Transporte
La empresa Mi Bus no paga los salarios en tiempo y forma, lo que ha dado lugar a recurrentes paros y conflictos. La patronal aduce que recauda un 10% de lo habitual debido a la pandemia y que solo puede seguir funcionando si recibe los subsidios nacionales. Durante el año pasado y gran parte de este, recibió subsidios municipales, provinciales y nacionales. El Intendente expresó que, de continuar los paros, en noviembre rescindiría el contrato y advirtió que es previsible que pasen dos meses sin colectivos. Esto fue interpretado como una extorsión a trabajadores y usuarios y un guiño a la empresa para que prepare su fuga sin rendir cuentas por todos sus incumplimientos.
A pesar de la división sindical del gremio -entre los sectores de Fernández, Bustinduy y la CTA- se cumplió a rajatabla el último paro, que se extendió por 14 días e incluyó cortes intermitentes de ruta y marchas por la ciudad. Los trabajadores habían cobrado el 50% del salario de septiembre y una de cuatro cuotas del aguinaldo. Si bien les liquidaron la parte adeuda, está pendiente el pago del aumento del 18% pactado en diciembre del año pasado – comentario aparte, el acuerdo que firmó la UTA nacional del 28% no rige para las provincias, con lo que el atraso salarial es enorme.
El conflicto sigue planteado ya que es previsible otro atraso el mes que viene. Los vecinos de las Juntas Vecinales sacaron un petitorio exigiéndole al Intendente la garantía del servicio y rechazan la extorsión de dejar sin colectivos a la ciudad. El gobierno municipal nunca controló nada, ignorando todos los incumplimientos de Mi Bus respecto de la incorporación de unidades e inversiones. ¡Sus colectivos fueron adquiridos con los subsidios! La empresa solo es titular de 16 unidades. El resto pertenecen a la carrocera Colcar, que embargó la cuenta bancaria donde el gobierno deposita los subsidios y por eso no cobran los choferes.
Corresponde la ocupación de la empresa y el control obrero. En caso de rescisión del contrato o abandono, corresponde su municipalización bajo gestión de los trabajadores, conservando la antigüedad y convenio. La expropiación de los bienes de la empresa e investigación del manejo económico.
Salud
Los trabajadores del Hospital Zonal se manifiestan todos los jueves desde el 21 de septiembre, la última gran jornada de Enfermería en todo el país. Reclaman un aumento salarial del 40%. Son 900 trabajadores, de los cuales muchos están destinados a atención online o son personas de riesgo por edad o presentar comorbilidades y se encuentran de licencia. Bariloche tiene uno de los índices más alto de contagios en el país. Por eso están extenuados. La mayoría del personal de salud cobra salarios por debajo de la línea de pobreza. El gobierno sólo ofrece aumentar la cantidad de horas extras. Esto indigna más a los trabajadores porque, para alcanzar un salario adecuado, tienen que trabajar 16 horas diarias y no todos pueden hacerlo. El salario básico de una enfermera ronda los $7.000. Reclaman el aumento de salario y el nombramiento de personal.
Vivienda
Al problema crónico de la falta de vivienda, se suman los estragos de la pandemia. El 40% de los trabajadores es temporario de turismo y gastronomía. Algunos cobran los ATP. Otros, el IFE de $10.000. Toda la actividad que gira alrededor del turismo está aniquilada y no pueden pagar los alquileres. Por eso vemos esta oleada de tomas y la sucesión de desalojos. Las tomas de Mascardi, El Foyel y la falsa toma de las tierras del Ejército -ampliamente difundida por los medios nacionales- son materia de disputa entre los gobiernos nacional y provincial. La gobernadora se reunió con el presidente y acordaron una “mesa de diálogo”. Advertimos contra cualquier compromiso orientado a establecer una salida represiva a un flagelo del cual deben dar cuenta los acaparadores y especuladores inmobiliarios.
Vertedero y municipales
Toda la basura de Bariloche se vuelca en el Vertedero municipal instalado en los barrios del Alto. No solo se constata la miseria a la que nos someten cuando se ven chicos revolviéndola, buscando algo que comer, sino que se producen incendios que llenan de humo la ciudad y envenena a quienes viven cerca. Por otro lado, funciona una cooperativa de recicladores que no son reconocidos como trabajadores municipales.
Por otra parte, un comunicado de municipales autoconvocados anuncia un bocinazo para el 26 de octubre próximo. Reclaman que no se modifique su estatuto, que resistió las precarizaciones del menemismo. Las modificaciones que propone el estado apuntan a desmantelar su régimen jubilatorio.
La crisis capitalista ha puesto al rojo vivo la lucha de clases en la ciudad.
Elena Florín
23/10/2020
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