A 32 años del golpe genocida, con las banderas en alto de una generación que dio su vida por conquistar una Argentina sin opresión, sin explotación, sin miseria, estamos en esta Plaza, como todos los años, para decir muy fuerte:
30.000 detenidos-desaparecidos: ¡presentes!
Reivindicamos sus ideales y continuamos su lucha
Reivindicamos la heroica resistencia antidictatorial de los trabajadores y el pueblo.
Reivindicamos las históricas huelgas.
Reivindicamos la valiente ocupación de la plaza de Mayo por las Madres.
Con dolor y con bronca en este 24 de marzo denunciamos que hace 18 meses que nos falta un compañero, Jorge Julio López, uno de los miles y miles de detenidos-desaparecidos. Sobrevivió a la dictadura y luchó contra la impunidad de los genocidas. Testimonió en el juicio contra Etchecolatz. Desde su secuestro a la actualidad, no hay ningún imputado ni líneas firmes de investigación. Julio no está hoy en esta Plaza y su ausencia acusa más que todos los discursos, a la impunidad que continúa.
El gobierno debió asumir su responsabilidad política para conseguir la aparición con vida de Julio, buscar a los responsables de su secuestro y de todas las agresiones, amenazas y secuestros posteriores en la Policía Bonaerense, en los organismos represivos y en la derecha fascista que se reúne a reivindicar la tortura y la muerte.
Por el contrario, su actitud fue encubrir, permitir que las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia embarraran la cancha, plantaran pruebas y ocultaran otras, arruinaran y frustraran líneas de investigación enteras con absoluta impunidad.
Por eso, a 18 meses, exigimos al gobierno la aparición con vida ya! de Julio López y el castigo a los responsables de su secuestro.
Que Julio siga desaparecido y los responsables impunes es la muestra más dolorosa y más contundente de que la impunidad del ayer continúa. Aunque el gobierno pretenda hacernos creer que impulsa la cárcel para los genocidas, todos sabemos que el 95% sigue sin que la justicia los haya siquiera rozado.
Nuestra lucha incansable de estos 32 años contra el armado de la impunidad desde los diferentes estratos del poder, tuvo logros históricos que nos pertenecen porque fueron triunfos del pueblo.
Conseguimos la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Tomamos las causas contra los genocidas en nuestras manos, impulsamos la participación de las víctimas y de las organizaciones populares, llenamos los juzgados de reclamos, con nuestras banderas y con las fotos de nuestros desaparecidos.
Logramos que Miguel Etchecolatz y Christian Von Wernich fueran condenados a cadena perpetua y que por primera vez en la historia de la humanidad, un tribunal reconozca la existencia de un genocidio en su propio país.
Conseguimos la apertura de la causa por los crímenes de la triple A y que hoy esté ratificado por la Cámara Federal que son delitos de lesa humanidad y por lo tanto, imprescriptibles.
Mientras tanto, detrás de un discurso lleno de palabras que suenan a justicia, los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández no tomaron las medidas políticas necesarias para garantizar el castigo a todos los culpables.
Siguen sin ser exonerados los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que actuaron en la dictadura.
Siguen en sus puestos jueces y fiscales cómplices.
Siguen en cargos oficiales funcionarios que participaron de la represión
Siguen cerrados bajo siete llaves los archivos de los servicios de inteligencia.
Siguen sin anularse los decretos de indulto
Con el beneplácito o la indiferencia de los fiscales, los jueces paralizaron, demoraron o desguazaron las causas contra los genocidas en infinitos expedientes en los que se investigan delitos aislados. Miles de causas contra un puñado de represores acusados por unas pocas víctimas.
La mayoría de los procesados con prisión domiciliaria o en dependencias de sus propias fuerzas con condiciones de detención privilegiadas.
Todo esto ocurre desde el 2004 y la consecuencia inevitable es que hoy, a más de cuatro años y medio, en las causas reabiertas gracias a la anulación de las leyes de impunidad sólo hay tres condenados y uno –Héctor Antonio Febres- asesinado con cianuro por su propia Fuerza para que no rompa el pacto de silencio. Hace apenas 5 días la Cámara Federal de San Martín liberó a los responsables del lugar de detención, mostrando una vez más la complicidad de la inmensa mayoría del poder judicial.
Su asesinato mostró al mundo los privilegios de los que gozan los genocidas que están detenidos en cárceles de lujo. Al igual que Fanchiotti, el asesino de Darío y Maxi en el Puente Pueyrredón, que entraba y salía libremente de la cárcel. Pero además, estos dos hechos comprueban -tal como lo hizo la desaparición de Julio López-, lo que venimos denunciando desde 1984: las fuerzas armadas y de seguridad siguen plagadas de cómplices de los genocidas.
Y a esto debemos sumarle hoy las nuevas definiciones de la Presidenta de la Nación. En su discurso del 1º de marzo en el Congreso, Cristina Kirchner dijo que los represores que hay que juzgar son 992 y que se lo debe hacer en los próximos 5 años.
