Entrevista a Gustavo Lahoud, miembro del Instituto del Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP)
M.H.: Ha habido un hecho que no por conocido ha dejado de impactar, se trata de las escuchas telefónicas ilegales que realizaba el gobierno macrista. ¿Cuál es tu análisis y opinión?
G.L.: Recuerdo que a fines de 2015, al tomar posesión del gobierno, una de las primeras medidas que tomó Macri a través de un Decreto de necesidad y urgencia, fue volver a generar un secreto de Estado en torno al manejo de todas las partidas presupuestarias que la AFI, ex SIDE, disponía de acuerdo al Presupuesto de la Administración pública nacional.
Y ligado con ello se tomó después una decisión que tenía que ver con pasar a la órbita de la Corte Suprema de Justicia todo el esquema de funcionamiento de las escuchas que por órdenes o instrucciones judiciales en distintas causas, tuviera que hacer personal de inteligencia abocado para ello justamente por los miembros de la justicia.
Al generarse estos cambios yo relacioné esta situación con los antecedentes que el propio Macri generó como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
M.H.: Te referís al caso Ciro James.
G.L.: Claro, que además involucraba una estructura ilegal que había incorporado en el Estado de la Ciudad y que sirvió inclusive, como nos enteramos más tarde, para espiar a propios miembros de la familia.
Inmediatamente, en 2016, empezó a conocerse un tipo de política de seguridad muy ligada a la estigmatización social a minorías y a un escenario de presiones sobre jueces concretos que seguían casos muy relevantes.
Tanto la Jueza Martina Forns como el Juez Luis Arias, la primera de San Martin y el segundo de La Plata, estaban tomando cautelares presentadas por las organizaciones de defensa al consumidor ante los tarifazos y recuerdo que prestaba mucha atención a todos estos casos y todos comentaban que había distintos tipos de situaciones anómalas que podían marcar y que al paso del tiempo a todos nos permitió reconstruir lo que se había hecho muy desde el principio.
Desarmar una estructura de Inteligencia funcionando desde el mismo Estado en áreas que cruzaban la AFI, la Jefatura de Gabinete a cargo de Marcos Peña y la secretaría presidencial en una situación en donde fundamentalmente aparecía este criterio de utilizar buena parte de la información dada a medios de prensa adeptos y que generalmente aparecía vinculada a generar una situación de descrédito para determinadas figuras políticas o utilizar toda una ingeniería para hacer incluso espionaje industrial.
Apretar jueces respecto del seguimiento de ciertas causas que preocupaban al macrismo, frenar cualquier tipo de investigación posible que se pudiera encarar a partir de los hechos de supuesta corrupción que se iban denunciando durante todo su gobierno.
Entonces, lo que llegamos a concluir es que el macrismo fue algo así como la representación del último acto de degradación institucional que se podía cometer en el abuso del manejo de las fuerzas de Inteligencia en la República Argentina. Esto es estructural para mí.
Ahora a partir de lo que la interventora Camaño encontró en la AFI llegamos a la conclusión de que efectivamente esta estructura ha tenido funcionamiento y por más que se ha borrado información, ha aparecido alguna que indica que todo esto se ha hecho puntillosamente.
Yo creo que desde el Presidente Fernández para abajo, nadie puede hacerse el distraído respecto de la necesidad de discutir rápidamente el por qué y el para qué la Inteligencia en un Estado democrático e inmediatamente ponernos a discutir una agenda de seguridad pública que tenga que ver con reconstruir todos esos sectores combinadamente en términos de un profesionalismo propio de un régimen democrático.
Cuando digo que todo esto es la consecuencia de una degradación previa, con la diferencia que el Macrismo ha estado dispuesto a hacer un uso ilimitado para incluso destruir personalidades y obtener información privilegiada, un conjunto de delitos gravísimos.
Recordemos que en el último tramo del gobierno de Cristina Kirchner el ex jefe del Ejército, Milani, tuvo una participación relevante ya como jefe del Ejército que venía del área de Inteligencia, habiéndose entrometido en la pelea de la ex SIDE. Todo esto ha sido claramente documentado posteriormente en distintas informaciones periodísticas como las de Horacio Verbitsky y otros periodistas que han tratado el tema.
A mí me parece que si el Presidente quiere cumplir lo que nos dijo el 10 de diciembre y luego repitió el 1º de marzo debe poner en marcha un proceso de reorganización integral de los servicios de Inteligencia y del sistema de seguridad en la Argentina.
