Vicentin: ¿otra YPF?

Vicentin ha sido intervenida por el gobierno de Alberto Fernández, quien personalmente anunció que se enviará un proyecto de ley declarando a la empresa concursada de utilidad pública y sujeta a expropiación. Declaró al mismo tiempo que se trata de un “rescate al servicio de la soberanía alimentaria” del país y designó a Gabriel Delgado su interventor, pasando a depender de YPF S.A., que a su vez creará un departamento “agroalimentario”: YPF Agro. Enfatizó en preservar la colocación de su producción a los 2.600 productores agrarios que trabajan para la compañía, pero no fue tan claro en la cuestión de la preservación de los puestos de trabajo de los 7.000 trabajadores que dependen de la propia Vicentin. A ellos los llamó a sumarse al plan de rescate.
Son muchos los interrogantes, pero también varias certezas para analizar y contribuir a una política desde el campo de los trabajadores de Vicentin y de los trabajadores en general, porque sin duda no será el primer ni el último caso de quiebras que ponen en liquidación miles de puestos de trabajo.
Vicentin se trata del mayor default privado desde 2001. Del default de un pago de U$S 350 millones en diciembre, pasó a una convocatoria de acreedores en febrero, con una deuda estimada en U$S 1.350 millones de dólares. De ellos, $18.000 millones fueron contraídos con el Banco Nación en un caso absolutamente escandaloso de “capitalismo de amigos” bajo la gestión de González Fraga durante el gobierno de Macri, lo que ha dado origen a un voluminoso expediente judicial.
Nadie entiende cómo puede quebrar una empresa que resultó la cuarta mayor exportadora del país en 2018/2019, años durante los cuales liquidó 8,4 millones de toneladas de granos y en 2019 su cerealera exportó 2,6 millones de toneladas de granos, 5,9 millones de toneladas de subproductos y 1,4 millones de toneladas de aceites. Ocupó el cuarto lugar en el ranking general y primera en subproductos y aceites. Su facturación anual orilla los U$S 4.000 millones. El holding posee Renova, la fábrica de aceite más moderna y eficiente del mundo, el frigorífico Friar, Algodón Avellaneda, Arsa, que maneja los yogures y postres que le compró a Sancor, además de la oleagionosa San Lorenzo. Es dueña del Puerto Público de Rosario (…) bodegas (…) Y hasta tiene Renopack, una planta de envases para los aceites que elaboran desde Molinos (…) a Marolio. La diversificación llegó a la industria del cine, con una productora que realizó la película “El padre Jorge” (12/02). Contabiliza además sociedades en Paraguay, Brasil y España.
Pero Vicentin está asociada a otros grupos, en particular la Suiza Glencore con la que comparte la propiedad de Renova, que posee plantas de biodiesel y glicerina en San Lorenzo y molienda de soja en Timbúes. Renova es propiedad de Vicentin Family Groupe, una sociedad separada de Vicentin S.A.I.C. que acaba de ser intervenida por el gobierno de Fernández. Glencore ya es dueña del 66% de Renova y quería el otro tercio hasta que se declaró la pandemia y cambiaron las cosas. Por un lado EE.UU. cerró definitivamente la importación de biodiesel con aranceles proteccionistas estrafalarios y por otro lado cambió el mercado mundial. Todo indica que la intervención no abarca al conjunto del grupo y sus propiedades.
Por otro lado, ha sido anunciada por Fernández, Kulfas y Sagasti (la senadora kirchnerista a la que se atribuye el proyecto de rescate) la formación de un Fondo Fiduciario que gerenciará el departamento Agro de YPF. El Presidente se esmeró en aclarar que YPF tiene amplia experiencia en la operación de una sociedad “mixta”, es decir, que opera y cotiza en la bolsa de Nueva York y por lo tanto sujeta a sus normas y controles.
Lo explicitado y esbozado, que tendremos que examinar a fondo cuando lleguen los proyectos de ley, está inscripto según se ha informado en un plan de “incentivos” a la producción y exportación de alimentos. Otra definición destinada al “mercado” y a ubicar la maniobra como un verdadero rescate, cuyo final puede ser una reprivatización o una indemnización en el marco de asumir el pasivo descomunal de deuda con los bancos que serían los acreedores de unos U$S 1.000 millones y el resto con sociedad comerciales y productores privados.
Mucho menos explícito fue el gobierno respecto a la situación de los trabajadores. Los obreros aceiteros están trabajando de forma desigual según las plantas, en algunos casos con guardias mínimas, con una producción en algunas plantas reducida al 30/40% y el 3 de junio pasado recibieron según se informaron en el Ministerio de Trabajo una oferta de rebaja del 30%. La cuestión de continuidad incondicional de los puestos de trabajo, el respeto al convenio y el pago integral de salarios y de la paritaria firmada por Aceiteros aparece en el centro de la escena para impulsar asambleas de inmediato.
Las medidas anunciadas por el gobierno no aseguran ni la continuidad incondicional, ni las garantías a los trabajadores, ni el cobro de las deudas a las fortunas de todo el grupo. El plan anunciado puede terminar en un jugoso negocio como el que hizo Repsol (indemnizada por U$S 5.000 millones que se estiraron hasta casi el doble después de vaciar las reservas petroleras y dejar un pasivo indeterminado), pagando a los vaciadores. Por otro lado, sometiendo a una superexplotación de los trabajadores para pagar las deudas a los bancos y proveedores.
Lo anunciado está en las antípodas de una nacionalización al servicio del país y de los trabajadores, tal vez la prueba más expresiva sea que las acciones de YPF han subido un 14% en estas horas. El Partido Obrero ha planteado desde el primer momento, en diciembre, la expropiación sin indemnización de todo el grupo y de las fortunas personales de las familias Padoán-Nardelli, sus dueños. Las cuentas deben ser abiertas al control de los trabajadores y la gestión de la producción a pleno y bajo convenio colectivo solo puede hacerse bajo gestión de los propios trabajadores de la empresa estatizada. Las asambleas obreras tienen que tomar en sus manos el destino de su fuente de trabajo en toda su perspectiva.

Néstor Pitrola