La Presidenta miente, ella sabe que 992 es una cifra absurda para los 650 campos de concentración reconocidos oficialmente. El número real de los involucrados en el genocidio, aún sin contar a los cómplices civiles, es muchas veces mayor.
Pero además, es hipócrita sugerir que es posible juzgar y condenar a casi mil genocidas en 5 años sin modificar en nada la mecánica que aplican los jueces y que aceptan los fiscales. Al ritmo actual, en los próximos 5 años no pueden ser enjuiciados más de 20 genocidas.
Ponerle ese plazo temporal a las causas es anticipar un nuevo punto final.
Es por eso que exigimos: juicios por campo de concentración, contra todos los genocidas y por todos los compañeros.
Es por eso que decimos: No a un nuevo punto final!
Es por eso que gritamos:
Basta de genocidas en las calles!!
Cárcel común, efectiva y perpetua para todos!!
Los hijos de nuestros compañeros, secuestrados con ellos o nacidos en cautiverio y apropiados por los represores y sus cómplices, son otra de las cuentas pendientes. Logramos que 88 jóvenes recuperaran su identidad, pero siguen viviendo con su identidad cambiada y desaparecida, más de 400.
Hoy, la política oficial solo impulsa que aquellos jóvenes que duden de sus orígenes, se hagan una prueba genética. Una vez más las víctimas deben hacerse cargo de lo que es responsabilidad del Estado y del gobierno.
Exigimos juicio y castigo a los responsables, a los apropiadores y a los médicos y parteras que participaron de estos crímenes.
Exigimos la apertura de los archivos secretos para conocer el destino de todos y cada uno de nuestros compañeros detenidos-desaparecidos y muy especialmente, para que sus hijos apropiados puedan recuperar su historia.
Hoy como ayer, decimos:
Restitución de la identidad a los jóvenes apropiados: Que se abran los archivos de la dictadura!
Desde la primera marcha del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia denunciamos que la dictadura se propuso destruir las organizaciones obreras y populares para cumplir su objetivo de imponer un proyecto de país que beneficiara a los imperialismos, a los terratenientes y a los grandes empresarios.
Y también denunciamos que, en su declive, esas mismas fuerzas armadas claudicaron cobardemente frente al imperialismo, mientras los jóvenes soldados combatieron y murieron heroicamente en defensa de Malvinas.
Durante estos 32 años nuestro pueblo lucho ininterrumpidamente.
Las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 enfrentaron el estado de sitio, voltearon a un gobierno corrupto y entreguista, abriendo un proceso que, pese a los sucesivos intentos de las clases dominantes, permanece abierto. Los asesinatos de 37 compañeros siguen impunes.
El gobierno de los Kirchner profundiza su política antipopular y de saqueo y entrega. El superávit fiscal se sigue produciendo a expensas del bolsillo de los trabajadores, mientras se pretende imponer, con la colaboración de los dirigentes sindicales traidores, un tope de aumento salarial que ya fue devorado por la galopante inflación.
Las cifras ridículas publicadas por el INDEC intervenido, solo sirven para simular una realidad inexistente, cuando cada día son más las familias que no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas.
Este gobierno paga la deuda externa y dice que nos estamos desendeudando cuando esa deuda crece día a día. Convalidó todas las privatizaciones. Profundizó la entrega del petróleo y de los recursos naturales, haciendo beneficiarios a monopolios imperialistas y a sus amigos y testaferros. Se agrandó la desigualdad social entre ricos y pobres; aumentó el trabajo en negro, la desocupación sigue siendo alta y la mayor parte de las empresas recuperadas por sus trabajadores son boicoteadas por el estado.
En los últimos años numerosas luchas obreras y populares se despliegan en todo el país: el triunfo del “cospelazo” en Córdoba; la lucha estudiantil por presupuesto y democratización; la lucha de la Asamblea de Gualeguaychú y contra el saqueo de los recursos naturales. Los cortes de ruta de los pequeños productores del campo. Luchas por salud, educación y vivienda; las luchas del movimiento campesino y de los pueblos originarios; la persistencia del movimiento piquetero en su reclamo de trabajo genuino.
Un profundo proceso de recomposición se viene gestando en el movimiento obrero. Una joven generación de trabajadores está dando un paso adelante, se organiza y enfrenta a los dirigentes sindicales traidores para recuperar conquistas históricas perdidas en las últimas décadas.
El gobierno de los Kirchner reprime las luchas con una 'marca registrada': convirtió en sistemático el método de las patotas, junto a la represión de la gendarmería, la prefectura y demás fuerzas de seguridad, recurriendo -incluso- a la militarización de los lugares de trabajo.
Ejemplos de estos procesos son Terrabusi, Fate (San Fernando), Htal Frances, el Garrahan, los fileteros de Mar del Plata, los trabajadores del INDEC, los Ferroviarios del Sarmiento que están siendo llevados a juicio, la fabrica Dana que fue militarizada, los trabajadores de la Línea 60 que fueron baleados, los trabajadores de Mafissa que llevan mas de 100 días de lucha y que están ocupando su fábrica.
