Se ha levantado una gran polvareda por la sesión del Senado que votó la formación de una comisión investigadora de las “relaciones crediticias entre el Banco Nación y la empresa Vicentin”. La oposición señala que el proyecto no reunió los dos tercios necesarios, y que su posibilidad de denunciar esa situación fue “cercenada” por CFK. La crisis en torno de esta votación ha roto el acuerdo en torno de las sesiones virtuales.
De todos modos, estamos ante un gran fuego de artificio. La “comisión” se propone investigar algo que ya está completamente claro y difundido, que son las “relaciones crediticias” entre el Nación y Vicentin. Los senadores oficialistas, con CFK a la cabeza, dejaron fuera de la investigación a las empresas off shore de la cerealera o los movimientos contables o dinerarios con las sucursales en Paraguay y Uruguay. La comisión sería una apretada mediática contra el concurso de acreedores que se tramita en Reconquista.
El lío del Senado quiere tender un velo sobre el monumental fracaso del gobierno en la tentativa de expropiación e intervención de Vicentin. Como no tenía los votos para eso en Diputados, ahora desafía a los bloques que rehusaron acompañar la expropiación a que se atrevan a rechazar una comisión que investigue la estafa.
Para salir del rechazo judicial a la intervención del gobierno nacional, los Fernández acogieron el plan del sojero Perotti en favor de una intervención consensuada con el juez concursal, los restantes acreedores y la patronal. Sin resultado, porque el juez del concurso de Vicentin resolvió archivar el plan Perotti. El gobernador de Santa Fe ahora quiere crear un “incidente” judicial apartado del expediente del concurso de acreedores. En buen español, lo cual no modifica la restitución del directorio de la empresa. Animado por esta evolución de la crisis, uno de los directivos de Vicentin, Máximo Padoan, reconocía que continúan las tratativas con Glencore para una venta parcial de los activos de Vicentin, en el marco del concurso. Todavía no aclaró, sin embargo, dónde están los u$s150 millones que recogió de la venta del 16% de la refinería Renova a ese mismo grupo, antes de declararse en cesación de pagos.
El fracaso de la intervención-expropiación oficial devuelve la crisis de Vicentin a un concurso que se encontraba en un completo impasse, después de cuatro meses de trámites. Si la convocatoria se resolviera por medio de una extranjerización de la cerealera, el gobierno quedaría enfrentado a una crisis política mayor, en especial si ocurre antes del arreglo de la deuda externa. Los Fernández no han abandonado la actitud huidiza frente a la quiebra de Vicentin, ya que no responden cómo harán para pagar los pasivos declarados del grupo, que es de u$s1500 millones y los ocultos, de magnitud incierta.
Marcelo Ramal
26/06/2020
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