La quiebra de la cerealera Vicentin ha pasado de los tribunales de Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe, donde el concurso de acreedores continúa, a las aguas más inquietas del Ejecutivo, el Congreso y el poder judicial, o sea que ha adquirido un carácter definidamente político. Vicentin es el cuarto exportador de soja y de harina y aceite de soja, pero a la vez la empresa más importante de un conglomerado, Vincentin Family Group, que reúne a casi una treintena de empresas más. El destino de la quiebra redibuja el mapa del poder económico en Argentina. En los tiempos recientes del gobierno nacional y popular de CFK-Boudou, la china Cofco adquirió el paquete mayoritario de Noble y Nidera, para convertirse en una de las líderes del mercado agroexportador del país.
No es una crisis ‘empresaria’
Las causas aparentes que llevaron a la quiebra a Vicentin apuntan a un ´shopping´ de empresas agro-alimentarias financiadas con créditos bancarios de corto plazo, como es el caso de la adquisición de Sancor – convertida en Alimentos Refrigerados, o en inversiones en empresas satélites, por ejemplo, el frigorífico Friar. Otro motivo podría ser el emparejamiento de las retenciones a la soja, por un lado, y al aceite de soja por el otro, lo que encareció la materia prima a elaborar. Un tercer elemento en la baraja es la adquisición forzada de granos que realizó Vicentin, con precio a fijar y sin pago inmediato a miles de productores de soja, que llega ahora al 25% del pasivo total. Finalmente, como en toda crisis, interviene el fraude o la malversación, en este caso el desvío de fondos al exterior, mediante la ‘triangulación’ de exportaciones, que son reexpedidas desde una sucursal, por ejemplo, en Paraguay, donde quedan retenidos los ingresos en divisas. Cuando el llamado ´stress financiero´ de la compañía era un hecho, el Banco Nación continuó otorgándole créditos, que Vicentin habría usado para fugar dinero, en lugar de saldar la deuda que tenía con los productores. Además del Nación y otros bancos locales, Vicentin tiene una elevada deuda en divisas con las finanzas internacionales – la tercera parte del total de u$s1.500 millones.
Estas variantes, juntas o separadas, son la resultante de una crisis capitalista más amplia, no un fenómeno aislado como pretenden los voceros nacionales y populares. Eso lo prueban las quiebras de Garbarino y Ribeiro; la renegociación de deuda a que tuvieron que recurrir, entre muchas otras, Arcor y Ledesma; el desplome de las cotizaciones de las acciones empresas de Argentina en la Bolsa; la cantidad creciente de cheques sin fondos y las interrupciones de pagos; o los socorros que prodiga Alberto Fernández a las mayores corporaciones económicas, con el pretexto de la cuarentena, incluidos los salarios de sus ejecutivos. En una reunión reciente con funcionarios públicos, los representantes patronales urgieron una solución al pago de la deuda externa de Argentina para evitar la quiebra de grandes empresas locales endeudadas con fondos internacionales. Clarín, que provee la información, pone esa deuda en u$s15 mil millones, algo inverosímil cuando fue durante mucho tiempo cuatro veces mayor, y debió haber subido aún más bajo el macrismo. La caída del “valor de mercado” de la deuda pública de Argentina ha golpeado a las compañías locales que se atiborraron de títulos públicos bajo el macrismo.
Más que pelea por el mercado
En el concurso de acreedores, que lleva ya medio año, los Vicentin rehusaron vender los activos de la cerealera o del grupo, para saldar las deudas. Sólo lo hicieron en el caso de Renova, la empresa de bio-combustibles que comparte con Glencore, un ´trader´, o intermediario, que se ha convertido en protagonista industrial, a quien le vendió el 16,5% de su participación. De acuerdo con lo que ha trascendido, ofreció pagar a los acreedores sojeros con una quita del 50%, o hacer a ocho años, acompañado de un pago inmediato en efectivo. Rechazó, asimismo, una compra de activos de parte de su socia Glencore, no sabemos si como accionista minoritaria o mayoritaria. Vicentin pretende salir del concurso sin resignar la participación de mercado del conjunto del Vicentin Family Group. El decreto de intervención a la empresa y el proyecto de ley de expropiación ha sido determinado por la crisis del concurso; más precisamente por la perspectiva de desguace del Group. La oferta de compra hecha por Manzano, un ex directivo de Dreyfus y dos o tres grupos más, no solamente encuentra la resistencia de los Vicentin, sino de todos aquellos persuadidos de que se trata de testaferros de otros intereses.
Las iniciativas del gobierno apuntan a resolver este impasse. Se diferencian de cabo a rabo de la ´estatización´ de Repsol, porque la española no estaba en quiebra ni tenía a un sector económico como rehén, mediante el default de su deuda. En ningún momento nadie usó la palabra “rescate”; aquella medida tenía en vista sacar a Repsol de lo que despuntaba como un gran negocio -Vaca Muerta - para pasarlo a tropa propia, Galuccio, y a una socia, Chevron. Alberto Fernández parece no recordar y Claudio Lozano lo omite, que fue con Chevron que se firmó un acuerdo para que “el flujo de dólares” fuera al exterior, por medio de una cuenta ´off shore´, conocida como paraísos fiscales - no a Argentina, como se pretende que ocurriría ahora con una nacionalización de Vicentin. El acuerdo YPF-Chevron fue algo más turbio que el retiro a Suiza de los fondos de Santa Cruz, obtenidos por la privatización de YPF, por parte de Néstor Kirchner.
