En los últimos días se acumularon noticias negativas para los trabajadores. La lista es enorme pero señalamos aquí las más importantes: 1) anuncio de reducción de salarios para los trabajadores de Aerolíneas y Austral, y amenaza de replicar esta decisión para los trabajadores de YPF; 2) suspensión de la paritaria para los trabajadores estatales nacionales, lo que implica una reducción salarial por la vía de la desvalorización de los ingresos fijos que genera la inflación, lo que con seguridad se repetirá para los estatales provinciales y municipales, incluidos docentes y trabajadores de la salud; 3) decretazo que reduce la actualización jubilatoria del 9,8 al 6,1%; 4) reforma previsional reaccionaria en Córdoba, afectando los beneficios de la caja propia, lo que abre el camino a modificar otros regímenes provinciales; 5) más de 40.000 despidos en abril y 91.000 en mayo, mostrando que el Estado no hace cumplir el DNU que prohíbe los despidos y suspensiones, congelamiento de la AUH y los planes sociales, mientras arrecian los aumentos en los alimentos.
Bien vistas, estas medidas tienen algo en común: todas fueron tomadas por el gobierno nacional o por los gobiernos provinciales. Si hace unas semanas atrás Alberto Fernández acusaba de “miserable” a Paolo Rocca por aplicar despidos, ahora ese lugar de ataque a los trabajadores lo ocupa el propio gobierno, colocándose a la vanguardia de una política ajustadora. Como las casualidades no existen, Fernández y Rocca compartieron un acto en la apertura de un hospital en Pilar, financiado con donaciones de los grandes empresarios. Allí llamó a que los empresarios “se unan al Estado”. Paolo Rocca habrá compartido el concepto. Sobre todo después de recibir fondos de la Anses para pagar salarios y especialmente luego de que el gobierno estableciera un ‘barril criollo’ que subsidia a las petroleras, beneficiando entre otras a Tecpetrol, propiedad del propio Rocca.
2022
Estas medidas de ataque a los trabajadores van configurando el ‘plan económico del gobierno’. Se trata de un reclamo permanente que han hecho los opinólogos burgueses, sin percibir su carácter paradojal, pues un verdadero “plan económico” sólo puede ser llevado adelante por un gobierno de los trabajadores, ya que el capitalismo se caracteriza por la anarquía y la competencia. Pero a los opinólogos no les importa la justeza teórica, sino que el gobierno se comprometa a fondo en un ataque a los trabajadores. Y es lo que está pasando.
El punto es crucial, porque se enlaza directamente con la negociación para reestructurar la deuda. Esta ha ingresado en su fase final. Alberto Fernández y Cristina Kirchner han definido que hay que evitar el default, es decir que hay que aceptar las demandas de los bonistas. Le han encomendado al ministro que Guzmán que ‘mejore’ la propuesta a los bonistas -o sea, que la empeore para la Argentina. El ministro ha obedecido y ya presentó varias concesiones sin que aún logre concitar la adhesión de los fondos de inversión.
Estos han visto sangre y van por más. Sin aceptar nada ni comprometerse a nada, ya han logrado que el gobierno elimine virtualmente toda quita de capital, aumente los intereses ofrecidos, prometa un nuevo bono para los intereses no devengados y hasta un cupón atado al crecimiento. Otro punto que ya consiguieron es reducir el período de gracia, que originalmente iba a ser de 5 ó 6 años, luego se redujo a cuatro, luego a tres años y ahora quedaría solo en dos años. El punto es juzgado como crucial por los bonistas, ya que al llevarlo a dos años obligarán al gobierno a realizar pagos durante su actual mandato -en 2022. Para eso, claro, deberán llevar adelante el ‘plan económico’ que le reclama el FMI, con el cual todavía deben negociar la extensión de los plazos de pago de los 44.000 millones que le pidió Macri. Y el FMI, claro, no se la va a hacer fácil, porque, de movida, con los organismos internacionales no hay quita, como tampoco con el Club de París. Recordemos que el gobierno de Néstor Kirchner nunca dejó de pagarle al Fondo.
