que le habían “tirado un muerto” con el propósito de que su candidatura naufragara a la par que Menem exploraba la posibilidad de una segunda reelección. En los meses previos al asesinato se detectaron más de cien comunicaciones telefónicas entre Yabrán y el entonces ministro de Justicia, Elías Hassan.
Ninguno de esos personajes fueron citados a declarar, ni esas pistas derivaron en una investigación ulterior para desentrañar los vínculos de Alfredo Yabrán con el poder político y, a partir de ahí, indagar en un motor del crimen que excediera su encono personal con José Luis Cabezas y el periodismo en general. Ni siquiera se avanzó en alguna investigación que pudieran determinar el alcance y atributos de verdaderos ejércitos privados que conformaban y conforman la custodia particular de Yabrán y otros grandes capitalistas. Sin embargo, la conmoción popular tras el crimen profundizó la crisis del gobierno del PJ, que perdió las dos elecciones siguientes dando lugar a la llegada de la Alianza.
Alfredo Yabrán llegó a amasar una fortuna a partir de sus vínculos personales con el entonces presidente Carlos Menem de quien era presunto testaferro. El mismo rol que, en los últimos años, ocuparon empresarios como Lázaro Báez, Cristóbal López o Sergio Szpolski en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner o Nicolás Caputo y Ángel Calcaterra con el gobierno de Mauricio Macri.
La desaparición física de Alfredo Yabrán no puso fin inmediato a su grupo empresario ni tampoco a la riqueza familiar. Quien fuera nominado como su continuador al frente de los negocios del grupo, el empresario Héctor Colello, figura ahora en la nómina de los Pandora Papers por cuentas millonarias con depósitos off shore por empresas radicadas en Uruguay, las Islas Vírgenes y Nueva Zelanda.
El asesinato de José Luis Cabezas mostró la punta del iceberg de un régimen de negociados e impunidad que aún persiste y que sólo podrá ser desmantelado de raíz atacando la naturaleza capitalista del Estado y sus instituciones.
«No se olviden de Cabezas».
Alfonso de Villalobos
La Naranja de Prensa
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