Hace apenas dos domingos atrás, el canciller Felipe Solá había impugnado ese informe en una entrevista especial en el diario Clarín. Objetó los testimonios de violaciones a los derechos individuales y los asesinatos por haber sido obtenidos por vía digital, no ´in situ´. El ministro de Exteriores tenía en claro que el gobierno no había autorizado el ingreso de investigadores de la ONU y que muchos testimonios debían acogerse a ciertas reservas para no sufrir las represalias del caso. El informe aseguraba la comisión de dos mil asesinatos, en una suerte de pena de muerte extrajudicial. En este aspecto iba más allá de lo que se denomina persecuciones políticas, porque se trataba de acciones de represión de disidencias populares cotidianas, incluidas los delitos comunes.
Esta forma regresiva de protesta social, muy instalada en Venezuela, al igual que el super abarrotamiento carcelario, ha tomado proporciones mayores como consecuencia del derrumbe catastrófico de la economía. Para sostener el ´socialismo del siglo XXI´ en condiciones desafiantes en extremo, el régimen existente apela a métodos fascistas. Hemos señalado en Política Obrera que los partidos Comunista y Tupamaro, aliados hasta hace poco al PSUV oficialista, han salido de esa coalición y también denuncian las represiones del gobierno contra sus organizaciones y militantes. Son denuncias insistentemente difundidas por el Partido Socialista y Libertad, vinculado a Izquierda Socialista de Argentina, contra el activismo sindical independiente. Es una cuestión elemental de sentido común que diversas arbitriedades, maniobras políticamente insostenibles y penurias extremas pueden hallar una justificación en el boicot, el bloqueo, el acecho y las sanciones de los gobiernos imperialistas de Estados Unidos y la Unión Europea contra Venezuela – de ningún modo la violación de los derechos legales, a la protesta y a la vida misma del propio pueblo.
Luego de la excusa hipócrita de Felipe Solá ante Clarín, Carlos Raimundi, un ex UCR convertido hace tiempo al kirchnerismo, decidió lanzarse a fondo. Es así que defendió directamente al gobierno de Maduro en una asamblea de la OEA. No solo el elenco estable de cipayos que reside en Argentina pegó el grito en el cielo, cuando no hacía lo mismo con los desaparecidos, violados y torturados por la dictadura militar, ni con los soldados vejados por las jefaturas militares durante la guerra de Malvinas – también lo hicieron el subsecretario de Estado de Trump y el embajador estadounidense en Buenos Aires. Raimundi no vaciló en recurrir a la falacia apuntada más arriba, o sea, si el imperialismo bloquea no se puede atacar la represión anti-popular del gobierno afectado por ese bloqueo. Se llega así al absurdo de que la lucha contra el imperialismo no pasa por la movilización revolucionaria de las masas, sino por molerla a palos y tiros, por parte de grupos militarizados y paramilitares. También Cuba y Rusia votaban en contra de los informes de la ONU que exponían las atrocidades de la dictadura militar genocida – alegando razones geo-políticas.
Luego del recorrido sinuoso de Solá y Raimundi, el gobierno de Argentina y el canciller negacionista deciden votar a favor del informe en cuestión y del reclamo para que se instale en Caracas una misión onusiana. Se saltan la opción de otras veintisiete naciones que deciden abstenerse, con México, nacional y popular, a la cabeza de la “tercera posición”. La presión yanqui surtió efecto – no sea que una abstención provoque una suma mayor del ´contado con liquidación´ y el ´blue´, y una salida indetenible de reservas. Alicia Castro, ex embajadora en Caracas, presentó al toque su renuncia a representar a Argentina en Moscú.
Es indudable que el Informe lapidario de la ONU y el planteo de convertirse en supervisor de los derechos humanos en el lugar, tiene un objetivo político; de lo contrario no hubiera contado con la promoción y el apoyo de Trump, Boris Johnson, Macron y Merkel. El apoyo del español Pedro Sánchez no le movió la cola a Pablo Iglesias de Podemos, pero ciertamente le marcó la línea a Alberto Fernández, que ha recibido la pila bautismal de ´socialdemócrata´ de manos del mismo Papa. El objetivo político de la ONU es convertirse (o convertir a la UE) en observador y garante de las elecciones parlamentarias que deben tener lugar en Venezuela. La salida que pergeña es conseguir un triunfo de la derecha o forzar al gobierno a entrar en un compromiso con ella. De otro lado, el gobierno de Maduro ha presentado formalmente un pedido de renegociación de la deuda externa, largamente reclamado por los acreedores, que no quieren reconocer el default y emprender el embargo de bienes. China y Rusia, importantes acreedores, acompañan el pedido de Venezuela a los fondos internacionales. Hay numerosos indicios de que el gobierno venezolano está dispuesto a prendar las reservas del Orinoco, como una garantía de la negociación. Detrás del listado de vidas cegadas hay una transa asquerosa de negociados.
Por eso el Informe NO debe ser votado favorablemente, ya que importa una injerencia de las potencias que mandan, no de los trabajadores o pueblos de otros países. Repudiamos la posición del gobierno ´nac & pop´ y advertimos acerca de los propósitos negativos que encierra para los trabajadores de Argentina. Lo que dice el Informe es verdad o contiene buena parte de ella, pero es usado para someter políticamente a Venezuela, en función de una sujeción de alcance internacional al capital financiero y sus estados. Los Fernández habrían podido recurrido a la abstención, pero han decidido capitular ante los tenedores de la deuda pública y el imperialismo norteamericano.
El Informe ha operado como un ´cisne negro´ en el gobierno y en el kirchnerismo, al obligar a adelantar el volantazo que le impone el agotamiento de su gestión y el impasse en que se encuentra. Kristalina Gergieva, la jefa del FMI, ha saludado este viraje con un ´no venimos por un ajuste´, como si gran parte de él no se hubiera ejecutado bajo la presión de la pandemia, y como si no se tratara, para los trabajadores, de recuperar lo perdido. La Corte, por su lado, sacará la conclusión de que enfrenta un gobierno impotente, por lo que el Poder Judicial puede imponer su línea política al Congreso y al pueblo en general. El desarme catastrófico del inmovilismo político oficial que Política Obrera apuntó ayer se encuentra en marcha.
Apoyamos la expulsión de Maduro y su cohorte, por parte de los obreros y campesinos de Venezuela, y llamamos a los obreros de Argentina y América Latina a concentrarse y deliberar por el derrocamiento de la burguesía hambreadora y virósica y el establecimiento de gobiernos de trabajadores.
Jorge Altamira
07/10/2020
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