La función política del rescate (de los acreedores) de Vicentin

Oponemos la estatización sin pago bajo control obrero, como parte de un plan económico de los trabajadores

Pocos días como éstos han servido para retratar el carácter de “bonapartismo en tiempos de default”, como definió tempranamente Prensa Obrera al gobierno de Alberto y Cristina Fernández. La impactante intervención a la quebrada Vicentin es ella misma una viva expresión de ello, además de su función política en el conjunto de la política que improvisa el gobierno.
Una ayuda para comprenderlo nos la da el comunicado del Comité Ad hoc de Acreedores Privados Internacionales de la firma agroexportadora por unos 500 millones de dólares que expresa “disposición al diálogo constructivo con las autoridades para discutir la regularización de la deuda… que contribuirá a aliviar la situación financiera general de la compañía” (Ambito, 9/6).
La intervención y posterior expropiación del conjunto del paquete accionario de Vincentin SAIC significa que el Estado se hace cargo del pasivo total de la convocatoria de acreedores, unos 1.400 millones de dólares que pasan a engrosar el endeudamiento público argentino, mientras se proclama el carácter impagable de ese endeudamiento. En tanto, la expropiación será onerosa, como lo fue la de YPF, y por lo tanto estará sujeta al largo proceso judicial que ya mismo comienza, donde las familias Padoán-Nardelli cumplirán el papel de Repsol, que se alzó con un botín al cabo de pocos años, de la mano de Kicillof.
El argumento “nacional y popular” de la “soberanía alimentaria” no ha podido ser explicado en los largos reportajes defensivos de un Alberto Fernández empeñado en explicar que es un rescate de tipo excepcional. De qué hablan Sagasti, Kulfas y Fernández no se sabe, porque Argentina produce alimentos para centenares de millones de personas, pero su problema es la falta de soberanía popular sobre las fuerzas productivas de esos alimentos y de su distribución. De tal suerte que el hambre ha golpeado a la puerta de por lo menos 12 millones de personas anotadas para cobrar la miserable IFE.
En cuanto a la intervención en el mercado de granos con una “firma testigo”, que algunos delirantes compararon con una Junta Nacional de Granos, no parece mover el amperímetro de un negocio agroexportador y de biodiesel donde operan unas 35 empresas. Por otro lado, si se pretende un precio sostén como los que garantizaba la Junta de Granos, entonces estaríamos ante una política de encarecimiento aún mayor de los alimentos, cuyos precios siguen por el ascensor. Respecto de la exportación de granos, aceites y biodiesel, Vicentin abarca apenas un 9% de la exportación dominada por Dreyfus, Bunge, Cargill, ADM Agro y otros pulpos internacionales, aunque haya estado en el sexto lugar en 2018 y en el cuarto en 2019, antes de su derrumbe en 2020.
Lo mismo vale para el ingreso de divisas, porque aunque se usara Vicentin para mostrar las maniobras fraudulentas de triangulación y subfacturación de exportaciones, algo que ya está en manos del Banco Nación y la Justicia en este caso, no significa que se termine con esa práctica por parte del resto, tampoco con la retención de dólares de exportaciones, como tampoco con los silo bolsas que se usan para forzar devaluaciones contra el pueblo argentino. No tiene Vicentin esa capacidad aunque se avanzara en su estatización que, como veremos, no es tal.
El gobierno anunció la formación de un Fondo Fiduciario que estará gerenciado por YPF Agro. O sea que no es una empresa del Estado, tampoco una sociedad de Estado de carácter público, como Trenes Argentinos que opera con privados asociados, sino que sería un híbrido capitalista bajo gerenciamiento de una sociedad anónima que opera en la Bolsa de Nueva York bajo sus normas y contraloría, como es YPF SA de mayoría accionaria estatal.
La intervención es por 60 días, habrá que examinar la ley de expropiación cómo es, pero ya podemos ver dos cosas muy importantes. Primero que solo se estaría expropiando la parte del grupo que está en la convocatoria y no la llamada Vicentín Family Group, donde Vicentin está asociado con la suiza Glencore. Entonces podrían quedar afuera de las medidas del gobierno importantes frigoríficos como Friar, partícipe del exclusivo club de la cuota Hilton; la Algodonera Avellaneda con plantas en tres provincias o la bodega Vicentin Family Wines de vinos de media y alta gama.
El otro tema que está en las posibilidades es que se llegue a un acuerdo con Glencore como socia, de tal suerte que pase a jugar el rol de George Soros y los demás fondos de inversión y accionistas privados de YPF SA. Una variante que revela Ambito Financiero.
Como se puede apreciar, estamos lejos de una nacionalización que empieza un rumbo estatista, como agita la derecha y la Sociedad Rural. El propio frente patronal se ha dividido con un explícito apoyo de José Urtubey, de la Unión Industrial, la celebración de la Federación Agraria y un apoyo más condicionado de Coninagro.

