Los mentideros oficiales no le han dado el lugar que corresponde al golpe judicial perpetrado por el juez concursal de Vicentín, quien derrocó al interventor del gobierno, lo convirtió en “veedor” y restauró al viejo directorio de la empresa vaciada.
El kirchnerismo, que suele denunciar al ´lawfare´, se encoge de hombros frente a un golpe político-judicial, adoptado por un magistrado que ni siquiera se tomó el trabajo de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad que invocaban los detractores del decreto presidencial.
La razón del “bajo perfil” del gobierno es muy clara: al fin y al cabo, el fallo judicial es un salvataje al gobierno; el proyecto de expropiación no contaba ni con los votos de su propia coalición; tampoco tenía el capital de trabajo para manejar la empresa, ni la colaboración del capital sojero; por último, quedaba entrampado en una deuda, que cada día que pasa descubre nuevos acreedores – hasta los propios Vicentin. En la misma línea de rescatar al pretendiente a rescatista, el gobernador Perotti anunciaba, horas después, un proyecto para convertir a Vicentín en empresa público-privada, pero “en el marco del concurso”, ahora, con el apoyo del propio expropiador, Alberto Fernández y co-pilota ejecutiva.
Aunque el proyecto Perotti deja muchas lagunas, se diferencia de la expropiación en una cuestión muy clara: la decisión sobre la futura participación del Estado en la sociedad mixta queda subordinada a la marcha del concurso (el Estado, con sus bancos y el fisco, no es el principal acreedor de Vicentín). Luego, queda pendiente también la futura participación de la vieja patronal, que cuenta ahora con mayores chances de seguir formando parte de la empresa.
Con la intervención y el anuncio de expropiación, el kirchnerismo y AF se habían embarcado en el compromiso de asumir la gigantesca hipoteca de la empresa quebrada, con un patrimonio equivalente a cero. A ese precio enorme, decía aspirar a incidir en el curso futuro de la cerealera, en medio de la disputa de grupos internacionales por el agronegocio argentino. Esta aspiración ha sido derrumbada por el golpe judicial y sus padrinos: entre ellos, al PJ de las provincias, con Schiaretti y Perotti a la cabeza, el massismo, Lavagna, el gran capital agropecuario y el macrismo. Ha quedado expuesta una fractura severa al interior de la coalición oficial, que tendrá consecuencias en todos los flancos políticos.
La “solución Pescarmona-Macri”
Fernández estudia en estas horas la salida que hace dos años atrás se puso en marcha con la quiebra del grupo Pescarmona, bajo el gobierno anterior. Por eso, La Nación (20/6) no tiene empacho en señalar que AF analizaba una salida “a lo Macri” para el caso Vicentín. En Pescarmona, los acreedores -entre ellos el Banco Nación- cambiaron sus deudas por acciones, y el grupo empresario original preservó el 35% de su participación. La totalidad de las acciones quedaron bajo custodia del Bank of New York y se designó un directorio “profesional”, donde los acreedores privados comparten sillas con los del Banco Nación y el Estado.
El mismo diario relata que todos los acreedores debieron resignar el 50% de lo que le habían prestado al grupo, “con la expectativa de ganar cuando la empresa se venda” (LN, 20/6). Naturalmente, lo que no se dice es que la ´reestructuración´ de Pescarmona implicó un tendal de despidos de trabajadores, asociados a los recortes y desguaces propios de una bancarrota empresaria. El concurso de Vicentín también transitaba por esos carriles: ha trascendido que acreedores internacionales -como el Rabobank- ofrecieron cambiar su deuda por algunos activos de la cerealera, lo cual fue rechazado por el Banco Nación ante la evidente desvalorización que implica un desguace parcial de la cerealera. Pero la tentativa del “rescate integral” ha fracasado: la salida concursal –a la cual también apunta Perotti- devuelve la crisis de Vicentín a su condición de impasse anterior a la decisión oficial de intervenirla. Un escenario de maniobras, donde intervienen bancos extranjeros y posibles testaferros de las cerealeras internacionales.
Conclusiones
La invocación a Pescarmona demuestra que, en el caso Vicentín, se discute mucho más que una bancarrota particular. Vicentín forma parte de un tendal que involucra a la gran burguesía argentina, enfrentada a deudas impagables y al derrumbe simultáneo del mercado doméstico e internacional. El golpe judicial en el concurso de la cerealera es una señal política que trasciende al caso Vicentín: cuestiona la pretensión de los Fernández de desarrollar un arbitraje en ese proceso de bancarrota capitalista general.
El gran capital nacional e internacional exige el “derecho” a que la depuración de capitales sobrantes tenga lugar con sus “métodos”, los cuales incluyen a desguaces, reestructuraciones, cierres, fusiones empresariales y, como corolario de todo lo anterior, despidos y recortes a los trabajadores. La impotencia oficial frente a esta orientación ha quedado expuesta, pues el apoyo de Fernández al proyecto Perotti compromete al gobierno FF en una salida a Vicentín dictada por los monopolios financieros y cerealeros.
Es muy claro que los trabajadores aceiteros no pueden quedar prisioneros de esa política, y deben establecer su propio rumbo en la crisis. Es necesario un congreso de trabajadores de la industria, que establezca un programa y un plan de acción para defender todos los puestos de trabajo, las conquistas laborales, rechazar los planes capitalistas-oficiales y luchar por la nacionalización integral del complejo oleaginoso y sus puertos, sin indemnizaciones ni rescates financieros, bajo control obrero.
Marcelo Ramal
20/06/2020
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