Por resolución Número 423/2020, el Ministerio de Educación Nacional ha comenzado a activar la elaboración de protocolos para el regreso a clases presenciales. Para ello se creó el Consejo Asesor para la Planificación del Regreso Presencial a las Aulas. Además, este consejo abordará las condiciones de trabajo en todos los ámbitos educativos, mediante comisiones de trabajo, mayoritariamente integradas por la patronal: quince, sin contar al representante de Unicef, contra nueve representantes de gremios nacionales, cinco de ellos de Ctera.
Se busca materializar la presión de los gobiernos, de las patronales privadas de la educación y de los capitalistas en general, que consideran fundamental para la reactivación económica el regreso a las aulas, tanto para la producción capitalista cuanto consolidar retrocesos salariales y laborales para los educadores.
Provincias como Santa Fe, Córdoba, Jujuy o Mendoza vienen reclamando la reanudación de clases presenciales desde hace más de un mes. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una de las regiones más comprometidas por la pandemia, también pretende abrir los establecimientos educativos, “quiere avanzar en la redacción de un protocolo para el regreso a clases, hizo una serie de reuniones de trabajo con distintos expertos para discutir sobre el tema y se compartieron varios modelos de países como Israel, Francia, Estados Unidos y también Uruguay” (Clarín, 6/6).
Nicolás Trotta también “confirmó que la reanudación de las clases está proyectada para mediados de agosto en todas aquellas provincias sin transmisión comunitaria del virus” e incluso que “existe la expectativa de que si en las próximas semanas la realidad de la Ciudad y el Conurbano se comienza a parecer a la realidad del resto del país, pueda proyectarse el regreso de las clases en agosto” (Clarín, 5/6). Trotta habla de protocolos que lleven tranquilidad, pero acepta que “el virus no va a desaparecer, tendremos que aprender a convivir con él” (El Día, 4/6). El optimismo de Trotta difiere del pesimismo del ministro de Salud de la Nación, que declaró que el sistema de salud “si esto se desmadra no tiene ninguna capacidad operativa” (Clarín, 7/6).
¿Bajo qué condiciones?
Las autoridades miran hacia Finlandia, Francia, Alemania, Israel, cuando las escuelas argentinas carecen de las condiciones edilicias, de infraestructura y sanitarias elementales para funcionar normalmente, mucho menos en medio del coronavirus. En los ochenta días de cuarentena, no se ha puesto un ladrillo en las escuelas argentinas. Mirta Petroccini, dirigente de un muy considerado Frente de Unidad Docente Bonaerense (Fudb) con el gobierno de Kicillof, lo sintetizó así: “es impensado que el regreso a clases sea en las mismas condiciones que existían cuando dejamos las escuelas a mediados de marzo. A partir de ahí, y recogiendo el pensamiento de muchos docentes, podemos especular con diferentes modalidades y escenarios, pero no tenemos mayores certidumbres” (El Día, 4/6).
La apertura de las escuelas deberá contar con todas las garantías y condiciones para ello, bajo el control de comités de seguridad e higiene de cada establecimiento, integrado por docentes y comunidad educativa.
¿Contagiarse para estudiar y trabajar?
Todos los modelos de apertura se plantean en el marco de la existencia de la pandemia. En CABA, los expertos recomiendan el sistema israelí, basado en la regla que denominan “4-10” , “un ciclo de actividad de dos semanas donde la gente sale de sus casas por cuatro días consecutivos para hacer sus actividades, ya sea ir a la escuela o trabajar, y luego entra en un aislamiento de diez días corridos, aprovechando una de las propiedades clave del virus, su período de latencia. Es decir, ese lapso promedio de tres días, según afirman los expertos, entre el momento en que una persona se infecta y llega al pico donde puede contagiar a otros”. El quid de este esquema es organizar una agenda para que coincidan los días en que los chicos van a la escuela con los días que sus padres van a trabajar.
El resultado de esta política en Israel, que especula con el manejo de la rotación del virus en función de la reactivación económica, fue un salto vertiginoso del crecimiento de la pandemia, lo que obligó a cerrar un centenar de escuelas y a poner a 18.000 estudiantes en cuarentena. Situaciones similares se produjeron en otros países que actuaron de la misma forma, como el caso de Francia.
Defensa de los derechos laborales y salariales
Un aspecto esencial de los protocolos de reapertura es convalidar los avances de precarización y flexibilidad laborales, impuestas por el teletrabajo, los despidos masivos de más de 100.000 docentes, el congelamiento salarial. Ello ha sido convalidado por la dirección de Ctera en la reciente reunión de la paritaria nacional en la cual se institucionaliza el trabajo remoto en las condiciones de flexibilidad laboral que los docentes enfrentan.
La educación pública ingresó a la pandemia en una situación de colapso. Ahora está en medio de un ajuste histórico, y de una reforma laboral de hecho. Lo propio vale para el ataque de las jubilaciones docentes en todo el país, como lo demuestra la avanzada del gobierno peronista en Córdoba.
En la futura reapertura de las aulas, a los protocolos de destrucción educativa y laboral opongamos el protocolo de los trabajadores de la educación y de la comunidad educativa, en defensa de la salud, el salario, el trabajo y las necesidades materiales de las familias de los chicos y chicas a quienes educamos.
Daniel Sierra
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