Bajo el manto del Estado
El comisario Julio Alfredo González, que estaba a cargo de la comisaría 18ª del barrio de Constitución y que fue separado de su cargo hoy por haberse encontrado en esa dependencia policial u$s50 mil y una gran cantidad de miles de pesos, había asumido su nueva función hace poco más de dos meses. El que lo colocó en el cargo fue el ex jefe de Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar, actualmente procesado y detenido por coimas.
El predecesor de González había estado como responsable de la comisaría 18ª apenas dos semanas. Había sido colocado por el antecesor de Potocar y desplazado por éste poco después de asumir como jefe de Policía.
Estar a cargo de una comisaría es para los “amigos”, porque son lugares de recaudación vía todo tipo de delitos, que llenan los bolsillos de los responsables de la dependencia. En este caso, se trató de un “allanamiento” realizado hace varios días del cual se llevaron el dinero secuestrado ahora por un juez y que habían ingresado en los registros de la comisaría por una cifra sustancialmente menor a la real.
Los dueños de ese dinero realizaron una denuncia ante la justicia por supuestas irregularidades en el procedimiento y el juez ordenó realizar el allanamiento en la comisaría en una de cuyas oficinas estaba el dinero.
La peculiaridad de este caso, es que González no provenía de la tradicionalmente corrupta Policía Federal sino de la Metropolitana y se trataba del primer comisario de esa fuerza que se hacía cargo de una comisaría, ahora de la novel Policía de la Ciudad creada el año pasado por Horacio Rodriguez Larreta y que fue votada por todos los bloques menos por el Frente de Izquierda.
Esta, como indicó el legislador porteño por el PO-FIT, Marcelo Ramal, “es una chapa y pintura de la vieja Policía Federal de los 53 comisarios sospechados por corrupción. Lo que hicieron fue pintarle los chalecos, cambiarle el nombre, ponerle un gorro diferente y llamarla ‘nueva policía de la ciudad’”.
González, además, tenía antecedentes de prontuario. La Policía Metropolitana lo había pasado a disponibilidad y le había iniciado un sumario a González -la causa contra él era de la época en la que estaba en la Policía Federal- por haber sido procesado en la causa del Boliche Beara, donde se cayó un entrepiso y murieron dos chicas el 10 de septiembre de 2010.
Como este caso es parte del proceso de descomposición general de todo el aparato de la “nueva” Policía, el alto mando de la misma decidió simplemente el pase de González a disponibilidad “como medida preventiva” y el juez solo evalúa imputar a distintos miembros de la comisaría por la “presunta comisión de conductas reprochables administrativamente”. Como si anotar mucho menos dinero que el secuestrado se debiera a un error.
Es que el Estado no puede prescindir de ella. Es la encargada de reprimir las luchas y protestas sociales. Y tiene un entrelazamiento con todos los estamentos del poder político. No aporta seguridad sino inseguridad a la población trabajadora porque es la promotora y encubridora de los delitos.
Hay que desmantelar este aparato corrupto. Control de los libros de guardia y cuadrículas, fiscalización a cargo de los organismos de derechos humanos, junto a la elección popular de jueces y fiscales. Es una cuestión urgente de salud pública.
Nelson Marinelli
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