La CGT se fue con las manos vacías

Sin paro y sin reclamos.

A pesar de que la reunión con los funcionarios del gobierno no arrojó novedades favorables para los trabajadores, la CGT ha decidido postergar de manera indefinida el paro votado por su Confederal hace días atrás. La cúpula de la CGT se sentó a negociar avisando que el cuchillo que tenía en la cintura estaba desafilado. Sucede que el paro había sido boicoteado por ellos mismos en la previa a la reunión. Desde Barrionuevo a Moyano padre, pasando por Massa y el resto de la oposición pejotista, todos habían señalado que el paro era `prematuro`. Así, la CGT cayó en el pre-vandorismo: ni paro ni negociación.
El acta que firmaron con los funcionarios vale menos que nada. Primero porque fue omitida deliberadamente el reclamo central del momento, que es la reapertura de las paritarias. En su lugar solicitaron un bono de fin de año, sin precisar siquiera el monto del mismo. ¿Cerrarán por $ 500? Más allá del monto, sin embargo, es claro que el bono consagra la reducción de 10 o más puntos que produjo una paritaria firmada entre el 30 y el 35% contra una inflación que se aproxima al 45%.
En relación a Ganancias, el reclamo de exceptuar el aguinaldo de fin de año quedó condicionado al “cumplimiento de las metas fiscales de año”, condicionamiento que no se le pone, por ejemplo, al pago de la deuda pública.
Pero lo más grave es que la CGT tuvo un silencio cómplice con el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno en el Congreso que llevará a que el año que viene paguen la misma cantidad de trabajadores que en la actualidad o incluso más. Así la CGT no sólo cede ante Macri, sino también a los gobernadores del FPV-PJ que quieren que los trabajadores sigan pagando Ganancias para que no sea vea afectada la coparticipación federal, sin considerar que el gran golpe a ésta viene del pago de la deuda externa y los subsidios millonarios a los capitalistas. Estos gobernadores aplaudieron la reducción de las retenciones, que afectó al fondo sojero que se distribuía a sus provincias.
Sin dar nada, sin embargo, el gobierno se llevó el acuerdo de la CGT para realizar una reunión con los empresarios. Allí el tema no serán los despidos y las suspensiones, o el salario, sino la mentada “productividad”. Es sabido que con este eufemismo se esconde la pretensión de avanzar en un planteo de flexibilidad laboral, e incluso de reforma del régimen de las ART.
La reunión de la CGT y el gobierno concluyó en una nueva traición a los trabajadores. La lucha contra el ajuste requiere, a la vez, enfrentar a la burocracia sindical entregada al ajuste macrista.

Gabriel Solano

Milani vs Verbitsky: poskirchnerismo a la deriva

Una interna al rojo vivo.

La descomposición del “poskirchnerismo” está alcanzando niveles elevadísimos.

Por caso, el ex jefe del Ejército, César Milani, acusado de crímenes de lesa humanidad bajo la dictadura y enriquecimiento ilícito, dialogó con Ernesto Tenembaum por Radio por Vos y no sólo negó todas las acusaciones que pesan sobre él, sino que además sembró sospechas sobre la actuación de Horacio Verbitsky durante el gobierno militar.
“Antes de juzgarme, Verbitsky tiene que explicar muchas cosas a la sociedad: su paso en la dictadura general”. Con estas palabras Milani respondió a las preguntas de Tenembaum acerca de la posición contraria del CELS, organismo legal dirigido por el periodista de Página/12, sobre su promoción a jefe del ejército. “Él dice que yo por haber tenido 21 años debía haber sabido. Sus amigos no eran subtenientes, tenían jerarquías intermedias o altas, oficiales superiores. Y no estaban en La Rioja o en una ciudad chiquita, estaban revistando en el centro del conurbano bonaerense o en la Capital. ¿Cómo eran sus amigos nunca les cuestionó nada? Tiene que explicar muchas cosas a la sociedad”.
Milani está acusado en las causas por la desaparición del soldado Alberto Ledo, secuestrado en Tucumán mientras cumplía con la conscripción y cuyo acta de “deserción” lleva la firma del ex jefe del ejército; por el secuestro de Alfredo y Héctor Olivera en La Rioja, causa por la que fue citado a indagatoria, aunque tal instancia fue suspendida en junio debido a interposiciones de sus abogados y por el secuestro de Verónica Matta, cuyo testimonio fue conocido en una audiencia pública convocada por el diputado del Frente de Izquierda, Néstor Pitrola, junto a Graciela Ledo, hermana del soldado. Milani tiene pendiente un llamado a indagatoria en la causa por enriquecimiento ilícito, que se llevará a cabo a mediados de octubre.
El manto de sospechas que Milani arrojó sobre Verbitsky está basado en las versiones que dan cuenta de que éste habría actuado como autor de los discursos del jefe de la Fuerza Aérea bajo la dictadura, Omar Graffigna, y su relación con el comodoro Güiraldes, que le habría brindado protección en aquel tiempo a pesar de haber sido una figura prominente de Montoneros.
El ex jefe del ejército lanzó sus acusaciones contra Verbitsky (y su propia defensa) en el marco de su lanzamiento a la arena política, ya que manifestó que querría postularse para diputado como forma de “servir a la Patria” y hasta señaló que no tiene vinculación con el kirchnerismo, cuando explícitamente pronunció su apoyo al “proyecto nacional y popular” y era bancado –frente a los reclamos de renuncia y juicio y castigo– por la ex presidenta Cristina Fernández y Hebe de Bonafini. Por otra parte, vale recordar que Verbitsky fungía de asesor oficioso de la ex ministra de Defensa, Nilda Garré, en materia de implementación de la “doctrina de la seguridad democrática”, que incluía el Proyecto X y otras formas de espionaje e infiltración de las organizaciones populares.
Cuando el barco se hunde…

Tomás Bianco

Pobreza: La responsabilidad del gobierno

8.7 millones de pobres y 1.7 millones de indigentes

Finalmente, el Indec dio a conocer las estadísticas sobre pobreza e indigencia en el país, en franco crecimiento. El porcentaje de 32,2% indica que una de cada tres personas en el país es considerado pobre. Sólo en los centros urbanos existen 8,7 millones de pobres y 1,7 millones de indigentes. La cifra podría ser aún mayor si la canasta que se utiliza como parámetro tuviese en cuenta el consumo real de una familia tipo. El ingreso puesto como piso para no ser considerado pobre, de 12.489,37 pesos, no contempla las verdaderas necesidades de una familia.
En la conferencia de prensa, Macri se amparó en la herencia recibida para justificar la situación actual. Pero las medidas económicas implementadas por el macrismo han agravado la ya difícil situación social del país que dejó el kirchnerismo. La devaluación monetaria y la eliminación de las retenciones han impactado en la inflación y en la actividad económica, que está en una profunda recesión. Por eso, y aún sin que existan estadísticas previas confiables, todos los especialistas estiman que, solo en el transcurso de este año, la pobreza creció en 4 o 5 puntos, lo que equivale a más de un millón de personas.
Es necesario señalar que la presentación del Indec responde a una foto vieja. Con la implementación del tarifazo (que afectará a la economía familiar de manera directa, con la suba de los servicios, y de manera indirecta, con una mayor inflación por el impacto en los costos industriales y comerciales) el nivel de pobreza sufrirá un nuevo aumento.
El informe del Indec pone en evidencia que en Argentina una parte considerable de los trabajadores está por debajo de la línea de pobreza. Basta ver que en la actualidad el salario mínimo es de 7.560 pesos, es decir que cubre sólo el 60% de la canasta de pobreza. Aún más grave es la situación de los jubilados: el haber mínimo es de 5.661 pesos, lo que equivale solo al 45% de dicha canasta. La situación afecta con especial fuerza a los trabajadores precarizados y en negro, que son hoy casi el 35% de la fuerza de trabajo del país. Estos trabajadores tienen ingresos que en muchos casos no llegan incluso al salario mínimo.
El ajuste que está llevando adelante el gobierno y las patronales han agravado esta situación. Las paritarias han sido firmadas entre el 25 y el 35%, contra una inflación que llega al 45%. Al negarse a reabrir las paritarias, es claro que el gobierno quiere consagrar esta pérdida histórica del salario de 10 puntos o más. El bono de fin de año que ahora reclama la CGT no cambia el asunto, porque en el caso de que se implemente es un ingreso por única vez que no cuenta para aumentos posteriores.
Mientras crece la pobreza, el beneficio de los banqueros y sojeros ha pegado un salto impresionante gracias a la devaluación monetaria y la eliminación de las retenciones. Lo que habitualmente se llama “ajuste” es en realidad una transferencia de riqueza en favor de los capitalistas.
El crecimiento de la pobreza es el resultado inevitable de la orientación política y social llevada adelante por el gobierno. Más que nunca es necesario un paro nacional y un plan de lucha para enfrentar esta situación, planteando la reapertura de paritarias, la prohibición de despidos y suspensiones y el aumento de emergencia a los jubilados.

Gabriel Solano

¿Pobreza cero?... ¡32!%

El Indec acaba de revelar que un tercio de los argentinos está por debajo de la línea de pobreza.
¿Cuál es la principal conclusión de ello? Que la pobreza no es una cuestión de desocupados o de marginados.
Una parte muy importante de la clase trabajadora, incluso de la que está en blanco, está sumida en la pobreza.
Macri alude a la “herencia recibida”. Pero acaba de pronunciarse contra la reapertura de las paritarias. Mientras tanto, la distancia entre la inflación y los aumentos pactados este año conduce a una caída del salario real que, en promedio, será del 15%. La situación se reitera con los jubilados, y es peor aún para los que cobran planes sociales.
El gobierno “publicita” la pobreza, pero también la agrava.
Mientras tanto, la CGT deshoja la margarita, postergando cualquier decisión de lucha. Los mandantes políticos de la burocracia sindical, de Massa al FPV, les han ordenado “desensillar hasta que aclare”.
Los compañeros de Bimbo; de Ecotrans; los aeronáuticos, los estatales y docentes que pararon masivamente este martes 27, no opinan lo mismo.
Luchemos por un paro activo nacional y un verdadero plan de lucha, por la reapertura de las paritarias, contra las suspensiones y despidos.
Contra los partidos de la pobreza, desarrollemos a los trabajadores y a la izquierda como alternativa política.

Partido Obrero

Presupuesto 2017: un traje a la medida del capital financiero

Prat Gay presentó la “ley de leyes” 2017 como “el presupuesto de la verdad”. Dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces. Para desmentirlo, en la exposición de la Comisión de Presupuesto, el vice de Hacienda Pedro Lacoste dijo que es un presupuesto de “expansión”, mientras el de Finanzas, Luis Caputo, dijo que se trataba de un plan de “ajuste gradual”. ¿En qué quedamos?
Como primera medida surge que a fines de 2017 habría 10 mil estatales nacionales menos, lo que debe ser motivo de debate inmediato en ATE y todos los gremios estatales. En segundo lugar, fija una pauta salarial del 17% que -asociada a la negativa rotunda a la reapertura de paritarias 2016-, consagra una caída histórica del salario, aún cuando fuera cierta la inflación prevista del mismo porcentaje y que por muchos motivos resulta inverosímil. Otro tanto ocurre con la jubilación, sobre la cual no se prevé ninguna otra mejora que no sea la movilidad automática, que en lo que va de 2016 perdió 13 puntos frente a la inflación.
En 2017, las tarifas del gas (y todas las demás) aumentarán como mínimo un 72%, lo que resulta del aumento en dólares de las tarifas y de la devaluación prevista del peso. ¿Cómo compatibilizar una inflación del 17% con semejante nivel de incremento tarifario? preguntamos en la reunión del Congreso. No hubo respuesta.
La emisión total de deuda prevista es de 55.000 millones de dólares, de los cuales 26.000 millones son nueva deuda. Buena parte de los intereses de los fuertes vencimientos de deuda 2017 (Club de París, etc.) serán refinanciados incorporando intereses a capital. “Para los bonos en manos de organismos estatales -léase Anses y otros- la renovación será automática”(sic). El colosal empapelamiento kirchnerista de la Anses se seguirá ampliando y con ello, el carácter de “pagadios” de los papeles en manos de organismos públicos.
El stock de deuda nacional (provincias aparte) se ampliará considerablemente, según reconocieron los funcionarios. Pero, preguntados por esta bancada, cómo saldrán de la bomba de tiempo del déficit que generan las Lebac (pagarés del Banco Central) que suman más de 600 mil millones de pesos, lisa y llanamente no contestaron. Esto tiene una importancia capital, porque de allí se sale, o licuando esa deuda con inflación -lo que tiraría abajo la “meta” del 17%- o emitiendo nueva deuda del Tesoro, violentando en ambos casos el presupuesto presentado.
Cuando Lacoste habló de “expansión” se refirió a la ampliación del déficit inicialmente previsto al 4,2% del PBI. Desde el vamos el FMI no le cree y pronostica más del 5%. Pero de ese déficit, $247.000 millones van a intereses de la deuda, el resto en “gastos tributarios” -en su mayoría, exenciones impositivas al capital, subsidios a las automotrices, a las Pymes y las conocidas caídas de retenciones al capital agrario y las mineras. Cero gasto social o productivo. El déficit fiscal y la emisión monetaria para rescatar a capitalistas alimentan el gasto financiero parasitario que ahoga a la economía entera.
Surge la pregunta: ¿cómo hicieron para semejante reasignación? Aplicaron los superpoderes del kirchnerismo. ¿Y para 2017? Siguen los superpoderes, con un techo insignificante.
El FMI vino a ofrecerse de garante -y rescatista de última instancia- de un curso sideral de endeudamiento, que nos conducirá a un nuevo default.
Los funcionarios tampoco contestaron cómo se financiará la caída de la recaudación del Anses, por la devolución progresiva del 15% de coparticipación a las provincias. Simplemente irá contra los jubilados y su movilidad.
El otro punto que no contestaron es cuántos trabajadores, jubilados y monotributistas están pagando ganancias hoy. Tampoco qué parte del 5,6% del PBI que reportará ganancias, según el presupuesto, corresponde a la cuarta categoría (asalariados).
No contestan porque está prevista una actualización del mínimo no imponible del 17% que deja inalterado el famoso impuesto al salari. Y porque la modificación de la escala que presentarán no sólo es mínima sino que se “autofinancia”, o sea que se redistribuye su incidencia pero con un resultado fiscal neutro. Sigue la confiscación del salario por la vía del impuesto a las ganancias.
El presupuesto presentado financia gastos corrientes con deuda, implica ajuste contra los trabajadores y jubilados, disimula la bancarrota del Banco Central, prolonga los superpoderes para gobernar por decreto, gasta lo que no hay en subsidios al capital, ajusta contra los trabajadores estatales, es decir contra la educación y la salud pública, es absolutamente modesto en inversión en viviendas y desvaloriza salarios y jubilaciones. Por sobre todas las cosas, es un presupuesto a la medida del negocio del capital financiero internacional.
El movimiento obrero debe movilizarse en su contra.

