El Lava Jato en Argentina

El agravamiento de la crisis política en Brasil no sólo ha colocado en la picota al usurpador Michel Temer. El Lava Jato ha estallado con toda su fuerza en la situación política argentina. Por sobre todas las cosas, ha revelado hasta qué punto quienes gobiernan o han gobernado el país saquearon al presupuesto público en favor de los intereses capitalistas.
Como es sabido, los funcionarios delatores del grupo Odebrecht revelaron a la Justicia norteamericana el pago de 35 millones de dólares de sobornos a funcionarios argentinos en los últimos años, para favorecerse en la adjudicación de obras. Desde el soterramiento del ferrocarril Sarmiento hasta las plantas potabilizadoras de AySA, pasando por los gasoductos troncales, a esos contratos se han asociado varios de los pulpos más caracterizados del país y del continente -es el caso de Camargo Correa, Benito Roggio o Cartellone. En el soterramiento, la obra más costosa, el socio local es IECSA, la constructora que pertenecía a Calcaterra, el primo de Mauricio Macri. El Lava Jato, por lo tanto, no sólo golpea a los De Vido, sino también al corazón del gobierno actual y de varias administraciones provinciales. Es el caso del gasoducto cordobés que licitaron sucesivamente De la Sota y Schiaretti, y que Macri inauguró el año pasado con un casco de Odebrecht en su cabeza. El sayo le cabe también al jefe de la ex Side argentina y mano derecha del Presidente, Gustavo Arribas, el cual, según los cambistas ilegales del pulpo brasileño, tramitó diez transferencias de fondos a través de ellos.
El 1° de junio, la Justicia brasileña debería levantar el secreto de sumario respecto de los sobornos de Odebrecht en otros países, entre ellos, la Argentina. La cercanía de esta fecha, y la perspectiva explosiva de estas revelaciones, han iniciado en el país una crisis política con cuenta regresiva. Todo un régimen está discutiendo la “reducción de daños” -o sea, los términos de un encubrimiento en favor de funcionarios, gobiernos y empresarios.


Protección a dos bandas

En ese cuadro, Odebrecht le ha ofrecido a la Justicia local el ‘modelo’ de acuerdos que ya ha practicado en otros países de la región –a saber, la entrega de la información sobre coimas a funcionarios a cambio de la continuidad de sus contratos de obra pública. Los fiscales de la kirchnerista Gils Carbó, que protegen a los De Vido, alegan que la legislación argentina no permite un acuerdo con un alcance tan vasto. Pero en nombre de las trabas interpuestas por los fiscales K, el gobierno puso en marcha otra operación de encubrimiento, si se quiere, aún más alevosa: por indicaciones del propio Macri, iniciaron una negociación directa con Odebrecht de la mano del ministro de Justicia y de la jefa de la Oficina Anticorrupción, la macrista Laura Alonso. En este caso, la lista de los argentinos involucrados quedaría sometida al “filtro” de los funcionarios macristas. Pero, además, Odebrecht ofrece el pago de una ‘multa’ equivalente a los sobornos pagados, a cambio de la continuidad de sus obras -o sea, un segundo soborno para seguir expoliando el presupuesto público. La sola tentativa de poner en marcha este acuerdo escandaloso demuestra que el “republicanismo” termina donde empiezan los intereses capitalistas.
La posibilidad de que el Lava Jato golpee con más fuerza aún al gobierno Cambiemos puso en ‘estado de alerta y movilización’ a Elisa Carrió, quien ha salido a plantear una depuración selectiva del gabinete macrista y, en particular, de sus servicios de espionaje. Carrió denuncia a la segunda jefa de la ex Side, pero rescata a su jefe Gustavo Arribas, que pertenece al riñón del Presidente. Del mismo modo, no abrió la boca para reclamar la rescisión de las obras de Odebrecht. En cambio, y como lo reveló un periodista de su palo (Morales Solá), la ‘campeona de la transparencia’ se reunió con los abogados locales del pulpo brasileño, como parte de las negociaciones que éste sostuvo con el macrismo. Carrió trabaja por aminorar los daños del Lava Jato sobre el gobierno actual. Pero el rescate que tramita para Macri viene de la mano de los mismos intereses que manejan los hilos de la crisis brasileña -el Departamento de Estado norteamericano y el capital internacional.

