La reunión de Fernandez-Guzmán con los gobernadores no solo tuvo el mérito de exponer el carácter confiscatorio de la deuda argentina. Desnudó, también, el completo impasse del régimen político -oficialismo y oposición- ante las consecuencias explosivas del acuerdo que se discute con el FMI.
La reunión fue precedida por los dimes y diretes en torno de la presencia de los gobernadores opositores. Pero el gobierno tampoco pudo con los suyos: varios pretendidos oficialistas pegaron el faltazo, y mandaron emisarios. Nadie quiere ponerle, no digamos el gancho, sino el oído, a un acuerdo ruinoso y sin futuro.
Guzmán y Fernández alardearon de “transparencia” por el hecho de exhibir algunas láminas y números. Pero es en esas condiciones cuando más se debe desconfiar de la información oficial. El speech del ministro fue una gran manipulación, dirigida a embellecer -o revestir de “nacional”- a una política de ajuste. En el colmo de estas piruetas, Guzmán presentó a la reducción del déficit fiscal de 2021, en el marco de un crecimiento del producto del 10%, como una política “contracíclica”, como si se tratara de una acumulación de recursos para las épocas de “vacas flacas”. De ese modo, intentó disimular que la reducción del déficit tuvo lugar a costa de los salarios y jubilaciones, en momentos en que la “recuperación” no era más que el rebote posterior a la pandemia 2020. Fernández lamentó la salida de más de U$D 8.000 millones de reservas en 2021 para el pago de deuda privada, ocultando que los recursos y los medios para esa fuga de capitales fueron provistos por su gobierno, a través de diferentes subsidios y rescates al capital. En la reunión, y mientras prometían “no ceder a exigencias de ajuste” futuro, Guzmán-Fernández delataron el monumental ajuste perpetrado en 2020-2021, en plena crisis sanitaria y humanitaria.
Números
Para defender que es “imperioso” alcanzar el acuerdo con el Fondo, Guzmán reiteró lo conocido, a saber, que en 2022 y 2023, en caso de no refinanciar, habría que pagarle al organismo la friolera de 19.000 y 20.000 millones de dólares respectivamente, “con un superávit comercial que, considerando el récord de 2021, no pasa de unos 15.000 millones” (Guzmán). Pero, a renglón siguiente, el ministro presentó al hipotético flujo de pagos de los próximos diez años en caso de cerrar el “acuerdo de facilidades extendidas”: entre 2027 y 2032, Argentina debería pagar entre 18.000 y 23.000 millones de dólares anuales por capital e intereses, considerando los pagos al Fondo, a los acreedores privados y a otros organismos. El más incisivo (o insidioso) de los gobernadores presentes, Capitanich, preguntó “cómo pagaremos vencimientos que superan al superávit comercial”. Guzmán no respondió, aunque reiteró varias veces que el FMI “nos va a dar los fondos para que le paguemos a ellos mismos”, una afirmación que, extendida a los acreedores privados, sólo se puede entender como una nueva reestructuración de deuda a tres años vista. Con ese horizonte, es difícil pensar que un acuerdo con el FMI recupere el valor de la deuda argentina, o reabra una corriente de financiamiento internacional para el Estado y para la burguesía. No sorprendió, entonces, que, después de exhibir estos números, Guzmán se atajara señalando que “no existe un buen acuerdo”. Después de desnudar sus límites, el "combativo" Capitanich fue más lejos, y le agregó a la montaña de deudas aquella que Guzmán había ignorado, o sea, los pases y Leliqs del Banco Central. El chaqueño, sin ruborizarse, propuso canjearlos por “derechos sobre la explotación energética”, o sea, un deja vu de las privatizaciones menemo-cavallianas en el siglo 21. (En los últimos días, el kirchnerismo duro ha salido a enfrentar los reclamos ambientales contra la minería o el petróleo off shore, con el argumento de la necesidad de divisas). Kicillof completó el coro disidente, y calificó al posible acuerdo como una “apariencia de solución”. La crisis intestina del gobierno quedó expuesta sin tapujos.
Ajuste fiscal
Después de destacar que “todavía no nos pusimos de acuerdo en la cuestión fiscal”, Guzmán subrayó las cuestiones que ya le fueron admitidas al Fondo. De ellas, se destacan dos: una política de tasas de interés positivas, un planteo de carácter recesivo, y un tipo de cambio “compatible con la permanencia del superávit comercial”, o sea, un régimen de devaluación permanente de la moneda. Pero a esa dupla, Guzmán le agregó una “política de acumulación de reservas”, sin explicar cómo hará para que esa acumulación no conduzca a la revaluación de la moneda. Es lo que ya ocurrió en la primera etapa del macrismo, con el ingreso de capitales especulativos. En ese caso, las reservas deberían salir tan rápido como entraron, para pagar los gigantescos vencimientos de deuda. Pero el Tesoro, para ello, debería reunir los fondos para comprar esas reservas a costa de un monumental ajuste fiscal. Guzmán-Fernández han admitido un régimen cambiario y monetario diseñado para el pago de la deuda, pero no quieren vérselas con el drástico recorte de gastos con el que se cierra el círculo. Los tarifazos, la palabra que más zozobra generó en la reunión con los gobernadores, han sido los disparadores de las grandes rebeliones continentales.
Es cierto que una revaluación de la moneda morigeraría el alcance de los aumentos de tarifas, porque permitiría a las privatizadas una mayor recaudación en moneda dura. Pero resulta contradictoria con el régimen devaluatorio dirigido a ingresar divisas, también exigido por el FMI. La cuadratura del círculo sólo se cierra con un ajuste monumental contra las masas, que el régimen actual carece de condiciones políticas para llevar adelante.
Geopolítica
Guzmán le dedicó un capítulo de su exposición a lo que llamó “la geopolítica”. Insinuó una división en el directorio del Fondo Monetario, para llegar a una conclusión: la mayoría de ese directorio “quiere cobrar” (sic). En otras palabras: para los "duros", el palabrerío difuso de Stiglitz-Guzmán -“pagar con crecimiento”- está fuera de lugar, en una economía mundial sacudida por el colapso sanitario, la agudización de los antagonismos internacionales y -ahora- el reflujo de capitales hacia los centros del capital financiero. Mientras Guzmán peroraba, los mercados accionarios y de títulos se hundían en los principales mercados, ante la perspectiva de una suba de la tasa de interés en los Estados Unidos. Mientras Kicillof acusaba a Estados Unidos de “trabar el acuerdo”, Guzmán insistía en que “necesitamos el apoyo político de quienes nos han prestado” (sic). En la reunión, sobrevolaba lo que nadie mencionó, a saber, la cuestión del alineamiento político internacional de la Argentina. En esa agenda, no solo está la demarcación drástica respecto de Venezuela-Cuba-Nicaragua, sino también la exigencia de un freno a la penetración económica y comercial de China, la cual, sin embargo, juega un papel decisivo en el comercio exterior y en el famoso propósito de la “acumulación de reservas”. Ninguna de estas cuestiones será zanjada sin pasar antes por crisis políticas y rupturas todavía mayores en el oficialismo y en la oposición.
Los que advierten sobre las “consecuencias impensables” de no “arreglar con el Fondo” apenas han pensado en las consecuencias explosivas que acarrea, precisamente, el acuerdo.
Marcelo Ramal
06/01/2022
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