La renegociación de la deuda externa ingresó al capítulo definitorio. Con el vencimiento por 566 millones de dólares del bono Discount, el 30 de junio, se abre un período de gracia de un mes antes de que puedan acelerarse las presentaciones judiciales para resolver el asunto en los tribunales de Nueva York. El gobierno de Alberto Fernández fue arrinconado por los BlackRock, en función de hipotecar el futuro del país.
A diferencia del vencimiento incumplido de fines de abril, el bono que vence ahora carece de las denominadas “cláusulas antibuitre” -que básicamente obligan a contar con una porción importante de los tenedores del bono para recurrir a los tribunales. Este dato importa porque en esta etapa es justamente la imposición de cláusulas legales favorables a los bonistas lo que se coloca en el centro de la negociación, toda vez que la oferta de Martín Guzmán ya arrimó de manera sustancial los montos de capital e intereses que reclaman los comités de acreedores.
En este punto, los fondos reclaman que los bonos que se emitan para la reestructuración de la deuda tengan cláusulas “más estrictas”. Toman como modelo los emitidos por el gobierno de Néstor Kirchner en 2005 (como el Discount en cuestión), los cuales exigen que para poder concretar una renegociación en el futuro el 75% de los acreedores debe aceptar ingresar al canje -a diferencia de lo que sucede con los títulos emitidos bajo el gobierno de Macri, que bajan ese piso hasta un 50%.
Esta paradoja para cualquier kirchnerista sirve a su vez para ilustrar un aspecto más esencial, que no se reduce solo a evidenciar el carácter colonial de la salida nac&pop al default de 2001 -y la farsa del relato del “desendeudamiento”. Se pone de manifiesto que una parte sustancial de la deuda que se renegocia ahora proviene a su vez de rescates anteriores. Lo mismo vale para los títulos emitidos por el macrismo para pagar el acuerdo con los fondos buitre. El hecho de que cada pacto buitre conduzca a un nuevo quebranto nacional retrata cómo la deuda usuraria y fraudulenta opera como mecanismo de sometimiento del país al capital financiero internacional y al imperialismo.
Este aspecto queda más claro con la predisposición de Fernández y Guzmán a aceptar la incorporación de “endulzantes” a la oferta de canje, que hipotecan el futuro de la economía nacional. Trascendió que la propuesta de un cupón atado a las exportaciones no se reduciría a las agropecuarias sino que abarcaría a todas las ventas al exterior. Por otro lado, el cupón PBI que plantea BlackRock establece que las estadísticas sean elaboradas por el FMI, es decir que el organismo tutelaría de manera permanente las cuentas nacionales -como establece el famoso artículo IV de su estatuto. Otra opción sería la incorporación de un cupón asociado a la baja del riesgo país, lo que lisa y llanamente significa que se gatillaría un pago cuando el JP Morgan considere que Argentina puede tomar nuevos créditos para saldar sus viejas deudas. Sumado a todo esto, los fondos pujan porque se amplíe la lista de activos argentinos sujetos a embargo.
Otro punto importante por el cual presionan los bonistas es que el período de gracia se reduzca a dos años, en lugar de tres. Un artículo de Clarín (21/6) lo cuantifica, asegurando que los fondos buscan que Alberto Fernández deba afrontar el pago de 3.800 millones de dólares antes de dejar la Casa Rosada, como garantía de que el ajuste necesario para el repago será llevado adelante durante su gestión.
Recapitulando, tenemos que el acuerdo que se está tejiendo hipoteca cualquier variable de crecimiento económico con la obligación compensar por ello a los especuladores de Wall Street. Para ello descargarán un feroz ajuste contra el pueblo, capitaneado por el Fondo Monetario Internacional. Los detalles de este plan de ajuste se discutirán en la negociación de un nuevo programa con el organismo, que todavía ni empezó. El robo de la movilidad a los jubilados y el vaciamiento de la caja de la Anses es solo un adelanto de lo que se viene, no un “esfuerzo” momentáneo para darle una salida a la quiebra nacional. Mientras tanto, para colmo, el FMI sigue cobrando: en mayo se le pagaron 316 millones de dólares en concepto de intereses por el préstamo stand by que tomó el macrismo.
Como se ve, la presentación simplista que hace Albero Fernández afirmando que el problema es “dejar esta triste manía de tomar deuda que después no puede cumplir” es un encubrimiento. Argentina está en quiebra por el rescate de los fraudes usurarios, que a fin de cuentas dejan al país más hundido en una deuda eterna. Lo prueba el propio gobierno, que mientras cacarea sobre la “sustentabilidad” aumentó en mayo casi 1.600 millones de dólares de la deuda pública, tanto en moneda local como extranjera, después de haber pagado más de 4.600 millones de dólares entre amortización e intereses de deuda durante el mismo mes. El anuncio de que emitirá, a partir de agosto, bonos en dólares para que el gigante Pimco pueda realizar su ganancia en divisas -tras apostar a la bicicleta financiera del carry trade con las exorbitantes tasas de interés del macrismo-, es otra ilustración de lo mismo.
La negociación que el discípulo de Stiglitz anunciaba como un ejemplo de sustentabilidad y una lección contra los fondos buitre, entra en su fase final con el gobierno argentino contra las cuerdas. Lo demuestra la impotencia para frenar las operaciones contra el peso. A pesar de todos los cerrojos que fueron sumando al cepo sobre el dólar, las reservas internacionales brutas del Banco Central han caído cerca de 1.000 millones en mayo. Quienes asumieron prometiendo poner al país de pie están de rodillas ante el capital imperialista, mientras se agudiza la crisis social y sanitaria.
Los trabajadores tenemos que prepararnos para enfrentar la ofensiva que se viene. El único “crecimiento” que traerá mejoras en la vida de las familias trabajadoras es el que partirá de la investigación de estos fraudes contra el país y el repudio de la deuda usuraria. La soberanía nacional para encarar un desarrollo independiente será obra de un gobierno de trabajadores.
Iván Hirsch
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