El gobierno de Alberto Fernández acaba de presentar el proyecto de ley que congela hasta el 31 de diciembre del 2020 la movilidad jubilatoria que se había impuesto durante el gobierno de Macri.
Este congelamiento ha llevado a que en marzo se otorgara un 2,3% más una suma de $1.500 para la mínima y amentos de porcentaje decrecientes para los que cobraban más que la mínima, y en junio 6,12%. Si se hubiera aplicado la fórmula anterior, basada en la inflación y en la variación salarial, en marzo hubiera correspondido 11,56% para todos los jubilados y en junio 10, 91%.
En la presentación judicial encarada por la Defensoría de la Tercera Edad, que adicionó una ampliación a la demanda colectiva presentada en marzo, se cuestionó la suspensión de la movilidad, ya que con esto los jubilados perdieron entre $541 y $14.022 según los distintos niveles de ingresos, desde los más bajos a los más altos (Infobae 05/06).
La anulación de la movilidad fue una de las primeras medidas del gobierno, concretada a pocos días de la asunción presidencial de Fernández, con lo cual se avanza en la abolición de todo vínculo de las jubilaciones con los sueldos de los trabajadores en actividad (salario diferido) y se consolida una pérdida anual enorme. Es una regresión, una desvalorización aún mayor a las de por si miserables jubilaciones.
Como muestra podemos observar que lo que en mayo era un haber mínimo de $15.892 por el decreto, pasó a $16.864 en junio, cuando debería haber sido de $17.403 según la ley de movilidad. Una jubilación de $20.000 pasó a$ 21.224 en junio y debió haber sido de $22.371. En el caso de una que en mayo era de $106.934, por decreto cobra en junio $113.478 y debería haber cobrado, por la movilidad anterior, $127.498 (abogados Bernabel &Asociados).
Fuente: Infobae
En el nuevo proyecto presentado, el gobierno plantea la continuación de la suspensión de la movilidad, con fundamentos en la pandemia, mientras con todo descaro se pagaron las ATP (subsidio a los empresarios) y se eximió a las patronales de hacer los aportes, otorgando también préstamos a tasa cero, todo con dinero de la Anses. Es decir que Fernández, Moroni, Raverta, Massa y Cristina Kirchner se consideran con atribuciones y derechos para usar los fondos jubilatorios para rescatar y subsidiar a las patronales, a los capitalistas como Techint, Clarin, Aluar y compañía, mientras imponen una nueva suspensión del derecho adquirido emergente de la movilidad establecida en la ley 27.426.
Para esto cuentan con la complicidad de las direcciones sindicales de la CGT y la CTA cuyas intervenciones son relativas a apoyar la política del gobierno en las negociaciones de la deuda con el FMI, que incluyen los recortes jubilatorios, así como ataques contra los sueldos y los convenios del conjunto de los trabajadores.
Bajo estas circunstancias se plantea la intervención de los trabajadores jubilados y los trabajadores activos pare rechazar este nuevo robo a los jubilados, defendiendo la movilidad, apoyando el amparo colectivo, reclamando el 82% móvil, los $45.020 de jubilación mínima, defendiendo las cajas provinciales y los regímenes especiales, los cuales también quieren ser considerados en la reforma previsional en marcha, como lo muestra lo obrado en Córdoba.
Se impone, junto a este programa, la restitución de los aportes patronales, la devolución de todas las deudas del gobierno con Anses y terminar con el trabajo en negro y con las rebajas salariales. Así como la necesidad de la dirección de trabajadores y jubilados en la Anses y en las demás cajas.
El 16 de junio, en la movilización y jornada de lucha decidida por el Plenario Sindical Combativo estos reclamos estarán en primera línea, del mismo modo que se hará desde la banca del Frente de Izquierda Unidad.
Nora Biaggio
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