Néstor Pitrola

Recuperadas en dificultades

Este viernes 23 de septiembre desde las 9 de la mañana, trabajadores de la fábrica de tapas de empanadas La Litoraleña y del restaurante y pizzería La Casona, marcharon a los juzgados comerciales N° 18 y 16 de la Ciudad de Buenos Aires para presentar los fundamentos y recursos de amparo que acompañarán las apelaciones -presentadas hace dos semanas- a los dos fallos judiciales que amenazan la continuidad de la actividad que realizan como cooperativas.
“Lo único que pedimos es trabajar, están en riesgo 150 familias”, expresó Luis Baini, titular de la cooperativa La Litoraleña.
Por su parte, Mario Romero, presidente de la cooperativa La Casona se mostró preocupado por la situación y dio detalles del plan de acción que llevarán adelante para revertir esta situación. “El viernes marchamos con los compañeros de La Litoraleña y el 29, al mediodía, haremos ñoquis y empanadas gratis en la esquina de Maipú y Corrientes, para difundir nuestra situación. Además, el 11 de octubre vamos a hacer una movilización desde el Obelisco hasta el Ministerio de Trabajo para que las autoridades nos den una respuesta. Entre las dos cooperativas sumamos 150 familias que pueden quedar en la calle”, analizó Romero.
El abogado de FACTA, Ataliva Dinani, presentó la semana pasada la apelación con el objetivo de revertir la decisión de la jueza Valeria Pérez Casado que rechazó el pedido para explotar económicamente la fábrica de tapas para empanadas, según lo indica la Ley de Concursos y Quiebras.
Cabe recordar que el conflicto de La Litoraleña comenzó el año pasado cuando el dueño, Rodolfo Conti, dejó de pagar los salarios de los 115 trabajadores, que tres meses más tarde comenzaron una huelga ante la falta de pago.
Por otra parte, los trabajadores de la cooperativa La Casona presentaron una apelación que pretende hacer valer el acuerdo que tenían con los dueños y que sorpresivamente dio un vuelco ante la resolución del juez que ordenó restituir el local a la empresa.
“Había una acuerdo que los dueños no están cumpliendo. Mientras nosotros les pagábamos 150.000 pesos por mes de alquiler, tal como convenimos, ellos iniciaron el pedido de desalojo sin avisarnos y ahora en vez de tres años, tal como estaba conversado, nos están sacando de un día para otro”, informó Romero.

Reclamo en Fa.Sin.Pat (ex Zanón): créditos para la renovación tecnológica

La tecnología que tiene la fábrica jamás fue renovada, debido a que para ello es necesario un monto muy elevado para lo que se requieren préstamos estatales. A lo largo de los años lxs obrerxs pudieron mantenerse en pie desarmando máquinas para sacar repuestos y así arreglar otras.
Han sido muchas las promesas de parte del gobierno provincial y nacional, pero nula o escasa las respuestas “nunca nos permitieron acceder a un crédito para renovar la maquinaria, nos llenaron de promesas con los créditos del Bicentenario pero nunca tuvimos acceso a eso”, cuenta Gloria Godoy, trabajadora de la fábrica. Más aún, desde el gobierno provincial, a manos del MPN, se les prometió comprar cerámicos para hacer obra pública, jardines de infantes, escuelas, pero hasta el día de la fecha se han aportado escasos recursos que no alcanzan siquiera para cubrir los sueldos de lxs trabajadorxs.
Hoy en día le situación es crítica, a la renovación tecnológica se le suma la crisis económica y social. “Con todo el problema que hay a nivel nacional, con los despidos, la gente no compra, además, paró la producción y se abrieron las importaciones, entonces está entrando cerámico de otros países y a nosotros no nos compran”, explica Gloria. Y como si todo esto fuera poco a Fa.Sin.Pat le llegó una boleta de gas de 8 millones de pesos, una tarifa impagable para la gestión obrera.
Toda esta situación ha llevado a que muchos obrerxs se vean obligadxs a dejar la Fa.Sin.Pat, “quedamos 160 obreros nomás en la fábrica”, cuenta Gloria agregando además que mucho de esto se debe a los bajos salarios que están percibiendo, “a veces nos damos 1.000 pesos por semana; esta semana, fueron 400 pesos, con lo que eso significa porque esta es la tierra de Vaca Muerta y acá los alquileres están por la nubes porque piensan que todos somos petroleros”.
Lejos de quedarse con las manos cruzadas, lxs obrerxs decidieron salir nuevamente a las calles para defender los puestos de trabajo. Además, están impulsando un fondo de huelga. Quien quiera aportar puede hacerlo a través de la cuenta corriente Banco Credicoop sucursal 093 cta. Nª 230449 Cbu 1910093355109302304499.
Más aún, como hace años, volverán los históricos recitales en la fábrica. El 8 de octubre Todos Tus Muertos hará un recital en Zanón. También, algunas de las obreras se organizaron y como todos los años, estarán viajando a Rosario al Encuentro Nacional de Mujeres. Allí también se estará proyectando el documental “OBRERAS – Sin las mujeres la lucha va por la mitad” el sábado 8 de octubre a las 19.30 horas en la Facultad de Ciencias Económicas.

Cuadernazo por la expropiación de Donnelley

El jueves pasado los trabajadores de la cooperativa gráfica Madygraf (ex-Donnelley) realizaron una concentración frente a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, donde repartieron 10.000 cuadernos escolares producidos por ellos con el fin de exigirle a la Cámara de Diputados que apruebe el Proyecto de Ley de Expropiación Expediente Nro. D- 285/16-17- 0, que propone declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación la empresa RR Donnelley para ser adjudicada a la Cooperativa de Trabajo Madygraf Limitada.
Los trabajadores de esta gráfica, ubicada en la localidad de Garín, en Escobar, alquilan el predio donde funcionan sus instalaciones al juzgado de la quiebra. El próximo 30 de octubre se vence el contrato de alquiler y la Justicia no ha dado señales para su renovación. De no renovarse el contrato, el establecimiento iría a remate y los trabajadores perderían sus puestos de trabajo. Lograr la aprobación de esta Ley permitirá conservarlos.
Recordemos que el 11 de agosto de 2014 los directivos de RR Donnelley Argentina S. A., luego de huir del país, cerraron el establecimiento y presentaron su propio pedido de quiebra, quedando despedidos más de 400 trabajadores. Doscientos trabajadores continúan hoy la producción a través de la Cooperativa de Trabajo Madygraf.

Dos nuevas cooperativas autogestionadas

Bajo el slogan “Para volver a leernos”, los trabajadores del desaparecido matutino “La Mañana de Córdoba”, quienes conformaron una empresa cooperativa para mantener sus puestos laborales, lanzaron “La Nueva Mañana”.
Desde el lunes 26 de setiembre se podrá acceder a la edición digital en el dominio lmdiario.com.ar y en principio tendrá una tirada en papel de al menos dos veces por semana.
Además, el 26 los trabajadores realizarán una ceremonia de presentación oficial destinada a autoridades y medios. Será a las 11:00, en el Teatro del Libertador San Martín de la Ciudad de Córdoba.
Cabe recordar que los trabajadores de “La Mañana de Córdoba” fueron despedidos en junio de este año, cuando el grupo empresario Medios del Interior S.A. decidió el cierre del medio.
Ese mismo mes, los empleados solicitaron ante la Justicia un pedido de investigación a la empresa y a través de un escrito presentado ante el fiscal Federal Gustavo Vidal Lascano, denunciaron la retención indebida de aportes jubilatorios y obras sociales.
La quiebra de Poligráfica del Plata durante el pasado año, propiedad del “empresario” de medios Sergio Szpolski, había dejado decenas de familias en la calle. Con la colaboración de la Federación Gráfica Bonaerense, ahora los propios trabajadores crearon una nueva cooperativa llamada Cooperativa Gráfica Del Plata y pusieron a producir la firma.
Después de más de un año con el taller ocupado, de movilizaciones a las oficinas y empresas de Sergio Szpolski y de las gestiones en el Juzgado Comercial 5, y a partir de la quiebra de Poligráfica del Plata, los trabajadores ahora organizados como Cooperativa Gráfica Del Plata, lograron que el Juzgado los designe “Depositarios Judiciales” de la empresa quebrada.

Cumpleaños

El pasado sábado 17, la Cooperativa Cae Babylon de Neuquén festejó sus 9 años. En una gacetilla de prensa señalan: “Este año nuestra consigna es “seguimos resistiendo, desde abajo y a la izquierda” porque entendemos que estamos en tiempos donde avanza un proyecto conservador, dirigido por gerentes y CEO’s de las principales multinacionales cuya única motivación es acumular ganancias para sus empresas. Las medidas del gobierno solo favorecen a los sectores más concentrados de la economía, a los ricos de este país, mientras que para nuestra clase solo nos han reservado hambre, miseria y desocupación.
No estamos ajenos a las políticas de ajuste de Cambiemos, no estamos ajenos a las transferencias de recursos a las grandes multinacionales o sectores ricos del país, lo hemos sufrimos en carne propia ya que este año recibimos un factura de gas con un 1.500% de aumento. Este ejemplo chico y cotidiano es lo que estamos sufriendo todos/as y a partir del cual nos organizamos”.

Dos muestras

“Dueños de nuestras palabras: del vaciamiento a la autogestión” es el título de la exhibición que se inauguró el 14 de septiembre en la Sala de Exposiciones de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Perú 160.
Se trata de una selección de imágenes, objetos y registros audiovisuales que buscan sintetizar el recorrido que llevó a un colectivo de trabajadores de prensa abandonado por las patronales vaciadoras y los funcionarios del Estado que debían poner los recursos oficiales para resolverlo, a construir una herramienta que permitiera recuperar las fuentes de sustento de más de 100 familias.
La cooperativa “Por Más Tiempo”, actual editora de Tiempo Argentino, se formó en abril de 2016. Redactores, fotógrafos, diseñadores y trabajadores administrativos y de áreas técnicas se unieron en el proyecto común de prolongar la vida de este diario, luego del abandono de los empresarios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, las caras más visibles del Grupo 23.
En la muestra, que continuará hasta el miércoles 28, queda reflejada la actitud de los trabajadores, que continuaron apostando a la continuidad del diario.
El pasado 15 de setiembre se inauguró en la Galería Popular de Artes Visuales del Centro Cultural IMPA La Fábrica la Muestra Colectiva “EL TRABAJO Y LXS TRABAJADORXS”.
Consiste en cinco exposiciones fotográficas:

• DUEÑOS DE NUESTRAS PALABRAS. TRABAJADORES DE TIEMPO ARGENTINO

• IMPA ES DE LOS TRABAJADORES

• LA DIGNIDAD DE LOS NADIES-EMERGENTE de la Cooperativa de recicladores urbanos “El Corre Camino”

• MERCADO CENTRAL de Mónica Hasenberg

• GRAFICA PATRICIOS de Romina Juárez, Patricia Yeri, Alejandra Pautasso y Natalia Camarotta

Denuncian un sistema basado en la explotación de recursos naturales y mano de obra, donde muchos son excluidos. Pero, al mismo tiempo que muestran las consecuencias de este sistema, también las alternativas que anuncian una sociedad más justa y solidaria, con la capacidad de sintetizar en imágenes las historias que muchas veces el relato oficial ignora.
Se puede visitar de martes a jueves de 16:00 a 21:00 y viernes y sábados de 16:00 a 23:00 hasta el 15 de octubre.

Mario Hernandez

Fuentes: Red Eco Alternativo, Anred, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, www.sipreba.org

¡Ni un muerto más por el derecho a la tierra!

El sábado 24 a las 9 de la mañana, tres camionetas de la empresa Manaos de Orlando Canido, cargadas con 15 personas armadas con pistolas y rifles, entraron nuevamente a los tiros a la comunidad indígena guaycurú de Bajo Hondo, provincia de Santiago del Estero.
La banda armada empezó a perseguir a las familias de la comunidad, que se tuvieron que refugiar en el monte con sus hijos e hijas, mientras veían como prendían fuego a las viviendas y a los vehículos de la comunidad. En esta secuencia de tiros, dispararon a los vehículos y el compañero Pedro Campos recibió un balazo en la pierna y se encuentra pendiente de operación para extraerle la bala.
Después de prender fuego a los ranchos y viviendas de la comunidad (que habían sido reconstruidas tras el ataque del mes de julio), la emprendieron contra los animales vacunos, matando a 6 e hiriendo a más de 14. Pasaron por el pozo, destruyeron el brocal y lo envenenaron nuevamente. E incluso atacaron a los dos policías que debían cuidar a las familias y que se encontraban en la orilla del campo. Después de esto, se retiraron del territorio comunitario.
Al cabo de un rato, se hizo presente una comitiva policial que hasta el momento, no actuó para detener a los responsables.
Y nos hicimos presentes muchos compañeros y compañeras de las comunidades vecinas que fuimos a ayudar a reconstruir los ranchos, los alambres y acompañar las familias de la comunidad, con la solidaridad como nuestra principal arma de lucha.
Este nivel de impunidad es inadmisible. El modo de actuar violento y mafioso de Orlando Canido, el dueño de Gaseosa Manaos que en varias ocasiones se ha presentado en el campo comunitario queriéndose adueñar del mismo, ha sido públicamente denunciado durante años, con aporte de pruebas, filmaciones, denuncias, etc.
Llevamos meses denunciando el incremento de la violencia, la presencia de bandas armadas, los amedrentamientos en las rutas, las muertes de animales y cortes de alambre y los jueces jamás actuaron. Ahora mismo, estamos pendientes de la detención de los miembros de la banda comandada por Lachy Letonai y a las órdenes de Orlando Canido, porque el nivel de violencia de estas bandas armadas es cada vez más peligroso para la vida de las familias campesinas.
Exigimos la actuación inmediata de la justicia, la detención de Orlando Canido y de toda su banda armada.
Queremos vivir y producir alimentos sanos en nuestras tierras.

