Se impone la necesidad de incrementarlas camas, el personal y universalización del bono provincial.
La provincia de Córdoba atraviesa el momento más crítico desde la llegada del Covid-19. Aún sin encontrarnos en el pico, desde hace varios días el promedio de contagio diarios es de 2.000 personas y los decesos rondan los 20 diarios. Estos números irán en ascenso. Así fue confirmado por el propio ministro de salud, Diego Cardozo, quién advirtió que «a fin de mes vamos a estar alrededor de los 3.000 casos de coronavirus en Córdoba».
Este crecimiento exponencial de casos ha llevado al sistema sanitario al borde del colapso en pocas semanas. Según el Ministerio de Salud, actualmente hay 23.890 casos activos de Covid-19, de los cuales 1.181 requirieron internación. Con estos números ya se encuentran ocupadas más del 70% del total de camas críticas del sector público y privado. El sector privado advierten que la situación es peor, llegando al 87% de las camas críticas ocupadas, todas afectadas a internados Covid. Los números son claros: no hay camas suficientes para la oleada de casos que se prevé. A las escasas camas críticas se suma la falta de personal, no solo debido al faltante histórico en el sistema de salud, sino a las bajas producidas por licencias por personal de riesgo o, lo que es peor aún, las bajas producto de focos de contagios encendidos en varios hospitales y clínicas que afectó masivamente al personal de salud. Esta situación llevó, en algunos casos, al cierre de salas de internación, a la clausura de áreas de Terapia Intensiva como en el Hospital Regional de Río Cuarto, o directamente al cierre de clínicas enteras.
La insólita respuesta del gobierno de Juan Schiaretti fue un “sálvese quien pueda”. En la última conferencia brindada por el ministro de Salud, Diego Cardozo, sus palabras textuales fueron “nuestros cordobeses tienen que saber que las camas tiene un cupo. El día que no haya más camas, no hay más camas”. La afirmación oculta la entera responsabilidad del gobierno provincial frente a este colapso.
Sin personal, sin camas, sin salario. Schiaretti es responsable
Durante los ocho meses de aislamiento y restricciones sociales, lejos de preparar al sistema de salud, el gobierno desplegó nuevos ajustes sobre sus trabajadores, a la vez que dispuso toda una serie de medida para preservar el lucro de la medicina privada, a costa de la salud de la población.
El atraso salarial de las y los trabajadores de la salud profundizó el pluriempleo, ampliando la movilidad de personal entre clínicas y hospitales del sistema público al privado, lo que imposibilitó disponer de medidas efectivas de bioseguridad para la protección del propio personal de salud. Todo este cuadro más la escasez y el retaceo de los Equipos de Protección Personal (EPP), en muchos casos defectuosos o de mala calidad, aceleró el contagio entre los trabajadores sanitarios, convirtiéndolo así en agentes de transmisión. El reciente bono provincial no constituye un paliativo ante esta situación; de hecho se trata de una gran estafa en la medida que no solo discrimina a una cantidad de trabajadores y apunta a la división del sector, sino que es a cambio de la superexplotacion ya que solo se paga a quienes realicen más guardias o turnos.
En busca de ocultar su responsabilidad frente a la situación, el gobierno de Schiaretti avanzó en un ataque despiadado contra las y los trabajadores, responsabilizándolos por los diversos brotes. La persecución judicial que pesa sobre el médico Lucas Figueroa es expresión de esta política, como también lo fueron los intentos de apercibimientos administrativos a médicos residentes por trabajar también en el sistema privado, o las declaraciones juradas que obliga a firmar el Ministerio a todos los agentes sanitarios, exculpando su responsabilidad por la propagación del virus.