Lo que Camaño ha hecho hasta ahora como interventora es muy interesante, ha tomado muy pocas medidas que tienen que ver con deshacer el secreto del uso de las partidas y poner en marcha un proceso de control abierto sobre lo que los distintos sectores en la AFI estaban realizando y detectar cualquier posibilidad de que algún tipo de maniobra de inteligencia vinculada al uso que se podría hacer desde la justicia pueda seguir siendo implementada.
Ahora el poder político cambió y la gran infamia organizada de la justicia que es Comodoro Py ha frenado la andanada en la que estaban organizando distintos tipos de movidas hasta fines del año pasado. Ahora están expectantes en una situación crítica por la emergencia sanitaria y de mayor crisis económica en donde están velando las armas para ver cómo sigue la situación.
M.H.: Sí porque por otro lado se habla también de una reforma judicial.
G.L.: Ahí creo que probablemente, sin meterme en áreas que no domino y que son temas de los cuales es experto el propio Presidente, todo lo que tiene que ver con el sistema penal, pero hay cuestiones que tienen que ver con las reformas en el funcionamiento de la Procuración fiscal, cómo encarar los problemas de la instrucción fiscal, agilizar los trámites y todo eso, pero me parece que un tema fundamental ligado a eso tiene que ver con cómo transparentamos el uso de los recursos por parte de la justicia y cómo encaramos una agenda realmente democratizadora que elimine los privilegios que realmente existen en algunos poderes que en la recuperación de la democracia no han sido puestos bajo el escrutinio público.
Todo el poder judicial en general pero generalmente el que uno vino siguiendo desde siempre y que me parece que nos preocupa tanto por la supervivencia de nuestro sistema democrático y de las libertades públicas que es la connivencia entre las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia, la justicia federal y cómo vemos el problema de la llamada “generación de información o inteligencia interna” que es algo que está terminantemente prohibido por la Ley de inteligencia nacional, que se sancionó a comienzos del 2000 incluso durante el gobierno de De La Rúa.
Recordemos, De La Rúa con el recordadísimo Santibáñez, Duhalde con toda la gente vinculada al señor Hugo Anzorreguy, ex ocupante de la “Casa” durante el gobierno menemista, el extinto gobernador de Río Negro, Soria, toda la gente que venía de Santa Cruz directamente al gobierno de Néstor y Cristina; todos esos sectores, entre los políticos que llegaban directamente a la administración del área de Inteligencia y el staff permanente. En todo ese tiempo sobrevivieron tipos como Stiuso que recién después de casi tres décadas de actuación, fueron puestos en escena a partir de la intervención de hecho que Cristina hizo a través de Parrili.
Y eso permitió descubrir que ahí había un funcionamiento en términos de generación de información, inteligencia y de maniobras de contra-inteligencia que se operaban directamente en función de un proceso de abierta ilegalidad, porque no se ha conocido en todo este tiempo cuál es la producción real profesional de información estratégica que los servicios de Inteligencia han hecho en función de lo que debe trabajar y cómo debe empeñarse que es en función de la defensa de los intereses vitales de la Nación Argentina.
Entonces realmente se llega a un contexto en el que si no se rehacen los aparatos de Inteligencia estamos complicados. Creo que debe ser parte de esa gran reforma de la justicia y los servicios que debe encararse, como de las fuerzas de seguridad también.
El camino que marca un progresismo posibilista siempre está ligado a la incapacidad para plantear una propuesta política estratégica
M.H.: Yo tengo muchas dudas sobre esto. Estuve leyendo algunos materiales producidos por “Tato” Young que escribió sobre Stiuso y la Side, y ahí aparecen una cantidad de personajes ligados a la represión ilegal de los 70 en lugares realmente de mucho poder. Entonces sinceramente está por un lado el tema de las funciones pero el otro tema que hay ahí es qué personal conforma los servicios de inteligencia. Esto es parecido al tema de la situación que se vivió en Tucumán con la desaparición y asesinato del trabajador rural Espinosa, porque se puede discutir en términos institucionales la cuestión policial, pero la policía tucumana tiene una trayectoria y una historia que hace que esto que pasó con Espinosa no llame la atención. No es un tema que yo maneje por eso apelo a vos.
G.L.: Lo que pasa ahí es que si no se genera una voluntad política clara no habrá ningún cambio.
M.H.: O lo que ha pasado con la comunidad Qom en el Chaco es tremendo. Estos son los policías que nos tienen que cuidar. Ahí hay un problema grave. O el policía que le mete 18 tiros a Lucas Barrios en la Isla Maciel.
