INTA prohíbe a sus profesionales utilizar el término “agrotóxico”

También prohíbe el uso del “nombre o logo de agrupaciones políticas o partidarias”. Quien indica las “abstenciones irrestrictas” sería el director del Centro Regional Buenos Aires Norte Hernán Trebino.

“No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de salud pública”. Andrés Carrasco.
Luego del reciente escándalo del SENASA en el que, tras liberar por orden judicial algunos expedientes, se detallan operativos en los que se constató que en el Mercado Central porteño, y sus pares de Mar del Plata y La Plata, el 60 % de las frutas y verduras están contaminadas con agrotóxicos, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha dado la orden a sus profesionales de “abstenerse irrestrictamente” a utilizar el término “agrotóxico” en sus materiales.
A través de una polémica notificación que se filtró por redes sociales, el director del Centro Regional Buenos Aires Norte, Hernán Trebino, le señaló a sus “estimados directores” que “en las comunicaciones de los profesionales, así como en los materiales impresos, virtuales, o en cualquier otro tipo de comunicación institucional correspondiente al INTA o a alguna de sus unidades, Programas, Proyectos, o instrumentos de intervención, cualquiera sea su categoría, deberá practicarse una abstención irrestricta del empleo del término “agrotóxico”, ya que su empleo implica una posición valorativa negativa que presupone un uso inadecuado o inapropiado de una alternativa tecnológica que bien empleada no debería constituirse en riesgo para la salud humana o ambiental. Se debe emplear “productos fitosanitarios” o “agroquímicos” en vez de “agrotóxicos” o cualquier otra referencia que implique un posicionamiento sobre estos productos que no se corresponde con decisión institucional alguna”. En la misma notificación, y apelando a un espíritu macartista en sintonía con la anterior “directiva”, Trebino también prohíbe el uso de “el nombre o logo de agrupaciones políticas o partidarias”.
Sin embargo, el repudio no se hizo esperar. Una serie de organizaciones agrupadas en la Multisectorial contra la Ley Monsanto de semillas y en la Multisectorial contra el Agronegocio “La 41” salieron al cruce solidarizándose “con los trabajadores de organismos de investigación y extensión (como el INTA y el Conicet) que vienen dando batallas desde abajo para poder generar un conocimiento en favor de los intereses de la sociedad en su conjunto, comprometidos con la realidad de los sectores trabajadores, que ven constantemente asediada su tarea cotidiana de investigación”.
Según señalaron en un comunicado “estas directivas no pueden ser consideradas meras resoluciones burocráticas propias del Instituto. Desde hace más de 30 años vemos cómo el INTA ha participado activamente en la implementación y consolidación del modelo del agronegocio que se ha expandido en Argentina sobre la base del uso del paquete biotecnológico”, cuyas consecuencias “se vuelven inescrutables”, dicen.
Los detractores de los agrotóxicos señalan que no son pocos los estudios que evidencian los efectos que estos tóxicos tienen sobre nuestra salud. Investigaciones realizadas por académicos de la Universidad de Río Cuarto, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, La Plata, la Facultad de Medicina y Exactas de la Universidad de Buenos Aires, e incluso por investigadores de Conicet han venido mostrando en los últimos 10 años que la exposición a la que hemos sido sometidos, de manera directa o indirecta, es hoy la responsable de los aumentos en las alergias de piel, problemas respiratorios o gastrointestinales, enfermedades reproductivas, abortos mal llamados espontáneos y malformaciones congénitas, problemas endócrinos como hipotiroidismo, trastornos del desarrollo neurológico y tasas de cáncer que se disparan triplicando las incidencias, prevalencias y mortalidad por enfermedades oncológicas.
“En estos últimos años, algunos investigadores del INTA han comenzado a relacionar las consecuencias que estos tóxicos tienen en las poblaciones animales, vegetales y otros factores ecosistémicos, como el suelo y el agua. Además, han hecho públicas las serias consecuencias que el modelo del agronegocio ha generado con la expansión de la frontera agropecuaria, la ausencia de rotación de cultivos, la eliminación de bosques y humedales para la producción y el uso sistemático de esos tóxicos, como por ejemplo, las constantes inundaciones a las que hemos estado expuestos”, indicaron.
Así, el pedido de no hablar de “agrotóxicos” es una necesidad de continuar negando el hecho de que “el uso de estos productos es una práctica sistemática que requiere este modelo para la propia subsistencia de las ganancias y no un mero problema de ‘malas prácticas’. La valoración negativa a la que hacen referencia es una realidad que vivimos todas aquellas personas que habitamos en el campo y en las regiones suburbanas, y que somos constantemente rociados y rociadas con estos productos, enfermando cotidianamente”.
Con respecto a la prohibición del INTA de que sus profesionales utilicen “el nombre o logo de agrupaciones políticas o partidarias”, el organismo se manejaría con un doble estándar ya que mientras da una “directiva”, a su vez “impulsa fuertes alianzas con redes del agronegocio, como la Red BPA, que conglomera a las principales cámaras empresariales del agro como CASAFE, ACSoja, Bolsa de Cereales, Casem, Cámara Argentina de Biocombustibles, y organismos promotores como Aapresid y CREA, y genera jornadas de capacitación conjunta como la Jornada de Malezas, organizada en abril de este año, en Pergamino”.
“El uso de eufemismos sólo busca tapar aquello que hoy es moneda corriente”, critican: “El uso masivo de venenos en la producción agraria está generando un genocidio silencioso del que nadie quiere hacerse responsable”.

Roberto Andrés
@RoberAndres1982