Juan Carlos Navone

Reseña de "Sin patrón" de Lavaca Editora

Sin patrón es una crónica de un movimiento que como pocos merece ser conocido y estudiado, porque nada hay más hermoso que contemplar cómo surgen de las cenizas de la destrucción capitalista las estructuras sociales y los modelos productivos que la solidaridad humana es capaz de tejer. El escenario es la Argentina y el tiempo un lapso entre 1992 y 2005; el resultado: más de 170 empresas que pasaron a funcionar gestionadas por sus propios trabajadores. El colectivo de Lavaca ediciones reunió los datos y los testimonios y les dio la forma de un libro publicado en 2007 y que es vital que no caiga en el olvido porque demuestra con la certeza de los hechos que otro mundo es posible.
Tras la introducción de Avi Lewis y Naomi Klein, que se declaran seducidos por la idea, abrumadoramente simple más que radical, de resucitar bajo control obrero los medios de producción que el capitalismo aniquila, el libro arranca con una aproximación a lo ocurrido a nivel global en los años 90. Es este un tiempo en que, roto el molde de los estados-nación, se regresa a una explotación sin cortapisas y la estructura social salta por los aires. Argentina, que era un país con legislación laboral modelo, alcanza por entonces cotas de precarización y paro desconocidas. Lo que prepararon los militares golpistas en sus últimos años lo culmina Carlos Menem a partir de 1989; la industria es desmantelada y la clase media se desangra, pero los obreros de alguna empresa quebrada hallan vías para seguir como cooperativa, y el ejemplo cunde… Producción y democracia directa, y luego la batalla legal, que la experiencia enseña que es posible ganar.
Lo que sigue son diez historias que nos acercan a los rostros y sentimientos de esta lucha. La cerámica Zanón de Neuquén funcionaba aceptablemente hasta que una gestión desastrosa con la complicidad de sindicatos amarillentos empezó a deteriorar las condiciones de trabajo. Los obreros fueron capaces de organizarse para desnudar las mentiras que les estaban contando y cuando la situación se hizo insostenible ocuparon la fábrica (1 de octubre de 2001). Vino luego un esfuerzo por explicar lo ocurrido y una amplia solidaridad que les arropó en los momentos difíciles. En marzo de 2002 pusieron en marcha las máquinas y consiguieron estabilizar la producción. Su opinión siempre fue clara: “Estamos usando la fábrica, pero esta no es nuestra, es de la comunidad. Si hay ganancias a ella han de revertir”.
La textil Brukman en el Once bonaerense fue otro caso emblemático, marcado por tres desalojos violentos y una gran influencia de diversos partidos de izquierda, que promovían la estatalización de la fábrica. Al fin la opción cooperativista fue la elegida y se logró la expropiación. Entrevistas a dos operarias que vivieron todo el proceso aportan visiones privilegiadas sobre los intríngulis de la democracia obrera. La metalúrgica Crometal sufrió un intento de vaciamiento por parte de sus dueños, al que los trabajadores respondieron con la ocupación y la constitución de una cooperativa. Tras expulsiones, resistidas con coraje y paciencia, y penurias, que mitigó la solidaridad de muchos, se consiguió también la expropiación.
Siguen otras historias de planes de vaciar empresas, armados con mentiras, amarillismo sindical y jueces corruptos, y desafiados por obreros que un día toman la decisión de pelear. La lucha es dura y sus detalles incluyen enfrentamientos y desalojos, carpas frente a las fábricas, barricadas y amenazas de incendiarlo todo, pero, solidaridad mediante, al fin se conquista el derecho a trabajar. Las imprentas Chilavert y Patricios, Cristal Avellaneda, reconstruida desde cero, la metalúrgica Unión y Fuerza, la cooperativa Renacer en Ushuaia, que fabrica electrodomésticos o la resurrección del diario Comercio y Justicia de Córdoba, también casi desde cero, son hitos de un camino que instruye y seduce. Trabajar sin patrón: cuestión más de dignidad que de política. El libro incluye un directorio completo de industrias recuperadas.
Los teóricos corren detrás de los obreros de estas fábricas, tratando de aprender algo sobre la revolución, mientras la autogestión regresa a la agenda de los movimientos sociales en todo el mundo. “ El lápiz ha tachado, así , cuestiones que el poder consagra como verdades inapelables: 1) La supremacía de la propiedad privada, a cualquier costo. 2) El Estado como único escenario posible donde dirimir los conflictos sociales . 3) La necesidad de contar con una clase gerencial para or g anizar la producción. La comprobación de que ninguna de estas proposiciones es inevitable está presente cada vez que los obreros relatan su experiencia. En la fábrica Grissinopoli, por caso, uno de los obreros recuerda que lo que más le costó no fue resistir en la calle, ni soportar el hambre, ni desafiar a la policía, ni discutir con el juez ni conmover a los ediles. Lo que más le costó fue convencer a sus compañeros de que ellos estaban perfectamente capacitados para poner la fábrica a producir: ‘Creían que estaba loco’. Finalmente, cuando llegó el día en que las máquinas comenzaron nuevamente a funcionar, lloraron. Y lo abrazaron.”
El libro puede comprarse en la web de Lavaca Editora ( http://www.lavaca.org/tag/lavaca-editora/)

Jesús Aller

Blog del autor: http://www.jesusaller.com/

Las puestas en escena del poder

Los episodios del falso colectivo de Macri y el falso obrero de Vidal marcan continuidades con los falsos mineros de Cristina. Cómo actúa la propaganda estatal.

Un actor se presenta a un casting cuyo requisito es disfrazarse de operario para participar de un acto con la gobernadora en las obras del puente Taurita, cerca de San Fernando. Un helicóptero aterriza en un descampado, baja el presidente y es transportado en auto hacia un colectivo detenido en el que esperan decenas de custodios y un grupo de personas, reclutadas por los punteros del oficialismo, que simulan estar viajando en la línea 520, sorprendidos por la presencia del primer mandatario en un transporte público.
Un poco más atrás en el tiempo, en un acto teletransmitido desde Olavarría, la presidenta habla con un obrero minero que se queja de las protestas ambientalistas contra la multinacional Barrick Gold: “Vos no sos un dirigente político, sino un trabajador que defiende su trabajo”, dice la presidenta al hombre, que en realidad es un dirigente del Partido Justicialista y parte activa de la burocracia sindical del gremio minero.
Los dos primeros episodios fueron dados a conocer estos últimos días y responden a las puestas en escena de los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, mientras que el diálogo con el falso minero se produjo durante un acto de la administración de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una continuidad entre los dos últimos gobiernos que necesitan de las construcciones mediáticas elaboradas por sus personeros en comunicación para poder ocultar la realidad de las políticas que aplican contra los sectores populares.
La operación comunicacional de Vidal fue revelada por un actor que se presentó al casting de marras con la intención de cobrar los cuatro mil pesos ofrecidos por aparentar ser un obrero que escuchaba las palabras de la gobernadora. “Era una convocatoria en un grupo de actores de la empresa Buya Casting. Era para gente de Tigre, Pacheco, y como soy de allá me anoté. Yo tenía que hacer de obrero. Me hicieron la prueba de cámara en Plaza Vea de Pacheco. Me decían ‘¿tenés problemas en salir con Vidal?’. Yo lo iba a hacer por la plata, la necesitaba. Ella iba a visitar el puente Taurita”, contó Damián Quilici a diario El Argentino Zona Norte, aunque finalmente no fue contratado.
Las imágenes que se filtraron del falso viaje en colectivo de Mauricio Macri por calles de tierra de Pilar dieron cuenta de cómo se había fraguado el supuesto contacto espontáneo del presidente que habría subido a un colectivo en pleno viaje. En realidad, se trataba de pasajeros reclutados por punteros del PRO de la zona.
La elaboración de las palabras del falso minero cristinista corresponde a un gobierno que se caracterizó por el profuso uso de la propaganda estatal y que no dudó en realizar puestas en escena para reforzar su imagen. En este caso, en medio de las protestas contra la megaminería a cielo abierto, que era rechazada por poblaciones que habrían de sufrir sus consecuencias y que ejercieron resistencias triunfantes a la instalación de las megamineras contaminantes en sus territorios.
La puesta en escena estatal es un recurso inmemorial para la elaboración de la propaganda política por parte de los personeros estatales. Es el modo que tienen los gobiernos de tratar de ocultar sus falencias, sus ataques a la población y sus ajustes. Sin embargo, no hay comunicación política que dure cien años. Las consecuencias de los ajustes son percibidas no a través de cadenas nacionales kirchneristas (método habitual del anterior gobierno) o redes sociales oficialistas macristas (preferencia actual de los asesores de la actual Jefatura de Gabinete), sino en las consecuencias de aumento de pobreza, desocupación y declive en las condiciones de la vida cotidiana de los ciudadanos.
Frente a las puestas en escena del poder, se necesita construir una real alternativa de los trabajadores para ejercer el gobierno para las mayorías.

Antonia Torrebruna

"Contra-cumbre" en rechazo al Salón Inmobiliario Tigre 2016

Un fallo judicial de la Cámara Federal de San Martín beneficia a los emprendimientos inmobiliarios de barrios privados que habían sido clausurados en julio por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Entre otros aspectos, la resolución de la Cámara Federal declara la incompetencia de la Justicia Federal para seguir entendiendo en esta causa.
"Esto es un gesto simple y exclusivamente de poder: sacarlos de un lugar incómodo y traerlos a un espacio de confort, como podría llegar a ser ahora la Fiscalía y los fiscales de la zona norte, que sabemos que están trabajando en forma directa en función de los intereses del Frente Renovador liderado por Sergio Massa", evaluó Ricardo Barbieri, quien es responsable del blog El Tigre Verde y además integra el Consejo Ambiental de Tigre, un espacio donde coordinan organizaciones del distrito.
Barbieri también anunció una "contra-cumbre" que realizarán numerosas organizaciones y sectores sociales el lunes 26 de septiembre, que tendrá lugar en la puerta del Museo de Arte Tigre (MAT), en rechazo al "Salón Inmobiliario Tigre 2016", un mega evento impulsado por el Municipio junto a las grandes empresas del sector privado. "Vamos a explicar nuestra propia visión de lo que es el desarrollo urbano", relató.
Al respecto, con la presencia de diversos sectores ambientales, sociales, políticos, vecinos autoconvocados y multisectoriales, se realizó el martes 20 de setiembre en el Concejo Deliberante de Tigre una conferencia de prensa por el "Real Estado de Tigre".
Los espacios convocantes hicieron público un documento en el que ponen en discusión la visión de crecimiento de Tigre. "Mientras el Municipio promueve el crecimiento de barrios cerrados, torres y demás negocios inmobiliarios, nosotros planteamos que no puede haber crecimiento si no crecemos todos los tigrenses", plantearon los organizadores de la conferencia.
Los sectores que se dieron cita manifestaron su repudio al evento "Salón Inmobiliario Tigre Real Estate", a realizarse el próximo 26 de septiembre en el Museo de Arte de Tigre, Av. Victorica 972, en donde habrá paneles sobre el aprovechamiento de la Ley de blanqueo para realizar inversiones inmobiliarias y el "modelo Miami" para Tigre.
Asimismo, convocaron a participar a la comunidad para expresar cuál es el estado real de Tigre ese mismo día desde las 15:30 en la puerta del Museo de Arte donde estarán presentes el actual intendente de Tigre, Julio Zamora, el Presidente del Banco Nación, Julio Carlos Melconián, y el Presidente de Nordelta, Eduardo Constantini.

Nuevo atentado a la espiritualidad originaria en Punta Querandí

Desde el Movimiento en Defensa de la Pacha, responsabilizan al presidente de EIDICO, Jorge O’Reilly, por la destrucción y desaparición de un “Opy” (Casa de Oración) que iba a ser presentado en el marco de la ceremonia del nuevo ciclo guaraní el próximo domingo 25 de septiembre. También se robaron carteles que señalizan el territorio.
“El Opy es donde nosotros nos encontramos con todas las palabras de nuestros seres superiores. Y lamentablemente esta gente con mucha maldad nos destruyeron todo, ya estaba hecho”, señaló Reinaldo Roa, integrante del pueblo guaraní y vecino del barrio La Paloma de Tigre. “Estoy muy apenado, me siento muy mal, nos siguen invadiendo y destruyendo nuestra cultura, nuestra espiritualidad”, agregó. “Se metieron con un lugar máximo de lo sagrado, esto toca no solamente a los guaraníes sino a todos los hermanos de este continente y del mundo”.
Punta Querandí es un espacio arqueológico, sagrado y educativo que es reivindicado y protegido por familias de distintos pueblos originarios que allí desarrollan su espiritualidad y realizan talleres de enseñanza abiertos a toda la sociedad. Está localizado en el Paraje Punta Canal, entre Maschwitz (Escobar) y Dique Luján (Tigre), rodeado de barrios privados del Complejo Villa Nueva de la empresa EIDICO, cuyo presidente Jorge O’Reilly fue asesor de Sergio Massa. El intendente de Tigre, Julio Zamora, vive en este complejo.
Valentín Palma Callamullo, integrante del pueblo quechua y vecino del paraje Punta Canal, opina que: “No está en los planes de Jorge O’Reilly y de toda la mafia inmobiliaria que quede un bache dentro del ‘Complejo Villa Nueva’, no toleran a los negros, a los indios, a pescadores, a la gente común. Por eso no quieren ceder ni Punta Querandí ni la calle de acceso y van a tratar de evitarlo por todos los medios como ya dijo O’Reilly. El problema con la hectárea de Punta Querandí es que es un palo en la rueda en su masterplan económico y territorial que es unir a los countries de Tigre y los de Escobar”.
“Es preocupante que a esta altura de la lucha, los funcionarios se hagan los desatendidos. Hay funcionarios con intereses en todos los niveles y siguen liberando la zona para que un seudo empresario avance, destruya los humedales, nos inunde y desaparezca a los ancestros de este territorio, al mismo tiempo que amenaza a la gente que defiende estos espacios, sean movimientos indígenas o ambientalistas”. En el marco de la campaña “Más humedales, menos inundados”, un grupo de vecinos realizaron una volanteada en la entrada de la empresa EIDICO cuando sus directivos estaban reunidos con inversores del proyecto Santa Ana, del complejo de countries náuticos “Villa Nueva”.
“Estamos seguros que la suspensión es provisoria, antes de fin de año se destraba”, decían confiados desde la firma y razón no les faltaba. Para explicar el porqué de las clausuras, culpan a “estos Indios Querandí” y “a las organizaciones ambientalistas, fanáticos que no quieren hablar”. También se quejan de que “ningún funcionario quiere firmar la aprobación de impacto ambiental”.
Esta actividad, realizada el miércoles 24 de agosto, se efectuó durante una reunión de la empresa con quienes financian mes a mes uno de sus emprendimientos, pequeños inversores muy preocupados por el freno judicial de las obras.
Santiago Chara, referente de la comunidad qom del barrio Arroyo El Claro y del Movimiento en Defensa de la Pacha de Punta Querandí, expresó: “Fuimos para informar a los compradores por una posible estafa, están engañando a la gente, vendiéndole algo que no deberían, lo hacen de manera ilegal”.
Además, relató que “es la primera vez que un grupo se interna adentro de EIDICO a explicarle a la gente que va a comprar, todos le tienen miedo a esta empresa mafiosa, que avanza sobre cualquier cosa, pero parece que esta vez ellos tuvieron un poco de miedo, por la actitud que tuvieron”.
Además, las autoridades de los barrios privados San Marco, San Benito y Santa Catalina (EIDICO) pretenden adueñarse de una parte del Canal Villanueva a la altura de Punta Querandí. La embarcación para hacer este trabajo ya se encuentra en el lugar. Una de las excusas es evitar el ingreso de residuos flotantes, que de esta manera quedarían acumulados en la orilla del sitio sagrado y educativo.