Durante más de 3 meses, los jóvenes trabajadores del Casino Buenos Aires, pusieron en jaque a Cristóbal López. Fueron reprimidos violentamente, incluso con torturas físicas y psicológicas. En Santa Cruz, un grupo de mujeres petroleras, enfrentando la represión, le torció el brazo a este mismo testaferro de los Kirchner.
Basta de represión y patotas contra los que luchan!
En la larga y heroica lucha de los docentes, fue fusilado en Neuquén el compañero Carlos Fuentealba. Su asesinato conmovió profundamente al pueblo y masivas manifestaciones de repudio recorrieron nuestro país, exigiendo el castigo de Sobich y de todos los responsables políticos y materiales. El gobierno nacional trató de eludir su responsabilidad en la represión y buscó provincializar el conflicto. Sin embargo fue el mismo gobierno el que inició el camino represivo con la instalación de la Gendarmería en todas las escuelas de Sta Cruz.
También en Neuquén, este año las bandas de Sobich y Sapag se cobraron la vida del militante Lázaro Duarte. Se pretende hacer pasar este crimen político por un delito común.
Exigimos castigo a los responsables políticos y materiales de los asesinatos de Carlos Fuentealba y Lázaro Duarte!
Siguen presos los trabajadores de Las Heras. Permanece detenida y privada de derechos reconocidos de salida la “Gallega” Germano.
También siguen presos los 6 dirigentes campesinos paraguayos para los que reclamamos se respete la tradición histórica de asilo y de refugio a los perseguidos políticos.
Exigimos la libertad de todos los presos políticos!
El Gobierno que se autoproclama “defensor de los DD.HH.”, avanza en la criminalización de la protesta social. Siguen procesados más de 4.000 luchadores sociales. Se reabrieron numerosas causas contra dirigentes obreros, piqueteros, estudiantiles y de pueblos originarios.
En Buenos Aires Macri expulsó, en una acción conjunta con el gobierno nacional, a los cartoneros de su lugar de trabajo, y defiende la mano dura ante los reclamos populares.
Exigimos amnistía o desprocesamiento inmediato a los luchadores populares!
Durante el 2007, el Presidente Kirchner y la Senadora Cristina Fernández de Kirchner hicieron aprobar la llamada “Ley Antiterrorista”, exigida por el gobierno de Bush. Esta Ley es una peligrosa herramienta del Estado para reprimir al pueblo y sus organizaciones. Unimos nuestras voces y esfuerzos y decimos:
No a las leyes antiterroristas!
El gatillo fácil sigue cobrándose la vida de miles de jóvenes. Durante el gobierno de Kirchner las victimas suman más de 850, a razón de un joven asesinado cada 48 horas.
La masacre de la AMIA permanece impune y el gobierno la utiliza al servicio de la guerra en Medio Oriente y de la agresión imperialista a Irán. Para investigar y esclarecer el ataque a la Amia exigimos al Gobierno la entrega de los archivos secretos a una comisión investigadora independiente.
Siguen marchando los familiares y sobrevivientes de la masacre de Cromañón, acompañados por organizaciones populares, exigiendo Juicio y Castigo a todos los responsables políticos y materiales.
Continúa la lucha por la libertad de Romina Tejerina. Crece el movimiento contra la trata de personas y el reclamo por la aparición de más de 500 mujeres secuestradas y abusadas por este negocio, que involucra a funcionarios y policías. Rechazamos el proyecto de ley del gobierno que encubre a los traficantes, no incauta sus bienes y habla de supuesto consentimiento de las víctimas.
Por todo ello decimos: No a la impunidad de ayer y de hoy!!
Nuestra lucha es parte de un torrente, una tempestad de puebladas y rebeliones que recorre América Latina.
Denunciamos las torturas en la base de Guantánamo, y exigimos la libertad de los 5 patriotas cubanos presos en Estados Unidos.
Reivindicamos la heroica resistencia del pueblo irakí y exigimos el retiro inmediato de las tropas de ocupación.
Exigimos el retiro de las tropas argentinas de Haití.
Denunciamos al estado terrorista de Israel y su política de exterminio del pueblo palestino, apoyada por el gobierno de Bush.
Denunciamos el terrorismo de Estado del gobierno fascista de Uribe en Colombia que, apoyado por los Estados Unidos, asesinó a Raúl Reyes, a 17 miembros de las FARC y a un grupo de estudiantes mejicanos. Repudiamos esta acción y la invasión del territorio ecuatoriano, violando su soberanía con el pretexto de la guerra preventiva.
Nuestro pueblo sigue luchando en defensa de sus derechos. Cada día son más los que se movilizan y cada conquista estimula nuevos reclamos. Cada injusticia, cada derecho violado genera una respuesta popular.
Ante nuestros 30.000 detenidos-desaparecidos nos comprometemos a seguir dando nuestro Presente en la lucha hasta conseguir que sus sueños se hagan realidad, una Argentina liberada de la opresión imperialista y de la explotación.
En ese camino, sorteando todos los embates, estuvimos, estamos y estaremos cada 24 de marzo en esta Plaza.
Por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
30.000 compañeros detenidos desaparecidos Presentes!!!!!!
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