Reordenamiento y legalidad, las palabras claves de la gestión de Mauricio Macri
Tras el violento desalojo a más de 50 familias cartoneras que acampaban en Pampa y la vía del ferrocarril Mitre, en el barrio de Belgrano, para reclamar la restitución del Tren Blanco, el gobierno tuvo que responder a las múltiples voces que preguntaban por qué la violencia, por qué un desalojo sin orden judicial, por qué no dialogar. Pocos días después, esta vez por orden de un juez y con un acuerdo político previo, fueron desalojadas 155 familias de un edificio de cinco pisos ubicado en Bolívar y Moreno en el barrio de Montserrat. Si bien en este caso la “solución” del macrismo fue un subsidio de 16 mil pesos para garantizar que mil “intrusos” se trasladen a provincia, los dos hechos proyectan la política que profundizará Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires.
Las palabras del jefe de Gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta fueron claras: “el espacio público es innegociable”. Aún conociendo las condiciones de vida de hombres, mujeres y niños cartoneros que trabajan día a día en la ciudad, el macrismo defendió en los últimos días el desalojo, entendiendo que “es un trabajo informal que no paga impuestos y que utiliza el espacio público molestando a los vecinos”.
A lo que no pudieron dar una respuesta contundente los principales dirigentes macristas fue a la violencia y a la ilegalidad que tuvo el desalojo el 22 de febrero pasado, en donde, con una orden administrativa, firmada por un subsecretario del ministerio de Espacio Público porteño, efectivos de la comisaría 33 procedieron a golpear mujeres y hombres y destruir el cartón y material recopilado de días de trabajo hasta desarmar el acampe que sostenían los cartoneros hacía alrededor de un mes.
Por este motivo, la Defensoría del Pueblo porteña denunció penalmente al personal policial de la comisaría por abuso de la fuerza pública, provocación de lesiones, privaciones ilegítimas de la libertad y abuso de autoridad, al igual que los cartoneros que denunciaron el incumplimiento del deber de funcionario público por la orden fotocopiada por la cual se enteraron que serían desalojados.
El último martes cientos de cartoneros marcharon a la sede del gobierno de la ciudad para reclamar su incorporación al "régimen de recicladores urbanos" y lograr ser blanqueados como trabajadores del sistema de higiene pública. En el mismo momento, un grupo de personas sin techo se concentró en Bolívar y Avenida de Mayo para reclamar la reincorporación de planes de vivienda para 300 familias y que se termine con los desalojos.
Esto se relaciona con otro desalojo, dispuesto por el Juzgado Nacional de Primera instancia en lo Civil número 42, en este caso a 155 familias que vivían hacía 20 años en un edificio de cinco pisos, ubicado en Bolívar y Moreno, en el barrio de Montserrat, en donde el gobierno porteño llegó a un acuerdo de otorgar 16 mil pesos de subsidio para cada familia para dejar el lugar. Como en la gran mayoría de los desalojos, el grueso de las familias buscará un terreno o un lugar para alquilar en la provincia porque el dinero no les alcanza para quedarse en la ciudad, aun cuando trabajen o sus niños estudien allí. Según denunciaron las familias desalojadas, en el edificio alquilaban piezas de 2 por 3 metros a 300 pesos cada una y pagaban la luz, el gas y el agua, en algunos casos, desde hacía 30 años.
En ambos casos, cartoneros y familias desalojadas se trasladan a la provincia, “liberan” el espacio público y dan lugar para que en Bolívar 331 empresarios como Comparada, de Independiente, y Julio Grondona hijo, construyan hostels y un shopping de lujo en pleno San Telmo, al igual que en el caso de los cartoneros para que los vecinos disfruten de una calle libre de demostraciones: sin las familias trabajando en la Capital, los vecinos PRO no se percatarían de que la crisis económica iniciada en el 2001 no terminó y que miles de personas continúan sobreviviendo.
Estos desalojos no aparecen aislados sino que prefiguran las políticas macristas. Otros desalojos aparecen en ciernes, como el caso del Mercado recuperado por la Asamblea de Palermo; amenazas al hotel recuperado BAUEN y las primeras medidas para desalojar a puesteros y manteros (tanto en la calle Florida, como en los principales parques de la ciudad). Si bien los porteños que eligieron mayoritariamente a Macri en las últimas elecciones se preocupan prioritariamente por la seguridad y no por las condiciones sociales de la ciudad, será tarea de las organizaciones sociales hacer frente a las nuevas políticas que se proyectan para los próximos cuatro años.
Prensa de Frente
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