Falta de mérito para Calcaterra, otra pieza de un operativo de impunidad

Un día después del beneficio judicial para Paolo Rocca.

Un día después de la declaración judicial de falta de mérito para el dueño del grupo de Techint, Paolo Rocca, en la causa de los cuadernos, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó la falta de mérito para el ex titular de la empresa Iecsa y primo presidencial, Angelo Calcaterra, en la causa que investiga el pago de coimas en la obra de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.
Según el fallo de Martínez de Giorgi, no hay pruebas de que el primo presidencial –al igual que el operador de Odebrecht en el país, Jorge “Corcho” Rodríguez– hayan intervenido en el pago de coimas. Sí se acreditó, en cambio, que hubo dádivas (“regalos” a cambio de ciertas decisiones administrativas) y un direccionamiento de la licitación, motivo por el cual procesó a un grupo de funcionarios (entre ellos el ex ministro de Planificación Julio De Vido y a los ex secretarios de transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime) y empresarios involucrados en ese delito (Javier Sánchez Caballero, de Iecsa, y Héctor Castro Sirerol, de Comsa).
Los indicios del pago de coimas, sin embargo, son abrumadores. Manuel Vázquez, asesor de Jaime, confesó en la causa que fue intermediario del pago de sobornos por más de 20 millones de dólares mediante transferencias bancarias al exterior. La obra en total fue cotizada por 3 mil millones de dólares, y en el consorcio ganador figuraba también Odebrecht.
El fallo va en línea con un sigiloso operativo de Estado para eximir a los mayores exponentes de la clase capitalista local en las causas por corrupción. En diciembre pasado, la Sala I de la Cámara Federal salvó a los grandes empresarios del procesamiento por asociación ilícita, como Luis Betnaza de Techint, Enrique Pescarmona, Aldo Roggio y el propio Calcaterra, en la bombástica causa de los cuadernos, endilgándoles en cambio la figura de coimas, que plantea una pena más leve.
En el mismo sentido debe leerse la decisión de que los empresarios involucrados en coimas sean apartados de sus compañías y deban desprenderse de sus acciones para que aquellas puedan seguir participando en el programa de participación público-privada (PPP) de obras públicas. Se busca preservar a la clase capitalista como tal, dejando caer a los elementos más débiles de la cadena (los famosos chivos expiatorios).
Los límites que encuentran estos operativos es que la arena judicial es también un campo de batalla entre camarillas capitalistas rivales. El imperialismo ha fogoneado causas como el Lava-Jato para desplazar a las contratistas ‘nacionales’.
En simultáneo con el fallo de Martínez de Giorgi, se conoció también la renuncia del fiscal Gerardo Pollicita en la causa que investiga el fraude del Correo, que envuelve a la familia presidencial. Pollicita había pedido de la indagatoria del ministro Oscar Aguad y directivos de Socma y había considerado que funcionarios del Ministerio de Comunicaciones firmaron un acuerdo “espurio” que resultó “abusivo y perjudicial para el patrimonio público” para beneficiar a la empresa de la familia presidencial (La Nación, 17/4). Previamente, había sido apartado de la causa el fiscal Juan Pedro Zoni, tras presentar un informe que sostenía que funcionarios del Poder Ejecutivo conocían de antemano la oferta de la familia para saldar la deuda del Correo (ídem).
Todas estas operaciones de impunidad muestran los profundos vínculos entre el poder político, la justicia y la clase capitalista.

Prensa Obrera