En plena sesión de la Cámara de Diputados, se notificó de la imputación del delito de entorpecer el transporte por tierra (art 194 del Código Penal de Onganía) a los legisladores del Frente de Izquierda Víctor da Vila, Héctor Fresina y Lautaro Jiménez, junto a los dirigentes obreros Raquel Blas, Guillermo Martínez Aguero, Jorge Chávez, entre otros.
El "delito" del que se los acusa es la realización de una concentración, marcha y acto el día del paro general del 6 de abril, oportunidad en la que el gobernador Alfredo Cornejo (UCR-Cambiemos) desplegó un enorme operativo policial con la orden de desalojar la calle por la fuerza, algo que no se concretó gracias a la acción de los imputados.
Mientras se desarrollaba el acto, el secretario de gobierno y algunos funcionarios de Cornejo declararon a la prensa que iban a pedir el desafuero de los legisladores.
La imputación se notifica a un año de la represión a los trabajadores estatales donde la infantería golpeó y roció de gas a Fresina, Blas y Chávez.
En el caso de la compañera Raquel Blas se trata de una verdadera "caza de brujas" a una dirigente que no se resigna al acuerdo que estableció Cornejo con la burocracia de ATE -es el intento por desactivar cualquier resistencia del principal sindicato de la provincia.
Esta acción representa un salto en calidad en la política represiva que viene impulsando Cambiemos en todo el país, que tiene como antecedentes directos el desconocimiento de las tutelas sindicales, el intento de regimentar las asambleas de trabajadores (así como la intromisión directa en la vida de los sindicatos como en el caso de la intervención del gremio judicial), la instrumentación de medidas anti huelga como el doble presentismo, y el accionar policial en ocasión de ollas populares, de concentraciones de feriantes, ocupaciones de terrenos o el reclamo de barrios humildes inundados.
Represión política
Este “salto en calidad” represivo significa una declaración de guerra contra las libertades democráticas. El gobierno pretende que la acción política de los senadores y diputados de la izquierda se limite a las cuatro paredes de la legislatura, es por esto que no es casual que se avance contra los legisladores que estuvieron acompañando cada una de las luchas populares en la provincia y expresándolas al interior del recinto, y que denunciaron los actos de corrupción de funcionarios y legisladores (como el actual ministro de Economía Martín Kerchner) y planteando una salida obrera a la crisis provincial.
No se trata de una decisión judicial, sino de una decisión política del gobierno.
Si esta medida prospera la legislatura deberá revocar los fueros de los parlamentarios consumando un régimen de “excepción jurídica” a criterio de gobierno. Ya son violados los fueros pues se está imputando a quienes ejercen una acción política consecuente con las plataformas electorales por las que fueron votados.
Al mismo momento de la notificación, expresaron su rechazo distintas organizaciones y personalidades. Lanzamos ya mismo una campaña contra este brutal ataque a las libertades democráticas y de acción política y sindical.
Llamamos al conjunto de la población a derrotar esta escalada represiva.
Comité Regional Mendoza del Partido Obrero
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