30 mil desaparecidos, miles de asesinados, presos políticos y exiliados, una redistribución regresiva de la riqueza que dejó a millones en la miseria, un retroceso atroz en las conquistas sociales, un país entregado a los intereses de las burguesías locales y extranjeras: ese es el saldo de la última dictadura. Hace 32 años se iniciaba el peor baño de sangre de nuestra historia, con el objetivo de imponer el actual modelo económico-político y frenar el avance de las luchas populares que, desde distintas visiones políticas, buscaban construir una sociedad sin explotadores ni explotados. El terrorismo de Estado, que ya había comenzado con el accionar de las bandas de la Triple A y el Operativo Independencia durante el gobierno de Isabel Perón, desató todo su poder represivo a partir del 24 de marzo de 1976 con el fin de eliminar y desarticular a las organizaciones políticas y a las distintas expresiones de lucha que se daban en el campo popular. Al terror se sumó la censura, el silencio y la mentira de la propaganda oficial, que intentaba ocultar el genocidio y contaba para ello con el apoyo de los grandes medios de comunicación, el empresariado y la Iglesia. Pero lo que sucedía en nuestro país no era un hecho aislado, sino parte de una estrategia del imperialismo yanqui que incluyó el entrenamiento de los militares latinoamericanos en la Escuela de las Américas y la implementación del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur, cuyo objetivo último era asegurar la dominación económica y política de toda la región.
Sin embargo, hoy podemos decir que todo ese inmenso aparato no logró doblegar la voluntad de los pueblos, que en todo el continente dan muestras de su capacidad de lucha y reorganización. Nuestro país dio uno de los mejores ejemplos en este sentido, demostrando que era posible vencer al terror y a los intentos de silenciar la memoria y tergiversar la historia. Gracias a la lucha inclaudicable que durante décadas sostuvieron los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales y políticas, se desmoronó la farsa que hablaba de un enfrentamiento entre "dos demonios", de "errores" y "excesos", y se logró llamar a las cosas por su nombre: terrorismo de Estado, genocidio, represión. El discurso falaz que reclamaba perdón y reconciliación perdió su sustento en favor de una toma de conciencia de la necesidad de justicia y de acabar con la impunidad.
Por eso no fue casual que el gobierno de los Kirchner, surgido como la única opción viable para garantizar la continuidad del modelo económico y el sistema político tras la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001, se apropiara de estas reivindicaciones históricas y se autoproclamara "el gobierno de los Derechos Humanos". La estrategia K consistió principalmente en conceder reclamos populares como la anulación de las leyes de impunidad, la remoción de los jueces más corruptos de la Corte Suprema y algunas acciones puramente mediáticas como la de descolgar los cuadros de los dictadores en el Colegio Militar. Con un discurso oportunista, sumado a la cooptación de diferentes sectores políticos y de organismos de derechos humanos, ha logrado banalizar y desnaturalizar a tal punto el concepto de los derechos humanos que se puede permitir el cinismo de inaugurar "museos de la memoria" sobre la represión en los 70, mientras acumula un récord en cantidad de presos políticos y procesados que supera a todos los anteriores gobiernos constitucionales.
Mientras se llenan la boca con las consignas históricas del pueblo, los Kirchner aprueban una Ley "supuestamente" Antiterrorista, a pedido de los Estados Unidos, para avanzar aún más en la judicialización y criminalización de la protesta; persiguen y reprimen cada conflicto gremial a lo largo y a lo ancho del país, utilizando incluso la "mano de obra" de las patotas del sindicalismo burócrata en defensa de los intereses patronales; siguen asesinando pibes en los barrios con el gatillo fácil y aplicando la tortura en cárceles y comisarías. En definitiva, utilizan al mismo tiempo las herramientas de la represión y el consenso para seguir profundizando la política de exclusión y miseria impuesta desde la dictadura, para permitir la continuidad de la explotación capitalista, la defensa de los intereses de las burguesías locales y extranjeras y el sometimiento a la dominación imperialista: los mismos enemigos contra los que se enfrentó la generación masacrada en los 70 y contra los que hoy seguimos luchando.
