Ante el juez Daniel Rafecas, Patricia Walsh solicitó por primera vez que se abra una causa para investigar el homicidio de su hermana en el marco del genocidio. Vicki Walsh murió el 29 de septiembre de 1976, víctima de un operativo del Ejército.
El 29 de septiembre de 1976, más de un centenar de soldados del Primer Cuerpo del Ejército rodearon con tanques, autos y hasta un helicóptero la casa localizada en Miguel del Corro 105, en el barrio porteño de Floresta. Dentro de la vivienda estaba reunida la secretaría política de Montoneros, que resistió durante una hora y media el “terrible, enorme” operativo militar, hasta que finalmente sus integrantes murieron. La hija mayor del escritor y militante Rodolfo Walsh, María Victoria, era una de ellos. Su hermana Patricia Walsh solicitó ayer ante el juez federal Daniel Rafecas que la muerte de Vicki sea, por primera vez, investigada en el marco del genocidio que tuvo lugar en el país durante la última dictadura cívico militar. “A lo largo de los años, los juicios y los testimonios fueron aportando más datos del operativo en el que murió mi hermana, la investigación a fondo del hecho siempre estuvo pendiente. Esperemos que ahora se pueda terminar con la impunidad que rodea a sus responsables”, postuló la ex diputada.
Walsh presentó ayer su querella en el despacho de Rafecas, acompañada de sus abogadas y abogados Myriam Bregman, Liliana Mazea, Matías Aufieri y Lilén Reyes. El juez está dando los primeros pasos en una causa que investiga lo sucedido en Corro 105, donde murió Vicki Walsh. “Hemos trabajado mucho para que esta presentación sea todo lo sólida que tiene que ser, aporte y enriquezca con pruebas a la investigación judicial para poder romper con la impunidad que oculta una gran cantidad de hechos terribles que se cometieron en aquel operativo”, explicó Patricia. Entre las medidas de prueba solicitadas, Walsh exige la apertura de los archivos de aquella época, que “desde hace mucho denunciamos que existen y que hay que ponerlos a disposición del proceso” de Memoria, Verdad y Justicia.
Para Bregman, “es muy importante destacar el contexto actual” en el que se presenta la querella. “Cuando las autoridades insisten en presentar a los genocidas como viejitos condenados, y al proceso de justicia sobre los delitos que cometieron como en su etapa final, nosotros decimos que no son viejitos que ya rindieron cuentas, que pasaron 20 años viviendo en la impunidad y que aún hay muchos crímenes por investigar, como el de Vicki”.
María Victoria Walsh cumplía 26 años el día en que murió defendiéndose del ataque del Ejército desde la terraza de la casa a la que había llegado el día anterior, con su beba de un año y medio. Dos meses después de su muerte, su papá, Rodolfo Walsh, informaría en su “Carta a mis amigos” –texto en el que cuenta lo sucedido con Vicki– que María Victoria era secretaria de comunicación gremial de Montoneros; que antes había sido periodista y que tras dejar su puesto en el diario La Opinión, comenzó a militar en villas miseria. Aquellos días finales de septiembre de 1976, acudió a la vivienda de la familia Mainer, en el barrio porteño de Floresta, para reunirse con Alberto Molina Beluzzi, Ismael Salame, José Coronel e Ignacio Bertrán, otros integrantes de la secretaría política de la organización guerrillera.
Temprano en la madrugada del 29 de septiembre, el Ejército rodeó la casa y comenzó el ataque. Vicki sostuvo la defensa de los habitantes de Corro 105 junto Molina Beluzzi. Según el relato de un conscripto que participó del ataque, ambos se dispararon en la sien. Patricia Walsh y el equipo de abogados, en tanto, insisten en que la muerte de Vicki se dio “en el marco de uno de los operativos militares más grandes que se desarrollaron en la Ciudad de Buenos Aires” durante la última dictadura, precisó la abogada Bregman. Solicitan que el caso sea investigado en el marco del genocidio. El resto del secretariado de Montoneros murió dentro de la vivienda, luego de que los militares lanzaran granadas. Por las pruebas presentadas, los indicios y testimonios de juicios previos, se cree que entre los militares de alto rango que participaron del operativo figura Ernesto “Nabo” Barreiro, condenado por delitos de lesa humanidad en Córdoba, y el integrante del Batallón 601 Héctor Vergez.
El hecho fue comunicado al día siguiente, cuando los diarios publicaron la versión del Ejército en la que, además de tergiversar lo sucedido, se ocultó información. “Con los años transcurridos, los juicios que comenzaron tras la caída de las leyes de impunidad, los testimonios de los sobrevivientes, supimos el alcance que tenía la operación que montaron sobre la calle Corro 105 y las víctimas, que no son solo las del secretariado de Montoneros. De esa casa se llevaron a mi pequeña hermana, Victoria, y a otra niña, Milagros Mainer, de 9 años, y a otros cuatro detenidos”. Todos pertenecían a la familia Mainer, dos mujeres y dos hombres. Uno de ellos tenía 16 años. Algunos permanecieron detenidos durante varios años.
Ailín Bullentini
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