Pocos advirtieron, si es que alguno, la aprobación que recibió el anuncio de Alberto Fernández del “rescate” de Vicentin por parte del estado. Héctor Huergo, editor de Clarín Rural y vocero máximo del capital sojero, se vio obligado a convencer a un atónito panel de TN, de lo pertinente del “rescate”. Lo impulsaba, por otro lado, el hombre que pronto sacará a Argentina del ignominioso default. Las cosas cambiaron enseguida cuando el oficialismo comenzó a hablar de crear “una empresa testigo”, asegurar “el flujo de dólares” al país y alcanzar “la soberanía alimentaria”. O sea, crear una empresa gigante, público-privada, que intervendría en el mercado agro-industrial, suplementada por regulaciones del gobierno. La intervención estatal a Vicentin, como paso a su expropiación, por medio de una ley, quedó a cargo de YPF-Agro, un departamento de la petrolera, que manejar en forma transitoria los negocios de la cerealera.
Atrapado
Bien mirado, la intervención no supera el impasse, deja todo en ´modo espera´, al igual que la prórroga del concurso hasta agosto, por parte del juzgado de Reconquista, con el agregado de que la sede judicial tiene supremacía sobre el Ejecutivo. El proyecto de expropiación no se conoce, por lo cual no se sabe si se expropia el capital accionario de la empresa o sólo sus activos; si es solo sobre la cerealera o la totalidad del Grupo, en cuyo caso el estado se convertiría en socio minoritario de numerosas empresas; si es no o una expropiación selectiva. En cualquier caso, los $18 mil millones que Vicentin debe al Nación, no alcanzarían para cubrir el monto de las indemnizaciones y el pago del restante dos tercios de la deuda total. Los funcionarios de YPF que administrarán el fideicomiso YPF-Vicentin (el CEO, Afronti) han dicho que la deuda con los productores se saldaría con los ingresos de la empresa de aquí en adelante. Como una situación de quiebra produce una devaluación del capital accionario, porque éste deja de producir ganancias y acumula deudas, el interrogante es si el tasador del estado valuará a Vicentin de acuerdo a su quebranto o a su puesta de nuevo en funcionamiento. En este sentido, la intervención a Vicentin es, sí, una operación de rescate de los accionistas – la familia Vicentin. Entretanto habrá que ver si la justicia valida la intervención del gobierno o continúa con la soberanía exclusiva sobre el concurso.
Que un estado quebrado salga a rescatar a los accionistas de una corporación privada, no solamente es una paradoja, sino que comporta una confiscación al conjunto del pueblo. Argentina se encuentra en default con su deuda financiera y forzado a financiar la economía con créditos del Banco Central. Reduce el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones. En estas condiciones, si quiere mantener una unidad de producción o incluso evitar la injerencia de capitales extranjeros, no debe rescatar al capital quebrado sino proceder a una expropiación sin indemnización. Sin embargo, para que esa expropiación sin pago sirva a los intereses populares, falta todavía que se deroguen los cepos salariales y jubilatorios, se abola la precarización laboral, se respete las ocho horas de trabajo, se repongan los aportes jubilatorios de la patronales. El carácter progresivo o progresista de una expropiación lo determina la mejora que introduce en la vida de los trabajadores, no el rescate del capital a expensas de los trabajadores.
Sobre expropiaciones
En algún reportaje, Alberto Fernández aseguró que podía “rescatar” Vicentin con la deuda, por $18 mil millones, que Vicentin tiene con el Nación. Esto representaría una confiscación del patrimonio financiero del banco. El Nación ha sido usado, antes por los K y luego por Macri, para comprar deuda externa, al igual que el Banco Central, que hoy cotiza a menos de la mitad del valor a la que fue adquirida. Una expropiación sin pago no debe ser en perjuicio del Nación, que deberá recuperar lo prestado en otras condiciones, determinadas, llegado el momento, por una política propia de los trabajadores y la clase obrera, no para que el banco oficial sea la caja del capitalismo agrario y del pago a los fondos internacionales. Por otro lado, las expropiaciones aisladas, como la que se insinúa, inserta al estado en una competencia con rivales capitalistas de infinito mayor poder financiero y político. El objetivo que persigue la expropiación del capital es suplantar y abolir la anarquía del mercado, para proceder a una planificación orientada a los intereses de las mayorías. Por eso, la expropiación del gran capital debe tener un carácter colectivo.
El trámite de la intervención preventiva a Vincentin y del proyecto de expropiación, han desatado una crisis política de gran alcance. Ha sido golpeado el sistema económico en su núcleo duro: el que no enfrenta crisis, siempre tiene financiamiento – se puede endeudar en dólares porque ‘produce’ dólares. Vicentin ingresa a la quiebra como producto del derrumbe económico bajo el macrismo, no como resultado de un gobierno ‘populista’; remata la quiebra del macrismo. El proyecto de expropiación aborda un escenario incierto. No tiene los números en Diputados y debuta con un conflicto con el concurso judicial. Cuando se observa el recorrido del tándem Fernández-Guzmán en la negociación de la deuda externa, entregado a los fondos internacionales, las negociaciones por la expropiación parecen encaminarse hacia el mismo fiasco. La crisis política responde a una bancarrota del sistema capitalista en su conjunto, generando opciones ´estratégicas´ conflictivas en el campo capitalista. Es una crisis y un debate de poder.
Los socialistas debemos aprovechar el momento estratégico para reforzar el debate y la propaganda estratégica, con vistas a abrir una perspectiva revolucionaria.
Jorge Altamira
10/06/2020
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