Incendian cooperativa de junqueros que resiste al avance inmobiliario en el Delta

Las familias de junqueros que conforman la cooperativa Isla Esperanza y forman parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que funciona desde 2010 en la primera sección del Delta, volvieron a sufrir un incendio con tintes de atentado. Sus viviendas, donde muchos vivían desde hacía 40 años, también fueron quemadas y tiradas abajo hace unos años, cuando el mega emprendimiento inmobiliario Colony Park amenazaba con terminar con sus tierras y con su vida isleña, y aunque muchos no pudieron volver a levantar sus casas, formaron la cooperativa y desde entonces resisten y se mantienen en lucha por sus tierras.
“Nos quemaron todo: la máquina para hacer cortinas de juncos, unos 100 mazos de juncos que había adentro y que cuesta unos 5.000 pesos, las bobinas de hilos, de tanzas, los cajones de las abejas, unos 300 libros de la cooperativa”, relata Héctor Orlando Arroyo, de 68 años, que vivió durante 40 años trabajando con los juncos en el Delta, hasta que su casa fue tirada abajo en 2008.
El incendio ocurrió el domingo 18 de agosto alrededor de las 19:00, en el galpón ubicado en el arroyo Anguila y Paloma, cuando ya estaba anocheciendo. Un vecino vio salir una lancha a toda velocidad, con tres personas dentro. Por detrás, las llamas de unos 7 metros, según relata Héctor Maestre, otro integrante de la cooperativa. En medio de la oscuridad y la rapidez de lo acontecido, el testigo sólo alcanzó a distinguir que se trataba de una lancha blanca y azul, con tres personas a bordo.
“Fuimos a hacer la denuncia a Prefectura, que está ahí cerca y que fue puesta por la jueza Arroyo Salgado precisamente para preservar la zona de conflicto, y resulta que dicen que no vieron ni escucharon nada”, denuncia Maestre, de 31 años y miembro de la cooperativa desde 2009. Y explica que ya en 2008, cuando las casas de los isleños que vivían en el lugar fueron quemadas y tiradas abajo, la Prefectura tampoco actuó.
Desde su lugar de trabajo y organización, en el que también realizan apicultura y cultivan frutales, luchan contra el avance de mega emprendimientos en la zona, y en defensa de los humedales. Hace poco, parte de esa movilización de la que participan ambientalistas y organizaciones sociales y políticas, lograron también que la jueza Arroyo Salgado detuviera la construcción de otro mega emprendimiento inmobiliario en Tigre: el famoso Remeros Beach, que pretende construirse en Rincón de Milberg.
Desde el MNCI, en tanto, repudiaron el accionar de Prefectura, a la que califican como “fuerza de choque” de Colony Park, al tiempo que atribuyen el atentado a la “creciente especulación inmobiliaria” en la zona. “La comunidad ha recibido todo tipo de amenazas y ataques, con el desenlace temerario del reciente incendio. Pero este ataque se encuadra en una serie de hechos violentos que se han ido sucediendo. La empresa que tiene público interés en apropiarse del territorio para la construcción de countries es Colony Park S.A, empresa vinculada a funcionarios del actual gobierno y que ha llevado a cabo una infinidad de acciones para imposibilitar la permanencia en el territorio de las 10 familias nucleadas en la organización”, señaló en un comunicado.

Continúa la campaña “Más humedales, menos inundados”

El pasado 30 de julio en Tigre, la Asamblea en Defensa del Humedal de Escobar junto a un gran arco de organizaciones sociales, políticas y culturales de toda la cuenca del Río Luján, Delta del Paraná y Río de la Plata, lanzaron la Campaña “+ Humedales – Inundados”. Este reclamo conjunto exige a las autoridades la detención urgente de los emprendimientos inmobiliarios e industriales privados sobre humedales, planicies de inundación y costas en la cuenca del Río Luján y Delta del Paraná.
Con motivo de seguir difundiendo la campaña, diversas organizaciones ambientalistas, sociales y culturales de la zona llevaron adelante el sábado 3 de setiembre una jornada de concientización en la Plaza de las Banderas de Belén de Escobar.
Durante la actividad, similar a la que habían realizado en la estación de Tigre, los integrantes de la denominada Asamblea en Defensa del Humedal compartieron con la comunidad sus principales reclamos a través de una radio abierta, entregando volantes a la gente que pasaba por el lugar y sumando firmas en adhesión a un Proyecto de ordenanza que prohíba la radicación de desarrollos inmobiliarios en zonas de humedales.
“Hay una situación de ilegalidad de base por el lugar en el cual se construyen. Están sobre bienes del dominio público, es decir que pertenecen al conjunto de todos los argentinos, en cuya superficie se encuentran las napas de agua de las que todos nos abastecemos, donde se recargan y purifican su calidad, y por donde debe correr el agua en las crecientes para, entre otras cosas, evitar inundaciones”, explicó la presidenta de la Asociación Ambientalista del Partido de Escobar (AAPE), Viviana Rebasa, al tiempo que culpabilizó a los distintos gobiernos provinciales por los asentamientos sobre bañados.
Rebasa también cuestionó al intendente Sujarchuk por su relación con el Desarrollador de Puertos, un mega emprendimiento que ocupará 1.400 hectáreas, en su mayoría de humedales: “Ahora, él trata de imponer a Eduardo Constantini como un nuevo actor social de Escobar porque dice que va a hacer obras. Pero las obras hidráulicas tienen que ser sometidas a proyectos de impacto ambiental y, además, la comunidad científica se pronuncia en ese sentido por la relocalización y la recomposición ambiental. Está haciendo un doble discurso, es un engaño”, aseveró.
Las responsabilidades sobre el desarrollo urbanístico en humedales y costas exceden a los gobiernos municipales, sin embargo, no es excusa para que éstos no tengan una política de protección, como es el caso de Campana que aprobó una ordenanza el año pasado, con la cual se protegen ciertas zonas de humedales de su territorio para que no se avance sobre ellas.

Mario Hernandez

"La trata de mujeres debería ser considerado un delito de lesa humanidad"

Margarita Meira cuenta su estremecedora historia

Margarita Meira contó su estremecedora historia: hace 24 años fue asesinada su hija, luego de ser obligada a prostituirse. Hoy dirige una fundación contra la trata: "Somos las Madres de Plaza de Mayo de hoy".
"Hace 24 años que mataron a mi hija, hace 24 años que caminamos las calles, los tribunales, que estudiamos las leyes, que investigamos. Hace 24 años no se podía hablar de desapariciones, te lo prohibían, te amenazaban. No tenés abogados, nada. Era una mamá que trabajaba en casa y cocía para grandes marcas. No sabía otra cosa que hacer prendas y cuidar a mi hija", así comenzó su relato Margarita Meira, madre de Graciela Susana Bekter, asesinada en 1991.
En el "Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas”, la radio Pública de Moreno charló con la mujer que hoy dirige una fundación contra la trata. "No tenía ni idea en qué país estaba cuando me enteré de la desaparición de Susy. Pensaba que el juez cumplía con la Justicia, que el comisario estaba para servirle a los vecinos. Me di cuenta que existía otro país, bien diferente", dijo.
"Un cliente me dijo cuando desapareció mi hija que fuera a la SIDE. Ni sabía lo que era. Ahí en la SIDE me dijeron que iban a encontrar a Susy. Ella apareció muerta tiempo después en un departamento de un ambiente. Le dejaron el gas prendido mientras dormía", describió en diálogo con La Mañana de la Pública, que conduce Roberto Mathhens. "Mi hija estuvo secuestrada en dos boliches muy importantes de Capital, muy conocidos, muy famosos. Uno está en Gallo y Paraguay y es muy conocido", siguió Meira.
Margarita describió su lucha que ya lleva casi tres décadas. "Vamos a seguir militando. Somos las nuevas Madres de Plaza de Mayo. Vamos a denunciar a los prostíbulos, para parar con lo que pasa con todas nuestras chicas". Y presentó un panorama desolador: "La trata paga campañas políticas. Hay que escuchar lo que dice Lorena Martins sobre lo que hacía su padre. Ella denunció la connivencia entre la trata y la política. Es lamentable lo que pasa en el país. Queremos que sea considerado un delito de lesa humanidad".
Por último, criticó al Congreso nacional. "De 2006 a 2008 los diputados y senadores estuvieron discutiendo una ley contra la trata. ¿Tanto tienen que discutir para sacar una ley así?. La Argentina es un país abolicionista, no tiene que haber más prostíbulos ni wiskerías ni nada. Basta de leyes nuevas. Hay que cumplir las normas que existen. Los diputados y los senadores no escuchan a las víctimas, que estamos solas".

APU

"La economía se sosteniene sobre la base de endeudamiento" // Marcelo Ramal en CN23

El legislador de la Ciudad de Buenos Aires debatió en CN23 con economistas sobre la situación económica argentina

La histórica huelga de YPF Ensenada

A partir del 25 de septiembre de 1968 y hasta el 26 de noviembre, los trabajadores de la Destilería YPF nucleados en el SUPE protagonizaron lo que a la postre se denominó la “La huelga Santa”.

Estaba en marcha el Polo Petroquímico que se terminó entre las décadas del 70 y 80 con la instalación de Petroquímica Gral. Mosconi, IPAKO, Polibutenos, Maleic y Copetro. Aquí algunas conclusiones de esta histórica lucha que tuvo que enfrentar a la dictadura de Onganía, y a todas las alas de la burocracia sindical.
Corrían los fines de la década del 60 y Argentina estaba gobernada por la dictadura de Onganía denominada “Revolución Argentina”. En el plano internacional se avecinaba el agotamiento del boom de la posguerra, renacían las disputa interimperialistas, que se empezaba a expresar en crisis de sobreproducción. A estas cuestiones económicas se les sumaban los factores políticos que eran los cuestionamientos a la hegemonía norteamericana. El declinar de las ganancias capitalistas plateó la necesidad de reducir los derechos que los trabajadores habían ganado durante la vigencia del llamado “Estado de Bienestar” en los países centrales, a la vez que se intensifican la ofensiva imperialista sobre las semicolonias.
En ese marco la dictadura establece un plan económico racionalizador que favorece a los sectores más concentrados del capital, en particular los internacionales.
Dirigido por el “célebre” Krieger Vasena como ministro de Economía favorecía al mercado financiero y las exportaciones industriales. Devaluaba el 40%, retenciones a las exportaciones agrarias desde el 16 al 25%, redujo los aranceles de los productos importados favoreciendo la baja de los insumos industriales y para el 69 la deuda con el FMI creció enormemente. Congelamiento salarial, aumento de tarifas de servicios públicos, incremento de los impuestos y reducción del empleo estatal. Suspensiones de las negociaciones colectivas lo que abrió aun más la brecha entre los ingresos de los trabajadores y las ganancias patronales. Modificación del régimen jubilatorio de 45 años y 25 de aportes a 60 y 30 respectivamente (Circular N° 27).
Así es que para el sector petrolero dictamina la Ley de Hidrocarburos que le permitía a las empresas privadas explotar yacimientos de YPF y la Ley 14343 de racionalización administrativa que provocaba prescindibilidad a muchos trabajadores estatales.

La huelga

Estalla en el ámbito de la Destilería en forma total, operarios, empleados administrativos, técnicos y el personal de maestranza, a los que se les sumó el personal de Flota Taller Naval. El detonante fue el conocimiento de una circular patronal que imponía la pérdida de las 6 horas por 8 horas de trabajo, movimiento de personal “excedente”, la reducción de tiempo de refrigerio y los alimentos deberían ser llevados por los propios trabajadores. Conquista de más de 20 años, que el Estado de Bienestar en período de expansión generó, creando la figura de “ypefianos” y la comunidad de fábrica, con su Convenio Colectivo, guarderías, barrios etc.
El 20 de septiembre hubo una asamblea convocada por el SUPE (Sindicato Unido Petrolero del Estado) de más de 3.800 afiliados que había votado el paro por tiempo indeterminado si se imponían las 8 hs. Por eso conocida la circular, el cuerpo de delegados resolvió aplicar este mandato. De inmediato se conforma un comité de huelga entre los tres sindicatos intervinientes (Destilería, Flota y Taller Naval).
Pararon los trabajadores del Taller Naval, Almacenes y Muelle YPF y el congreso de delegados de Flota Petrolera del Estado, en sesión del 23 de septiembre exhorta a todos los trabajadores a abandonar todos los buques.
Rápidamente se pusieron en funcionamiento todos los actores, ante tamaña medida de fuerza que deja vacía la destilería. La dictadura prepara la represión, la dirección de Destilería organiza rompehuelgas y cancela la personería del SUPE Ensenada y del Sindicato Flota Petrolera.
La CGT dividida en dos, la Vandorista o Azopardo y la Ongarista o Paseo Colón situación que hizo que algunos sindicatos se dividieran y sus gremios nacionales se fueron con la CGT Azopardo y sus seccionales locales adherían a la “Paseo Colón”, por ejemplo Luz y Fuerza de Córdoba y SUPE Ensenada. La federación donde se encontraban todos los trabajadores petroleros del país se encontraba dirigida por Cavalli decidió no plegarse a nivel nacional con la escusa de esperar el momento de la represión. Cuando los tres sindicatos locales le respondieron que la cancelación de las personerías ya era represión, la respuesta fue el silencio para luego iniciar una lucha abierta contra la huelga. Todo determinó tres niveles de la lucha: Al interior de la fábrica por conquistas, a nivel político en contra de los planes económicos y de la política petrolera de la dictadura, y a nivel sindical desafiando la actitud colaboracionista de la dirección nacional del SUPE.

El descenlace

¿Cómo es posible que tanta energía desplegada por la clase obrera con 7.000 obreros unidos en lucha se pierda? Con acciones contra los carneros, piquetes con molotov etc. Comisión de Mujeres de Berisso, Ensenada y La Plata. Con el apoyo de la FULP y el movimiento estudiantil. Después de 63 días intensos, con más de mil despidos, las conquistas perdidas, los sindicatos intervenidos etc., los trabajadores volvieron a trabajar.
La causa esencial fue su aislamiento, producto del fracaso de todos los intentos por extender a otras seccionales del SUPE como Mendoza, Comodoro Rivadavia. La falta de apoyo de otros gremios de la zona. Las dos CGT le dieron la espalda, la Vandorista dio su “solidaridad moral” como una burla a los trabajadores en conflicto, y la Ongarista se fue en promesas, nunca organizó ni un solo paro ni la ayuda económica, por el contrario, intentaron permanentemente utilizar el conflicto para los fines golpistas del sector patronal al cual respondían.
También la dirección del comité de lucha confió durante los meses que duró la lucha, en distintos sectores del gobierno, en generales buenos, en intermediarios oficiosos, en obispos etc., pero nunca confiaron en el resto de la clase obrera, en su movilización, en el aporte del estudiantado, que eran las únicas armas que tenían para poder triunfar.