Se trata de una batalla ideológica, nada nueva por cierto, que intenta desvincular el pasado del presente, reduciendo las luchas históricas por la memoria, la verdad y la justicia a lo meramente testimonial, para que todo siga igual. Pero incluso en lo más elemental su política de "derechos humanos" hace agua, admitiendo los privilegios de los pocos genocidas encarcelados, la dilatación y dispersión de las causas por los crímenes de la dictadura y la inacción respecto de la búsqueda de los chicos apropiados. De esta forma, lo que el gobierno consigue es nada más y nada menos que garantizar la impunidad de los represores y sus cómplices, que pueden permitirse el lujo de secuestrar y mantener desaparecido a Julio López, y hasta asesinar a sus propios pares, como en el caso del prefecto Febres y el coronel Navone, para silenciar lo que podrían haber revelado sobre las responsabilidades compartidas en el genocidio y la apropiación de los chicos nacidos en cautiverio.
Es por esto que hoy no podemos recordar el golpe de Estado del 24 de marzo del 76 sin hablar de sus consecuencias en el presente. La memoria del pueblo no termina en los hechos de la dictadura, la historia continúa y la necesidad de cambiarla sigue tanto o más vigente que entonces. Homenajear a los compañeros desaparecidos no significa otra cosa que continuar su lucha por una sociedad sin explotadores ni explotados, sin presos políticos, sin luchadores perseguidos y asesinos impunes. Si la represión y la impunidad son la respuesta del sistema para frenar las luchas populares, solo la victoria final del pueblo garantizará el fin de estas prácticas. Sólo con la derrota de este sistema de opresión y privilegios de unos pocos sobre la miseria y el sufrimiento de las grandes mayorías, podremos decir que no fue en vano la sangre derramada. A los 30 mil compañeros desaparecidos, y a cada uno de los caídos en las luchas populares, no se los reivindica con placas, monumentos ni feriados, sino haciendo realidad la sociedad por la que ellos lucharon.
Por eso decimos:
EXIGIMOS AL GOBIERNO LA APARICIÓN CON VIDA ¡YA! DE JULIO LÓPE
NO A LA IMPUNIDAD DE AYER Y DE HOY. JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS Y SUS CÓMPLICES, A LA TRIPLE A Y DEMÁS BANDAS FASCISTAS Y SUS ENCUBRIDORES. CÁRCEL COMÚN Y EFECTIVA A TODOS ELLOS Y A LOS AUTORES DE LAS REPRESIONES CONTRA LOS LUCHADORES POPULARES DURANTE LOS GOBIERNOS "CONSTITUCIONALES".
RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD A LOS JÓVENES APROPIADOS
LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS: LOS TRABAJADORES PETROLEROS DE LAS HERAS, LA "GALLE" GERMANO LOPEZ, LOS 6 CAMPESINOS PARAGUAYOS Y JOSE VILLALBA.
AMNISTÍA Y/O DESPROCESAMIENTO A LOS LUCHADORES POPULARES
BASTA DE GATILLO FÁCIL, TORTURA Y REPRESIÓN CONTRA EL PUEBLO. CASTIGO A LOS AUTORES MATERIALES E INTELECTUALES DE ESTOS CRÍMENES
NO A LA LEY ANTITERRORISTA
BASTA DE SECUESTROS Y PERSECUCIONES CONTRA LOS MILITANTES POPULARES
CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA Y DE LA POBREZA
EL 22 DE MARZO TODOS AL POZO DE BANFIELD, SALIMOS 16 HS. DESDE LA ESTACIÓN DE BANFIELD
EL 24 DE MARZO TODOS A PLAZA DE MAYO
CORREPI SUR - Contra la represión: UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y LUCHA
"Los derechos humanos son los derechos que tienen los pueblos a hacer la revolución" - León "Toto" Zimerman
No hay comentarios:
Publicar un comentario