Pactos de Navidad

Quienes consideraban que el fracaso en la aprobación de Presupuesto 2022 profundizaba un curso de choques entre el gobierno y la oposición de Juntos por el Cambio fueron rápidamente refutados por los hechos. Las acusaciones cruzadas de golpistas y totalitarios fueron reemplazadas por fotos en común y, lo más importante, por acuerdos políticos de importancia que se plasmaron en leyes y pactos con alcance institucional. No primó un espíritu navideño sino la presión del gran capital internacional. Como si a esta altura hiciese falta quedó demostrado que la pirotecnia verbal que caracteriza a la política local no tiene un correlato en divergencias estratégicas en materia económica y social. La terminal de todos bloques políticos que nos han gobernado es la misma: el FMI. 

 Consenso con Georgieva

 Dentro de estos arreglos entre el gobierno y la oposición de derecha resalta el llamado Consenso Fiscal, que fue firmado por los gobernadores del PJ y de Juntos por el Cambio, con la única excepción de Larreta la Ciudad de Buenos Aires. Los lineamientos generales del acuerdo consisten en favorecer una suba de impuestos para lograr el deseado equilibrio fiscal que demanda el FMI para sellar el acuerdo que postergue los vencimientos de los próximos dos años. El acuerdo establece un límite a los gastos de las provincias y a la vez elimina restricciones vigentes a la suba de impuestos. La mayor recaudación no tendrá por destino ampliar derechos sino sustituir las partidas distribuidas por el gobierno nacional. Este ajuste a las provincias ya se viene realizando incluso bajo la pandemia. En el primer semestre de este año las transferencias no automáticas a las provincias se redujeron en un 27,2%.

 El Consenso Fiscal profundiza el carácter regresivo del sistema impositivo de la Argentina. El eje está en la suba de Ingresos Brutos, un tributo que se traslada inmediatamente a los precios finales que pagan los consumidores con independencia de su capacidad económica. La posibilidad de extender el impuesto a la herencia tiene el mismo carácter porque abarca a todas las clases sociales resultando confiscatorio en el caso de las familias trabajadoras. La ausencia de Larreta no debe ser malinterpretada. En la Ciudad de Buenos Aires el gobierno del PRO aumentó en varias oportunidades la alícuota de Ingresos Brutos. No solo eso. Además, impuso el cobro del 1,2% a todos los gastos realizados con tarjetas de crédito, otra medida regresiva que golpea a los consumidores. 

 Las palabras de Alberto Fernández ante todos los gobernadores dejaron en claro quién era el beneficiario de este pacto entre el gobierno y la oposición. Con una claridad que no lo caracteriza, señaló que “este acuerdo nos sirve mucho en la discusión que tenemos con el Fondo, porque nos muestra como un país que proyecta el futuro en términos fiscales racionales y con el consenso de todos los gobiernos provinciales”. Que se queden todos 

El otro gran capítulo de los acuerdos de fin de año tuvo su epicentro en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Sin siquiera guardar las formas mínimas del decoro, oficialistas y opositores de Juntos por el Cambio pactaron un combo recargado: votar el Presupuesto 2022 enviado por Kicillof, incluidas sus leyes impositivas, a cambio de otra ley que elimina las restricciones vigentes a las reelecciones indefinidas de los intendentes. La medida venía siendo reclamada por los alcaldes del peronismo, de la UCR y del PRO. Se trató de una ley transversal, o como a muchos les gusta, una verdadera política de Estado. Nótese que la decisión de eliminar trabas a las reelecciones se realiza luego de un retroceso electoral, especialmente del peronismo bonaerense. Es decir que no pudo realizarse invocando un supuesto sentir popular, que chocaría con limitaciones institucionales. Bien visto es lo contrario: estamos ante una decisión de aparatos desprestigiados que buscan preservarse para cumplir una función de control social de una población cada vez más empobrecida. En el vigésimo aniversario del 19 y 20 de diciembre, Kicillof y la Legislatura provincial dicen “que se queden todos”. Una provocación que veremos dónde termina. 

 Por esas ironías de la política, la decisión en favor de las reelecciones de los intendentes coincide con la llegada de Máximo Kirchner a la presidencia del PJ de la provincia de Buenos Aires. Los barones del conurbano condicionaron el apoyo al hijo de la actual vicepresidenta a cambio de que el kirchnerismo dé su consentimiento a la habilitación de las reelecciones. Un negocio redondo por donde se lo mire. La presidencia del PJ bonaerense tiene mucho menos valor que una intendencia y, por sobre todas las cosas, porque golpea toda pretensión de renovación del peronismo por parte del camporismo. En ese sentido la asunción de un camporista a la presidencia del PJ no cuestiona la continuidad de los “minigobernadores” que dominan la Provincia y han copado buena parte del gabinete de Kicillof. 

 Chubut y el 2022 

Los acuerdos de fin de año entre el gobierno y Juntos por el Cambio tuvieron otro pacto “transversal”: Chubut. En la provincia patagónica las distintas ramas del peronismo y del kirchnerismo pactaron con el PRO y la UCR la habilitación de la megaminería (con todas las denuncias de contaminación), verdadera política de Estado de toda la burguesía. Pensaron que la cercanía de las fiestas sería suficiente para evitar una reacción popular. Pero se equivocaron. La gran rebelión que estalló y que envolvió al conjunto de las ciudades de la provincia obligó a la Legislatura a reunirse de emergencia y derogar la ley. El sentido del pacto chubutense entre todas las fuerzas del régimen ya había sido anticipado por el ministro Cabandié cuando señaló que si queremos dólares para pagar la deuda entonces no podemos cuidar el ambiente. Otra vez, claro, el FMI.

 La rebelión popular chubutense contra todos los partidos del régimen tiene un valor que trasciende la provincia, porque se da en momentos en que por la presión del FMI y del gran capital internacional se ponen de manifiesto tendencias al compromiso entre los llamados partidos de la “grieta”. Dentro de los acuerdos entre peronistas, kirchneristas, macristas y radicales queda el más importante de todos: el que debe firmarse con el propio FMI y que según exigencias de este deberá tener aprobación parlamentaria. La postal de un Congreso avalando un pacto con el FMI equivale a un curso acelerado de formación para la mayoría trabajadora y brinda los elementos para una nueva polarización política, no ya entre fuerzas capitalistas sino entre estas, por un lado, y las que defienden una alternativa de los trabajadores y la izquierda por el otro.

 La masiva movilización del 11 de diciembre que desbordó la Plaza de Mayo y que se replicó en todo el país con marchas multitudinarias es un paso en esa dirección. La tarea inmediata que tenemos por delante es profundizar esa tendencia, llevándola con especial fuerza al movimiento obrero para involucrar a los trabajadores y a sus organizaciones en las luchas que se avecinan. El peso decisivo de la clase obrera en la crisis se demostró en Chubut, ya que el paro de los trabajadores de la pesca fue gravitante para que Arcioni recule en chancletas y ordene derogar la ley. La tarea del Frente de Izquierda-Unidad es ponerse a la cabeza de esta lucha, preparando la respuesta popular a la política fondomonetarista en curso. 

 El 2022 será un año de grandes crisis y de grandes luchas. No solo en Argentina sino en toda América Latina. El desafío para el PO y el Frente de Izquierda y los Trabajadores es simplemente enorme. 

 Gabriel Solano