La función política

Hasta aquí hemos visto el carácter mismo de las medidas respecto de Vicentin. Pero el volantazo nac&pop tiene un parecido importante con la crisis de la 125. No está opuesto al objetivo central del gobierno en lo económico, que es el rescate de la deuda que se negocia ya febrilmente en el último tramo de la reestructuración. Todo lo contrario, está al servicio de la reestructuración, aún para el caso de las vidriosas aspiraciones de mejorar el ingreso de divisas.
Pero la cosa va más allá. Varios medios han confirmado lo de la agencia financiera internacional Bloomberg, publicado anoche. En la mesa de negociación del canje, donde Argentina prepara la tercera propuesta, cediendo cada día algo más, habría sido rechazada la oferta de cupones de crecimiento del PBI con la que tan bien les fue a los acreedores del canje de Lavagna. En su lugar se estaría discutiendo un bono ligado a las exportaciones agrarias. Léase bien esto. Se trata de colocar al arbitrio del capital financiero internacional, justamente la joya que le queda al capitalismo argentino, que son sus exportaciones agropecuarias, desde luego con su bagaje de primarización, de paraíso de los agrotóxicos y los negocios de Monsanto, de trabajo en negro y superexplotación del obrero rural, de puertos privados y hasta contrabandos, de dólares que quedan en el exterior mediante maniobras de distinto tipo, de eternos conspiradores devaluacionistas, como están operando ahora mismo.
Un bono de este tipo haría de la reestructuración argentina un verdadero modelo colonial de garantía de apropiación de riquezas del suelo del tipo del endeudamiento contra las reservas petroleras. En ese sentido, la injerencia de YPF Agro no es menor, porque ese departamento de YPF actúa precisamente canjeando gasoil por semillas.
Una primera función política del rescate de Vicentin quebrada es, entonces, hacer pasar una monumental entrega que se prepara cediendo a toda la extorsión del capital y las potencias internacionales en la reestructuración de deuda. Felipe Solá acaba de agradecer “el apoyo norteamericano” y del FMI a la propuesta argentina. Sin pudor, mientras el mundo se estremece y se moviliza ante las movilizaciones antirracistas del pueblo trabajador norteamericano, que no merecieron una sola palabra de apoyo del gobierno argentino. Se estaría achicando el plazo de gracia, diseñando un bono por los intereses devengados en ese plazo, reduciendo o eliminando la quita de capital, aumentando los intereses y acortando los vencimientos de los bonos de canje.

Nada gratis para los trabajadores

Mientras se agita la maniobra de rescate de Vicentin y sus acreedores como una herramienta nacional y popular, llega al Congreso el proyecto de ley de suspensión de la movilidad jubilatoria hasta el año que viene (que, desde luego, rechazaremos impulsando una movilización de trabajadores y jubilados contra él). Se prorroga por 60 días el pacto UIA-CGT-gobierno para seguir con las suspensiones con rebaja de salarios y para hacerlo posible se prepara un decretazo contra la ley de Contrato de Trabajo que fija en 75 días el plazo máximo de las suspensiones por fuerza mayor. Se decretó, para este junio, una reducción a la mitad de la movilidad jubilatoria. Se han producido 150 mil despidos en el primer semestre y ante la depresión económica se pronostican entre 400 y 800 mil para todo el año, transformando en papel mojado los decretos de prohibición y doble indemnización. Los precios de los alimentos debutaron, el lunes 8 de junio en los hipermercados, con aumentos de hasta el 15%.
Claro, la montaña de emisión monetaria ha ido en parte a la especulación con el dólar metiendo presión sobre los precios, especialmente de los alimentos. Aunque esa emisión no ha sido tanto para enfrentar la pandemia como para sostener el pago de la deuda en pesos que no se refinancia y que solo en junio tiene vencimientos por otros 350 mil millones de pesos. Esta situación será explosiva a medida que se habilitan actividades económicas en todo el país, aunque sea en el marco de aguda recesión. La inflación esperada para el caso de que se evite una hiperinflación, no baja de 40%, cuando en el primer semestre apenas pasaría del 10%.

Discutamos una salida de los trabajadores

Esto hay que darlo vuelta como una media. Los propios trabajadores de Vicentin tienen que exigir continuidad incondicional de salarios sin las rebajas y suspensiones que vienen sufriendo, el otorgamiento de sus aumentos paritarios, como el previsto en Aceiteros y de las condiciones de convenio. No acordamos con el reclamo de la Federación de Aceiteros de un lugar en el Directorio (¿del fideicomiso?), se trata de una política largamente fracasada. El movimiento obrero debería contribuir planteando la estatización sin indemnización alguna de los activos de todas las compañías y grupos, propios y asociados de Vicentin, sean parte del concurso de acreedores o no, abriendo los libros de las compañías al control obrero y comenzando una gestión de los trabajadores del grupo. No es la política de las burocracias sindicales en todas sus alas, incluido Aceiteros, absorbidas por la movida oficial. Esta política será parte de los planteamientos del Plenario Sindical Combativo que se moviliza el 16 próximo en todo el país.
Una estatización de este tipo debería estar acompañada del control por parte del Estado del comercio exterior y una banca pública única que verdaderamente sirvan para terminar con las maniobras devaluacionistas y la fuga de capitales, así como extender una verdadera soberanía a la nacionalización de los hidrocarburos y compañías energéticas.
Al servicio de esta lucha política, Romina Del Plá es cabecera de un proyecto del Frente de Izquierda que opondremos en Diputados a la estatización trucha del gobierno de los Fernández. El mismo papel cumple el proyecto de impuestos progresivos a las grandes rentas y fortunas y el no pago de la deuda, que ya reúne miles de firmas de apoyo entre activistas del movimiento sindical, de la cultura, de los jubilados y del movimiento estudiantil.
El 16, todos, desde cada lugar del país, en la calle o en la movida virtual, participemos de la jornada nacional de lucha del Plenario Sindical Combativo.

Néstor Pitrola