La ONU denuncia la violencia estatal

El informe del horror

Violencia machista, violencia policial, servicios penitenciarios en estado crítico y una justicia sin condena son algunos de los retazos del informe de la ONU que muestra, en tiempos de 2×1, sobre qué sectores recae la violencia estatal. El resumen, los casos que investigó lavaca y el informe completo.
Violencia machista, violencia policial, servicios penitenciarios militarizados, requisas vejatorias, condiciones degradantes de detención, 6 de cada 10 personas detenidas sin condena, detenciones por discriminación. No son etiquetas, sino algunas de las duras observaciones que estructuran el diagnóstico del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) sobre los incumplimientos del Estado argentino luego de las sesiones de evaluación en Ginebra el 26 y el 27 de abril. En un informe el CAT señaló, de entrada, estos incumplimientos:
La creación de un registro nacional para recopilar información de tribunales nacionales sobre casos de tortura.
Una mayor protección de grupos en situación de vulnerabilidad.
El cumplimiento de las requisas personales según las normativas internacionales.
El Establecimiento de un mecanismo nacional de prevención.
El Comité exigió al Estado la “armonización” de la tipificación del delito de tortura del artículo 144 ter del Código Penal con la definición que establece la Convención, es decir, la inclusión como sujetos activos del delito a personas que actúan en el ejercicio de funciones públicas. La modificación también incluiría la instigación con el consentimiento de funcionarios públicos.
Y reclamó “medidas urgentes” sobre estos 8 puntos.
Tortura y malos tratos en centros de detención: “Estructura militarizada”
Al igual que en los informes anteriores, el Comité manifestó su “profunda preocupación” por denuncias sobre “la práctica recurrente de la tortura y el maltrato en los diferentes ámbitos de las fuerzas de seguridad así como en las rutinas del personal penitenciario, que arrastra el peso histórico de una estructura militarizada y corporativa”. Estos actos de violencia, señaló, incluyen los maltratos de los recién ingresados a las unidades carcelarias y prácticas como asfixias con bolsas, torturas en los oídos, tobillos y plantas de los pies, castigos colectivos. Pese a la normativa, el Comité detectó los registros personales “invasivos y vejatorios” además de los “traslados arbitrarios” de detenidos lejos de sus familias a modo de “castigo encubierto”.
El Comité recomendó al Estado “investigar sin demora, exhaustivamente y de forma imparcial todos los casos de violencia cometidos en los centros de detención, evaluando cualquier posible responsabilidad de los agentes estatales y de sus superiores”. Además, insta a la adopción de medidas necesarias para transformar el sistema carcelario “en un modelo institucional de naturaleza civil” aumentando la profesionalización y transparencia.

Violencia policial

El Comité expresó su preocupación por los “patrones de violencia y arbitrariedad” de las fuerzas policiales federales y provinciales. Destacó que la mayoría se dan en el marco de “detenciones policiales sin orden judicial” y que la población son “particularmente jóvenes y menores en situación de marginalidad social, que incluirían detenciones por averiguación de identidad y otras detenciones no vinculadas a conducta delictiva”. Mencionó que muchas de esas violencias incluyen “tentativas de homicidio”, y mencionó el caso de Lucas Cabello, el joven baleado por el oficial de la Policía Metropolitana Ricardo Gabriel Ayala en el barrio porteño de La Boca el 9 de noviembre de 2015. Ayala le disparó a Cabello en tres ocasiones con su arma reglamentaria: dos de ellos cuando el joven estaba herido en el piso.
El Comité urgió al Estado:
“Investigar con prontitud, eficacia e imparcialidad todas las denuncias de homicidios, detenciones arbitrarias, torturas, hostigamiento y maltrato policial, y velar por que los presuntos autores, así como los superiores jerárquicos que supieran o debieran haber sabido que se estaban cometiendo estos actos, sean enjuiciados, y de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos”.
Realizar un proceso judicial “efectivo e imparcial” sobre las torturas infligidas por Prefectura a Ezequiel Villanueva e Iván Navarro, los dos jóvenes integrantes de La Garganta Poderosa, en la villa 21-24 en el barrio porteño de Barracas. “Nos obligaron a tirarnos al piso y hacer flexiones de brazos, hasta que uno le saltó sobre la espalda a Ezequiel y otro me preguntó a mí dónde quería el tiro”, dijo en ese momento Iván.
“Restringir el recurso a la detención a situaciones de flagrancia y a la existencia de orden judicial previa, tal y como establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Bulacio c/ Argentina”. Si bien el Comité no lo nombra, en esa línea se inscribe el “Fallo Vera” del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que el 23 de diciembre de 2015 resolvió por mayoría que la Policía Federal está habilitada a pedir DNI a cualquier persona y al azar. Organismos de derechos humanos y organizaciones sociales alertaron que la máxima autoridad judicial porteña falló en favor de una práctica policial que, entre otros casos, habilitó la privación ilegítima de la libertad, la tortura y asesinato del joven Walter Bulacio en 1991, que motivó la condena a la CIDH citada por el Comité.

