Entrevista a la legisladora (MC) Laura Marrone del FIT (IS)
M.H.: Hubo una medida cautelar dictada por el Juez Gallardo, ordenando al Gobierno porteño entregar computadoras portátiles a cada estudiante que se encuentre en situación de vulnerabilidad y el acceso a internet en las villas.
L.M.: Una gran alegría el fallo del juez Gallardo, que no me extraña porque ya en otras oportunidades ha tenido fallos favorables al pueblo trabajador. Después el gobierno de Larreta apela y las instancias superiores anulan sus fallos, pero es un gran paso adelante para visibilizar lo que es hoy uno de los factores de privación del derecho a la educación de muchos niños en nuestra Ciudad y el país.
Este fallo dice efectivamente que el gobierno de la CABA tiene que poner antenas que permitan el acceso a la conectividad en los barrios vulnerables, estamos hablando de las Villas 31, la 21-24, etc., y permitir el acceso a las plataformas como Google y demás, con datos móviles sin límites para aquellas personas que manifiesten que no pueden acceder a estos servicios para poder seguir las clases virtuales.
En nuestra Ciudad sorprendentemente el jefe de Gobierno dijo en una de sus últimas conferencias que el 93% de los estudiantes estaban siguiendo las clases con acceso a conectividad. Yo he sido legisladora, he visto muchas circunstancias en las que el gobierno dibujaba cifras pero esto es tan grosero que me quedé estupefacta. Y no es sólo el tema que en una estadística se diga que en tal familia hay celulares con acceso a internet, el problema es que los datos tienen un límite y una comunicación por video-llamada o en teleconferencia en una hora consume los datos de un mes.
Hay que afinar muchísimo más la punta cuando se delimita qué significa tener acceso al derecho a la educación en un momento en que la presencialidad no puede ser efectiva. Sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires donde todos sabemos que nos estamos acercando a un pico de la pandemia.
El fallo tiene incluso precisiones, le da plazos al gobierno. Estoy recibiendo comunicaciones de directores de escuelas que dicen que se cansan de llamar al número de teléfono que da el gobierno de la Ciudad para desbloquear las notebooks, algunas escuelas tienen de entregas anteriores, y no logran comunicarse para ponerlas en uso. Sabemos que hay escuelas que tienen notebooks y les faltan cargadores, escuelas que tienen cargadores y no tienen las notebooks. Todo eso requeriría un esfuerzo mínimo para poder tener el acceso a las computadoras. Que es una parte, el otro problema es el acceso a la conectividad.
En este aspecto quiero señalar una iniciativa que armaron referentes de terciarios y universidades y también escuelas secundarias, un petitorio extendido al gobierno de la CABA y al gobierno nacional y de las provincias que se considere un Derecho Humano en este momento el acceso a internet y que los distintos gobiernos articulen las medidas necesarias para que se acceda a las plataformas sin límites de datos y se distribuyan gratuitamente a quienes no los posean, tanto estudiantes como docentes, los dispositivos que permiten la conectividad.
Vemos en distintas provincias ataques al salario, a la jubilación y al Estatuto docente
M.H.: Uno de los Derechos Humanos conocidos como de sexta generación que tiene que ver con este tipo de situaciones, como la conectividad a internet.
Hay una serie de situaciones planteadas en varias provincias que no tienen ningún tipo de publicidad, Tierra del Fuego, Neuquén, Chubut, Entre Ríos, Santa Fe, que afectan a los docentes.
L.M.: Tengo información de Entre Ríos donde hubo una movilización en Paraná la semana pasada de docentes de distintos niveles, reclamando la reapertura de las paritarias porque en muchas provincias no se garantizó la actualización salarial de acuerdo a la inflación.
M.H.: En Tucumán y Chaco también.
L.M.: Lo de Tucumán fue a principio de año, antes de la cuarentena. El gobernador Manzur es un baluarte de estas políticas de aplastamiento de los derechos de los trabajadores. En varias provincias los docentes están reclamando, en algunas junto a los estatales, que se respete el derecho a la reactualización salarial de acuerdo al costo de vida. A mí me gusta hablar de que estamos pidiendo la actualización, no aumento, aumento no hay, hay una pérdida salarial constante con el tema de paritarias que se venían firmando por debajo de la inflación y en este caso ya es escandaloso una paritaria que no se ejecuta directamente.
En Córdoba, el gobernador Schiaretti estableció una reducción salarial. En Catamarca el gobierno quiere avanzar en una reforma del Estatuto del docente, una ambición largamente postergada desde los 90 que es aplicar la reforma laboral para los docentes liquidando las conquistas de la estabilidad laboral, el salario que no es por productividad sino por antigüedad, etc.
Vemos en distintas provincias ataques al salario, a la jubilación como en Córdoba, ataque al Estatuto docente en Catamarca y una nueva que acabo de descubrir en Chaco. Con Capitanich a la cabeza y su ministra de Educación se está desarrollando un Congreso pedagógico en medio de la cuarentena, donde están discutiendo una reforma de la formación docente, muy al estilo de lo que en su momento propició y quiso imponerse en la Ciudad y que está relativamente congelado, que fue la famosa UNICABA.
M.H.: ¿Un Congreso pedagógico clandestino?
L.M.: No, virtual. En medio de la cuarentena. Y el foco es modificar la Ley superior y la estructura de los Profesorados. Esto está muy vinculado a la discusión que venimos llevando adelante en los Profesorados de Ciudad para defender la presencialidad como matriz del sistema educativo en todos los niveles.
Y detrás, agazapadas las empresas de servicios educativos que quisieran que los ministerios de Educación de las distintas provincias les estén enchufando a los docentes el uso de plataformas para empezar el negocio.
M.H.: En Chubut no cobran los docentes, ni los jubilados, ni los médicos.
L.M.: El gobernador Arcioni dijo que le iba a pagar a la policía pero no a los docentes ni a los médicos ni al personal de salud. Es sumamente doloroso porque además se combina con la intención de entregar los recursos naturales como garantía de la deuda provincial.
M.H.: Contra el 98% de la opinión de los habitantes de Chubut según una encuesta que salió en estos días.
L.M.: Es muy grave, porque es una avanzada de las grandes empresas.
M.H.: Y eso que algunos dicen que viene el comunismo después de la pandemia.
L.M.: Por el contrario, viene una dura lucha por mantener el derecho a la tierra, a la identidad nacional y a la soberanía que cualquier burgués de Siglo XIX hubiera defendido. Acá tenemos una burguesía cipaya que se conforma con ser socia menor de alguna empresa multinacional y de última irse a Miami cuando las papas queman un poco.
Nuestro trabajo es muy grande, además hay que explicarle a la población que no solo luchamos por el salario o una reivindicación parcial, la ofensiva es brutal. El ajuste ha pasado en algunos grados, no todo lo que los empresarios quisieran, pero la pérdida de salario es terrible, las suspensiones, los despidos. Tenemos un país con un 40% de población en negro que ni se registra en las estadísticas oficiales y este es un país en una miseria que no necesita serlo porque tenemos recursos naturales que permitirían el desarrollo de la vida de sus habitantes de una manera digna.
Mario Hernandez
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