Para enfrentar la pandemia y la crisis hay que sacarse de encima al golpismo.
Una decena de personas falleció por Covid-19 en La Paz y Cochabamba, en la puerta del hospital, después de haber recorrido otros nosocomios donde no pudieron ser atendidos por estar colapsados. A esto se suma denuncias de decenas muriendo en sus casas, porque no hay hospital que los reciba.
Las situaciones más serias están en el Departamento de Beni y la zona oriental de Santa Cruz. Allí se concentran casi el 80% de los 19 mil infectados, según datos oficiales. Las sociedades médicas consideran que son muchos más, no contabilizados porque no se pueden diagnosticar. En el último mes los casos se han triplicado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (de la OEA) ha expresado su “alarma por propagación del Covid-19 en el pueblo Yuqui, en Cochabamba (centro), donde se reportan 16 personas contagiadas, 5,3% de una población de 300 personas, lo que podría representar grave riesgo para la supervivencia este pueblo indígena”, que habita zona selvática.
La causa de este pico no es un incremento de la agresividad del virus, sino el completo colapso del sistema sanitario.
En Trinidad (capital del Beni) se registran 1.000 casos y 70 muertos. Cifras impactantes para una urbe de 130.000 habitantes, donde los servicios médicos estaban rebasados y solo un tercio de las viviendas tiene saneamiento básico.
El gobernador, Amapo, advirtió: “Los hospitales están repletos y no solo eso, hay poco personal médico y gran escasez de equipamiento y medicamentos”.
El Servicio de Salud de Beni informo -hacia fines de mayo- que más de la mitad de los 150 médicos de servicios públicos habían resultado contagiados y cuatro de ellos fallecido. Con un crecimiento de enfermos del 300%. Lo cual está llevando a la llegada de médicos y enfermeros voluntarios del resto de Bolivia para impedir una catástrofe abismal. Y se realizan colectas nacionales de medicamentos.
El presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina de Terapia Intensiva, Adrián Ávila, declaro: “Esto es ya una catástrofe –y no refiriéndose solo al Beni- principalmente porque no se han resuelto los problemas de falta de capacidad de unidades de terapia intensiva que se requieren”.
A mediados de mayo, el Gobierno compró 170 respiradores españoles, que estuvieron envueltos en un escándalo de sobreprecios y corrupción y que las sociedades médicas descartaron por inútiles para terapia intensiva.
Añez también anunció en abril la compra de 500 unidades de terapia intensiva, pero ninguno de estos equipos llego, tornando inútiles a pequeños hospitales de emergencia habilitados en Santa Cruz y Beni.
Prometieron también fortalecer el sistema nacional de diagnóstico, para realizar más de 3000 pruebas diarias desde fines de abril. Pero las autoridades reconocieron (8/6) que había apenas 6 laboratorios dedicados al COVID-19, con capacidad total inferior a 1000 análisis diarios.
El mayor de esos laboratorios, el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop) de Santa Cruz, se declaró en colapso, por la baja médica de 40% de su personal contagiado por COVID-19 y la falta de equipos y reactivos para acelerar las pruebas. Yelin Roca, jefa de ese laboratorio mostro ante cámaras de TV, centenares de contenedores, apilados en el suelo, que almacenaban más de 2000 muestras de sospechosos de COVID-19 que el Cenetrop no había podido procesar en solo un fin de semana. Solo tres ciudades —La Paz, Cochabamba y Santa Cruz— tienen laboratorios en pleno funcionamiento para diagnosticar COVID-19. Los otros existentes están paralizados por falta de reactivos.
Ávila señaló que Bolivia tenía 490 camas de terapia intensiva cuando comenzó a sufrir el ataque del coronavirus. Pese a varios anuncios gubernamentales de compras masivas y urgentes de equipamiento, hasta principios de junio solo se logro habilitar… ¡30 camas más!
