Axel Kicillof declaró que existe “cierto margen para introducir cambios” en la renegociación de la deuda externa. En pocas palabras, el “nacional y popular” anticipa una mejor oferta de pago a los fondos buitres. Un dato de esta agachada es el acuerdo bajo el poncho que se trae Kicillof con el comité de acreedores de la deuda externa bonaerense para que no inicien juicios por el incumplimiento de los dos vencimientos que llevaron a la provincia a zona de default.
El “margen” que invoca Kicillof no se ve en el sistema de salud pública provincial, bajo la amenaza de un colapso inminente por la saturación en progreso de las camas terapia. Tampoco se ve en los barrios bonaerenses que carecen de servicios como agua potable o cloacas, y que son focos de contagio del coronavirus y guetos de la miseria.
Con la provincia hipotecada y las cuentas en rojo, las señales del gobernador a los bonistas refuerzan las presiones del capital financiero por mayores concesiones. En el proceso de canje abierto por la reestructuración de 7.148 millones de dólares de deuda, los buitres ya se aseguraron el compromiso de pago del 97% del capital, convalidando el brutal endeudamiento en dólares del gobierno de Vidal. Los bonistas acreditan también a su favor un piso de pago de intereses del 45%, más favorable que la negociación de la deuda externa nacional. Está por verse si el “margen” que invoca Kicillof se refiere a una mejora en los intereses, a un acortamiento de los plazos o a una combinación de ambos beneficios con un plus agregado para cerrar el acuerdo antes del 19 de junio, fecha de un nuevo vencimiento.
Kicillof prepara un pedido de nueva deuda que enviaría la semana que viene a la Legislatura bonaerense. Se trata de 500 millones de dólares que la provincia deberá negociar con los organismos multilaterales de crédito, más otros 20.000 millones de pesos de deuda y la autorización para emitir Letras de Tesorería por 8.000 millones de pesos. Como eso requiere de la aprobación de Juntos por el Cambio en el parlamento, lo que anticipa nuevas capitulaciones y pactos ajustadores con la oposición derechista.
La otro cuestión de fondo en la negociación siguen siendo las garantías de repago que puede ofrecer una provincia quebrada. Al servicio de ello es que Kicillof prorrogó el Presupuesto 2019 de Vidal y avanza en la “armonización” del Instituto de Previsión Social (IPS) con la Anses. Es el primer paso hacia una nueva ofensiva contra las jubilaciones bonaerenses, cuya media es superior a los haberes jubilatorios de la Nación. El golpe contra los jubilados es una exigencia de los bonistas. Entre las garantías está también la supresión de la cláusula gatillo para los docentes y la postergación sin fecha de las paritarias estatales en la provincia de Buenos Aires. La defensa del salario y las jubilaciones, junto al pago a término y completo, deben ser asegurados con la organización y movilización de los trabajadores.
Este ataque que se prepara contra los empleados públicos de la provincia y los municipios exige sacar de la “cuarentena” a los sindicatos, impulsar la convocatoria a cuerpos de delegados y asambleas para votar un pliego de reclamos, empezando por el aumento salarial y la efectivización de todos los contratados y precarizados que se desempeñan como monotributistas, la reincorporación de todos los despedidos, la convocatoria inmediata a paritarias, la investigación y no pago de la deuda externa usuraria.
Daniel Rapanelli
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