Germán Noguera
Secretario general AEFIP seccional La Plata

Campamento frente a la Rosada

La red de movimientos sociales instaló cuarenta carpas en Plaza de Mayo y anunció que permanecerá hasta recibir alguna respuesta ante el aumento de la precarización laboral y la ausencia de medidas para los sectores postergados.

“El de Macri es un gobierno para los ricos, gestionado como nunca antes directamente por empresarios. Sus medidas de gobierno, rápidas para favorecer a los capitalistas más poderosos, no han incluido ni una sola medida significativa y masiva en favor de lxs trabajadorxs, y mucho menos para nuestro sector, el de lxs trabajadorxs precarizadxs y desocupadxs, el más postergado de todos”. En estos términos se expresó el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el MTD (Movimiento de Trabajadores Desocupados) Aníbal Verón, el Movimiento Teresa Rodríguez y otras agrupaciones sociales que ayer marcharon desde el Obelisco hasta Plaza de Mayo. Allí realizaron un acampe para reclamar “trabajo digno” y manifestarse “contra el ajuste y los tarifazos” que permanecerá hasta obtener alguna respuesta. También exigieron ser recibidos por los funcionarios macristas para iniciar un diálogo.
Cerca de las once fueron llegando con paraguas para protegerse del sol y con la intención de armar unas cuarenta carpas en la histórica plaza. La red de organizaciones elaboró un documento en el que exige al gobierno nacional “trabajo con jornada completa, y con todos los derechos, para trabajadores precarizados y desocupados, una nueva cuota de aumento en todos los programas de trabajo, para compensar la inflación, educación para todos y una paritaria social para los trabajadores precarizados”. Los movimientos piden además “contratos de obras de infraestructura para las cooperativas y compras estatales a las cooperativas de trabajo y escuelas de oficios para las organizaciones sociales”. Además del FOL, el MTD Aníbal Verón, el Movimiento Teresa Rodríguez, también participan del acampe de protesta el Frente Popular Víctor Choque, la Federación de Organizaciones de Base (FOB), Votamos Luchar, la Agrupación Clasista Lucha y Trabajo, la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativos Autogestionados y Precarizados y el Movimiento de Resistencia Popular (MRP).
Las organizaciones que se movilizaron y que protagonizan el acampe señalan que “el gobierno anterior instaló y naturalizó la precariedad y el actual parece empeñado en extinguirla, pero por la vía de la inanición”. Respecto de las actuales autoridades, expresan que “la política deliberada de rebaja del salario es exhibida como ofrenda ante la cumbre de empresarios de la pasada semana”, y que “la propagandizada extensión de la Asignación Universal por Hijo, lo mismo que su aumento, o el de los programas sociales, son irrisorios frente al parate de la economía, que castiga severamente con la ausencia de changas para rebuscarse en las barriadas humildes donde habitamos”.
Estas agrupaciones recalcan que es sobre sus espaldas que recaen siempre “los tarifazos, el ajuste inflacionario y la destrucción de puestos de trabajo, porque históricamente nos han engañado, no creemos en ‘segundos semestres’, en ‘lluvias de inversiones’ ni en ‘teorías del derrame’”. Tras este diagnóstico, enuncian que salen a las calles “porque es la única manera con la que hemos logrado frenar a los gobiernos y a los poderosos, el único lenguaje que en realidad entienden; ellos pretenden la rebaja permanente del salario y la total precarización de nuestras condiciones de vida, nosotrxs apostamos a la fuerza de la movilización popular, masiva y persistente, para impedirlo”.
Hacia el anochecer, los manifestantes aprontaron las carpas rodeando la pirámide de Mayo, y empezaron a preparar las ollas para un guiso de arroz, todo bajo un estricto control policial que impedía la libre circulación. Con espíritu de iniciar una activa resistencia, la consigna más escuchada fue “basta de mentiras contra el pueblo”.

Adriana Meyer

El vínculo entre el Ejército y la cárcel

Lucio Ramírez es un coronel que en 1977 trasladó a tres presos desde la U9 hasta el Regimiento 7 de La Plata, donde dos de ellos fueron asesinados. La fiscalía y las querellas pidieron ayer su reclusión perpetua.

Lucio Carlos Ramírez, peinado a la gomina y pelo bien tirante, no dejó de observar ni un segundo a través de sus anteojos a los dos fiscales. Fue el primero y único día de alegatos en un juicio donde es el único acusado. Mayor del Ejército de 40 años en enero de 1977, se retiró con grado de coronel. Aquí es investigado como responsable de la comisión que el 26 y 27 de enero de ese año trasladó a tres presos políticos de la Unidad 9 de La Plata al Regimiento 7, donde dos ellos fueron asesinados. “Los trasladó tabicados y maniatados, condiciones que distaban de un traslado común y silvestre”, dijeron los fiscales Juan Martín Nogueira y Hernán Schapiro durante el alegato en el que pidieron pena de reclusión perpetua por considerarlo partícipe necesario del homicidio de Angel Georgiadis y Horacio Rapaport y el secuestro de Julio Cesar Urien, que logró el traslado a Sierra Chica. Idéntica pena pidieron las querellas del CeProDh y APDH, que además solicitó la revocatoria de la domiciliaria.
María Teresa Piñero se acercó a los fiscales apenas terminó el alegato. “Les agradezco en nombre de Angel”, les dijo Teté, por entonces su esposa. Angel era militante de Montoneros, responsable en zona sur, había pasado por Descamisados y antes por los movimientos rurales de la acción misionera argentina. Teté lo conoció el 19 de diciembre de 1970 en casa de una compañera. “Militábamos en esos espacios donde la realidad te golpeaba y tenías que darle respuesta, estábamos después del Concilio Vaticano II, Medellín, donde respirabas eso de que sos responsable del otro”. En aquella casa había compañeros de siempre, y además alguien alto, grande, de cuerpo deportivo, ojos claros. “¿Quien es?, dije yo. Y por supuesto me acerqué a preguntarle”, contó ayer.
A Angel lo detuvieron el 16 de julio de 1975. Teté nunca tuvo en manos una autopsia. Ni real ni fraguada. Tampoco ocasión de encontrarse con el cuerpo. “Esto es importante para empezar a ver qué paso con él después de la U9. ¿Qué le hicieron?¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Qué dijo él? ¿Cuál fue la estructura que se hizo cargo de su traslado y asesinato? ¿Quién tomó la decisión?”
El coronel sigue en la sala sin responder ninguna de esas preguntas. El juicio es un desprendimiento del emblemático juicio de la U9 con sentencia el 13 de octubre de 2010, confirmada por la Corte en febrero de este año, que consideró a la cárcel como centro clandestino de detención. Esa causa que juzgó específicamente a los integrantes del Servicio Penitenciario dejó pendiente la relación funcional entre U9 y el Ejército, en este caso el Regimiento 7 de La Plata, cabecera del área 113, corazón represivo de la zona. Ramírez es uno de los oficiales de la plana mayor del R7 que tuvo a cargo traslados de prisioneros de uno a otro lugar. Formó parte del Comando de Operaciones Tácticas COT, estructura de operativa del R7 en la zona. “Esta causa -explicó el fiscal Nogueira– apuntó a si el imputado tenía o no tenía la posibilidad de conocer los alcances de las órdenes de traslado”.
Una de las principales pruebas sobre las que volvieron una y otra vez los alegatos es un libro de actas de la U9 en el que Ramírez registró los tres traslados con nombres, apellidos y su firma, que reconoció en esta causa. “Recibí de la Unidad 9 a los detenidos Angel Georgiadis y Julio Cesar Urien por así haberlo dispuesto la superioridad. Firmado Lucio Carlos Ramírez”, dice una de esas notas. Un día más tarde, 27 de enero, vuelve a escribir que se lleva “al detenido especial Rapaport a efectos de ser trasladado”.
Ramírez no habló en el juicio, pero su defensa usa esa firma para decir que no sabía el destino de los detenidos, que el procedimiento constituía parte de un trámite “normal”. Fiscales y querellas señalaron todo lo contrario. Nogueira habló del contexto criminal y que el traslado tuvo las características ilegales de “todo” lo sucedido. En la U9, desde mediados de diciembre de 1976 “los homicidios y las desapariciones se volvieron una práctica frecuente como consecuencia de las órdenes de traslado que finalmente encubrían la desaparición forzada de personas”. Además, inscribió a estos hechos como parte de una cadena que abarcó la masacre de Margarita Belén y el penal de Córdoba, cuyas noticias ya aterraban a los presos políticos de La Plata. El fiscal mencionó, en su punto más importante, el lugar de Ramírez en la estructura represiva. Como parte de la plana mayor del R7, Oficial S3 o G3 del COT “era una persona con una jerarquía intermedia, con responsabilidades y capacidad de dar órdenes ilegales. Y además integró la Plana Mayor del COT, que era una estructura central para la ejecución de la represión”.
Otro punto en juego es una reunión de la que Ramírez habló en sus escritos. Un encuentro con la plana mayor del estado represivo, integrado en este caso por Carlos Alberto Presti, Jefe del Regimiento 7; Juan Baustista Sasiaiñ, jefe de la X Brigada de Infantería de La Plata y Jorge Luis Arias Duval, jefe de inteligencia. Ramírez buscó decir que el sólo cumplía ordenes. Pero las querellas y fiscales entiende que el haber tenido como interlocutores directos a los jefes de la represión acentúa su peso en las operaciones.
“A ellos los detuvieron por sus identidades políticas”, dijo la fiscalía. “Los secuestraron, los torturaron y los asesinaron y desaparecieron bajo la acción del Ejército, en ese sentido la Unidad fiscal entiende que deben ser leídos estos hechos. Las tres víctimas de este juicio fueron alojadas en los Pabellones de la Muerte, igual modus operandi que en otros lugares del país para exterminar a los prisioneros políticos en lo que resultaron verdadera masacres”.
El 13 de diciembre de 1976 se produjo una redistribución de presos dentro del Penal que marcó el comienzo de las prácticas sistemáticas de tormentos, homicidios, traslados y desapariciones forzadas. Los presos políticos fueron destinados al Pabellón 1 y 2 conocidos como Pabellones de la Muerte.

Alejandra Dandan

Santiago del Estero: brutal ataque contra la Comunidad Bajo Fondo por parte de la empresa Manaos

Ocurrió este sábado. Sicarios armados contratados por esa empresa atacaron el lugar, quemaron ranchos y vehículos, asesinando animales y disparando a las personas. Reproducimos el comunicado.

URGENTE: NUEVO ATAQUE ARMADO A LA COMUNIDAD DEL BAJO HONDO POR PARTE DE LA EMPRESA MANAOS. UN COMPAÑERO HERIDO DE BALA, QUEMA DE RANCHOS Y VEHÍCULOS, MUERTE DE ANIMALES Y DISPAROS A LAS FAMILIAS

Hoy sábado 24 a las 9 de la mañana, tres camionetas de la empresa Manaos de Orlando Canido, cargadas con 15 personas armadas con pistolas y rifles, entraron nuevamente a los tiros a la comunidad indígena guaycurú de Bajo Hondo, provincia de Santiago del Estero.
La banda armada empezó a perseguir a las familias de la comunidad, que se tuvieron que refugiar en el monte con sus hijos e hijas, mientras veían como prendían fuego a las viviendas y a los vehículos de la comunidad. En esta secuencia de tiros, dispararon a los vehículos y el compañero Pedro Campos recibió un balazo en la pierna y se encuentra pendiente de operación para extraerle la bala.
Después de prender fuego a los ranchos y viviendas de la comunidad ( que habían sido reconstruidas tras el ataque del mes de julio), la emprendieron contra los animales vacunos, matando a 6 e hiriendo a más de 14. Pasaron por el pozo, destruyeron el brocal y lo envenenaron nuevamente. E incluso atacaron a los dos policías que debían cuidar a las familias y que se encontraban en la orilla del campo. Después de esto, se retiraron del territorio comunitario.
Al cabo de un rato, se hizo presente una comitiva policial que hasta el momento, no actuó para detener a los responsables.
Y nos hicimos presentes muchos compañeros y compañeras de las comunidades vecinas que fuimos a ayudar a reconstruir los ranchos, los alambres y acompañar las familias de la comunidad, con la solidaridad como nuestra principal arma de lucha.
Este nivel de impunidad es inadmisible. El modo de actuar violento y mafioso de Orlando Canido,el dueño de Gaseosa Manaos que en varias ocasiones se ha presentado en el campo comunitario queriéndose adueñar del mismo, ha sido públicamente denunciado durante años, con aporte de pruebas, filmaciones, denuncias, etc.
Llevamos meses denunciando el incremento de la violencia, la presencia de bandas armadas, los amedrentamientos en las rutas, las muertes de animales y cortes de alambre y los jueces jamás actuaron. Ahora mismo, estamos pendientes de la detención de los miembros de la banda comandada por Lachy Letonai y a las órdenes de Orlando Canido, porque el nivel de violencia de estas bandas armadas es cada vez más peligroso para la vida de las familias campesinas.
Exigimos la actuación inmediata de la justicia, la detención de Orlando Canido y de toda su banda armada.
Queremos vivir y producir alimentos sanos en nuestras tierras.

¡NI UN MUERTO MÁS POR EL DERECHO A LA TIERRA!

