Después del 10M

Las estimaciones periodísticas –y de quienes estuvimos en la plaza- dan cuenta de que el pasado miércoles tuvo lugar una de las manifestaciones populares más expresivas de los últimos tiempos. Se volcaron a las calles, según los cálculos, entre 400 y 500.000 personas. Pero esta cifra no considera a la movilización del interior: considerando a los 120.000 que marcharon en Córdoba y a los 70.000 que lo hicieron en Rosario, es probable que en todo el país se hayan manifestado un millón de personas.
El alcance de esta movilización, naturalmente, ya se palpitaba en los días anteriores. Fue bajo esta presión que el Congreso salió a votar apresuradamente su ley “interpretativa” del 2x1. Con ello, es cierto, salió a rescatar a la Corte. Pero pagando el precio de cancelar, al menos por esa vía, una seguidilla de libertades a los genocidas.
La movilización, sin embargo, tuvo lugar incluso cuando la ley restrictiva del 2x1 ya había sido sancionada. Es evidente que la multitud quiso condenar a toda una orientación de impunidad, que ha estado presente en la minimización de los genocidios por parte de los funcionarios de Macri o en los pronunciamientos del episcopado.

El 10M y la situación política

La importancia de este veredicto popular debe mirarse a la luz del conjunto de la situación política, que está signada por un enfrentamiento estratégico entre el Estado, sus partidos y la clase obrera. De cara al impasse de la clase capitalista, que se manifiesta en la persistencia de la recesión, en la crisis fiscal y en la multiplicación de todos los desequilibrios económicos, el gran capital emplaza al macrismo y le exige una reorganización social de fondo, a costa de los trabajadores. En esa agenda reaccionaria, revista una reforma previsional contra los jubilados, la progresiva privatización del hospital público, la liquidación de los convenios colectivos y, como parte de ellos, del estatuto del docente.
No cabe dudas que, para esta tarea, “Cambiemos” sabe que no está solo: cuenta con el concurso de los partidos que, en el Congreso y en las gobernaciones, le han votado un paquete de más de 100 leyes coloniales y antiobreras en 2016. Cuenta, además, con el concurso de la burocracia sindical, que ha restaurado la tregua que había interrumpido, bajo la presión obrera, el paro del 6 de abril.
Pero el gobierno es consciente, sin embargo, que precisa del peso del aparato represivo para todas las expresiones de lucha que superen el cepo burocrático, teniendo en cuenta la escalada antiobrera que tiene por delante. Ello explica el esfuerzo sistemático por restaurar la autoridad política de las Fuerzas Armadas. De cara a este escenario, la pueblada nacional del 10M no sólo es un golpe al 2x1: es la desautorización a una orientación estratégica, dirigida a colocar todo el peso del Estado a que las masas paguen la bancarrota del capital.

La paradoja del 10M

Sin embargo, a nadie escapa que una parte importante de la multitud que se acercó a la Plaza lo hizo bajo la orientación de esos partidos de Estado, y principalmente, del kirchnerismo. Ello se hizo evidente cuando, por ejemplo, vivaban a los voceros mediáticos más vinculados a los K. Pero también fue claro que si esa multitud buscaba una condena concluyente a la política amnistiadora del macrismo, no la encontró en la Plaza. El documento que se leyó en el palco oficial –dominado por organismos de derechos humanos que habían sido afines al kirchnerismo- se caracterizó por su ambigüedad política. Condenaba la decisión de la Corte sin señalar lo evidente, a saber, la vinculación entre ese fallo y la política macrista.
El documento se encontraba bajo la impronta de la “unidad nacional contra el 2x1”, que el gobierno comenzó a urdir al iniciar el recule de esta tentativa amnistiadora. Se trató, por lo tanto, de un encubrimiento del macrismo. Pero también del propio FpV, que votó en el Senado el nombramiento de los jueces amnistiadores. Momentos antes de la marcha, Estela Carlotto se fotografió con Randazzo, el hombre que ha salido a “renovar” el kirchnerismo bonaerense de la mano de la burocracia de Pedraza y una parte de los intendentes kirchnero-pejotistas. El palco del acto no buscó unir a la multitud indignada contra el fallo amnistiador, sino explotar el espíritu unitario a favor de una nueva amnistía- esta vez, a favor del gobierno y de sus aliados.

Nueva embestida amnistiadora

Las consecuencias de esta orientación van más allá del propio 2x1 y pueden ser graves para la lucha contra la impunidad: según relata Morales Solá, Carrió se apresta a presentar un proyecto a favor de la libertad domiciliaria a los genocidas mayores de 75 años. Después del traspié del 2x1, se buscaría ahora el flanco “humanitario” para volver a beneficiarlos. Según sugiere el editorialista de “La Nación”, la tentativa de Carrió podría encontrar eco, incluso, en el campo “nacional y popular” (Solá lo cita a al recontra K Kunkel, como alguien que ha virado “positivamente” en este punto). Hay que tomar nota que Hebe Bonafini boicoteó la marcha con el argumento de que sus organizadores promovían un nuevo “nunca más”, desde la reivindicación de la teoría de los “dos demonios”. La autoridad para esta crítica, desde luego, queda desnaturalizada por su apoyo incondicional a otro genocida, el kirchnerista Milani. Es probable que Bonafini se sirviera de ese argumento agudo para esconder otro disgusto: el de los cristinistas recalcitrantes, que ven a su jefa ordenando la 'unidad' junto a los Scioli, Gioja o Pichetto.
A la luz de todo lo anterior, y aun admitiendo la adhesión al kirchnerismo de muchos de los que marcharon el 10, la pregunta es la siguiente: ¿no existe objetivamente un abismo entre ellos y quienes han saludado la “unidad nacional” con los ajustadores”? La respuesta a esta pregunta abre un enorme campo de lucha política para la izquierda. En primer lugar, indica el acierto de haber marchado el mismo día 10, a batallar en la Plaza –y ante la enorme masa que se manifestó- por una orientación política independiente respecto de los partidos de Estado.
El lugar de la izquierda es hacer consciente este choque objetivo, lo que exige, primero, establecer una continuidad en la lucha contra la impunidad. Seguimos la campaña por el juicio político a la Corte, que se servirá de cualquier nuevo resquicio para abrirle paso a la política amnistiadora. Es necesario unir este planteo al de cárcel común y efectiva a los genocidas, frente a los nuevos embates de Carrió. La marcha del próximo 23, convocada por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, es un peldaño para reforzar una campaña en universidades, colegios, lugares de trabajo y barrios.

Marcelo Ramal