El relato oficial sobre el acuerdo firmado con el FMI indica que es «razonable» y que no afectará un sendero de crecimiento económico, e incluso que será precisamente con un repunte productivo que se podrá cumplir con el pago de la deuda. La realidad es exactamente inversa, y no podría ser de otra manera.
En primer lugar, es evidente que la meta de reducción del déficit fiscal, cuyo cumplimiento será estrictamente monitoreado por el Fondo trimestralmente, implica profundizar los recortes del gasto estatal que afectarán el consumo popular y la obra pública, dos ítems muy sensibles de la actividad económica del país. Los tarifazos en la energía, por su parte, también repercuten sobre los costos de la industria.
La directiva de que la política monetaria se base en tasas de interés positivas (es decir por encima de una inflación que se mantiene en un ritmo de 50% anual -y podría acelerarse-) encarece el crédito y por lo tanto genera una losa sobre la actividad económica y productiva, al osbtaculizar la inversión. Los que tanto despotrican contra la especulación financiera van a armar un negocio descomunal para la banca con las Leliq a costa de multiplicar la hipoteca del Banco Central, y con los bonos del Tesoro que se verán obligados a colocar para financiarse por el rígido cepo que fijó el Fondo a la emisión monetaria.
El objetivo de engrosar las reservas internacionales en 5.000 millones de dólares para fin de año también contiene efectos recesivos, porque requerirá de mayores trabas a las importaciones como forma de evitar la evaporación de las divisas. Más aún cuando los pronósticos auguran una fuerte caída de los niveles récord de exportación del año pasado, lo que amenaza un superávit comercial que hasta el Indec reconoce que obedecía a los mejores términos de intercambio (aumentaron más los precios de lo que se exporta que de lo que se importa) y no a mayor producción.
El incentivo real a las patronales para que abandonen la huelga de inversiones pasa por una depreciación en regla de lo que denominan el costo laboral. Ese es todo el secreto de la «reactivación económica» que tanto reivindica el gobierno. Según las estadísticas oficiales, entre los tercer trimestre de 2020 y el de 2021 los puestos de trabajo registrados crecieron un apenas un 2,4%, mientras que los precarizados lo hicieron un 18,9%. No es cierto que el nuevo programa fondomonetarista descarte una reforma laboral, esta se está ejecutando en los hechos.
Que ello no redunda necesariamente en mayor inversión lo muestra el caso de la industria de los hidrocarburos, que es la nave insignia del discurso oficial sobre el repunte productivo. Las propias petroleras admiten que «la producción está aumentando por las ganancias de productividad [por la superexplotación obrera], pero no es que se invierte más dinero en el país, se está invirtiendo bastante menos de lo que se invirtió en los años previos a la pandemia» (Econojournal, 24/1).
El saqueo nacional que implica este acuerdo con el FMI es incompatible con cualquier desarrollo económico del país. Por el contrario, para que las riquezas del país no se esfumen en una hipoteca fraudulenta y en la fuga de capitales es indispensable romper con el Fondo, repudiar la deuda usuraria y disponer del ahorro nacional mediante la nacionalización de la banca y el comercio exterior.
Iván Hirsch
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