MOCASE VIA CAMPESINA
MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO INDÍGENA

Oscuro presente y expectativas futuras

El rumbo de la economía argentina

Los datos del presente de la economía son malos, con continuidad de la recesión. El INDEC [1] informa que el segundo trimestre del 2016 terminó con una caída del 3,4% del PBI, aunque algunos con ojos amigables en la política oficial observan brotes verdes para el futuro cercano. En este sentido hablan del crecimiento de las ventas de vehículo cero kilómetro, cuando el informe de actividad del INDEC señala la caída de la producción de automotores, de fuerte incidencia en la caída del 7,9% en la Industria Manufacturera, contra el segundo trimestre del 2015. ¿Por qué se venden los 0 km si baja la producción? Por los enormes descuentos de las concesionarias que necesitan vaciar stock y por el auge de venta de las pick-up, ya que los grandes propietarios, productores y exportadores se vieron beneficiados con la devaluación y las quitas y disminuciones de las retenciones. Por eso también hay expectativa en la expansión de la construcción o la venta de inmuebles, ya que el último boom inmobiliario en la Argentina estuvo motivado en la expansión sojera, que desde 1996 y la autorización a producir transgénicos no para de crecer. Eso sí, los grandes productores y exportadores reclaman la continuidad de la disminución en 5% anual de las retenciones a la soja, puestas en duda por el gobierno ante la continuidad del déficit fiscal. Al respecto, dice el columnista de Clarín rural que “...arrecia el rumor de que la reducción del 5% para la próxima campaña está en veremos. Es gravísimo, sobre todo porque reverdece la imagen de incumplimiento e imprevisibilidad. Todo el marketing de nueve meses de gestión se está haciendo trizas. Altos ejecutivos de compañías de primera línea en los agronegocios, que vinieron al miniDavos la semana pasada con la idea de proponer inversiones, plantearon sus dudas por esta posible marcha atrás.” [2]
Claro que nada dicen sobre la incumplida promesa de no cobrar impuesto a las ganancias a los trabajadores durante la gestión Macri. El tema tampoco aparece en el proyecto de presupuesto para el 2017, salvo alguna adecuación de escalas, tema de conversación del Ministro de Economía y del de Trabajo con dirigentes sindicales la próxima semana. Un diálogo que posterga el clamor de trabajadoras y trabajadores por el Paro General.

Desempleo y costo de vida

La situación si es negativa en el presente para las trabajadoras y trabajadores. El INDEC confirma datos de desempleo y bajos ingresos de la población trabajadora. El 9,3% de desempleo abierto alcanza al 18,9% para menores de 29 años y el dato de 1.165.00 desempleados se le adicionan 1.963.000 trabajadores ocupados que demandan empleo y 780.000 trabajadores ocupados con disposición a trabajar más tiempo, lo que suma 3.908.000 trabajadores, el 31,2% con problemas de empleo. A eso debe sumarse, que sobre 8.600.000 trabajadores asalariados, 2.850.000, el 33,4% son trabajadores irregulares producto de la impunidad empresaria.
El crecimiento de los precios aleja la posibilidad de satisfacer demandas a los sectores de menores ingresos y la mayoría de la población, los trabajadores. El INDEC señala que para agosto del 2016, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) es de 5.175 pesos mensuales y sirve para medir la línea de indigencia. Los datos absolutos de población indigente se darán a conocer a fines de septiembre. La Canasta Básica Total (CBT) para agosto asciende a 12.487,37 pesos por mes y da cuenta de la línea de pobreza. Son valores para un matrimonio y dos hijos menores. Para los trabajadores de ATE-INDEC la Canasta alcanza a los 20.089,90, muy lejos de las estimaciones oficiales. Para el movimiento de Jubilados y Jubiladas, la canasta asciende a 11.031. El salario mínimo es 7.560 pesos y el haber jubilatorio mínimo es de 5.661. Ambos muy lejos de satisfacer la CBT en la versión oficial o alternativa.

¿Hacia dónde vamos?

Es probable que alguna vez se observen los “brotes verdes” que hoy solo existen para los sectores de alto consumo o suntuario, ya que como el refrán señala: siempre que llovió paró. Eso ocurrió luego de la gran recesión 1998-2002, devaluación mediante y cesación parcial de pagos. Ahora también hubo devaluación y en contrario mayor endeudamiento, asociado a una autorización presupuestaria programada para el 2017 para asumir nueva deuda por 46.500 millones de dólares, una parte para cancelaciones o renovaciones de vencimientos; otra para cubrir déficit fiscal y una tercera para colocaciones en el exterior ante la demora por la radicación de inversiones externas.
Para inducir la activación económica se promueve primero el enfriamiento de la economía (ajuste o sinceramiento) con impacto muy negativo para la mayoría de la sociedad: las trabajadoras y los trabajadores. El imaginario es que luego del ajuste, sinceramiento o enfriamiento, previa disciplina del conflicto social, la reactivación será un hecho, claro que con un piso de ingresos populares menores. Eso no interesa, ya que la cuestión de fondo son las acrecentadas ganancias de los inversores. El principal inductor de esta política es el BCRA que estos días organizó las Jornadas Bancarias y Monetarias, un cónclave anual donde exponen referentes de la banca central regional y mundial y algunos gurúes amigos de la gestión de turno. Por supuesto que la lógica de este año se concentró en avales a la política de metas de inflación con elevadas tasas de interés.
Quién llegó para la ocasión fue la misión del FMI para, después de una década volver a auditar las cuentas nacionales de la economía. El Fondo actúa como una gran consultora y otorga avales esperados por los inversores transnacionales. Eso es lo principal, ya que Prat Gay dice que el gobierno no está obligado a escuchar los consejos del FMI. Eso es verdad, pero lo que le interesa al Ministro y a sus amigos de la banca mundial y del capital transnacional es el visto bueno otorgado por los auditores sobre el rumbo de la política oficial. Por si fuera poco, la semana entrante llega Jack Lew el Secretario del Tesoro de EEUU, el equivalente del Ministro de Economía local, y también Alejandro Werner el Jefe del Hemisferio occidental del FMI para potenciar la misión de auditoria. Estos sí que volvieron y nada nuevo o ingenioso habrá que esperar de estas visitas.
Solo se puede esperar más conflicto social para evidenciar opiniones alternativas a la edulcorada visión de los brotes verdes a futuro. Solo con protesta se morigeró el tarifazo, que ahora será en cuotas durante el mandato Macri. Pero el desafío, más allá de la protesta y el eventual paro general, la cuestión central pasará por el debate profundo y consciente del momento del capitalismo contemporáneo, que solo resuelve su crisis contra los trabajadores y la naturaleza, lo que convoca a discutir el modelo productivo y de desarrollo. Se trata de ir contra el sentido común instalado por las clases dominantes a favor de las inversiones externas y una lógica de solución vía crecimiento sin medir beneficiados y perjudicados. Más que la ganancia, se requiere un rumbo que privilegie las necesidades sociales.

Julio C. Gambina

Notas

[1] INDEC, Informe de Avance del Nivel de Actividad, 22 de septiembre de 2016 http://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/pib_09_16.pdf
[2] Héctor Huergo. La soja, ese “recurso natural”, sábado 24/09/2016. En: http://www.clarin.com/rural/soja-recurso-natural_0_1655834468.html

Malvinas: seguimos sufriendo derrotas

La declaración dada a conocer el pasado 13 de setiembre entre la cancillería argentina y el encargado de Commonwealth es una vuelta de tuerca más y actualiza el camino iniciado en 1989/ 90 con los acuerdos de Madrid 1 y 2 firmados por Carlos Menem.

En relación con el radical cambio que la política argentina realizó en aquella década, la diplomacia y específicamente la cuestión Malvinas comenzó el camino que hoy el gobierno del PRO esta profundizando. En el 89/90 se acordaron una serie de puntos cuya similitud con los actuales no debería sorprendernos.
Haciendo un poco de historia los resumiremos en tres, por ser los más importantes y que engloban al resto.
-Paraguas de la soberanía: que Argentina y Gran Bretaña normalizarían relaciones y avanzarían en acuerdos, económicos, diplomáticos, culturales etc. sin que el tema de la soberanía sobre la región fuera tomado en cuenta, ni mencionado, ni afectado, directa o indirectamente.
-Acuerdos económicos: punto central, que hace a la viabilidad de la ocupación británica, se avanzaría en acuerdos que facilitaran la explotación pesquera en la región (ese es el rubro que explotó a partir de la época menemista y que permitió la gran riqueza que generan las Islas) y el apoyo a la exploración petrolera.
-Acuerdos militares: Las fuerzas armadas argentinas debían informar a Gran Bretaña, con diversa antelación de acuerdo al caso, de cualquier tipo de movimiento en una zona que abarcaba el conjunto del atlántico sur occidental. Básicamente colocaba a las FFAA nacionales en situación de tutelaje, ya que especificaba número de aviones y efectivos, tiempos y demás que las autoridades militares de las islas debían conocer.
El acuerdo de 1989/90 es la rendición real de argentina, profundizaba mucho las consecuencias de la derrota militar y se asemeja a los tratados que en la época del imperialismo clásico las potencias imponían a los países que buscaban subordinar. Nunca fue ratificado por el congreso. Aunque sí fueron aplicadas dos políticas que emanan de ese tratado.
Una: el Tratado bilateral de inversiones, que está específicamente mencionado en los acuerdos de Madrid y que da garantías extraordinarias a las inversiones británicas en Argentina, y sí fue ratificado por el congreso. Y el desmantelamiento del conjunto de los instrumentos militares que en su carácter pudieran implicar alguna amenaza hacia potencias externas. Es de destacar que Inglaterra ha realizado sus movimientos militares en las islas sin consultar en ningún momento a las FFAA argentinas, mientras que Argentina ha respetado escrupulosamente el texto, acentuando la subordinación. También los movimientos a informar se extiendían a lo civil, científico y económico.

¿Cuál es la doctrina ideológica que regía la diplomacia de los “winnie poo” ahora en restauración?

Es la idea de que un país periférico, débil y dependiente, no debe realizar acciones, declaraciones o políticas que aparezcan como disruptivas hacia las potencias dominantes, ya que a la larga estas políticas resultarían perjudiciales. Teoriza esta corriente que, en un balance de costos y beneficios, lo que debe hacer un país débil es “seducir” a las potencias, acoplarse a ellas, realizar hechos y gestos de amistad e intercambio. Así esta “sociedad”, desigual pero la única posible, traería beneficios que redundarían en mayor bienestar.
Es la otra cara, en relaciones internacionales, de la globalización, la dependencia, y la teoría del derrame en lo interno: apoyemos el crecimiento de los ricos, sumémonos a ellos, seamos buenos y condescendientes con los poderosos, que en su enriquecimiento los beneficios llegaran a pobres periféricos como nosotros.
Bajo los gobiernos kirchneristas el discurso cambió al igual que la doctrina que guió las RREE. El discurso en los diversos foros y la presión diplomática se tronó mas activa, en consonancia con el relato nac&pop y la ubicación geopolítica en Latinoamérica
Se probaron una serie de medidas, como La ley Gaucho Rivero (que fue aprobada a nivel provincial pero no a nivel nacional) que impide que buques con dirección a Malvinas anclen en puertos argentinos. Se pusieron algunas trabas a la vinculación libre entre las islas y los países sudamericanos (aunque siguen habiendo vuelos desde Punta Arenas y barcos desde Uruguay). Se aprobó el “Régimen Federal Pesquero” del 2012 que perjudica a las empresas que pesquen en el sur sin permiso de pesca argentino. Se declararon áreas protegidas. Se trabajó (con éxito en este caso) para que la ONU reconociera derechos sobre un nuevo y extenso sector del mar (350 millas) aledaño a las islas del sur y Antártida. Y la justicia sancionó a empresas petroleras que operan en Argentina y que se sumaron al grupo que busca petróleo con base en las Islas.
Aunque ninguna de estas medidas impidió la expansión económica del enclave colonial, ni colocó en problemas el dominio británico; sí mantuvo la presión diplomática y una cierta tensión económica. Tampoco alcanzó a revertir el saqueo sobre los mares del sur, ni instaló una flota pesquera propia en la región como actor económico nacional. En realidad los recursos marítimos, lo mismo que los mineros y otros quedaron articulados al mercado transnacional y su dinámica. El gobierno parecía buscar la negociación con Inglaterra para facilitar la explotación de los recursos de la zona a cambio de sentar a los ingleses en una mesa de negociación que incluyera soberanía. Tampoco produjo una distensión militar, más bien, por el contrario al base británica es una fuerte amenaza en la región, ya que es una política de estado británica sostener su principal encalve colonial con mayor proyección geopolítica. Pero es indudable que la política kirchnerista, de no colaborar con los británicos, es un costo adicional para la explotación de los recursos del sur (crean un clima adverso a la inversión), no tanto para los pocos kelpers (los principales ingresos, mas de 300 milones de u$s parten del pago de permisos por parte de las empresas pesqueras y después por inversiones petroleras); pero si para los ingleses que aspiran a un boom de inversiones. Y que reinstaló el tema en la agenda nacional.
El nuevo gobierno de gerentes carece de toda identidad nacional, esto hace que la asunción de la tesis diplomática que planteamos más arriba sea reinstalada con entusiasmo. La declaración conjunta anunciada por la canciller Malcorra junto al ministro de Estado para Europa y las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Commonwealth británica, Sir Alan Duncan, es un “vuelta a la normalidad” (menemista) en la cuestión Malvinas. Es una declaración, aún no es un acuerdo formal, pero anuncia el camino de corto plazo y de hecho su simple anuncio llevó a que las acciones de las empresas británicas interesadas en explotar recursos de la región subieran.
Estas son las concesiones que busca realizar nuestro gobierno:
-Vuelve plenamente al “paraguas de la soberanía”, o sea que todas las políticas y acuerdos puedan realizarse sin incluir ese tema.
-Promete apoyar la comunicación directa de las islas con el resto del continente aumentando así su sustentabilidad y viabilidad como entidad separada de argentina.
-Promete facilitar y colaborar con la explotación de los recursos de las islas, mejorando las perspectivas de los inversionistas, ya que la colaboración del continente es muy importante en el caso de que haya gas y/o petróleo al menos para toda la etapa inicial.
-Impulsa eliminar todas las trabas legales, de transito, económicas y diplomáticas a las empresas que operen directamente con Inglaterra o con los kelpers, creadas durante la década kirchnerista.
-Sorprendentemente menciona por primera vez a la Antártida, región de muy antigua, numerosa e importante presencia argentina, pero sobre la cual Inglaterra también tiene aspiraciones. En ese ítem la declaración anuncia que se trabajara en común con los ingleses.
Como vemos la declaración es la reubicación de la diplomacia “nacional” en la órbita de los intereses británicos, profundiza lo hecho por el menemismo, haciendo cada vez mas profunda la derrota del 82. Busca modernizar algunos puntos con las nuevas perspectivas hidrocarburíferas (potenciales aún) y geopolíticas, no incluye el tema militar ya que las FFAA argentinas no existen como amenaza ni siquiera teórica, pero si destaca cuestiones diplomáticas y jurídicas que molestaban a la potencia colonial ocupante. También desarrolla un ítem en línea de reafirmar el tratado bilateral de inversiones heredado del menemismo. El acuerdo se propone en un momento difícil para Inglaterra, con su salida de la UE y con el agotamiento del petróleo en el mar del norte, situación que por el contrario debería haber favorecido una presión más agresiva de nuestro país.
La política que se reimpulsa, los convenios y propuestas de acuerdo que se desprenden de ella, se asemejan a los tratados que durante el siglo XIX las potencias coloniales imponían a los estados que se sometían a vasallaje con status de semicolonias. Viola la constitución nacional, al tratar como negocio con países extranjeros la explotación de recursos de un territorio definido en la carta magna, específicamente, como sujeto a reivindicación.
Hablar de “infame traición a la patria” no suena exagerado, sin embargo el tema Malvinas y las políticas que describimos se encuadran en una línea que abarca a personajes más numerosos que los de la actual gestión, como vimos, y que se extiende a cuestiones mas amplias que Malvinas.

