2x1 a genocidas: vergonzosa operación política de Clarín

Daniel Santoro, periodista y columnista del diario Clarín, publicó una columna de opinión que convalida el vergonzoso fallo de la Corte Suprema y lo inscribe en un “cambio de paradigma” del máximo tribunal, en oposición al que habría regido durante el gobierno kirchnerista. “Se aplicará sólo a aquellos que estuvieron con prisión preventiva sin condena entre 1994 y el 2001 cuando estuvo en vigencia la ley del 2x1. Sólo podrán pedir la aplicación del fallo Muiña una minoría de los menos de 350 militares que siguen presos”, señala Santoro y afirma de ese modo que los beneficios excarcelatorios serían aplicables, por lo tanto, a un número escaso de casos. Santoro llega a esta conclusión luego de un razonamiento falaz, ya que Luis Muiña fue condenado por crímenes de lesa humanidad sólo en 2011 y permanecía detenido desde 2007, es decir, cuando la ley del 2x1 ya había sido derogada. El fallo de la Corte es una operación destinada a liberar represores presos por delitos de lesa humanidad y por apropiación de bebés bajo la dictadura.
También es dudoso el señalamiento que realiza Santoro sobre la aplicabilidad sólo en casos con sentencia condenatoria firme con cómputo de pena. Por el contrario, cualquier detenido al que se le duplique la detención por la aplicación del 2x1 puede pedir acogerse al beneficio excarcelatorio. Tan sólo en la causa ESMA podrían ser liberados los genocidas Alfredo Astiz, Jorge “El Tigre” Acosta, Jorge Rádice y Ricardo Cavallo –todos criminales condenados por los más aberrantes delitos de la dictadura– cuando sus abogados defensores invoquen el caso Muiña como antecedente para sus clientes.
Santoro se ocupa de embellecer el fallo de la Corte atribuyéndole dotes igualitaristas, ya que no habría “un código penal para los buenos y otro para los malos” en un súbito brote de “garantismo” a la medida de la complacencia de las fuerzas armadas, que serán volcadas por el gobierno de Macri a tareas de represión interna. El columnista de Clarín disfraza el voto de Rosatti, Rozenkratz y Highton de Nolasco como el fin de los “consensos forzados” que habrían sido predilección del presidente de los supremos, Lorenzetti. Sin embargo, oculta que la Corte en pleno le otorgó la prisión domiciliaria al genocida Alespeiti en un fallo reciente y que también ese mismo tribunal dispuso la prescripción de las acciones civiles contra el Estado en delitos de lesa humanidad. Por otro lado, Santoro encomia que “cada juez es dueño de su voto”, cuando la realidad indica que Highton de Nolasco no fundamenta el suyo, a diferencia de cuando en 2009 votó de modo exactamente contrario acerca de un pedido de un represor que pidió que se le aplicara el 2x1. Se debe recordar que el gobierno desistió de pedir a la jueza que se jubilara al cumplir 75 años: el cambio de parecer en su voto permite inferir que Highton de Nolasco es una señora agradecida.
El maquillaje justificador del fallo de la Corte tiene en Santoro a un operador que usa malamente su pluma para congraciar a los lectores del diario de Magnetto con una decisión judicial que implica un nuevo “punto final” acorde con la política de impunidad del gobierno macrista. Santoro realiza una operación para embellecer la política de "reconciliación" impulsada por la Iglesia y la nueva amnistía que impulsa el gobierno. Es necesario rechazar el fallo de la Corte Suprema en todas las instancias y reclamar, más que nunca, cárcel efectiva para todos los genocidas.

Antonia Torrebruna