A través del Decreto 254 ordenó revisar los concursos y los contratos de todas las áreas de la Administración Pública Nacional. La enorme precarización laboral que dejó el kirchnerismo le allana el camino. Se actualiza la pelea por el pase a planta permanente.
El día martes el gobierno que conduce Mauricio Macri publicó en el boletín oficial el Decreto 254, que instruye a la “CEOcracia” que comanda los ministerios a iniciar una “cacería de brujas” para recortar contratos y achicar el gasto público.
El decreto ordena revisar en un plazo máximo de seis meses los procesos de aquellos que están concursando para un puesto de carácter permanente en la Administración Pública Nacional. Para quienes hubieran sido designados en la planta permanente en los dos últimos años la revisión deberá realizarse en tres meses.
El ataque se dirige a muchas compañeras y compañeros que debieron pasar por un tortuoso proceso de concurso para acceder a la estabilidad laboral luego de años de estar precarizados cuando lo que corresponde es que tengan la planta permanente con un pase automático.
Por otro lado, el decreto ordena “revisar las contrataciones de personal efectuadas en dichos Ministerios u organismos, durante los últimos TRES (3) años”. Esto comprende a todos los trabajadores contratados bajo artículo 9° del Anexo de la Ley N° 25.164 y en el Decreto N° 2345/08. Vale aclarar que en estos casos se trata de trabajadores precarizados que no tienen estabilidad laboral, aunque en algunos casos sí varios beneficios equivalentes a la planta permanente.
Pero no sólo los contratos serán revisados. Aquellos empleados ingresados en los años 2013, 2014 o 2015 solo tendrán una renovación por el cortísimo plazo de tres meses, cuando previamente el plazo era anual. Incluso, durante ese brevísimo tiempo “las autoridades competentes deberán determinar la rescisión o renovación de dichas contrataciones”, reza el decreto.
Los empleados ingresados previamente al año 2013 podrán gozar del “beneficio” de la renovación hasta el 31 de diciembre de 2016. No obstante, sus contratos también podrían ser revisados.
Es decir, que en simultáneo que el gobierno de Macri decreta enormes beneficios para el agro y los grandes exportadores industriales con la devaluación y la quita de retenciones, deja las manos libres a la “CEOcracia” a cargo de los ministerios para que aplique los mismos métodos contra los trabajadores que aplicaba en las multinacionales donde fueron gerentes la mayoría de los nuevos funcionarios. Lo peor de la dictadura patronal de las empresas quieren extenderla al empleo público.
El terreno para el ajuste de la planta del Estado lo vienen preparando los grandes medios de comunicación con una sistemática campaña de desprestigio que tras denuncias puntuales, eventualmente ciertas, atacan a todos los estatales hablando del supuesto ingreso de “miles de militantes por segundo”.
No se trata de echar “ñoquis” o remover a la casta política de altos sueldos que colocó el kirchnerismo. La prueba es la continuidad de los Lino Barañao, un ejemplar que se extiende en varias dependencias donde el viejo personal político va a asistir a la nueva gestión. Otro caso notorio es Gustavo Marconato, ex diputado nacional por el Frente para la Victoria, que asumió el frente de la Secretaría de Hacienda junto con Alfonso Prat Gay.
Son algunos casos que grafican que el macrismo no apunta al personal político, sino a achicar el gasto estatal a través de la reducción masiva del empleo público.
Si lo que quieren es un gobierno económico, como plantea el decreto macrista ¿Por qué no se debate en el Congreso Nacional el proyecto de los diputados del PTS en el Frente de Izquierda para que todos los legisladores y funcionarios políticos cobren como una maestra?
La campaña mediática de la “corpo” es tan efectiva que llegó rápidamente al sur argentino y Alicia Kirchner decretó su propia “cacería de brujas” para Santa Cruz, al compás que Macri la implementaba en Buenos Aires. No es casual que el ajuste atraviese todas las geografías. Miguel Bein, el asesor estrella de Daniel Scioli en temas económicos ya había brindado sus servicios de ajustador a la Alianza de Fernando de la Rúa. Ahora quería un ajuste “gradual” para hacerlo digerible a los trabajadores. No es lo mismo, pero es igual.
¿Quién “revisa” el fraude laboral?
El trabajo precario se profundizó en la “década ganada”. Esta herencia del kirchnerismo es la que brinda un campo fértil para el ajuste macrista. No se trata sólo del Estado. Diversos estudios indican que hasta el 50 y 60 por ciento de los nuevos puestos de trabajo creados en la Argentina son precarios o en negro.
Pero el Estado se “especializó” en este tipo de contrataciones. Quien tendría que combatir el trabajo precario y en “negro” lo practica en forma generalizada. Hasta el colmo que el Ministerio de Trabajo tiene cientos de empleados precarizados.