Guillermo Martin Caviasca​
Marcha

La propuesta tarifaria del gobierno aumenta los subsidios… a las petroleras

Al productor local se le pagará un costo por encima del precio de producción, es decir, se subsidia a las petroleras que extraen y venden el gas con plata de los consumidores al tomar como referencia el precio más caro, lo que cuesta importar el gas por barco y regasificarlo en tierra (U$S 6.80 x BTU) que representa solo el 10% del consumo nacional. Es el valor aproximado de la operación más cara realizada este año. Se trata del GNL que proveyó una filial de Royal Dutch Shell.
Según la exposición que hizo en la Audiencia Pública (AP) un directivo de YPF, el costo de producción está por debajo de U$S 2 x BTU. El promedio pagado en 2015 por los usuarios fue de U$S 2.50 x BTU (dato que brindó el propio Aranguren en la AP). La demanda se abastece en un 70% con gas local.
Una investigación del Instituto de Energía Raúl Scalabrini Ortiz (IESO) señala que promediando los precios del gas producido localmente y el importado se llega a un precio consolidado de U$S 3.01, no de U$S 6.80, lo que representa un sobrecosto de U$S 3.700 millones aproximadamente. Antes el subsidio lo recibía el consumidor y lo pagaba el Estado; ahora los beneficiarios son las petroleras y lo pagará el consumidor.
A esto se suman los U$S 4.000 millones por transferencias al sector por la vía del precio del barril de petróleo más alto que el valor de importación (unos U$S 20 por arriba de los U$S 45 que cotiza en el mercado internacional).
En medio de una caída de los precios de la energía en el mundo, los precios de Argentina aumentan garantizando ganancias extraordinarias a las petroleras. No por casualidad tras la AP las acciones gasíferas treparon hasta el 10%.
El documento presentación de Aranguren en la AP recordaba que esta audiencia solo entiende sobre el traslado a la tarifa de los precios del gas al ingreso al sistema de transporte. De la revisión integral que incluye la retribución a transportistas y distribuidores se hablará el mes que viene.
El primer aumento estará por arriba del 200% promedio con posteriores ajustes semestrales y la tarifa quedará dolarizada. Lo dijo Aranguren en el foro empresario desarrollado en el CCK: “Queremos que decida el sector”, es decir, YPF, Total Austral, PAE, Petrobras Argentina y Tecpetrol, que reúnen el 78% del mercado de gas natural.
Mientras tanto, en lugar del 500% que pensaba aplicar -y que la Corte Suprema no objetó-, al aumento para los usuarios comerciales, estaría más cerca del 250%.
Los usuarios comerciales consumen un promedio mensual de 623 metros cúbicos, según los datos del Gobierno. Antes de los aumentos, pagaban U$S 0,47 por millón de BTU. En abril, el Enargas subió ese valor casi un 700%, llevándolo a U$S 3,74. Luego le puso un tope de 500%, dejando el metro cúbico en U$S 2,82.
La situación en los comercios e industrias fue puesta en la mesa de negociación, aceptando el Gobierno el pedido de las provincias y los intendentes como una muestra de flexibilidad.
Otro reclamo de los defensores del pueblo y la mayoría de los casi 400 expositores fue que un hogar receptor de tarifa social en un servicio (luz), pueda acceder al beneficio en gas y agua. También se dará participación a los intendentes en ese proceso.

Para la CGT llega el tiempo de las definiciones

“En mi gobierno los trabajadores no pagarán impuesto a las Ganancias”. Los dichos de Mauricio Macri en campaña electoral han mutado a “ir modificando las escalas de manera gradual porque no tenemos recursos para resolverlo en uno o dos años”, según aseguró días atrás Alfonso Prat Gay. La frase predispuso muy mal a los gremios que definirán el viernes si van o no a un paro general.
El próximo viernes cuando se reúna el Comité Central Confederal en el salón Felipe Vallese del histórico edificio de la calle Azopardo no habrá más lugar para especulaciones. La CGT tendrá que fijar una posición más allá de lo discursivo frente a la negativa sistemática del gobierno de no atender los distintos reclamos expresados por las centrales obreras.
Si bien la posición mayoritaria es la de convocar a un paro general con movilización, aún la decisión no está tomada. Desde los sectores del sindicalismo más cercanos al gobierno esperan algún gesto del oficialismo que les permita imponer su postura de postergar las acciones concretas.
La postura expresada por los ceos internacionales y nacionales en el “Mini Davos” como Paolo Rocca, CEO de Techint, declarando que “hay que convencer a los sindicatos para que no peleen por el sueldo de algunos, sino por el empleo de muchos” y los detalles del proyecto que enviará el Ejecutivo al Congreso para modificar el Impuesto a las Ganancias terminaron con la paciencia de algunos de los popes sindicales. “No nos dejan otra que ir al paro. No nos tiraron un centro”, confesó uno de los hombres que dentro del Comité Ejecutivo se alinea en el ex secretario General, Hugo Moyano.
Otro de los peso pesado de la nueva CGT unificada detalló: “Yo escucho a dirigentes sindicales que hablan de que hay cuidar la gobernabilidad. Yo digo que de cuidar la gobernabilidad se tiene que ocupar el PRO y nosotros nos tenemos que ocupar de cuidar a los trabajadores”.
A esta hora la visión más extendida impulsa un paro con movilización. Así lo confirmó uno de los hombres de los Movimientos Sociales que cerraron un acuerdo histórico con la CGT hace 15 días.
Por otra parte, el secretario general del gremio de maquinistas de trenes de La Fraternidad, Omar Maturano, salió a diferenciarse de los que reclaman a viva voz un paro general contra Macri, al plantear que esa medida se deberá adoptar solo “si no se llega a un consenso” con el Gobierno.
Maturano estimó que el viernes, en el encuentro de los dirigentes de la CGT, algunos sectores “van a plantear una medida de protesta y confrontar con el Gobierno”, mientras que “otros dirán de llamar a un acuerdo social o nacional donde se sienten todas las partes de la sociedad y buscar un camino acorde con la paz social, sin conflictos”, frente a lo cual anticipó que su sector se inclinará por la búsqueda de “consenso en el acuerdo social”.

Paran docentes y profesionales de la salud

El martes se reunió el Plenario de Secretarios Generales de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y analizó la situación Nacional y de las Provincias.
Ante la grave situación que tienen a varias provincias en conflictos y la negativa del gobierno nacional y los gobiernos provinciales de reabrir las paritarias; y la amenaza al régimen previsional docente, la Junta Ejecutiva de CTERA y el Plenario de Secretarios Generales resolvieron:
– Exigir al Gobierno Nacional la reapertura de la Paritaria Nacional, entendiendo que esta negativa de los gobiernos nacional y provinciales forma parte de la política de ajuste sobre los trabajadores.
– Exigir el cumplimiento de los acuerdos paritarios nacionales: Formación permanente, gratuita y en ejercicio para todo el país; cumplimiento del Fondo Compensador por docente y cargos estipulado en el Art. 3 del acuerdo paritario; continuidad de los Programas Nacionales Socioeducativos.
– Reclamar el debate y sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo que eleve el Presupuesto del 6 % al 10 % del PBI.
– Rechazar el Plan Nacional de Evaluación "Aprender 2016".
– Impulsar una medida nacional unificada con todas las centrales sindicales.
– Repudiar al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén ante el cierre de la Causa Fuentealba II.
Por todo lo anterior la Junta Ejecutiva de CTERA y el Plenario de Secretarios Generales resolvió convocar al Paro Nacional Docente el 27 de Septiembre con concentración a las 10.30 hs. frente al Congreso de la Nación y movilización al Ministerio de Educación de la Nación.
El 19 de setiembre se llevó a cabo en la ciudad de Centenario el plenario de Secretarixs Generales de ATEN (docentes neuquinos) que resolvió:
Paro de 48 horas para los días 21 y 22/9 con las siguientes actividades:
-21/9: a las 11:00 Conferencia de Prensa en Casa de Gobierno.
-16:00 Concentración en Legislatura donde se trata el Proyecto de declaración en contra de la Armonización y en defensa de las condiciones jubilatorias actuales.
-22/9: Concentración y permanencia en Casa de Gobierno desde las 9:00 hasta las 15:00 horas.

Paro de 48 horas para los días 28 y 29 de setiembre. El 28 con actividades locales y el 29 con Marcha Provincial.

El jueves pasado sesionó en la sede central de CONADU el Plenario de Secretarios Generales. Tras varias horas de debate, las 26 asociaciones de base presentes sintetizaron un plan de acción, en el marco del pedido de reapertura de paritarias, que incluye realizar dos nuevas Jornadas Nacionales de Protesta y Difusión: el jueves 22 de septiembre -con actividades variadas en los distintos gremios- y otra el martes 27 de septiembre que finalizará con una movilización al Ministerio de Educación y Deportes.
“Reclamamos que nuestros salarios hayan perdido poder adquisitivo pero también por la situación presupuestaria que están atravesando las distintas casas de altos estudios, que repercute claramente en el nivel de las Universidades y en su capacidad de retener a los jóvenes de sectores más vulnerables”, señaló Carlos De Feo, Secretario de Relaciones Internacionales de CONADU.
El organigrama de lucha apunta a instalar el tema en la agenda antes de la reunión prevista para el 29 de septiembre por la cláusula de revisión de paritarias. El Plenario también resolvió decretar un paro total de actividades para el próximo 4 de octubre si no existe una nueva oferta salarial.
La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) rechazó el jueves pasado los 158 pesos de aumento que ofreció en paritarias el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal y ratificó el primer paro de 48 horas del "segundo semestre", que realizará los días jueves 22 y viernes 23 de septiembre y que serán la quinta y sexta jornada de medida de fuerza desde el comienzo de un "plan de lucha" que ya cumplió con cuatro paros de 24 horas.
El miércoles de la semana pasada, la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires y organizaciones sociales protagonizaron en La Plata una multitudinaria jornada de lucha que comenzó con una radio abierta y conferencia de prensa frente a la Municipalidad y continuó con la movilización hacia la Casa de Gobierno y la Legislatura donde se realizó un acto para reclamar, entre otras cosas, que el presupuesto 2017 sea en favor de las mayorías bonaerenses y los sectores más desprotegidos.
En la movilización estuvieron presentes los gremios de estatales que nuclea la CTA bonaerense, ATE, CICOP, AJB, APL, la Federación Nacional Docente y seccionales del SUTEBA, además participaron las organizaciones sociales Movimiento Argentina Rebelde (MAR), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita, la CTEP y Barrios de Pie, entre otros.

Conflictos en transporte

“Hoy (lunes 19) tenemos 20 coches disponibles de cada cabecera, es decir, 40 coches de un total de 344”, afirmó Esteban Simonetta, delegado de los trabajadores de la Línea 60 de colectivos. Agregó que “nunca se hizo un paro, sino que se abandonaron las tareas a partir de la irresponsabilidad patronal tras la muerte del mecánico Daniel Ramallo”.
“No creo que lleguemos a funcionar completos para el martes, sino recién miércoles o jueves”, dijo Simonetta, quien informó que las autoridades del Ministerio de Trabajo se habían comprometido a que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo realizara una revisión técnica de todas las unidades antes de volver a funcionar.
Si bien la intención era retomar el servicio el viernes pasado tras el dictado de la conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo, los colectivos “no estaban en condiciones porque no hubo revisión técnica”, señalaron fuentes sindicales, por lo que la primera unidad partió recién el sábado a las 8:15.
La medida que comenzó hace casi dos semanas tras la muerte de un trabajador en un taller de la empresa en Barracas, hace que apenas circulen dos ramales y solo 120 de los 344 colectivos. La línea 60 volvería a funcionar con normalidad recién hoy, jueves.
Por otra parte, los vuelos de cabotaje e internacionales de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral permanecieron cancelados el viernes pasado por el paro que iniciaron los trabajadores nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) en reclamo de mejoras salariales.
APLA informó que al no haber llegado a un acuerdo en la negociación salarial con la empresa y tras haber concluido el plazo de conciliación obligatoria dispuesto por el Ministerio de Trabajo, se tomó la decisión del paro que obligó a cancelar todos los vuelos.
La empresa privada de correos OCA que ocupa 7.800 trabajadores es administrada y gestionada desde el martes 13 por los trabajadores jerárquicos, luego de un conflicto que se prolongó durante algo más de una semana y que incluyó cortes de calles y bloqueos en demanda del pago de salarios adeudados.
Finalmente, Hugo Moyano pagó los salarios de los choferes, bajo el compromiso de la empresa de reembolsar el monto en un plazo de 30 días.
El pago registra un antecedente este mismo año cuando camioneros aportó 25 millones de pesos para hacerse cargo de los sueldos atrasados de 650 choferes de la firma de recolección “9 de Julio” de Mar del Plata.
El paro de choferes de OCA que duró varios días a principios de mes, generó inconvenientes en otras empresas, por ejemplo, con entidades bancarias.

Los trabajadores del SENASA paran por 10 días

Los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria llevarán a cabo un Paro Nacional de 10 días, a partir de las 00 horas del miércoles 21 de septiembre, hasta las 24 horas del viernes 30 de septiembre con movilizaciones en todo el país.
El 15 de septiembre el Gobierno Nacional envió al Congreso de la Nación el Proyecto de ley del Presupuesto Nacional. El presupuesto de SENASA es de 3.746 millones de pesos para el año 2017 y un recurso de 6.192 en la proyección de la recaudación propia del SENASA para el 2017, en tasas, aranceles y el porcentaje de las importaciones. Esto indica que se impone una restricción de los recursos en el orden de 2.446 millones.
En términos reales, el presupuesto quedaría reducido para el 2017. Las partidas para el funcionamiento operativo bajan, incluso nominalmente respecto a 2016. Por lo cual en términos reales, se ven reducidas a la mitad.
De este modo, se va ver un SENASA paralizado y sin capacidad operativa. Históricamente el SENASA se financiaba con recaudación propia y aportes del Tesoro. Ahora en 2017, el Tesoro no sólo no aporta más nada, sino que se apropia de gran parte de la recaudación derivada de tasas, aranceles y del comercio exterior que el SENASA debe controlar, y que es una recaudación específicamente destinada al funcionamiento del organismo.
“Estamos en un punto de inflexión, se trata de una lucha ejemplar de todos los trabajadores del SENASA (independientemente del gremio al cual estemos afiliados, e incluso a ninguno) con la absoluta seguridad de que el futuro del SENASA, su presupuesto acorde a necesidades reales, fin de la precarización laboral, y de las pésimas condiciones de trabajo de muchos compañeros dependerán exclusivamente de la fuerza que demostremos como clase trabajadora del SENASA”, resaltó el Coordinador nacional de ATE SENASA, Jorge Ravetti.

