Las declaraciones de Kicillof sobre la situación irregular de los barrios privados bonaerenses desataron una reacción histérica de la oposición derechista de Juntos por el Cambio y de las cámaras que agrupan a los “desarrolladores inmobiliarios privados”. La respuesta del gobernador kirchnerista a estos ataques fue la de responsabilizar a la prensa por haber sacado de contexto su frase “la mayoría de los barrios privados y countries son prácticamente ocupaciones de tierras”. Kicillof se había referido a estos emprendimientos que no están habilitados ni pagan impuestos y por lo tanto estafan al fisco bonaerense.
¿Qué dijo Kicillof?
En rigor, el mandatario bonaerense buscó compensar la embestida de la derecha -que reclama mayor celeridad en el desalojo de las ocupaciones- con el reclamo de “regularización” de los barrios privados y clubes de campo mientras responsabilizaba al gobierno de Vida por la falta de un mapa de disponibilidad de tierra pública y privada. Una respuesta defensiva mientras el gobierno provincial ratifica la ejecución de la orden judicial de desalojo de las familias de Guernica y Berni exige mayores fondos para aprontar el envío de 4000 efectivos para reprimir la recuperación de tierras y la ocupación. El propio Kicillof reconoció que hay más de 2 millones de personas en la provincia de Buenos Aires que carecen de acceso a la vivienda o habitan en condiciones de absoluta precariedad. La negligencia atribuida a la “herencia recibida” es manipulada para postergar sin fecha ni calendario una salida a las 4000 personas censadas en Guernica por una comisión mixta de vecinos, organizaciones sociales, organismos de Derechos Humanos y funcionarios del gobierno bonaerense.
Kicillof se queja de la prensa y la acusa de haber mutilado interesadamente sus declaraciones a los medios pero calla sobre una cuestión fundamental: los emprendimientos inmobiliarios desconocen la ley 14.449 que los obliga a ceder el 10% de cada emprendimiento a la vivienda popular. Esto es lo que denunciaron reiteradamente los vecinos de Guernica cuando presentaron sus propuestas al gobierno. La aplicación de la 14.449 es incumplida por el gobierno provincial, los intendentes, la “justicia” , los pulpos inmobiliarios que invocan derechos de “propiedad” , y por el propio Berni que hace campaña electoral dentro del PJ con la amenaza de una represión “manu militari” a las familias que luchan por la tierra. Desde Kicillof a Larroque, todo el kichnerismo gobernante en la provincia deja correr esta violación del “Estado de derecho” mientras proclaman el respeto a la propiedad privada.
El negocio de los barrios privados ilegales.
A la par que Kicillof ponía freno y moderación a su confrontación verbal con los “desarrolladores inmobiliarios”, los “referentes” de los barrios privados- incluido un recientemente formado “partido político” llamado Barrios Unidos- ponían el grito en el cielo por la supuesta equiparación que hiciera el gobernador de los countries con las “usurpaciones de tierras”. En su descargo, el presidente de la Federación Argentina de Clubes de Campo adjudicó a la lentitud de los trámites legales la demora en el registro de tierras. Nobleza obliga, el susodicho Patricio Gutiérrez Eguía minimizó la situación pretendiendo que se trataba de un “tema viejo” y que los reticentes a pagar serían “los menos”. Toda una definición que confirma aquello de que “no aclares que oscurece” Flojos de papeles, los representantes “legales” de los barrios privados deslindan la responsabilidad del pago del impuesto inmobiliario provincial en los “desarrolladores inmobiliarios”, quienes luego deberían cobrárselo a los propietarios en las expensas. La realidad es que según datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) sobre un total de 871 barrios cerrados, hay unos 230 que no están registrados formalmente. El costo para el fisco, de acuerdo a las estimaciones de Cristina Girard, titular de ARBA, sería por lo menos de unos 1500 millones al año porque los “desarrolladores” eligen judicializar el proceso en lugar de pagar. Como se ve estamos frente a un fraude tolerado de “vieja data” en una provincia con gravísimas carencias habitacionales y derrumbe de la recaudación tributaria.
La proliferación de countries en algunos partidos del conurbano se convirtió en un gran negociado para los intendentes y los Concejos Deliberantes que habilitaron las instalaciones y dejaron correr todo tipo de irregularidades que hacen a la posesión de la tierra. La responsabilidad de los jefes comunales, y como parte de estos de los intendentes del Frente de Todos, ameritaría una investigación judicial, en principio sobre la situación de los 230 barrios cerrados sin registro. Estamos frente a una verdadera caja negra de las intendencias amasada con las coimas cobradas a los especuladores inmobiliarios para evadir irregularidades y trabas a la habilitación de los barrios privados. Un caso distintivo, pero no único, es el de Tigre donde el massismo financió su derrotero político en base a las concesiones de todo tipo a los countries.
Tierra para vivir
La polémica abierta por Kicillof y su disputa con los representantes de los barrios privados amenazan con seguir el mismo curso que otros recules del gobierno del Frente de Todos. No obstante, han vuelto a sacar a luz los intereses de clase que se esconden detrás del llamado “Estado de derecho” que le niega a los trabajadores el acceso a la tierra y la vivienda en plena pandemia y cuando uno de cuatro bonaerenses ha caído en la pobreza y una parte cada vez mayor en la indigencia como resultado de la desocupación, los despidos, el derrumbe de los salarios y el precio prohibitivo de los alquileres. La “crisis habitacional” es inherente a un régimen social que defiende al capital, las grandes constructoras, el monopolio capitalista de la tierra y la especulación inmobiliaria. El Partido Obrero en el Frente de Izquierda y el Polo Obrero actúa y lucha y defiende incondicionalmente a las familias trabajadoras sin techo, que en Guernica, en la provincia y en todo el país, levantan la bandera de “Tierra para vivir”. No a los desalojos. Por un plan tierras, viviendas y urbanización bajo control de las organizaciones de los trabajadores financiando con un impuesto especial a los capitalistas y el no pago de la usurera y fraudulenta deuda externa. ¡Qué la crisis la paguen los capitalistas!
Daniel Rapanelli
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