La mano del imperialismo

No sorprende, por eso, que en la discusión sobre el rumbo del Lava Jato argentino, que ni la Justicia ni los funcionarios macristas consiguen destrabar, aparezcan voces que piden la “colaboración” de la Justicia norteamericana -la misma que ha piloteado el proceso de ‘delaciones’ de los principales popes de Odebrecht. Detrás de este reclamo, asoma la dimensión de fondo del Lava Jato en la Argentina. El periodista Carlos Burgueño acaba de poner el foco en “los préstamos que durante los últimos quince años fue entregando el Banco de Desarrollo (BNDS) brasileño a las principales compañías de su país para financiar su expansión por el mundo, incluyendo en la Argentina” (Ambito, 22/5). Se refiere a la compra de empresas -frigoríficos, constructoras, petroleras- y licitaciones de obras públicas, detrás de las cuales “muchos de los socios argentinos de las empresas brasileñas deberán prepararse para dar explicaciones” (ídem). Como en Brasil, el Lava Jato argentino es un ariete para desplazar a la gran burguesía del continente del botín de los recursos naturales y la obra pública, en favor del capital internacional. En Argentina, esta escalada debe abrir una crisis en el gobierno de Macri, repartido entre sus múltiples lazos -incluso familiares- con los “Odebrecht” argentinos, por un lado, y el capital financiero, por el otro. En Brasil y Argentina, la plataforma que debe hacer “viable” esta nueva recolonización es una escalada histórica contra los trabajadores y sus conquistas: convenios colectivos a la baja, ‘reforma previsional’ contra los jubilados, privatización aún mayor de la educación y la salud. Naturalmente, el aparato de represión del Estado -y sus servicios- deben alinearse con esta perspectiva. No hay que olvidar, ni por un momento, que la ‘republicana’ Carrió viene de ser la abanderada de la reconciliación con los genocidas de la dictadura.

Campaña tutelada

El escándalo Odebrecht en la Argentina debería dar lugar a una revisión completa de la obra pública, como factor de acaparamiento de los recursos públicos y de ataque a los intereses de trabajadores y consumidores. Por el contrario, los partidos y gobiernos asociados a los Odebrecht navegan entre un encubrimiento negociado y una nueva asociación corrupta -con los fondos financieros del imperialismo y sus “servicios”. La campaña electoral ha quedado bajo la tutela de estos intereses: los del ajuste y la recolonización económica. Frente a Carrió, el radicalismo presenta como supuesto opositor al ex embajador macrista en Estados Unidos -Lousteau-, cuya principal gestión residió en una operación de compra de armas a la industria bélica yanqui. Del lado del Frente Renovador, Massa, otro amigo de los “Odebrecht” argentinos, se ha agenciado a otra amiga del Departamento de Estado -Stolbizer- para tramitar su propio certificado de ‘transparencia’. Cristina Kirchner, por su parte, sería la candidata de la “unidad peronista” -o sea, un mascarón de proa de los intendentes y punteros que pactan cotidianamente el ajuste con el gobierno macrista de Vidal. En oposición a este desfile de sobornadores y sobornados, de espías y “servicios”, de entregadores del país y de sus trabajadores, el pueblo argentino ha protagonizado inmensas movilizaciones en los últimos meses.
La gran tarea del Frente de Izquierda es imprimirle un carácter consciente a esta expresión popular, con un programa y una acción en defensa de los trabajadores y de sus reivindicaciones históricas e inmediatas. La envergadura de esa lucha exige de una acción común del FIT en todos los planos y, naturalmente, también en el de las listas electorales. Con esta comprensión, el Partido Obrero lanza su campaña y sus candidatos en todo el país, contra “los candidatos de Odebrecht” y el ajuste a los trabajadores.

Marcelo Ramal