Cuadernazo por la expropiación de Donnelley

El jueves a las 11:00 los trabajadores de la cooperativa gráfica Madygraf (ex-Donnelley) realizarán una concentración frente a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, donde repartirán 10.000 mil cuadernos escolares producidos en la gráfica bajo control obrero con el fin de exigirle a la Cámara de Diputados que apruebe el Proyecto de ley de expropiación de esta fábrica, el cual le permitirá evitar que se pierdan 200 puestos de trabajo.
Los trabajadores de esta gráfica, ubicada en la localidad de Garín en Escobar, alquilan el predio donde funcionan sus instalaciones al juzgado de la quiebra. El próximo 30 de octubre se vence el contrato de alquiler y la Justicia no ha dado señales para su renovación. De no renovarse el contrato, el establecimiento iría a remate y los trabajadores perderían sus puestos de trabajo. Lograr la aprobación de esta Ley permitirá conservarlos.
Recordemos que el 11 de agosto de 2014 los directivos de RR Donnelley Argentina S. A., luego de huir del país, cerraron el establecimiento y presentaron su propio pedido de quiebra, quedando despedidos más de 400 trabajadores. Tanto la AFIP como los trabajadores realizaron denuncias penales y de vaciamiento y quiebra fraudulenta, las cuales aún siguen en curso.

Hieren a trabajador con bala de plomo

Luis Bastidas, trabajador y delegado de UPCN del Ministerio de Desarrollo Social, está internado tras ser baleado por un policía mientras manifestaba por mejoras salariales. El hecho sucedió el miércoles por la mañana en las puertas del Ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente de la provincia de Neuquén.
Bastidas podría haber sido un nuevo Carlos Fuentealba, el docente neuquino asesinado por un policía en el 2007, ya que la bala ingresó por su pecho cerca del corazón.
Distintos gremios estatales, como ATE-CTA, ATEN (docentes), SEJUN (judiciales) y ADUNC (docentes universitarios), y el Sindicato Ceramista de Neuquén, realizarán un paro el jueves 22 y se movilizarán conjuntamente hasta la Casa de Gobierno en repudio al accionar policial.
Nuevamente la justicia laboral de Tierra del Fuego dispuso el desafuero sindical de docentes. En este caso llegaron las exclusiones de tutela para René Massa, Alejandro Gómez, Gastón Benítez y Horacio Solís. En total suman 9 los afectados.
Al respecto, Horacio Catena, Secretario General de SUTEF y la CTA de Tierra del Fuego, señaló: “No existe antecedente en democracia de quita de tutela sindical por hechos de protesta social gremial. La última vez fue en la dictadura militar”.
En Río Grande (T. del Fuego), los trabajadores de la autopartista Visteon mantienen la ocupación de la planta. El viernes hubo una concentración de metalúrgicos que marchó a la empresa ocupada donde se realizó un acto.
“Hay una situación de incertidumbre y en ese marco no hay garantías sobre los puestos de trabajo de las compañeras y los compañeros que representamos. Son 35 compañeros que están dentro de la Unión Obrera Metalúrgica, pero además tenemos 10 trabajadores más que pertenecen a limpieza, seguridad, gastronomía y ven con absoluta preocupación esta misma situación que vemos nosotros”, señaló el Secretario de Organización d la UOM Río Grande, Marcos Linares.
La presidente de la Cooperativa Renacer de la provincia fueguina, Mónica Acosta, dio a conocer que el Ministro de la Producción de la Nación, Francisco Cabrera, habría prometido ayuda a las empresas radicadas en la provincia, a cambio de reducir personal. Desmintió que no haya un plan nacional para la provincia, por el contrario, el plan existe y tendría relación con allanar el camino a la apertura de importaciones por un lado y, por otro, a inversiones de capitales ingleses interesados en el petróleo de Malvinas, que requieren de una provincia chica.

Las patotas de la burocracia sindical buscan frenar la organización independiente de los trabajadores

El pasado miércoles 20/7, tuvo lugar un nuevo ataque de las bandas de Gerardo Martínez hacia el Sitraic. Las víctimas fueron esta vez los trabajadores de la delegación San Pedro.
La agresión se desarrolló al término de una asamblea del Sitraic con los trabajadores afiliados en la obra del Hotel Azahar, radicada en la ciudad. Se trata de una obra de casi 100 trabajadores donde un cuarto de ellos decidió comenzar una experiencia sindical con una nueva alternativa gremial para los trabajadores.
Una semana después, la delegación La Matanza del Sitraic sufrió graves amenazas por parte de personal de la UOCRA a cargo del Secretario General de la seccional de la zona Heraldo Cayuqueo.
Una vez en las instalaciones del sindicato manifestaron que las obras identificadas con las banderas de la UOCRA les pertenecían a ellos y que no querían ver al Sitraic en aquellos lugares, ni mucho menos dialogando con los trabajadores de esas obras. La advertencia fue seguida de distintas amenazas en la que se tomarían represalias a la integridad física de los compañeros del Sitraic. El personal de la UOCRA manifestó que conocía el paradero y la vivienda de cada uno de los integrantes del equipo del Sitraic, como un medio para persuadirlos para que desistan de su actividad gremial.
El pasado viernes 1 de julio, y luego de una semana de desarrollo del juicio oral y público, se conocieron las primeras condenas por el juicio a los responsables del asesinato del trabajador de la construcción Darío Avalos.
De los 6 delegados de la UOCRA imputados, dos fueron hallados culpables de homicidio agravado y otros cuatro de homicidio en agresión.
El juicio no fue uno cualquiera, sino que se sustanció por medio de un jurado de 12 ciudadanos que dictó el veredicto condenatorio contra la patota de la UOCRA. Durante 5 días corridos, los jurados fueron espectadores de la trama de negocios, acuerdos y frivolidad que caracterizan el modus operandi de la UOCRA en todo el país. El plan criminal que terminara con la vida de Darío Avalos y del que participó la empresa, el estado y la UOCRA, es una práctica común de Gerardo Martínez que ha instalado una marca registrada en todo el país.
La condena de los primeros imputados de la UOCRA abre el camino para la prisión de los responsables intelectuales de este crimen: Walter Leguizamón y Héctor Cabrera. Es la primera condena a una organización criminal que se extiende por todo el país y que se encuentra en una profunda descomposición como lo demuestra el SITIC, de la ciudad de Santa Fe, que logró la Inscripción Gremial para operar en el territorio santafesino. Víctor Grosi, secretario general del Sitraic, aseguró que “es una muy buena noticia que los trabajadores puedan optar por afiliarse al sindicato con el que se sientan más representados”.
Desde el lunes se está cumpliendo un acampe con una importante movilización de trabajadores de la zona sur a la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), entidad que nuclea a las principales empresas de la industria. El Sitraic instaló un acampe en pleno Bajo porteño por el reclamo de la inmediata reapertura de las paritarias, un 40% de aumento del básico de la construcción, la reactivación de la obra pública y los puestos de trabajo y un seguro económico para el parado de la construcción hasta tanto se garanticen los puestos de trabajo.

Una ayudita para mis amigos

El Gobierno nacional formalizó mediante la publicación de sendos decretos, la “reorganización institucional” del Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (Renatea) y el “restablecimiento” del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), medida que favorece al sindicalista más PRO, Gerónimo “Momo” Venegas.
Según el decreto 1014/2016 publicado en el Boletín Oficial, el proceso estará a cargo de dos personas del riñón de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), el gremio que conduce Venegas: Vanesa Utrera será la “delegada reorganizadora” del Renatea, mientras que Ramón Ayala, Secretario Adjunto del gremio, llevará adelante el procedimiento en el Renatre.
El Renatea había sido creado en 2011 mediante la Ley 26.727 de Trabajo Agrario, a través del cual ese organismo, un ente autárquico en jurisdicción del Ministerio de Trabajo, absorbió todas las funciones del Renatre.
Sin embargo, el 25 de noviembre pasado, tres días después del triunfo del frente Cambiemos en el balotaje presidencial, la Corte Suprema declaró la “inconstitucionalidad” del Renatea, aceptando un recurso de queja que Venegas había presentado en agosto de 2012 contra un fallo de la Cámara laboral porteña que había validado el organismo creado por el kirchnerismo.
El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) pasa su momento de mayor exposición mediática. Primero la intervención judicial ordenada por el Juez Federal Rodolfo Canicoba Corral y luego la detención de su ex titular Omar “Caballo” Suárez, dejaron al gremio en medio de una feroz disputa desde distintos sectores de poder.
La intervención a cargo de la diputada del PRO, Gladys González, logró el cometido. González es considerada por Macri como uno de los pilares en el armado del PRO en el Conurbano bonaerense. Ex candidata a intendenta de Avellaneda por Cambiemos, aunque tenía domicilio en Capital Federal, fue denunciada por corrupción, sobornos y tráfico de influencias durante su paso como directora del Banco Ciudad. Desde su llegada al SOMU buscó perpetuarse en el manejo de una caja de 25 millones de pesos mensual. El plan se vio trunco por la falta de consenso interno y la oposición de los trabajadores de la actividad que rechazan las decisiones tomadas desde su intromisión.
Desde Trabajo se comenzó a sondear la posibilidad de que Alejandro “Serrucho” Gómez desembarque en el gremio. Con un pasado que recuerda escándalos y expulsiones en los gremios de Tintoreros y de Juegos de Azar, “Serrucho” fue enviado a la convulsionada seccional patagónica de Madryn para tantear su adaptación. Todo indica que será difícil que el hombre que trabaja en la cartera laboral, no se sabe bien de qué, pueda arribar sin problemas a un gremio al que no pertenece.
Mientras corren los días y se acerca la fecha de caducidad de la intervención, la Justicia Laboral sigue sin pronunciarse sobre los comicios realizados en octubre de 2015. En caso de que no haya nulidad los dirigentes electos deberían volver a sus cargos, porque estarían todavía en vigencia. En ese caso, Mario Morato, sería quien se quede con el sillón de Secretario General aunque no descartan ir a nuevos comicios.
Por su parte Hugo Moyano y Gerónimo “Momo” Venegas también buscan extender sus tentáculos hacia los marítimos. El moyanismo patrocina la agrupación “Juan Ocampo”, que contiene a los dirigentes que fueron echados por Suárez y luego iniciaron las denuncias en su contra. El mayor problema de este grupo es que tres de sus máximas figuras están impedidas de competir electoralmente porque tienen causas en su contra. Rubén Moreira, Jorge Agustín Vargas y Alejandro Giorgi figuran procesados en las mismas causas que el “Caballo” y salpicados por las mismas irregularidades por su paso por la conducción del gremio, por lo que la única carta “blanca” que les quedaría por jugar sería la de Luis José Clemente. Por su parte, la “Agrupación 33 Celeste y Blanca”, tiene el respaldo del “Momo” Venegas.
Para el ex mandamás del gremio las cosas pintan negras. Con pocas chances de apelar a una defensa sólida para justificar su patrimonio, Canicoba Corral rechazó el pedido excarcelación de quien manejara el SOMU por 28 años, por entender que hay riesgo de entorpecimiento de la investigación en su contra. Suárez deberá seguir preso y los pronósticos más alentadores hablan de por lo menos 6 o 7 meses en esa condición.

¿Cómo nos ven?

Prat Gay dijo recientemente que luego de la baja de la inflación en agosto, los salarios ya crecían por encima de la suba de precios y que la inflación no era una de las cuestiones centrales de la política económica.
Sin embargo, para Fiona Mackie, Editora Regional para América Latina de la Unidad de Inteligencia de The Economist, la inflación seguirá siendo alta este año, de 41%. Además sostuvo que el mal de muchos problemas está en la caída de los commodities que golpeó a América Latina en general y a la Argentina en particular, un país donde no hay producción con valor agregado.
Para Fiona el país tiene una larga lista de objetivos por corregir con un desafío extra: lograr el acompañamiento de la gente, “hacerla subir a bordo”, en especial con miras a las elecciones de mitad de término en 2017, un año que registrará en marzo una incómoda inflación del 30%.
Para sumar a la gente, es necesario, de acuerdo con su mirada, subir el nivel de ingreso de la población y crear empleo de calidad.

Hospitales y escuelas porteñas

Los porteños calificaron al personal de los hospitales públicos con la nota más alta: 7,5 sobre un total de 10. La más baja fue para el estado edilicio: 4,2. Estas son algunas conclusiones del Indice de Calidad de los Servicios Públicos, un estudio elaborado por la consultora de Julio Aresco para el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA).
Mientras, el 55,8% de los consultados afirma que la calidad del personal docente es alta y merece un puntaje de 7 a 10, en tanto que el 27,7% la califica entre 5 y 6 puntos, pero el 37,8% opina que el estado de los edificios escolares es malo, y lo evalúa de 1 a 4. La nota promedio para el personal docente es de 6,6, pero la infraestructura edilicia queda calificada con 5,1.
A modo de ejemplo, la Escuela Bellas Artes Manuel Belgrano, un colegio del barrio de Barracas, está tomado desde el 5 de setiembre por reclamos ante el pésimo estado edilicio, pero sus alumnos destacan al personal docente. “Está muy capacitado”, afirman. Aunque “el contexto organizacional y edilicio no ayuda para nada. Los profesores se ven condicionados por esas decisiones de arriba que tienen que ver con la currícula y ese buen nivel educativo que pueden darnos no se termina plasmando en la práctica”.
La semana pasada, en el Lenguas Vivas de Retiro, cayó mampostería del techo en uno de los pasillos y a la salida de un café que funciona en el edificio. Además, hay baños clausurados por falta de mantenimiento.
En los hospitales públicos la situación es parecida. “El edificio se cae a pedazos, no lo arreglan hace años, se quejó Rita Carrizo, paciente del Hospital Rivadavia, ubicado en Las Heras y Austria, en Recoleta. También reconoce que “la atención individual de cada médico es buenísima”, y agrega: “Es muy difícil hasta pedir un turno, pero lo peor son las condiciones en las que trabajan los pobres doctores, que no solo se tienen que bancar goteras y caños rotos, tampoco pueden con todos los pacientes y encima son ellos la cara visible de la queja”.

Mario Hernandez

Fuentes: sonidogremial.com.ar, www.sitraic.org, Resumen Latinoamericano, Clarín, La Razón, Ambito Financiero, www.tiempoar.com.ar, www.diariobae.com, Resumen Latinoamericano, El Argentino, La Izquierda Diario, www.infogremiales.com.ar, www.ctabuenosaires.org.ar, Anred, Red Eco Alternativo.