Condiciones de reclusión: “Degradación”

El Comité cuestionó el “aumento sostenido” de la población penitenciaria a partir del 2009, “agravando los niveles de sobrepoblación ya existentes en varias provincias y resultando en el estado de emergencia penitenciaria en la provincia de Buenos Aires”. En particular, apuntó su preocupación por el impacto que ha tenido la aplicación de normativas en materia de estupefacientes “en el aumento de la población femenina encarcelada”.
A su vez, remarcó como una “práctica” habitual la detención de personas de forma prolongada en las dependencias policiales, pese a no estar preparadas. El Comité mencionó el incendio en la Comisaría 1° de Pergamino (Buenos Aires) en marzo, en el que murieron 7 personas detenidas. Los expertos señalaron su inquietud “ante el impacto de la sobrepoblación en la degradación de las condiciones sanitarias, la deficiente alimentación y acceso a la atención médica y en la falta de separación entre personas condenadas y procesadas”.
El Comité solicitó una auditoría a nivel federal y provincial para adecuar las condiciones a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) y a desarrollar un plan de prevención de incendios en todos los centros de detención.
Por ese motivo exigieron al Estado:
Intensificar los esfuerzos para “aliviar” el hacinamiento.
Terminar la utilización de dependencias policiales como lugares de alojamiento permanente de detenidos
Definir de acuerdo a una metodología adecuada la capacidad penitenciara conforme a los estándares internacionales.
Desarrollar un registro nacional único de personas sometidas a una medida preventiva o punitiva de privación de libertad que incluya información por jurisdicción, sexo, edad y situación procesal.
Medidas privativas de libertad, aislamiento y muertes
El Comité cuestionó la cantidad de personas detenidas en prisión preventiva, que alcanzan alrededor del 60 por ciento de la población penitenciaria. Es decir, seis de cada diez.
En ese sentido, lamentó la suspensión de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, “que contenía disposiciones que limitaban el uso de la prisión preventiva”, y se mostraron preocupados por el proyecto de reforma de la ley de Ejecución Penal (24.660), “que imposibilita el acceso a salidas anticipadas a un número amplio de condenados, incluso por delitos no violentos, impidiendo su reinserción social e impactando en la sobrepoblación penitenciaria ya existente”.
También acreditó “el recurso frecuente a modalidades de aislamiento no reglamentadas y sin control judicial”, y las condiciones extremas en esas celdas. Este tipo de prácticas también se aplican sobre niños, niñas y adolescentes en condiciones de encierro, como reveló MU en la investigación por la muerte del joven Diego Borjas en el instituto Agote en diciembre de 2014. El Comité exigió al Estado que no imponga la sanción de aislamiento y que, en caso de producirse, sólo sea utilizada como medida de último recurso, por el período más breve posible, y que se asegure que dicha celda cumpla con los requisitos necesarios para no afectar la integridad física de la persona.
Por otro lado, el Comité apuntó “el elevado número de muertes en detención”. Según los datos facilitados por el Estado, la cifra habla de un promedio de 43 por año en el sistema penitenciario federal entre 2008 y 2016. Sin embargo, lamentaron “el alcance limitado de estos, que se circunscriben al sistema penitenciario federal, y nota con preocupación la discrepancia que existe entre los mismos y los proporcionados por otros informes recibidos, que contabilizan un total de 1930 muertes en todo el país desde 2010”. Los expertos también cuestionaron la falta de información sobre los resultados de esas investigaciones.