G.L.: Yo creo que esto es la degradación de la autonomía del accionar policial en las provincias.
M.H.: Claro eso es lo que dice la ministra de Seguridad, que es un problema de las provincias, que las fuerzas provinciales tienen autonomía.
G.L.: Esa argumentación me recuerda mucho a esa visión típica que hemos sabido construir desde los 90, que es cuando se destruyó el federalismo en la Argentina, entonces se armaron desde un Estado central Consejos federales. Se formó el Consejo federal de seguridad para que después los ministros políticos que no manejan la seguridad ni manejan a sus propias policías, digan la agenda de seguridad que están llevando y cómo van a evitar los atropellos a los Derechos Humanos y que actos realmente aberrantes sigan sucediendo.
Entonces hoy la ministra Sabrina Frederic lo que hace es volver a hacer uso de un típico latiguillo que hemos encontrado permanentemente en el orden federal donde prefiere, como no sabe muy bien el terreno que está pisando, hacer jugar las cuestiones de competencia y de jurisdicciones para evitar hablar de un tema que debe ser reconceptualizado a nivel nacional, tanto el tema de la Inteligencia, la Justicia como el de la Seguridad. Recuerdo muy bien, que siempre hablamos de Marcelo Sain, que ha sido un referente para mí.
M.H.: Actual ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe.
G.L.: Marcelo Sain, antes de ser ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, años antes, empezó a trabajar una investigación sobre el crimen organizado en Rosario y generó un instituto de estudios criminales que sirvió como base para la creación de una cantidad de información relevante que permitía diferenciar y actuar según la característica de los actores, las vinculaciones, cómo cambiaba su operatoria en el terreno y una de las cosas que se veía claramente y que él viene señalando desde siempre es que hay un entramado de funcionamiento autónomo de la fuerza policial que el poder político no logra quebrar porque no hay voluntad política para hacerlo, entonces termina siendo red y cómplice de lo que el autogobierno de las fuerzas policiales determinan.
Y esto es algo que le ha saltado como desafío cuando llegó al ministerio santafesino y una de las primeras cosas que encontró es una especie de rebelión de los comisarios que habían sido removidos provocándole una serie de situaciones que iban desde delitos, muertes de supuestas personas vinculadas al tráfico de menudeo de droga y él lo vinculó y lo dijo abiertamente incluso a las propias fuerzas policiales, “ustedes están viendo una situación que tiene que ver con la forma en que estamos procediendo”. Esto generó mucho impacto, porque no se ve que una persona actúe de manera tan abierta en un tema tan complejo y plantee con mucho coraje político la situación de cómo hay que hacerlo.
Entonces, como en otras áreas de este gobierno, estamos ante un camino posible, y el camino posible que marca un progresismo posibilista siempre está ligado a la incapacidad para plantear una propuesta política estratégica que implique patear el tablero.
Por eso creo que muchas de las dudas que comentaste respecto a este tema, que es gravísimo, tienen que ver con esta situación. Yo estoy viendo también esto en distintas áreas públicas de este nuevo gobierno, una tendencia a evitar decisiones estratégicas de peso que impliquen poner en órbita un auténtico debate y un conflicto con los poderes reales.
Finalmente me pregunto, ¿habrá voluntad de llevar esta discusión sobre los organismos de Inteligencia hasta el final? Si es así deberían realizarse las investigaciones adecuadas en el ámbito judicial y además debería realizarse una agenda de trabajo para modificar integralmente el funcionamiento de los sistemas y sentar en ese Consejo de seguridad interior, a los ministros de seguridad de cada provincia para plantear que el primer criterio que baja desde el Presidente de la República, es que el control de las fuerzas policiales tiene que estar bajo la conducción civil y ustedes tienen que realizar todas las modificaciones del caso no solo para realizar eso sino también para adecuar el funcionamiento de la fuerza en términos de formación y despliegue a la norma de un Estado de derecho democrático.
Si esto no se declara vamos a seguir dando vueltas en una calesita y lamentablemente podremos llegar a tener buenas palabras y buenos deseos que terminan encubriendo las acciones que van por otro lado y terminan siendo solo buenas palabras y nada más que buenos deseos. Los gobernadores, que son los principales aliados del Presidente, son una parte importante del problema y todos lo sabemos; Tucumán, Salta, Chaco, Formosa, y varias provincias más.
M.H.: Y en el caso de Chubut es muy claro, ha sido transparente cómo ha utilizado el gobierno provincial a las fuerzas policiales en la contención social previo y durante la pandemia.
Mario Hernandez | 15/06/2020
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