En todas las reparticiones hay diferentes modalidades de contratación precaria. El denominador común es que los trabajadores realizan la misma tarea que los de planta permanente, pero están fuera de convenio, sin obra social, vacaciones, aguinaldo, asignaciones familiares, aportes jubilatorios, ART, ni continuidad laboral asegurada. Sus salarios en la gran mayoría de los casos se encuentran por debajo de la canasta familiar, cobrando muchas veces con demoras de hasta varios meses.
Incluso hay universidades que ejercen como si fueran agencias de colocación del personal que trabaja en el Estado con presupuestos fuera de cualquier control, brindando un enorme negociado a los “facilitadores” de los convenios. Hay casos de tercerizados de limpieza, seguridad y mantenimiento que son obligados a entregar su talonario de facturas a un capataz que les “administra” la relación con las oficinas públicas. Y empresas vinculadas a los funcionarios que se llenan de plata. La gestión macrista está bien lejos de revisar el fraude laboral en gran escala para que todos los trabajadores cuenten con los plenos derechos que les corresponde.
La regularización parcial de estos contratos, muchas veces a través de procesos de lucha, a modalidades algo menos fraudulentas es contabilizada como “crecimiento explosivo” del empleo público. Un cinismo bien premeditado por toda la clase gobernante y los medios de comunicación.
El Estado fuera de la ley
La precarización no se acaba con las modalidades recién mencionadas. Según un informe de la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP), en el primer semestre de 2014, el 70% de 328.244 trabajadores de la Administración Pública Nacional contaban con estabilidad laboral a través de la planta permanente. Pero el 30%, unos 97.839 trabajadores, no tenían estabilidad laboral. En este informe no figuran las otras modalidades laborales precarias antes mencionadas, como la tercerización o la asistencia técnica. La invisibilización del fraude laboral lleva a que se oculte esta realidad hasta en las estadísticas oficiales.
El Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional regula en su artículo 156 que “El Personal No Permanente de las Jurisdicciones y entidades descentralizadas no superará un porcentaje de hasta el QUINCE POR CIENTO (15%) del Personal Permanente”.
El Poder Ejecutivo no está cumpliendo con esta reglamentación. Ese valor está de mínima en el 30%. Incluso, hay ministerios, como el de Economía o el de Planificación, donde la precariedad laboral supera el 70% del personal.
Además, los denominados contratos Ley Marco bajo el artículo 9 están definidos para tareas de carácter transitorio o estacional, pero la gran mayoría de los trabajadores que tienen esa modalidad realizan labores de carácter permanente por una gran cantidad de años.
Esta situación se encuentra en contradicción en al menos dos aspectos con la Constitución Nacional que en su Artículo 14 bis establece “estabilidad del empleado público” e “igual remuneración por igual tarea”. El “republicanismo” macrista no llega a tanto como para encuadrar a todos los trabajadores en la planta permanente, como corresponde según la legislación. El objetivo es otro.
Tiempos de ajuste
El decreto macrista de revisión de contratos no está orientado a detectar a potenciales Ciro James, quien había montado una estructura ilegal para el espionaje de opositores al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo la gestión de Mauricio. Tampoco a cazar infraganti a nuevos Fernando Niembro con contratos millonarios en el Estado Nacional. Tal vez esto quede a cargo del Superagente 86.
Lo que busca el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, con el Decreto 254 es aplanar el camino para reducir la planta de trabajadores del Estado.
Según informa la Secretaria de Hacienda, las remuneraciones del sector público insumieron a octubre de este año 156.435 millones de pesos (15% del total del gasto corriente) mientras 268.199 millones (24%) fueron a transferencias al sector privado en su gran mayoría correspondiente a subsidios a las ganancias de las empresas que llevaron a la crisis energética actual, a las petroleras que saquean los recursos, a las transportistas entre las que se encuentran las responsables del “crimen social” de Once. Otros 87.036 millones de pesos se pagaron de intereses, presumiblemente a los especuladores de la deuda.
Como se ve, nacionalizando las empresas de servicios públicos bajo gestión de sus trabajadores o rechazando el pago de la fraudulenta deuda externa habría un gran ahorro de recursos públicos, pero el macrismo tiene prioridades de otra clase social.
Más que nunca está planteado rechazar cualquier intento de recorte de contratos y luchar por la estabilidad de todos los trabajadores. El proyecto impulsado por Nicolás del Caño y Myriam Bregman de pase a planta permanente está a disposición para su discusión de todos los trabajadores y las organizaciones de lucha de los estatales que convergieron este martes 29 en las calles para enfrentar el ajuste macrista.
Pablo Anino
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