Detenciones por razones migratorias

El Comité acreditó denuncias que señalan el rechazo en frontera de personas migrantes –incluyendo grupos familiares- sin acceso a la Justicia o asistencia letrada. “Asimismo preocupa la reciente sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2017, que deroga parte de las garantías de la Ley 25.871 de Migraciones e introduce un procedimiento de expulsión de migrantes sumarísimo que reduce drásticamente los plazos para recurrir la expulsión”. Ese fue el escenario en el que por primera vez en Argentina se convocó a un Paro Migrante: las expulsiones crecieron en 2016 un 70 por ciento en relación al 2015. El Comité constató que el DNU habilita, además, la retención preventiva desde el inicio del procedimiento sumarísimo hasta su expulsión, que podría extenderse a 60 días, “sin tomar en consideración medidas menos coercitivas ni el riesgo de fuga de la persona”.
Por eso el Comité pidió al Estado la derogación o la enmienda del DNU para que las personas sujetas a expulsión puedan disponer del tiempo para recurrirla a nivel administrativo y judicial.

Detenciones por motivo de discriminación

En sintonía con el punto anterior, el Comité subrayó la discriminación por perfil, los malos tratos y los allanamientos violentos a personas afrodescendientes y migrantes de países latinoamericanos por parte de diversas fuerzas policiales. “Preocupa además al Comité las informaciones que dan cuenta de las requisas vejatorias de personas transgénero y travestis en la vía pública y en los puestos policiales, así como las detenciones en condiciones humillantes, particularmente en la provincia de Buenos Aires”. El Comité puntualizó que ha habido 3470 denuncias por discriminación en 2016, casi el doble respecto al año anterior.
Los expertos pidieron al Estado que se investiguen todos los casos de detenciones arbitrarias, violencia y malos tratos a personas por su origen extranjero, orientación sexual e identidad de género, “a fin de enjuiciar y castigar a los autores de tales actos y suspender a los agentes implicados en los mismos”. También pidió la adopción de políticas y programas específicos de “integración y protección de personas en detención sobre la base de su orientación sexual e identidad de género”.

Proceso de Memoria, Verdad y Justicia por crímenes de lesa humanidad

El Comité expreso su preocupación por la demora en la tramitación de las causas judiciales aún pendientes y el “debilitamiento de oficinas públicas” que dan apoyo a esos expedientes. En ese sentido exigió “agilizar el procesamiento y los juicios por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar” y recomendó el mantenimiento de las políticas de memoria mediante la preservación de los archivos y los sitios de memoria.

Violencia machista

“Preocupa al Comité el alarmante número de casos de feminicidios y violencia de género registrados, así como el incremento de los casos de violencia física sobre mujeres detenidas bajo jurisdicción federal”. Los integrantes de Naciones Unidas instaron al Estado para que intensifique los esfuerzos para combatir todas las formas de violencia -incluida la que se produce dentro de los centros de privación de libertad- y que vele para que se enjuicie a los presuntos autores y que las víctimas obtengan una “reparación integral del daño”. Al igual que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer con respecto a las mujeres en detención, pidió que el Estado desarrolle y mejore los programas de acceso a la salud de las mujeres en detención a nivel federal y provincial.

lavaca.org