Es una revelación de que el gobierno nos expone al virus realmente a ciegas. Desde el Ministerio de Salud alegaron que se debía a un déficit en la carga de los test negativos en los informes de las provincias, para mostrar que el problema era que no se reportaba «todo lo que estamos haciendo». Es un fraude, cuando según los datos oficiales de la cartera el número de pruebas por millón de habitante es de 58.705 desde que se inició la pandemia, proporción que se encuentra entre las más bajas del mundo -detrás de otros 119 países.
Esto, recordemos, cuando Argentina se ubica entre las seis naciones con mayor cantidad de contagios, sin un pico a la vista. La política del gobierno de Alberto Fernández conduce inexorablemente a un colapso en regla del sistema sanitario a nivel nacional, como sucedió ya en algunas provincias como Jujuy o en municipios del interior. Es otra muestra del fracaso de la estrategia oficial para afrontar la pandemia.
Una estimación difundida por un grupo de investigadores del Conicet, entre los que se encuentran Roberto Etchenique, Rodrigo Quiroga y Jorge Aliaga, establece a partir de los escasos datos disponibles que por cada infectado de coronavirus confirmado habría unos siete que no fueron testeados. En base a ello, calculan que unas ocho millones de personas contrajeron el virus.
La distorsión de la información oficial no proviene solo de la estrechez en la cantidad de pruebas realizadas, sino además de la mala estrategia de detección. No se sigue el circuito del Covid-19, por lo que es prácticamente inviable cualquier prevención de contagios. Se suma el desamparo del personal de la salud, que debe recurrir a medidas de fuerza para que se les garantice la realización de hisopados cuando ello debería hacerse periódicamente, al igual que del resto de los trabajadores que se ven expuestos por su actividad. La desidia patronal, que oculta los casos positivos e incumple protocolos, empalma con esta desastrosa política del gobierno.
Un producto de todo esto es que el índice de positividad de los test realizados se ubica en torno al 59%, un porcentaje altísimo, unas diez veces por encima de la media de países que atravesaron grandes brotes de Covid-19. Significa ello que solo se somete a prueba a quienes están enfermos con síntomas compatibles con el coronavirus -en gran medida a quienes van a atenderse por su cuenta a los centros de salud. Esta deficiencia es literalmente mortal, ante un virus que puede registrar una tasa de asintomáticos de hasta el 75%.
Según declaraciones del mencionado Etchenique, se implementó en Argentina «una política de inmunidad de rebaño» (La Nación, 20/10). Es una estrategia que atenta contra cualquier posibilidad de evitar un desastre sanitario, cuyas consecuencias caen mayormente sobre las familias trabajadoras que carecen de acceso al sistema sanitario, y retroalimenta la exposición de los trabajadores de la salud. En este cuadro, la previsión de un ajuste en este área en el Presupuesto 2021, cuando se esfuma la expectativa de controlar la circulación del virus en el corto plazo, agrega nubarrones sobre lo que se viene.
Para contar con información fehaciente acerca de la cantidad de contagios, poder establecer el circuito del coronavirus en función de prevenir a la población, y desplegar operativos de testeo efectivos, es necesario proceder a la centralización del sistema de salud bajo control de los trabajadores (de manera de terminar con el agujero negro de las clínicas privadas). También se requiere cortar de cuajo los desmanejos de las patronales, lo que solo puede ser obra de comités obreros de seguridad e higiene en los lugares de trabajo, con derecho a veto, y la imposición de protocolos sanitarios elaborados por los propios trabajadores -como se plantó el clasismo con el Sutna o la Junta Interna de ATE Inti.
En este terreno, como en los otros, el fracaso del gobierno carece de atenuantes.
Iván Hirsch
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