El especialista calcula que solo para atender requerimientos actuales habría necesidad de 700 camas de cuidados intensivos, todas con respiradores mecánicos: el sistema está en colapso, sin que aún se haya llegado a la cúspide de contagios.
El drama de esta pandemia no termina aquí. Los muertos no tienen lugar para cremación o entierro. Hay lugares donde hay que anotarse en ‘lista de espera’. Los cajones han subido entre 50 y 100% su valor, muchos deudos se han visto obligados a usar cajas de cartón o envolverlos en plásticos. En mitad de esta crisis fatal, especuladores hacen sus ganancias.
Por lo que se ve el gobierno golpista de Añez no ha hecho nada para prevenir el desembarco de la pandemia en Bolivia. Solo robar: han sido obligados a renunciar media docena de ministros por fuertes y probadas acusaciones de negociados (vamos por el tercer ministro de salud). La presidenta Añez, cabeza de este inoperante y antipopular gobierno golpista que juega con la vida y salud de su pueblo salió a resaltar su preocupación por la gravedad de la pandemia, planteando… postergar las elecciones nacionales que el Tribunal Electoral convoco para el 6 de septiembre. Por temer el contagio del virus. No quiere promulgar la ley votada por las cámaras parlamentarias. Quiere perpetuarse.
Más grave aún que el corona virus, es la descarga de la crisis capitalista sobre el pueblo trabajador. El gobierno dicto una cuarentena pero no previó medios para que el pueblo explotado pudiera resistirla en sus domicilios. Frente al hambre fueron creciendo e imponiéndose las movilizaciones populares para que se ‘flexibilizara’ y por reclamos paliativos. Añez decreto la “cuarentena dinámica” permitiendo las salidas a la calle en busca de pan y trabajo. Pero esto fue una ilusión para desocupados y changuistas. La crisis golpea fuerte. No hay ventas. Las patronales despiden masivamente. Hay cierre pandémico de fuentes de trabajo.
El pueblo boliviano de gran tradición de lucha a través de la acción directa, está recorriendo este camino. En Potosí, ante la falta de instalación de un –prometido- laboratorio, un Comité Cívico (parte de esos organismos que habilitaron el golpe de Añez) convocó a cortes de ruta y movilizaciones para arrancarlo. Gran cantidad de intendentes han iniciado huelgas de hambre. Se van multiplicando las movilizaciones por mejores condiciones sanitarias y contra la miseria que descarga el gobierno golpista y las patronales sobre los trabajadores.
La Central Obrera (COB) -que habilitó el golpe militar contra Evo Morales, integrando incluso su staff de funcionarios- resolvió “declararse en estado de emergencia y pie de lucha”; advirtiendo que “el gobierno transitorio hunde el país en la crisis económica y social con el despido de trabajadores del sector público y privado, la corrupción, desfalco en las entidades públicas y la “irresponsable” gestión para en encarar la pandemia del coronavirus”.
Convocó una “reunión urgente a sus confederaciones, federaciones, centrales obreras departamentales y regionales para elaborar la agenda nacional”. Pero todo indica que pretende elaborar una “agenda nacional” en consonancia con sectores patronales, y no que parta de las reivindicaciones obreras y de masas frente a la crisis social (reincorporación de los despedidos, etc.), sanitaria (nacionalización de todo el sistema de salud bajo control de sus trabajadores, etc.) y ante la crisis económica (nacionalización de la banca, de la minería, etc.).
Se plantea la necesidad de reclamar un paro nacional con los tradicionales y combativos piquetes y cortes de ruta y una marcha nacional hacia La Paz para imponer que se vaya Añez y el gobierno golpista. Para la militancia de izquierda se le abre una nueva oportunidad para intervenir audazmente en este proceso dinámico de crisis capitalista y tendencias a la movilización de masas. Crear un agrupamiento político independiente de los trabajadores que con la perspectiva estratégica de luchar por un gobierno obrero y campesino intervenga en el proceso en curso.
Rafael Santos
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