Es muy común en los pueblos del interior ser identificados como la “capital” de algún producto o algún paisaje típico de la zona. Rosario y el gran Rosario han entrado en la etapa de ser catalogadas como la “capital del Covid”.
El crecimiento del virus es arrasador. Los casos se multiplican día a día, poniendo de manifiesto una inmensa crisis sanitaria, el colapso de los hospitales y una generalización de contagios en las barriadas que, proporcionalmente, supera a los que registraba el conurbano bonaerense hace un par de meses atrás.
En el movimiento obrero, la cuestión del Covid se ha agravado enormemente en los gremios aceiteros, molineros, químicos, metalúrgicos y empleados de comercio. Cuatro de las grandes aceiteras registran decenas de casos de Covid y en Acindar, entre efectivos y contratados, la cifra se estira a 100 trabajadores; los molineros y la poderosa Festram denuncian situaciones similares. En todos lados proliferan los casos.
La cuestión de la salud de los trabajadores santafesinos se ve agravada por dos factores fundamentales. Primero, el gobierno de Perotti logró aprobar la adhesión de Santa Fe a la ley nacional de las ART. El proyecto había perdido estado parlamentario, pero apenas asumió la gobernación, Perotti arremetió con su aprobación a pedido de los grandes industriales.
La adhesión, como en todo el país, transforma la legislación santafecina sobre las ART en una dictadura de las comisiones médicas que son pagadas con un fondo conformado por las mismas ART. Estas son un inmenso obstáculo para los trabajadores al momento de recurrir a la justicia en caso de que no hubiese acuerdo con la prestación dineraria ofrecida por la aseguradora al afectado o en caso de que no se reconociera el carácter profesional de su enfermedad.
No se había secado la tinta de la aprobación de la ley de adhesión a este régimen cuando todas las ART que operan en la provincia decidieron de conjunto no considerar más al covid como enfermedad profesional, limitando las prestaciones solamente a los trabajadores de la salud.
Para justificar esta decisión criminal, las aseguradoras se basaron en un artículo del decreto nacional que indica que esa cobertura es obligatoria mientras dure la etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio. La provincia de Santa Fe pasó a la etapa de distanciamiento en el mes de junio -cuando todavía no había circulación comunitaria del virus- y, por ese motivo, las ART dejaron de cubrir los tratamientos a los afiliados con covid.
Distintos sectores gremiales -municipales, molineros, aceiteros, metalúrgicos- vienen reclamando tibiamente que es necesario que se asegure esa cobertura, sobre todo ahora, cuando se dispararon los contagios y el sistema público de salud está al borde del colapso. La respuesta del gobierno provincial fue “tomar nota y elevar” esos reclamos a la Nación, señalando que es la autoridad de aplicación.
Para el ministro de Trabajo de la provincia, la decisión de las ART es una “una cuestión técnica”, pero a los trabajadores les va la vida en ello.
Algunas fábricas y comisiones internas han comenzado a discutir llevar el reclamo a sus direcciones gremiales. Es necesaria una movilización de todos los gremios para quebrar esta pollita criminal de las ART a las que el gobierno provincial viene de darles el gran espaldarazo.
El cordón industrial santafesino -sin contar el Covid- lleva acumuladas 14 muertes por accidentes de trabajo en los últimos tres años y acaba de producirse el “milagro” de que no hubiese una decena de muertes más en la explosión de los días pasados en la Terminal 6.
Es muy importante que se logre un paro y una movilización de todos los gremios santafecinos en defensa de la vida e imponerles a las ART la atención y el pago de las prestaciones dinerarias para resarcir las secuelas que deja el Covid como un primer paso porque, en definitiva, no se trata de establecer nuevas condiciones de atención de las propias ART sino de derogar la ley de ART. Así como se pudo derogar las AFJP, se pueden eliminar las ART y volver a una ley de accidentes de trabajo que funciono durante 75 años en el país y solo fue derogada para evadir la reparación del daño causado por la explotación a los trabajadores.
Juan Ferro
26/10/2020
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