Los anticuarentena
Con estas medidas adoptadas contra los trabajadores, y cuando el gobierno no deja de recular ante los fondos de inversión, era previsible que la convocatoria de la derecha anticuarentena no despertara la adhesión de la clase capitalista. Después de todo, presentarse ante el pueblo esgrimiendo los ejemplos de Brasil o Estados Unidos no resultaba una medida demasiado taquillera. Pero no es esto lo más importante ni lo principal. Los capitalistas juzgan que tienen amplio margen de presión sobre el gobierno, que además siendo una coalición heterogénea, ofrece distintos puntos de intervención. Mal no les va. Han logrado que el Presidente denomine como “ideas locas” la propuesta de que el Estado se quede con acciones de las empresas que reciben fondos para pagar los salarios, y todavía más, han puesto en el freezer el llamado proyecto de impuesto a los ricos, luego de asegurarse que si alguna vez sale de allí no afectará a sus empresas.
En estas condiciones no debiera sorprender que en las filas de la derecha prime la división y que crezcan los choques por el apoyo de un sector al gobierno. Por lo pronto, en la bochornosa demostración anticuarentena se atacaba a Larreta por traidor -para los que dicen que la derecha se une y la izquierda se divide.
La sesión especial convocada por Cambiemos para voltear el DNU que le permite al jefe de Gabinete modificar partidas por encima del 5% fue, antes que nada, una movida para presentar una unidad opositora que no es tal. Y actuaron calculadamente para que no se alcanzara el quórum. Después de todo, el propio Larreta acaba de darse poderes especiales en la Ciudad de Buenos Aires para manejar a su antojo el presupuesto. La clase capitalista apoya estas medidas ‘antirrepublicanas’ porque sabe que son para gastar menos -o sea, para ajustar. No hay que olvidar que a nivel nacional sigue rigiendo el Presupuesto 2019 de Macri, que fue hecho añicos por una inflación superior al 50%. Un ejemplo: el ajuste al presupuesto universitario tiene una magnitud mayor al que quiso y no pudo aplicar López Murphy.
La hora de las luchas
Todas estas medidas ajustadoras del gobierno están lejos de representar una salida a la crisis. Incluso un acuerdo de deuda no modificará el curso general de los acontecimientos. Un fondo de inversión acaba de advertir que el gobierno en ningún caso debe esperar una “lluvia de inversiones”; si hubiera una “llovizna” debería conformarse porque el pronóstico científico augura una sequía.
Argentina ha ingresado directamente en una depresión económica, que afecta a toda la economía mundial, pero que aquí adquiere una versión recargada por el peso de las contradicciones preexistentes. Las consecuencias de esa depresión las sufrirán los trabajadores, con despidos masivos, rebajas salariales y flexibilidad laboral. A esto debe agregarse la crisis sanitaria, que ingresa en su fase más crítica, al concentrarse los casos en las barriadas de la provincia de Buenos Aires. La respuesta del gobierno de Axel Kicillof ha sido hasta ahora la militarización y la represión. Pero con 50 ó 100 situaciones como Villa Azul, el gobierno deberá pedirle prestada la Guardia Nacional a Trump. La Ciudad de Buenos Aires no está mejor puesto que, según un aceptado modelo matemático de un investigador del Conicet, a fin de mes el sistema sanitario público colapsa.
Ante estos ataques, los trabajadores han comenzado a desarrollar luchas de importancia. Lo hicieron los mineros de Andacollo; los choferes de la UTA del interior, con huelgas muy prolongadas; la docencia misionera; el Sutna, que logró con acciones de lucha y acampes el pago del 100% de los salarios en todas sus plantas; los trabajadores de ATE-Educación en la provincia de Buenos Aires; las compañeras y compañeros de La Nirva; los gráficos de Morvillo; los médicos y enfermeros de infinidad de centros de salud; la lucha tenaz de la juventud de las APP; la dura lucha de los reprimidos obreros de la carne de Penta; las movilizaciones permanentes de los movimientos piqueteros independientes o la bronca que recorre por abajo a los trabajadores de los supermercados y que está al borde de estallar. Estas luchas tienen en la vereda de enfrente a la burocracia sindical, que actúa por cuenta y orden del gobierno y las patronales.
Ante esto, la jornada del 16 de junio, convocada por el Plenario Sindical Combativo, es una oportunidad para salir a luchar, presentando un programa de salida y unir a los sectores que están peleando. Llamamos a preparar en todo el país dicha jornada con acciones de lucha, concentraciones que respeten el distanciamiento social, cortes de calle, caravanas de autos para defender el trabajo, el salario y que la crisis la paguen los capitalistas.
Gabriel Solano
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