El ´acercamiento de posiciones` que el gobierno y el FMI lograron a último momento parece residir casi exclusivamente en un punto: Fernández y Guzmán se han comprometido reducir en casi un punto del PBI -unos 4.000 millones de dólares- el déficit fiscal que se prevé para el año que comienza. Extendido a los dos años y medio de vigencia del programa, representa un ajuste adicional del orden de los 12.000 a 15.000 millones en dólares al que tenía programado el gobierno. Todo esto afectará todavía más la poda que el oficialismo ha impuesto a salarios, jubilaciones y planes sociales por medio de la inflación, desde el inicio de la gestión actual. Esta poda, sin embargo, no afecta a la inflación, sólo la reduciría, hipotéticamente, del 55 al 45%. El mecanismo fundamental del ajuste ha recibido un ´service´ en los filtros.
En la conferencia de prensa donde anunció el acuerdo, ha confirmado lo antedicho. Dijo que “buena parte de la reducción del déficit 2022 ya se viene logrando gracias a la mayor recaudación”, que se obtiene precisamente por medio de la enorme inflación. Guzmán se refería al carácter confiscatorio de su programa económico, que ha residido en la indexación de los precios y, por ende, de la recaudación impositiva y de los rendimientos de la deuda pública, a cambio de la desindexación de salarios, jubilaciones y de gastos sociales. Sólo en 2021, este mecanismo transfirió 6.000 millones de dólares del mundo del trabajo hacia el Estado y los acreedores de la deuda. Sin sonrojarse, Guzmán afirmó también que el acuerdo “no contempla cambios en el régimen previsional”, como si estuviera dando una buena noticia. La continuidad de la desindexación de las jubilaciones provocará nuevas pérdidas de ingresos a los trabajadores en retiro.
Guzmán señaló que tampoco habrá cambios en cuanto a tarifas. Pero la eliminación prevista de subsidios comportará un ´generoso´ tarifazo. Fernández y Guzmán desmintieron que se fueran a producir “saltos devaluatorios”, sin explicar cuándo una devaluación no debe considerarse un “salto”. Pero el acuerdo exige acumular 5.000 millones de reservas en el curso de este año – cuando el saldo de cuenta corriente de este año fue negativo, a pesar de que se registró un superávit de 15 mil millones de dólares en el comercio exterior. Si con un dólar que llegó a 230 pesos en el mercado paralelo, fugar divisas resultó mejor negocio que guardar pesos, con qué tipo de cambio creen ´nuestros´ gurúes que podrán cambiar la tendencia. Ayer, en C5N, un conocedor del paño de las finanzas advirtió que, en 2022, vencen 50 mil millones de dólares de deuda externa del sector privado – mucha más que la acumulación de divisas que impuso el FMI. En el caso de que pretendan frenar la fuga de divisas, por medio de una tasa de interés superior a la inflación, como se han comprometido, Argentina habrá vuelto a los aciagos años de Prat Gay, Luis Caputo y el conocido Mauricio. O sea a la timba financiera. Una tasa básica del 50% anual se traduce en una comercial (créditos o tarjetas) superior al ciento por ciento.
Financiamiento
Las contradicciones del acuerdo saltan por todos los costados. La obligación de establecer una “tasa de interés positiva” choca con el compromiso de aumentar la recaudación por encima de la inflación. Menos crédito, más recesión. Encarece en forma descomunal el financiamiento del Tesoro, que ya adeuda el equivalente a 60 mil millones de dólares a corto plazo e indexado. Esta deuda deberá duplicarse como consecuencia del compromiso de los Fernández de transferir al Tesoro la deuda que el Banco Central tiene con los bancos locales - las Leliq-, por el equivalente a 40 mil millones de dólares. No hay nada más potente en materia inflacionaria que un Tesoro que acumula deuda en moneda local indexada por más de la cuarta parte del producto bruto nacional. Daría la impresión que el binomio presidencial hace todo lo posible para ocupar un asiento de reo junto a Macri y compañía, por contraer compromisos financieros fraudulentos. Los acompañará el 90% del Congreso nacional que ratificará estos desmanes.
Acuerdo “corto”
El anuncio de un acuerdo de dos años y medio es una declaración formal de default. El FMI lo quería por diez años y CFK, acompañada por el ilustre Moreau, que militó con el gobierno de De la Rúa, lo quería por veinte. Un acuerdo por un plazo inferior a los mil días, pone al FMI, por un lado, y a los Fernández, por el otro, bajo la supervisión de un tercero: los acreedores internacionales, que han firmado una renegociación, hace año y medio, por casi quince años de plazo. El menor ´traspié´ que el gobierno tenga con el ajuste, con la recaudación, con la actividad económica, o con una paritaria, volverá a llevar el ´riesgo-país´ a la línea de los dos mil puntos. Hacia 2025/2026, los vencimientos conjuntos de capital e intereses de toda la deuda externa argentina trepan por arriba de insostenibles 20.000 millones de dólares. De acuerdo a este pacto, en las elecciones de octubre de 2023, cuya campaña comenzaría a finales del año en curso, el voto de gracia lo tedrán los fondos internacionales. Una vez más, la desesperación lleva a la torpeza. El acuerdo instala, además del financiero, el default político. Macri podría acusar ahora a los Fernández de que han suscripto un acuerdo con el Fondo “para ganar las elecciones”. Se equivocaría, naturalmente, como él lo sabe mejor que nadie, porque aquel pacto con el FMI fue el comienzo del fin del derrumbe de su gobierno. Con el horizonte de renegociar una deuda de nuevo en cesación de pagos, la deuda pública y privada externa de Argentina será objeto de una frenética especulación financiera. En la confererencia de prensa, Guzmán dijo que esperaba una economía “tranquila”.
“Política de ingresos”
Guzmán anunció también una “política de ingresos”. Se trata de un eufemismo para esconder el propósito de convertir a los salarios en “ancla” de la inflación; si los salarios no suben, los aumentos de precios perderían ritmo. El ´anclaje´ de los salarios lleva, sin embargo, casi una década, sin que la inflación se diera por enterada. La raíz de la inflación es la deuda pública impagable, porque ella es considerada la moneda real de un país; la que circula en los comercios es una derivada de ella. En suma, se oficializan “las paritarias ´cuidadas´”. La invocación a los sindicatos y su “responsabilidad”, es el eufemismo, de nuevo, de una guerra contra los trabajadores, que los Fernández asumen que podrían ganar con la burocracia sindical, el Movimiento Evita y las Unidades Ejecutoras de Grabois. El ´zurdaje´ kirchnerista se apresta a ponerse en línea con la consigna de defender al ´gobierno popular´.
Los trabajadores enfrentamos un menudo desafío político por parte de un gobierno débil que ha ido en busca del Fondo y que obtendrá ahora el apoyo del Congreso patronal.
Marcelo Ramal
28/01/2022
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