El presidente, Kicillof y Larreta anunciaron una flexibilización del aislamiento social mientras crece el ritmo de contagios de Covid-19.
Alberto Fernández repartió caramelos para todos. Para quienes acusan al gobierno de ser fundamentalista de la cuarentena, mandó a producir un video oficial que explica que el 100% de la actividad agropecuaria del país está en marcha, así como el 81% de los comercios y el 79% de las industrias. El spot concluye advirtiendo que en estas condiciones lo único que podrá evitar un boom de contagios de coronavirus es la “responsabilidad individual”.
Formalmente, sin embargo, anunció la extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio para el Área Metropolitana. Luego explicaría que estamos atravesando el peor momento desde el inicio de la pandemia, pero que probablemente no haya llegado aún el pico de circulación del virus. A pesar de que la cifra de contagios diarios ronda el millar, Fernández volvió a definir como exitosa la política de aislamiento social implementada, gracias a la cual se habría podido preparar al sistema sanitario para evitar un colapso. Las caravanas de trabajadores de la salud que irrumpieron a lo largo y ancho del país durante la última semana ponen en evidencia la exposición que sufren en hospitales y clínicas y, por supuesto, refuta de cuajo la adjudicación decisiva a la “responsabilidad individual” en la propagación del virus.
Después de que el presidente anunciara la extensión de la cuarentena hasta fin de mes, el jefe de gobierno porteño anunciaba en cambio que quedaba habilitada la reapertura de los locales de indumentaria y calzado en la Ciudad de Buenos Aires, además de salidas recreativas. Todo en un tono de felicitaciones y halagos mutuos.
Axel Kicillof no rompió el clima y destacó las concordancias con Horacio Rodríguez Larreta, contra las advertencias que durante los últimos días (cuando la provincia superó a la Capital en número de contagios diarios) vociferaron los funcionarios del Ministerio de Salud bonaerenses, augurando un colapso sanitario si no se retrocede en la flexibilización de la cuarentena. El gobernador también buscó bajar el tono a los roces con los intendentes, anunciando una cuarentena “por fases” según la cual más de 60 municipios pasarán a abrir “casi todo”, mientras que para el Conurbano no solo no anunció una vuelta atrás en la apertura de actividades sino que sigue publicando nuevas habilitaciones en Boletín Oficial. Tras la conferencia de prensa fueron comunicadas apertura de distintos rubros en 18 municipios del Gran Buenos Aires y grandes ciudades como Mar del Plata.
¿Como se piensa entonces contener la expansión del virus? La principal medida que se refrendó fue la puesta en pie de "barreras sanitarias” alrededor de las villas y asentamientos donde se registren contagios, “con la intención de que el virus no salga”. Lo que la formulación omite es que se condena a las familias trabajadoras que allí habitan al hambre y la exposición de su salud en condiciones de hacinamiento y sin recursos de higiene. Los modelos de Villa Azul y Villa Itatí en Quilmes, y el barrio José Luis Cabezas en la región platense, de militarización y abandono, se replicará en todos los barrios donde se indentifiquen focos infecciosos.
El motivo por el cual se siguen flexibilizando las medidas de aislamiento social cuando se registra un salto en la curva de contagios hay que buscarlo entonces fuera de los criterios epidemiológicos. A esta altura, al gobierno le preocupa más que las patronales efectivamente emprendan una reactivación, cosa que no está en absoluto asegurada. Algunas estimaciones calculan que en los próximos meses se perderán unos 200.000 puestos de trabajo por el cierre de empresas y despidos masivos (La Nación, 5/6). Según números de la UIA, la industria alimenticia -que siguió operando durante la cuarentena- empezó a mostrar una caída en mayo (BAE Negocios, 4/6). Un dato destacado del problema es que los subsidios a las empresas no pueden seguir estirándose indefinidamente; de hecho, al ser consultado por un periodista, el presidente descartó que el Estado garantice el pago del medio aguinaldo. El movimiento obrero debe encender las alarmas, ante la ofensiva patronal que se avizora contra el cobro de mediados de año, amparada en el acuerdo que firmaron el gobierno, la UIA y la burocracia de la CGT para avalar las reducciones salariales.
En este punto es muy significativo que, aprovechando las expectativas por un próximo acuerdo con los bonistas -a partir del recule de la oferta de repago-, Alberto Fernández invitara a la quinta presidencial de Olivos a una docena de CEOs de empresas que se ubican entre las más grandes del país. Del encuentro con los popes de la industria como Arcor, Toyota, Aluar/Fate, al parecer no salió ningún anuncio particular, pero sí algunas frases sugestivas del presidente para evitar malentendidos y despejar rumores sobre una injerencia estatal en los directorios empresarios: “Los peronistas somos capitalistas y queremos que a las empresas les vaya bien y ganen plata. Cristina también es capitalista. O ¿acaso ustedes no ganaron más plata con el kirchnerismo que con el macrismo?” (La Nación, ídem). Vale tener presente que Fernández fue a respaldar en persona, junto a Kicillof, la repaertura de las plantas de Volkswagen y Toyota en la Zona Norte del GBA.
Llegamos así a la pregunta ineludible. En los términos del discurso oficial, ¿el gobierno está priorizando la salud o la economía? La única contraposición entre una y otra es el interés privado capitalista, que consume los fondos públicos en subsidios y en el pago de la deuda cuando el sistema sanitario está en ruinas, que expone la vida de los trabajadores para obligarlos a producir sin garantizar condiciones sanitarias de trabajo ni de transporte, que convierte a la cuarentena en una pesadilla para las familias que quedan sin ingresos ni asistencia. El Estado no puede resolver la contradicción entre salud y economía porque se rehúsa a disponer de los recursos sanitarios de la salud privada y a intervenir sobre el las empresas para orientar una reconversión productiva en función de las necesidades sociales que genera la pandemia. En lugar de ello, utiliza la plata de los jubilados para subvencionar al capital.
Para salir de esta contradicción hace falta centralizar el sistema sanitario bajo control de sus trabajadores, y disponer un aumento presupuestario de emergencia sobre la base de un impuesto a las grandes rentas y fortunas; abrir los libros de las empresas para dar cuenta del real estado de las cuentas y garantizar el pago íntegro de salarios y aguinaldos, junto a la prohibición efectiva de los despidos y suspensiones; disponer un subsidio de 30.000 pesos a los desocupados, y la provisión de alimentos y elementos de higiene necesarios para que las familias puedan cumplir la cuarentena. En suma, hace falta un control popular del aislamiento social y de las medidas necesarias para enfrentar la pandemia. Pero eso, al igual que la solución de la crisis habitacional y la miseria que están en la raíz del drama del boom de contagios en las barriadas, solo puede ser encarado por los propios trabajadores.
Iván Hirsch
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