Inundaciones y descontrol administrativo en la Cuenca del Salado

Las inundaciones en curso por lluvia y anegamientos desnudan la responsabilidad política de 50 años de inercia de gobiernos militares y civiles y del actual que en 18 meses no ha resuelto nada, aun conociendo que a finales del verano y en otoño es cuando caen las grandes lluvias en la zona y producen enormes pérdidas.
La cuenca del Río Salado se extiende por 170.000 km2 desde el sur de Santa Fe y de Córdoba, ya en provincia de Buenos Aires va de General Villegas a la Bahía de Samborombón y está ubicada en la pampa deprimida, una de las regiones más aptas en el mundo para la agricultura, la cría de ganado y la explotación industrial de lácteos. La cuenca recorre 21 localidades de la provincia de Buenos Aires, tiene 29 lagunas y 11 cursos principales de agua.
La elaboración del proyecto del Plan Master de Obras para la cuenca del Salado que evite inundaciones fue encargado en 1997 a la consultora inglesa Sir William Halcrow & Partners por el gobernador Eduardo Duhalde y costó u$s3.300.000 financiados por el Banco Mundial. “El Plan Master constaba de 7 etapas de las cuales se ejecutaron sólo 3”, según Rodrigo Silvosa, subsecretario de Infraestructura Hidráulica de la provincia (Diario Democracia, 29/1).
Una de las reguladoras de crecientes dentro del Plan Master es la laguna Mar Chiquita, que está en Junín. Dicha laguna fue destinada a ser "reguladora de crecientes", retardando los picos de crecida, y no como reservorio. En 2014, la Autoridad del Agua emitió la resolución 804 que indicaba forma y manejo de las compuertas de esa laguna, protocolo que no cumplieron durante 2016 ni Hidráulica, ni el Comité de cuenca de Junín a cargo del intendente Pablo Petrecca (Cambiemos).
Este año, la laguna fue manejada por la autoridad de provincia -imprudentemente- como reservorio. Durante las épocas de lluvia de 2016 y las de enero-febrero 2017, no le bajaron su cota, por lo que al estar al límite comenzaron desbordes incontrolables que colocaron a Junín al filo del anegamiento.
El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH) para financiar obras relacionadas a inundaciones, recaudó en 2016 $3421 millones de pesos de impuestos a la nafta y GNC. De ese dinero, el macrismo solamente utilizó $ 610 millones para abonar obras en curso y otros $ 502 millones se asignaron al Plan de Control de Inundaciones. (Informe Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura). El gobierno ejecutó sólo un 30% de lo recaudado para prevenir inundaciones.
El descontrol está naturalizado con el manejo arbitrario de los créditos internacionales que desde la década del ’70 se escurrieron como agua entre los dedos. Sólo a modo de ejemplo, ya en 1985/87 se solicitaron al BID u$s125 millones para obras en el Rio Salado.
Que se abran los libros contables bajo control obrero queremos saber cuál es la recaudación exacta del FFIH y a qué la están destinando. Hay que poner bajo control obrero y con derecho a veto los créditos internacionales.
Ante la desocupación masiva producida por el ajuste macrista habilitemos la bolsa de trabajo en los barrios. Un plan de obras públicas debe formar parte de un plan general, trazado para un período de varios años, bajo control, gestión y administración obrera que garantice desde la inversión correcta hasta el final de obra.

Lisandro Martínez