Los pomposos anuncios de creación del nuevo Hospital Modular no se respaldaron ni con presupuesto ni con personal; recién este sábado 9/10 se inaugura con personal precario. Mientras tanto, el hospital Elpidio Torres se puso en marcha sobre la base del traslado compulsivo de médicos y enfermeros del Hospital San Roque, que hoy se encuentran trabajando con la mitad de su planta. A los escasos 1.200 contratos anunciados en abril (que apenas cubría el faltante de años), ahora se le suman otros 500 que, además de ser insuficientes para cubrir el faltante, se trata de contratos sin fecha que se actualizarían mensualmente y becas extremadamente precarias. Los nuevos ingresos solo apuntan a lograr pasar el “mal trago” de octubre-noviembre. La precarización laboral en salud no es sin embargo una política novedosa: se trata de una orientación que el gobierno peronista lleva aplicando hace más de 10 años, dejando como resultado mayor cantidad de trabajadores de la salud en condiciones precarias.
Ajustan a la salud pública para preservar el negocio privado
Mientras el gobierno desguaza el sistema de salud público, con precarización, ajuste salarial y presupuestario, crecen los negocios en la salud privada, quienes aprovechan la pandemia para aumentar su capacidad de lucro.
La anarquía reinante ante la crisis sanitaria impone la necesidad de centralizar el sistema de salud, lo que permitiría el desarrollo planificado del uso de camas y recursos humanos, como así también la distribución de insumos y la realización de los hisopados. Sin embargo, las únicas aproximaciones del gobierno de Schiaretti en este sentido, fueron para preservar el interés capitalista de las clínicas privadas. La entrega de hisopados al sistema privado de salud por parte del gobierno es una muestra de ello. Cuando las colas para realizar los hisopados en los hospitales públicos se multiplican, las clínicas privadas cobran hasta $5.000 por un hisopado. Pero también lo es el respaldo en equipamiento que se ha hecho mediante la entrega de respiradores. El faltante de camas se transformó en otra vía de negocios. Algunos datos dan cuenta de que el ingreso a internación en clínicas privadas alcanzaría los $250.000 el ingreso, $50.000 mil por día en terapia y $20.000 sala común.
A pesar de recibir asistencia gubernamental, las clínicas no se privaron de despedir personal. Y ahora van a fondo reclamando créditos blandos para ampliar el parque de camas, una suba en el nomenclador del Apross (obra social del Estado provincial) y Pami, suspender la atención de pacientes con seguridad social que serían atendidos en los hospitales públicos, la eliminación de Ingresos Brutos y la suspensión del cobro de Epec (electricidad) durante 90 días.
Queda pendiente hasta dónde el gobierno provincial está dispuesto a responder, en la medida que tiene los fondos provinciales comprometidos en el pago de la deuda. En cualquier caso, resulta claro que la inversión en la salud pública no es una opción para Schiaretti, ya que su preocupación de fondo es mantener la competitividad y la rentabilidad de las clínicas privadas.
Organizar los hospitales para dar una salida
Ante el colapso sanitario, es necesario organizar los hospitales, apoyados en los sectores más precarizados. Este proceso ya se abrió paso entre las enfermeras quienes se encuentran preparando una jornada de movilización para el próximo 15 de octubre reclamando personal, salario y medidas de protección personal.
Promover las asambleas en los hospitales y centros de atención sanitaria, es clave para avanzar en un programa que plantee la universalización a todo el personal de salud del bono provincial, sin condicionamientos; la triplicación del personal de salud mediante la incorporación a planta permanente de cada agente; la declaración de enfermería como recurso humano crítico y su incorporación al grupo ocupacional 1; y la constitución de comités de bioseguridad conformados y dirigidos por las y los trabajadores de salud para disponer de las medidas y recursos de protección personal necesario.
La bancada del Frente de Izquierda, de la mano de la legisladora Soledad Díaz, junto a Tribuna de Salud vienen trabajando en este sentido con la presentación de una batería de iniciativas en la Legislatura y la promoción de todas las acciones de lucha en frente único de las y los trabajadores. Resulta imprescindible reforzar esta perspectiva, partiendo de una férrea defensa del sistema de salud público y avanzar en su centralización, para establecer una salida planificada a la crisis.
Cintia Frencia
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